"...en vez de bajarle línea a los chicos, escucharlos. Porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que la de tipos de nuestra edad puedan tener para aconsejarlos".
Solari, conferencia de prensa en Olavarria. 1997.
Monster Inc literalmente habla de una empresa que explota el miedo y que cuando la toman los trabajadores y echan al dueño, produce mejor, basado en la alegría
El gobierno anunció el "Gemelo Digital Social": una IA del Ministerio de Capital Humano para "simular escenarios, anticipar impactos y optimizar decisiones" en política social. Suena a futuro. Justo por eso conviene mirarlo de cerca. Va hilo.
Un gemelo digital es una réplica virtual de un sistema real que se alimenta con datos para simular qué pasaría ante distintos escenarios. Hasta ahí, nada siniestro. Suele usarse para infraestructura o ciudades. Lo nuevo y bastante inédito acá es aplicarlo a la sociedad: modelar a las personas "desde la infancia hasta la autonomía".
Y la potencia de esto no es mágica. Está en concentrar datos que hoy viven separados —programas sociales, jubilaciones, salud, educación— y hacerlos hablar entre sí en un solo lugar. Quien controle ese lugar decide qué se hace con todo.
Detalle clave que el anuncio cuenta con menos entusiasmo: hoy es una declaración de intención, el sistema no está funcionando y oficialmente todavía NO hay proveedor elegido. Las definiciones de arquitectura, plataforma y empresa quedaron para "futuras mesas de trabajo".
https://t.co/RZsTDgddwU
Eso deja una pregunta abierta: ¿quién lo va a construir? Sin confirmación, las señales apuntan, entre otros, a Palantir. No porque haya contrato —no lo hay—, sino por contexto: Peter Thiel, su dueño, vive en Buenos Aires y se reunió con Milei (https://t.co/faWmjOJwuh); el gobierno arma un "súper-RIGI" para atraer empresas como ésta (https://t.co/tSl6aL1oPX); ya hubo un intento de contratación con Bullrich; y el lenguaje del anuncio es casi calcado del catálogo de Palantir.
Lo prudente no es asumir que es Palantir. Es exigir que se aclare quién es, antes de que la decisión esté tomada.
Sea quién sea el proveedor, el modelo ya tiene antecedentes. En Reino Unido, Palantir maneja la plataforma de datos del sistema de salud público con un contrato de 330 millones de libras, y hace días el NHS confirmó que su personal puede acceder a datos de pacientes. https://t.co/kTXzw60lgY
El otro caso es ICE en EE.UU., que ya conté en detalle. Dos países, una misma lógica: una vez que toda la información de una persona vive en un mismo lugar, la tecnología no distingue entre "llegar antes con una pensión" y "llegar antes con una deportación". https://t.co/0BC8B0ZJxG
Los riesgos para derechos son enormes y variados: scoring social, sesgos que se disfrazan de objetividad técnica, decisiones automáticas sobre prestaciones que nadie puede revisar ni apelar, y un problema serio de soberanía: que los datos más sensibles de la población terminen procesados por una empresa extranjera con vínculos militares. Todo con una Ley de Protección de Datos del año 2000 sin herramientas reales para hacerse cumplir. Y todo mientras se recorta lo social.
La eficiencia no es mala en sí misma. Lo peligroso es buscarla sin contrapesos. Lo mínimo que hay que exigir:
- Transparencia: qué se construye, con qué datos, con qué proveedor y con qué evaluación de impacto.
- Participación pública: opinar antes, no después de desplegado.
- Una mejor ley de datos, con autoridad de control con dientes, como condición previa.
- Soberanía digital: de quién es el software y dónde se procesan los datos.
- Pedidos de informes y fiscalización de legisladores y sociedad civil para seguir los planes y la implementación de cerca.
El objetivo no es frenar al Estado de modernizarse. Es que la promesa de "anticipar el futuro" no se vuelva, otra vez, una excusa para construir vigilancia y control sin que nadie del otro lado pueda mirar. En Argentina conocemos el final de esa película. La diferencia, esta vez, es que podemos leer el guion antes de que se filme.
Consideren esta marcha como un amicus curiae físico ante una Corte que desde 2022 no hace audiencias públicas (no debe haber tenido ningún caso relevante desde entonces, seguro).
8 de mayo: el Gobierno destaca la "respuesta estratégica", a través del Instituto Malbrán, para investigar el posible origen del brote de hantavirus.
8 de mayo: el Gobierno firma la decisión administrativa 20/26 y recorta $1.162 millones del presupuesto del Instituto Malbrán.
A un día de la Marcha Federal Universitaria, el Gobierno castiga a las universidades nacionales con un ajuste brutal. 5.303 millones menos para infraestructura. En Córdoba, la más afectada fue la UNRC, pero también hubo recortes para la UNVM y la UNC.