Un motociclista en Duitama (Boyacá) sufrió un accidente de tránsito que le dejó fractura de clavícula y lesiones en la región lumbosacra y pélvica. Su vehículo estaba amparado por una póliza SOAT vigente, expedida por La Previsora S.A., que incluía el amparo de incapacidad permanente hasta por 180 salarios mínimos legales diarios. Todo estaba en regla, salvo un detalle que terminó judicializándose: para reclamar esa indemnización, la ley exige un dictamen de pérdida de capacidad laboral (PCL) expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, trámite que cuesta un salario mínimo mensual completo. El accionante, sin capacidad económica para asumirlo, le pidió a la aseguradora que corriera con ese gasto. La respuesta de La Previsora fue evasiva: no negó, pero tampoco resolvió. Y ahí empezó el verdadero litigio.
Jurídicamente, el caso obliga a revisar algo que muchos operadores del SOAT dan por sentado: quién tiene la carga legal de calificar, en primera oportunidad, la pérdida de capacidad laboral. El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, es contundente al respecto: esa obligación recae sobre las compañías de seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte —exactamente lo que ocurre con el amparo de incapacidad permanente del SOAT—. No se trata de una recomendación ni de una buena práctica comercial; es un deber legal directo en cabeza de la aseguradora, no del asegurado.
El Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, al confirmar la tutela de primera instancia, fue enfático en un punto que debería inquietar a cualquier aseguradora del ramo: exigirle a la víctima que primero pruebe una "insolvencia económica absoluta" mediante prueba sumaria, antes de asumir un costo que la ley ya le atribuye a la compañía, es desproporcionado. Basta con acreditar una condición socioeconómica precaria —en este caso, pertenencia al estrato uno— para activar la protección constitucional. El Tribunal se apoyó en la sentencia T-003 de 2020 de la Corte Constitucional, que ya había resuelto un caso idéntico contra otra aseguradora, y en el artículo 50 del Decreto 2463 de 2001, que expresamente traslada el costo de los honorarios de la junta a la compañía cuando se trata de regímenes obligatorios como el SOAT.
Aquí está el núcleo verdaderamente polémico del asunto: en la práctica, decenas de víctimas de accidentes de tránsito en Colombia —muchas de ellas incapacitadas para trabajar, precisamente por el siniestro que buscan indemnizar— se topan con esta paradoja kafkiana: deben pagar de su propio bolsillo, con ingresos que ya no tienen, el examen que demuestra que merecen ser indemnizadas. La aseguradora, mientras tanto, se ampara en la letra de reglamentos administrativos para no asumir un costo que la ley superior ya le impuso, delegando en el usuario más vulnerable una carga que la norma diseñó para ella. Este fallo no crea una regla nueva; simplemente confirma, una vez más, que esa práctica es inconstitucional.
Queda entonces una pregunta que interpela directamente al sector asegurador: si la jurisprudencia constitucional lleva más de una década siendo uniforme en este punto —T-322 de 2011, T-003 de 2020 y ahora esta confirmación de 2025—, ¿por qué las aseguradoras del SOAT siguen negando o evadiendo estas solicitudes en primera instancia, obligando a las víctimas a litigar por un derecho que ya está pacíficamente reconocido?
¿Ustedes creen que estas negativas responden a desconocimiento normativo de las aseguradoras o a una estrategia deliberada de desgaste frente a víctimas que, en su mayoría, no tienen cómo pelear? Se los leo en comentarios.
🚨Identificamos un desfase entre los ingresos previstos en el Presupuesto General de la Nación y los proyectados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026. La diferencia es de $27,18 billones.
📌Si el Estado no cuenta con nuevas fuentes de ingresos, será necesario reducir el gasto, al menos, en ese mismo monto para mantener el equilibrio de las finanzas públicas.
Apenas se supo que el BID donaría USD 60 millones para la transición de gobierno de Abelardo De La Espriella, se difundieron toda clase de historias falsas sobre el destino y el costo para los colombianos. Detalles en este video. https://t.co/if1kX8q65f
Cuando les digan que Petro "pagó" la deuda del FMI, tengan en cuenta que lo hizo endeudándose por otro lado a una tasa el doble de cara.
Nunca frenó el gasto ni aumentó los ingresos.
El petrismo quebró el país.
🚨🔴🇨🇴ATENCIÓN. Periodista DENUNCIA que el gobierno @petrogustavo está sacando cajas con documentación de varias entidades para eliminarlas y no entregar en el empalme
🚨DENUNCIA que Petro MAQUILLÓ cifras de desempleo, pobreza e inflación.
