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Ivonne Martinez Guerra
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Especialista en Derecho Constitucional y Penal. Con muchos sueños por cumplir. 🐛🦋
Valledupar, Colombia
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Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia SP297-2026, radicación 61856, 12 de agosto de 2026. M.P. Carlos Roberto Solórzano Garavito.
Dos procesados aceptaron cargos desde la audiencia de imputación por varios delitos, entre ellos hurto calificado y agravado. Años después, las instancias les negaron la rebaja por allanamiento respecto de ese delito porque no habían reintegrado el 50 % del incremento patrimonial ni asegurado el pago del remanente, como exige el artículo 349 del CPP para los acuerdos con la Fiscalía.
¿Puede exigirse el requisito del artículo 349 del CPP a quien se allana unilateralmente a cargos para reconocerle la rebaja del artículo 351?
La Corte respondió que no. Retomó la distinción entre allanamiento y preacuerdo. El primero es una aceptación unilateral de responsabilidad. El segundo supone una negociación con la Fiscalía. Esa diferencia importa porque el artículo 349 regula expresamente los acuerdos y, por tanto, su exigencia no puede trasladarse automáticamente al allanamiento.
El punto interesante es que cuando los jueces de instancia decidieron, la jurisprudencia vigente sí extendía el artículo 349 a los allanamientos. Es decir, la Corte no dijo que las instancias hubieran aplicado mal el criterio existente en ese momento. Lo que ocurrió fue que posteriormente la Sala cambió su interpretación en SP1901-2024 y volvió a separar ambas figuras.
Ese cambio jurisprudencial terminó favoreciendo al procesado. Como la condena aún no estaba en firme, la Corte aplicó el criterio posterior más favorable y reconoció que tenía derecho a la rebaja por allanamiento, aunque no hubiera satisfecho previamente el requisito patrimonial del artículo 349.
También precisó que no era la Ley 1826 de 2017 la que resolvía el caso. Ese procedimiento abreviado no era aplicable porque el proceso incluía otros delitos ajenos a su ámbito. La solución vino del cambio jurisprudencial sobre el régimen ordinario de la Ley 906.
Como la aceptación ocurrió en la primera oportunidad procesal, la Fiscalía incluso sostuvo que procedía una rebaja de hasta el 50 % por el hurto, equivalente a la reconocida por los demás delitos.
La Corte terminó casando parcialmente la sentencia y ajustó la condena a partir de esa nueva lectura favorable.
La utilidad para litigio está en no confundir allanamiento con preacuerdo. El requisito de reintegrar el 50 % del incremento patrimonial del artículo 349 opera frente a acuerdos con la Fiscalía y no frente a la aceptación unilateral de cargos. Además, si antes de que la condena quede en firme aparece un criterio jurisprudencial posterior más favorable sobre la rebaja, ese cambio puede incidir en la dosificación de la pena.
https://t.co/n9s7fWIBSD
Reparar puede hacer mucho más que reducir la pena. Tras la Ley 2477 de 2025, la reparación integral puede extinguir uno de los delitos concursantes y obligar a redosificar la condena por los restantes. Esa es la alerta central de la AP5018-2026.
⚖️ SP883-2026 (69049) Los hechos omitidos en la acusación —así aparezcan en la imputación—no pueden ser tenidos en cuenta en la sentencia.
🧩VICIO DE ESTRUCTURA INCONVALIDABLE: La omisión, en la acusación, del contexto de sometimiento y discriminación exigido para aplicar la agravante no puede subsanarse con su previa atribución en la imputación: el llamamiento a juicio debe bastarse a sí mismo. En este caso, la Fiscalía sustentó el incremento punitivo únicamente en la condición de mujer de la víctima.
Temas centrales de la providencia
1️⃣ Principio de congruencia: La sentencia debe respetar los hechos jurídicamente relevantes delimitados en la acusación.
2️⃣ Autonomía de la acusación: La imputación no puede utilizarse para completar o corregir una acusación deficitaria.
3️⃣ Límite fáctico de la condena: Los hechos excluidos de la acusación no pueden reaparecer en la sentencia, aunque hayan sido mencionados durante la imputación.
4️⃣ Violencia intrafamiliar agravada: La agravante no se configura automáticamente por la sola condición de mujer de la víctima (tesis mayoritaria)
5️⃣ Contexto de violencia de género: La Fiscalía debe atribuir expresamente hechos de discriminación, dominación, subyugación o desigualdad.
6️⃣ Prueba y acusación: La prueba practicada en juicio no subsana la falta de atribución de los elementos fácticos de la agravante.
Consecuencia jurídica: No puede mantenerse una condena agravada fundada en circunstancias que no hicieron parte de la acusación.
