A Carlos Emilio, desaparecido hace 11 meses en Mazatlán, lo busca su madre, quien en una carta entregó su demanda a la presidenta Sheinbaum https://t.co/x3lEAMdMIe
Alguien accede a tu cuenta, transfiere tu dinero y el banco responde que la operación “se procesó correctamente”. Después pretende que tú demuestres cómo falló un sistema que solo él conoce y controla.
Una nueva jurisprudencia pone la carga donde corresponde: si el banco no acredita que autorizaste la operación, el dictamen de @CondusefMX que fija la cantidad adeudada puede usarse como título ejecutivo para exigirle al banco que te restituya tu dinero.
No significa que el banco quede indefenso. Significa que ya no podrá convertir su opacidad tecnológica en la condena del cliente. Si administras el sistema que permitió que saliera el dinero, debes poder demostrar quién dio la orden.
Aquí puedes consultar la tesis que generó este caso: https://t.co/0h1VKPALVS
Cuando el comité de análisis de la UdeG sobre desapariciones hizo público en mayo del año pasado que se estaban disparando los casos de niños, niñas y adolescentes por reclutamiento del CJNG, el gobierno del estado respondió con silencio y con una campaña sucia contra la universidad. Luego, hicieron unas diapositivas para hablar en corto del problema ante algunos públicos elegidos por ellos, cuyo contenido no se dio a conocer. Apenas hace un par de semanas comenzaron a admitir abiertamente que el reclutamiento de menores está activo. El fiscal general comentó incluso que estaban reclutando a niños/as de 12 y 13 años. Ayer la vicefiscal se refirió al tema con una transparencia que no había ocurrido antes. Más de un año después.
@vampipe Mándenle a @LuisaAlcalde fotos de personas desaparecidas, para que con el mismo empeño se ponga a chambear, a ver qué lista nos presenta en la próxima mañanera.
Durante años Morena construyó una narrativa muy eficaz: la Corte costaba demasiado porque estaba llena de privilegios, seguros, prestaciones y gasto superfluo. Esa idea sirvió para justificar recortes y, después, una reforma judicial completa.
Ahora la nueva Corte pide 6,104 millones para 2027, 17% más que lo autorizado este año, y pretende recuperar el seguro de gastos médicos mayores. Lenia Batres pone el dedo justo donde duele: si todo aquello era despilfarro, ¿por qué la Corte nacida para acabar con esos excesos necesita nuevamente ese nivel de gasto?
La pregunta ya no admite propaganda: ¿cuánto cuesta realmente una Corte sin privilegios? Si cuesta casi lo mismo, habrá que revisar la narrativa que justificó la reforma. Y si están regresando los viejos beneficios, entonces cambiamos ministros, pero no la cultura que prometieron destruir.
🚨🇳🇿🇬🇧 COMUNICADO SOBRE EL FALLECIMIENTO DE SAM NEIL:
"Sam estaba rodeado de familia y falleció con la dignidad que ha caracterizado toda su vida.
La pérdida fue repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam permaneció libre de cáncer. Les gustaría expresar su más profunda gratitud al personal del Hospital Privado St Vincent por su increíble atención.
Más detalles serán compartidos más adelante, pero por ahora, en nombre de la familia, les pedimos que respeten su privacidad mientras navegan por esta inconmensurable pérdida."
I remember seeing this clip when I was stuck deep in a depression cycle that was entwined with anxiety over my career and identity as an artist. It completely helped me course correct and is something I reach back to when that darkness lingers again.
Travel Well Sam Neill❤️
Sam Neill died today and this clip broke me. 🦖
Jeff Goldblum, Sam, and Laura Dern reliving the chaos theory scene with that signature charm, soft hands talk, and pure magic. One final perfect Jurassic moment from an absolute legend.
RIP Dr. Alan Grant. What’s your all time favorite Sam Neill scene or memory? Share it below ❤️
😤 Mientras usted amable lector y fan de la selección 🇲🇽ve el partido, en la versión vespertina del DOF la CRT le publica la modificación de los lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles 📲
Ahora a las personas que acudan a vincular su línea de manera presencial les van a pedir "prueba de vida" o sea carita y huellita mediante la Plataforma de Gestión de Líneas Telefónicas Móviles
#vivaméxico
Mientras el país celebra, una noticia pasó prácticamente inadvertida.
El 30 de junio fueron cesadas las 43 personas trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública.