#POLÍTICA La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas anunció que participará en el proceso de empalme del presidente electo. La organización aportará ideas técnicas para afrontar los retos del sistema de salud.
https://t.co/vwS5QSGs2p
Sebastián Martinez, un artista venezolano conocido como Boiki. Sirvió de traductor a los rescatistas estadounidenses y ahora los agentes de Diosdado lo están persiguiendo. Para coaccionarlo ya le suspendieron sus cuentas. Por favor ayúdenlo no lo dejen solo
@LadAuraPurpura
La Contraloría y la Procuraduría emitieron la Directiva Conjunta 001 de 2026 para exigir al Gobierno saliente y a los servidores públicos del orden nacional una entrega completa de la gestión, contratos y asuntos pendientes. El documento advierte que omitir información o incumplir el proceso de empalme puede derivar en investigaciones y sanciones.
El Vicepresidente Electo, José Manuel Restrepo, le solicita a Gustavo Petro que se inicie formalmente el proceso de Empalme.
En poco tiempo, y gracias a la transparencia que caracteriza al Presidente Electo, Abelardo De La Espriella, conoceremos la verdadera situación en la que Petro entrega el país.
Estén atentos.
🚨Topos Mexicanos denuncian que les impidieron trabajar en La Guaira
La noche del martes 30 de junio, un equipo de rescatistas mexicanos del grupo Los Topos denunció que funcionarios venezolanos les impidieron iniciar labores de búsqueda y rescate en el edificio colapsado Residencia Gradisca, en el sector Las Quince Letras de Macuto, La Guaira.
Según la denuncia, sus perros de rescate marcaron al menos 3 puntos donde podría haber personas con vida bajo los escombros. Sin embargo, una cuadrilla de Corpoelec, bajo órdenes de un general, bloqueó el acceso y exigió primero recuperar un cad*ver. La denuncia fue reportada alrededor de las 23:00 del 30 de junio y ha circulado en videos grabados en el lugar.
Por instrucción del presidente electo, Abelardo de la Espriella, he solicitado formalmente al presidente saliente, Gustavo Petro, la instalación inmediata del proceso de empalme y transición presidencial.
Hemos pedido un empalme ordenado, auditado, verificable y público, que permita conocer la verdad institucional del Estado, identificar los asuntos urgentes y garantizar una transición responsable de cara al país.
Para asegurar el desarrollo de este proceso, hemos invitado a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República a acompañarlo desde sus funciones preventivas, brindando garantías de transparencia y control institucional.
Colombia merece una transición a la altura de su historia, de sus instituciones y de la decisión soberana expresada en las urnas. Ese es nuestro compromiso: un empalme ejemplar, transparente y con el rigor que el país exige en este momento.
En el terremoto del 2010 de 8.8º solo el edificio Alto Río colapsó provocando fallecidos; la causa, negligencia en la construcción.
Sanciones:
Ingeniero calculista: 800 días de pena remitida.
Constructora: 3 años de pena remitida a sus dueños y $4.000 millones en indemnización.
¡Se les está cayendo la mentira a pedazos!
Primero fueron los audios de Danilo Rueda ofreciendo, presuntamente, frenar bombardeos y desmontar la inteligencia para complacer al Clan del Golfo. Ahora conocemos que Otty Patiño habría solicitado suspender operaciones militares y de inteligencia contra la Segunda Marquetalia y hasta brindar protección a sus cabecillas.
¿De qué lado estuvo este Gobierno? Porque del lado de nuestros soldados y policías, claramente no. Mientras ellos ponían los muertos y arriesgaban su vida defendiendo a Colombia, desde la llamada Paz Total parecían llegar decisiones que terminaban favoreciendo a los mismos criminales que han desangrado al país.
Y como si no fuera suficiente, hoy Gustavo Petro termina en la Lista OFAC, mientras Iván Cepeda sale, desesperadamente, a pedirle al presidente electo Abelardo de la Espriella que no permita una eventual extradición. ¡Qué confesión tan reveladora! Si no hay nada que esconder, ¿por qué el afán de hablar de extradición? ¿Qué es lo que tanto temen?
Los colombianos merecemos respuestas. Que hablen Danilo Rueda, Otty Patiño, @IvanCepedaCast y @petrogustavo . Que expliquen por qué, durante cuatro años, parecieron preocuparse más por darles garantías a los bandidos que por proteger a los ciudadanos de bien.
La Paz Total no fue un proyecto de paz. Fue la política que arrodilló al Estado frente a los criminales. Y los responsables tendrán que responder ante la historia y ante la justicia.
Preocupante denuncia. Topos mexicanos dicen que los perros marcaron tres lugares donde podría haber vida en los escombros de la Residencia Gradisca, pero los funcionarios venezolanos que controlan el lugar no les permiten comenzar las labores de búsqueda.
Inadmisible 🇨🇴🔁
El vicepresidente electo José Manuel Restrepo le puso la lupa a 4 sectores que causan preocupación en el empalme en charla con la FM
✓ compras por 13 billones en el sector defensa
✓ nombramientos en carreras diplomáticas van 10 y están 139 más en espera y todo a última hora
✓75 millones de ayudas de la aeronáutica civil a un aeropuerto en Arauca que genera dudas
✓6500 contrataciones en la unidad nacional de Protección y ahora para que ?