La Ley Mordaza es el nuevo Código Penal dominicano. El Art. 310 trata el “ultraje” a los funcionarios como delito y los blinda frente al escrutinio público. Pretensión que colide con el Art. 40.15 de la Constitución: “La ley solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más de lo que le perjudica”. Una mordaza ni es justa ni es útil: sirve a los intereses de los políticos que algo tienen que ocultar.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) consagra que los derechos humanos deben garantizarse “a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
La punta de lanza de esta rebelión saludable son Ricardo Ripoll y Eduardo Sánchez Tolentino, de Somos Pueblo, quienes se oponen a la mordaza y han declarado que están dispuestos a que lo metan preso antes que callar. No hablan de pólvora ni de barricadas, sino de algo bastante más incómodo para el poder: una declaración formal de desobediencia civil, pacífica y de cara al sol. Resulta que la mordaza, diseñada para tapar una boca, como diría El Piro, se topó con un coro entero.
Ripoll, como marinero avezado que es, fondeó sus argumentos en sólidas anclas constitucionales:
El Art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), “Pacto de San José”, ratificada por el Congreso y puesta en vigor desde 1978, consagra la libertad de pensamiento y de expresión, derecho que, por estar contenido en un tratado de derechos humanos, goza de jerarquía constitucional y de aplicación directa e inmediata conforme al artículo 74.3 de la Constitución. Choca, de igual modo, con el Art. 49 de la Constitución de 2024, que reza: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.”
Una ley espuria podrá llevar la Gaceta Oficial, pero no la legitimidad. Y cuando lo legal y lo legítimo se divorcian, la última palabra la tiene el pueblo, que no se dejará cercenar la libertad de expresión.
No tenía pensado referirme a este tema. A veces uno llega a creer que ciertos caminos ya no tienen retorno; que el entretenimiento y la farándula han cedido demasiado terreno al sensacionalismo. Lo que nunca imaginé fue que una parte del periodismo informativo terminara recorriendo la misma ruta.
Quiero dejar algo absolutamente claro.
A mí nadie me destituyó. Nadie me canceló. Nadie "me removió la mata" para que cayera como un mango podrido. Nadie me "detutanó". Mi salida del Consulado General de la República Dominicana en Los Ángeles no fue una destitución sorpresiva ni una sanción administrativa.
Fue, simplemente, el desenlace natural de una carrera diplomática sujeta a una normativa que establece un período máximo de servicio en el exterior de cinco años, con posibilidad de prórrogas. En mi caso, permanecí casi siete años gracias a dos extensiones oficialmente aprobadas, la última concedida para que mis hijos pudieran concluir su año escolar en el mes de junio.
Desde hace meses sabía que el 30 de junio concluiría mi misión diplomática. Mi proceso de transición estaba organizado y planificado con absoluta normalidad.
Por eso me sorprende que medios como Nuria, Cavada, El Nuevo Diario, Remolacha y muchos otros hayan presentado mi salida como si se tratara de una destitución, una cancelación o la consecuencia de alguna falta grave, sin tomarse siquiera la molestia de verificar la información.
Muchos de ustedes me conocen desde hace años. Bastaba una llamada telefónica para conocer la realidad de los hechos. Esa es, precisamente, la esencia del periodismo: investigar antes de publicar.
Cada medio es libre de perseguir audiencia y generar titulares que produzcan clics y visualizaciones. Sin embargo, cuando esa búsqueda sacrifica el rigor y la verdad, pierde valor la noticia y se debilita la credibilidad de quien la comunica.
Disfruten sus views. Al final, el tiempo siempre pone cada cosa y a cada quien en su lugar. @SIN24Horas@nuriapiera@rcavada@remolacha@elnuevodiariord