📄 Compartimos nuestra ficha de revisión jurisprudencia{https://t.co/48igWb8Gj7}
📌 ¿Cómo opera la prueba de referencia cuando se trata de menores víctimas de delitos sexuales?
La jurisprudencia ha evolucionado: de exigir la indisponibilidad —absoluta o relativa— del menor, a entender su admisibilidad como un asunto de pleno derecho, bajo el artículo 438 de la Ley 906 de 2004.
En estas fichas: criterio anterior, criterio vigente y reglas para su descubrimiento, solicitud e incorporación al juicio.
🧵👇
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Cinthya
@CinthyaOteroR
Médica UNAB/ Médica Internista UNAL/ Fellow de cardiología UEB-FCS
Luis Alfredo Vergara
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Asistente Seccional de TIC CAJACOPIEPS.
Camilo A. Pinto Morón 
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Abogado. Magíster en Gestión Pública @uniandes. Esp. En Derecho de los Negocios @uexternado. Profesor. Ex Secretario de Educación de Valledupar (2024-2025).
Corte S. Rad. 157765/26.
Fiscalía en E. de Acusación no relacionó nombre, dirección y datos personales de testigos. Tampoco enunció testigo de acreditación de documentos. Procediendo el rechazo de las solicitudes.
Comparto decisión;
https://t.co/6p4AKtbhU9
SP837-2026:la Corte Suprema de Justicia adopta una nueva interpretación sobre la aplicación del ART68 A CP
¿Puede existir dolo y, al mismo tiempo, inimputabilidad?
La Sala Penal de la @CorteSupremaJ acaba de abordar uno de los problemas más complejos de la teoría del delito: la inimputabilidad por inmadurez psicológica y el valor que debe darse a la evidencia neuropsicológica.
Un fallo que, además, conecta culpabilidad, dignidad humana y deber de investigación objetiva de la Fiscalía.
Les dejo 6 claves para leer la decisión 👇
El delito de fraude procesal respecto del acto de inscripción y su anotación en el folio de matrícula correspondiente por parte del registrador de instrumentos públicos. https://t.co/1mnQPGhuId
Leyendo el tema de la inferencia razonable en la medida de aseguramiento, puedo detectar algo que me parece importante: La lógica "inferencial" y sus clases aplicada al tema.
(Con ayuda de la IA organizo el contenido)
Diferencia entre el delito de captación masiva y habitual de dineros y el delito de estafa. https://t.co/FzfBofr4zt
En un país donde la indagación preliminar se convierte en un limbo jurídico, la @CorteSupremaJ (STP13799-2026) envía un mensaje tajante: 7 años sin definir un proceso es una mora inaceptable que vulnera los derechos de las víctimas.
La @FiscaliaCol alegó carga laboral (+3.000 investigaciones) y complejidad. Pero la Corte reiteró: los problemas organizativos y logísticos del Estado NO pueden trasladarse indefinidamente al ciudadano ni condenar el caso a la prescripción.
El derecho a un plazo razonable exige que el ente acusador decida (impute, acuse o archive). Exigirle definir la investigación en 3 meses no vulnera su autonomía, garantiza la administración de justicia. ⚖️
⚖️ Privar preventivamente de la libertad exige mucho más que una sospecha.
📚 Consulte las providencias completas: https://t.co/N77HhXqywR
La medida de aseguramiento es una decisión excepcional que exige una justificación rigurosa sobre su necesidad, proporcionalidad y fundamento probatorio. La jurisprudencia ha venido reforzando precisamente esa idea: restringir la libertad antes de una condena impone cargas argumentativas estrictas a quien la solicita y, especialmente, al juez que decide imponerla, mantenerla o prorrogarla.
Aquí encontrarás decisiones que permiten comprender los límites de esta figura y las garantías que deben rodear su aplicación en el proceso penal.
#PrecedenteJudicialRS #MedidaDeAseguramiento #DerechoPenal #LibertadPersonal #ProcesoPenal #LitigaciónPenal #Jurisprudencia #CorteSupremaDeJusticia
📌STP14534-2026 (155698) ¿Puede un juez de garantías imponer una medida de aseguramiento MÁS GRAVOSA que la solicitada por la Fiscalía? solo de manera excepcional.
La solicitud de la Fiscalía delimita, como regla general, el poder de decisión del juez. En un sistema acusatorio, su función es de contención frente al poder punitivo, no de complemento de la persecución penal.
La detención domiciliaria NO es subsidiaria de la intramural. Son medidas autónomas e independientes.
La decisión merece especial atención porque corrige un error que, lamentablemente, sigue reproduciéndose en nuestra práctica judicial: confundir la imposición de la medida de aseguramiento con su sustitución, lo que ha llevado a convertir la excepción en regla.