No eran personal administrativo. Eran profesionales que realizaban investigaciones socioeconómicas, elaboraban dictámenes en trabajo social e identificaban las condiciones de vulnerabilidad de quienes acuden al Estado porque no pueden pagar una defensa o una asesoría jurídica.
Su trabajo permitía que mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, indígenas, migrantes, personas con discapacidad y víctimas de violaciones a derechos humanos recibieran una atención integral y una defensa acorde con su realidad.
Cuando desaparece este personal especializado, no sólo se pierden empleos; también se debilita la posibilidad de impartir una justicia profesional, independiente y de calidad para quienes más la necesitan.
Resulta especialmente preocupante que, después de que la reforma judicial prometió reiteradamente respetar los derechos laborales, continúen presentándose ceses que dejan a personas servidoras públicas sin empleo y, en algunos casos, incluso sin seguridad social para continuar tratamientos médicos indispensables.
Defender los derechos laborales también es defender el Estado de derecho. Y proteger a quienes hacen posible el acceso a la justicia es proteger, sobre todo, a quienes menos tienen.
La justicia también se debilita cuando se despide a quienes la hacen posible.
🚨📱 El nuevo registro obligatorio de líneas celulares tiene su fundamento en el artículo 104 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y en los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Sin embargo, más allá de la obligación de identificar al titular de una línea, surge una pregunta jurídica importante: ¿en qué disposición legal se establece expresamente la obligación de entregar fotografías de la identificación oficial por ambos lados y realizar un escaneo o validación facial mediante una selfie que queda almacenada en los sistemas de las empresas telefónicas o de terceros?
⚖️ La discusión no es menor. El derecho a la privacidad y a la protección de datos personales previsto en los artículos 6° y 16 de la Constitución exige que cualquier tratamiento de información sensible tenga una base legal clara, sea necesario y resulte proporcional al fin perseguido. Combatir la delincuencia es un objetivo legítimo, pero ello no elimina la obligación de respetar los derechos fundamentales de millones de ciudadanos.
📊 También debe analizarse la eficacia de la medida. ¿Existe evidencia suficiente de que registrar a todos los usuarios, recopilar imágenes de sus identificaciones y almacenar registros faciales reducirá efectivamente delitos como la extorsión o el fraude? El principio de proporcionalidad exige algo más que buenas intenciones; exige demostrar que la medida es idónea y necesaria.
🔐 La preocupación aumenta cuando observamos los antecedentes. Hemos sido testigos de filtraciones, hackeos y vulneraciones de información en múltiples dependencias gubernamentales. Con frecuencia las autoridades niegan los hechos, minimizan su impacto o evaden responsabilidades, mientras los datos terminan circulando en internet o incluso ofertándose en foros clandestinos y mercados de la dark web.
🤖 En la era de la inteligencia artificial, una identificación oficial, fotografías de alta calidad y registros faciales pueden facilitar la suplantación de identidad, la contratación fraudulenta de servicios, fraudes financieros, extorsiones e incluso la creación de deepfakes capaces de involucrar falsamente a una persona en procedimientos legales, administrativos o patrimoniales con consecuencias muy graves.
🇲🇽 La pregunta no es solamente quién recopila los datos. La pregunta es quién garantizará su protección y quién responderá cuando esa información termine comprometida. La seguridad pública es una obligación del Estado, pero la protección efectiva de los datos personales y de las libertades individuales también lo es.
📩 Si tu línea telefónica es suspendida o consideras que tus derechos fundamentales han sido afectados por la aplicación de estas medidas, contáctame por mensaje directo. Nuestro equipo jurídico se encuentra analizando diversos medios de defensa constitucional relacionados con este tema y podemos orientarte sobre las alternativas legales disponibles.
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La noticia que circuló estos días respecto al ciudadano de Aguascalientes que ganó el primer amparo contra el registro obligatorio de líneas de la CRT, nos deja una lección maravillosa: el poder judicial federal ya consideró que hay elementos suficientes de inconstitucionalidad para proteger a todos y a cada uno de los ciudadanos y es la prueba de que la vía legal está viva y funcionando, al menos en aquel estado.
Atacó la proporcionalidad de la medida y la deficiencia del Estado para resguardar su información. Y acá te muestro los 3 ejes sobre los cuales basó su demanda y por qué:
1.- La clara violación al artículo 6 constitucional (Derecho al acceso a las telecomunicaciones).