La ficha completa de revisión jurisprudencial puede consultarse en el siguiente enlace
https://t.co/o47xuHHhpO
@CorteSupremaJ decreta la preclusión por prescripción de la acción penal al haber transcurrido 5 años desde la aprobación del fallo de segunda instancia. Reitera postura de la C-294/22 y SU-214/23 de la @CConstitucional, ordenando la libertad del procesado. (Obra salvamento)
📌 | 𝐃𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐥 ⚖️
𝐂𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐃𝐄𝐂𝐈𝐒𝐈𝐎́𝐍 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐂𝐋𝐔𝐒���𝐎́𝐍 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐂𝐑𝐈𝐏𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐛𝐚𝐬𝐚 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐂𝐀́𝐋𝐂𝐔𝐋𝐎 𝐀𝐑𝐈𝐓𝐌𝐄́𝐓𝐈𝐂𝐎 𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐞𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐕𝐀𝐋𝐎𝐑𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐏𝐑𝐎𝐁𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐞𝐥 𝐟𝐞𝐧𝐨́𝐦𝐞𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐢𝐯𝐨, 𝐬𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐒𝐄𝐍𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐲 𝐧𝐨 𝐮𝐧 𝐀𝐔𝐓𝐎. Providencia AP455-2026. Radicado 71.664. Pág. 11 – 13 ⬇️
No es cierto que el descubrimiento probatorio se agota en una sola audiencia, sino que puede ser paulatino y abarcar varios momentos, tales como la audiencia de acusación, preparatoria y, excepcionalmente, hasta el juicio oral. https://t.co/PYieh7vVuH
¿Puede un juez de garantías imponer una medida más gravosa que la pedida por la Fiscalía?
La Corte Suprema acaba de responder esa pregunta y, de paso, fijó una metodología que cambiará la forma en que se deciden las medidas de aseguramiento.
Aquí les comparto una infografía con las claves de este fallo bomba. 💣⚖️
#CorteSuprema #ProcesoPenal #MedidasDeAseguramiento #DebidoProceso
⚖️ SP754-2026 (64046) del 15 de julio de 2026
Los cuatro ejes temáticos más importantes de la providencia son:
1⃣Rectificación jurisprudencial del artículo 63 del Código Penal.
La Corte abandona —4 salvamentos de voto no publicados aún — la tesis anterior y establece que el requisito objetivo de la suspensión condicional de la ejecución de la pena debe verificarse con base en la pena efectivamente impuesta, y no en la pena mínima prevista para el delito.
"Así que, aplicadas las precisiones hermenéuticas aquí desarrollados, la Corte ajusta su jurisprudencia en el sentido de clarificar que, en sentencias proferidas por vía preacordada, con aplicación de readecuaciones típicas tendientes a cuantificar la rebaja de la sanción o con miras a disminuir la pena, sin afectar la declaratoria de responsabilidad, el factor objetivo de la suspensión condicional de la ejecución de la pena (art. 63-1 del C.P.) se evalúa con referencia a la pena efectivamente impuesta, producto del acuerdo, que es equivalente a la condena debidamente individualizada"
2⃣La sentencia desarrolla una importante construcción dogmática: la responsabilidad penal permanece regida por la estricta tipicidad, mientras que la condena corresponde a la individualización de la pena; los subrogados pertenecen a este segundo ámbito.
3⃣Alcance de la readecuación típica en los preacuerdos. Reafirma que la readecuación típica sin base fáctica tiene efectos exclusivamente punitivos y no modifica la declaración de responsabilidad, además de corregir la fórmula del "autor condenado con pena de cómplice".
4⃣Diferencias entre la suspensión condicional y la prisión domiciliaria. La Corte explica que ambos mecanismos obedecen a presupuestos legales distintos: la suspensión se rige por la pena impuesta, mientras que la prisión domiciliaria continúa dependiendo de la pena mínima legal.
Aporte personal: Alcance y proyección del cambio jurisprudencial. En la providencia SP754-2026 se reconoce la tensión entre la línea anterior y la nueva tesis; ésta cuenta con 4 salvamentos de voto no publicados y; se cita una providencia que sustenta la rectificación jurisprudencial —SP680-2026 (62987) —cuyo texto no se encuentra en relatoría. En ese sentido desarollo un comentario solo la procedencia d ela revisión por la causal 7 del artículo 192.
Acceso completo a la ficha de revisión jurisprudencial en el siguiente enlace 🔗
https://t.co/mL4UDPuELV
¿La víctima pierde su derecho a ser indemnizada si no reclama una póliza de seguro que cubría el daño?
El Tribunal Superior de Bogotá responde con un NO rotundo y fija tres reglas que vale la pena conocer en materia de reparación integral y subrogación.
Libertad probatoria en la acreditación del elemento normativo en el porte ilegal de armas "sin permiso de autoridad", no depende necesariamente de una certificación expedida por el Departamento de Control y de Armas, Municiones y Explosivos -. https://t.co/NlH4HQDbhP
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