Los lineamientos emitidos por la CRT condicionan de forma desproporcionada y absurda un derecho humano. El suspenderle la línea telefónica y dejarlo incomunicado, claro, salvo para llamadas de emergencia, si no se suma al registro antes del 30 de junio, constituye una clara restricción injustificada a su derecho de acceso a la información y conectividad, y a la de todos.
2.- La vulneración de datos personales.
El estado mexicano carece de la infraestructura y los controles necesarios para garantizar que la base de datos no sufra filtraciones o hackeos, y eso creo que lo sabemos todos. La defensa expuso que, entregar su información personal e íntima obligatoriamente lo pone en un riesgo absolutamente real ante la delincuencia en caso de que, el padrón que pretende alimentar el gobierno llegara a ser hackeado o vendido en el mercado negro, lo cual, es casi hecho confirmado. Evocó el antecedente del extinto RENAUT o el PANAUT.
3.- Ausencia de consentimiento en un registro automático.
Los lineamientos permiten y avalan que las compañías telefónicas utilicen bases de datos previas o crucen información con la CURP sin el consentimiento expreso y detallado del titular para este fin específico, situación que dio pie a que todas las compañías actualizaran el apartado de Transferencias en su respectivo Aviso de Privacidad Integral y de libre consulta de sus usuarios.
¿Resultado? el bonito fallo de suspensión, en el que el juez claramente puso en tela de juicio la efectividad de este registro. Lo cual me resulta muy lógico toda vez que:
-Se estimó que el derecho a la conectividad y a la protección de datos personales de cualquier ciudadano debe prevalecer mientras es analizado el fondo del asunto. Se consideró que el corte del servicio telefónico a partir del 1 de julio causaría daños de imposible reparación respecto a sus actividades día a día.
-Se observó que las reglas emitidas por la CRT omitieron establecer medidas claras y candados suficientemente robustecidos para proteger las garantías fundamentales de los usuarios, ya que se enfocaron únicamente en la fiscalización y la identidad legal.
Al final de cuentas, la autoridad y las concesionarias telefónicas tienen prohibido cortarle o suspenderle el servicio móvil al ciudadano una vez vencido el plazo legal del 30 de junio. Es decir, él podrá seguir usando su línea de manera normal sin estar obligado a entregar la documentación de registro, al menos, mientras dure el juicio.
Este primer golpe en tribunales es idéntico al caminito que tiró el PANAUT en aquel 2022 ¿lo recuerdan?.
Esto es la punta del iceberg de una lluvia de amparos y quejas ante la Profeco que ya vi venir en las próximas semanas debido al lento avance del registro, especialmente en aquellas líneas de prepago, y ante la negativa rotunda de la CRT a otorgar una prórroga funcional.
Ya veremos en qué termina esta historia que, a mi parecer, no debería ni de existir. Mientras tanto... el tiempo sigue corriendo. 🥴⏰📴📵
En Juchitán, Oaxaca, Elizabeth Romero y su familia quedaron atrapados en el infierno de la extorsión.
Les exigen 250 mil pesos. Ella trabaja como camarista. Su esposo se dedica a la pirotecnia. Viven de su esfuerzo, pero eso no les sirvió de escudo: el grupo que los amenaza ya rafagueó la vivienda donde habitan y les dejó un mensaje atroz, advirtiendo que la siguiente represalia podría caer sobre sus hijas.
Así se ve un país donde el crimen fija cuotas, señala objetivos y decide hasta dónde puede llegar sin que nadie lo detenga.
Una familia trabajadora convertida en rehén del miedo.
Eso también es México.
Destruyeron un manglar para construir Dos Bocas.
Lo presupuestaron en 8 mil millones de dólares. Gastaron 24 mil millones de dólares.
De buenas, trabaja al 40%.
Ya se incendió… otra vez.
Pero qué tal se enriquecieron algunos.
A Joel Ulises Cristóbal Castillo lo asesinaron a balazos por resistirse a un asalto. Era estudiante de la FES Cuautitlán.
No era delincuente. No andaba en malos pasos. No hay nada que justificar.
Lo mataron porque en México el criminal sabe que no pasa nada. Porque hay impunidad, autoridades incompetentes y un sistema que ha puesto por encima los “derechos” del que delinque, mientras abandona a las víctimas.
Muchos dicen “para que se resistió” no mamen, aquí no falló Joel, falló el Estado.
En paz descanse.