Victor

Delegado Sindical y futuro Letrado⚖️

[Victor @palauvic22]

Su comunicado no es una explicación técnica neutral. Proclaman “máximo respeto” al TJUE y, acto seguido, dedican el resto del texto a relativizar su sentencia, reiterar sus reservas y remarcar los márgenes desde los que pretenden condicionar su aplicación.

Eso no transmite respeto institucional, sino resistencia revestida de doctrina jurídica.

Ustedes son una asociación profesional, no un órgano jurisdiccional ni la representación institucional del Poder Judicial.

La justicia emana del pueblo y los jueces la administran, no son sus propietarios.

La independencia judicial es una garantía de la ciudadanía frente a las presiones externas, pero no concede legitimidad política propia, soberanía frente al ordenamiento ni poder de veto sobre una ley aprobada por el legislador. Tampoco permite reinterpretar el Derecho de la Unión contra el criterio vinculante del TJUE o vaciar de eficacia una resolución que no coincide con la posición previamente defendida por la asociación.

También resulta revelador que introduzcan al Tribunal Constitucional para recordar que no constituye una instancia de casación. Nadie sostiene lo contrario. El Tribunal Constitucional ejerce una función distinta, es el intérprete supremo de la Constitución y sus resoluciones vinculan a todos los poderes públicos.

Presentar al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional y al TJUE como instituciones enfrentadas por decidir quién conserva “la última palabra” proyecta una diputa de poder impropia de un Estado constitucional. Los tribunales no compiten por supremacía política. Cada institución actúa dentro de sus competencias y todas permanecen sometidas al Derecho.

Además, cuando una asociación integrada por jueces adopta públicamente una posición previa frente a una norma que sus propios asociados deberán aplicar, compromete inevitablemente la apariencia de imparcialidad. El ciudadano tiene derecho a confiar en que su asunto será resuelto desde el Derecho y no desde un criterio anticipado públicamente por quienes después pueden estar llamados a aplicarlo.

La imparcialidad no solo debe existir, también debe resultar reconocible.

Acatar una sentencia no consiste en escribir “máximo respeto” y publicar después un catálogo de reservas sobre cómo limitar su alcance. Consiste en aplicarla lealmente.

El Estado de derecho no es el gobierno de los jueces, sino la sujeción de todos los poderes, también el judicial, a la Constitución, a la ley, al Derecho de la Unión y a las resoluciones vinculantes de los tribunales competentes.

[Victor @palauvic22]

Su comunicado no es una explicación técnica neutral. Proclaman “máximo respeto” al TJUE y, acto seguido, dedican el resto del texto a relativizar su sentencia, reiterar sus reservas y remarcar los márgenes desde los que pretenden condicionar su aplicación.

Eso no transmite respeto institucional, sino resistencia revestida de doctrina jurídica.

Ustedes son una asociación profesional, no un órgano jurisdiccional ni la representación institucional del Poder Judicial.

La justicia emana del pueblo y los jueces la administran, no son sus propietarios.

La independencia judicial es una garantía de la ciudadanía frente a las presiones externas, pero no concede legitimidad política propia, soberanía frente al ordenamiento ni poder de veto sobre una ley aprobada por el legislador. Tampoco permite reinterpretar el Derecho de la Unión contra el criterio vinculante del TJUE o vaciar de eficacia una resolución que no coincide con la posición previamente defendida por la asociación.

También resulta revelador que introduzcan al Tribunal Constitucional para recordar que no constituye una instancia de casación. Nadie sostiene lo contrario. El Tribunal Constitucional ejerce una función distinta, es el intérprete supremo de la Constitución y sus resoluciones vinculan a todos los poderes públicos.

Presentar al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional y al TJUE como instituciones enfrentadas por decidir quién conserva “la última palabra” proyecta una diputa de poder impropia de un Estado constitucional. Los tribunales no compiten por supremacía política. Cada institución actúa dentro de sus competencias y todas permanecen sometidas al Derecho.

Además, cuando una asociación integrada por jueces adopta públicamente una posición previa frente a una norma que sus propios asociados deberán aplicar, compromete inevitablemente la apariencia de imparcialidad. El ciudadano tiene derecho a confiar en que su asunto será resuelto desde el Derecho y no desde un criterio anticipado públicamente por quienes después pueden estar llamados a aplicarlo.

La imparcialidad no solo debe existir, también debe resultar reconocible.

Acatar una sentencia no consiste en escribir “máximo respeto” y publicar después un catálogo de reservas sobre cómo limitar su alcance. Consiste en aplicarla lealmente.

El Estado de derecho no es el gobierno de los jueces, sino la sujeción de todos los poderes, también el judicial, a la Constitución, a la ley, al Derecho de la Unión y a las resoluciones vinculantes de los tribunales competentes.

[Victor @palauvic22]

Exacto. Solo haría una precisión. El Poder Judicial no está subordinado políticamente al Legislativo, pero sí sometido al imperio de la ley que emana de la soberanía popular.

Y ahí está el problema. Algunos jueces parecen haber encontrado la forma de hacer política sin reconocer que la están haciendo, mediante asociaciones o perfiles anónimos que exhiben su condición judicial para revestir opiniones partidistas de autoridad. Pueden tener ideología, como cualquiera. Lo que no pueden es utilizar la toga como altavoz político y pretender después que su apariencia de imparcialidad permanezca intacta.

[Francisco Jurado 🇪🇸 🇪🇺 🌍 @SuNotissima]

Hay un delirio que recorre la cabeza de nuestros simpáticos jueces tuiteros y es que pretenden negar que lo que ellos deben aplicar, el derecho, es fruto de la contingencia política, materializada en las Cortes Generales.

El Poder Judicial SIEMPRE va a estar subordinado al Legislativo, mal que les pese. Y a la hora de elegir el Legislativo, su voto vale lo mismo que el de cualquier hijo de vecino, aunque no haya aprobado oposiciones.

Eso significa que existirán periodos en los que las leyes no les gusten, como ahora. Pero, en lugar de respetar su papel como tercer Poder del Estado, pretenden socavar la legitimidad del Legislativo y del Ejecutivo. Juegan a hacer política.

Así, en lugar de proteger el Estado de Derecho, como suelen decir, lo que hacen es ponerlo en peligro, por una mezcla entre narcisismo y ramalazos de nostalgia autoritaria.

[Victor @palauvic22]

Su comunicado no es una explicación técnica neutral. Proclaman “máximo respeto” al TJUE y, acto seguido, dedican el resto del texto a relativizar su sentencia, reiterar sus reservas y remarcar los márgenes desde los que pretenden condicionar su aplicación.

Eso no transmite respeto institucional, sino resistencia revestida de doctrina jurídica.

Ustedes son una asociación profesional, no un órgano jurisdiccional ni la representación institucional del Poder Judicial.

La justicia emana del pueblo y los jueces la administran, no son sus propietarios.

La independencia judicial es una garantía de la ciudadanía frente a las presiones externas, pero no concede legitimidad política propia, soberanía frente al ordenamiento ni poder de veto sobre una ley aprobada por el legislador. Tampoco permite reinterpretar el Derecho de la Unión contra el criterio vinculante del TJUE o vaciar de eficacia una resolución que no coincide con la posición previamente defendida por la asociación.

También resulta revelador que introduzcan al Tribunal Constitucional para recordar que no constituye una instancia de casación. Nadie sostiene lo contrario. El Tribunal Constitucional ejerce una función distinta, es el intérprete supremo de la Constitución y sus resoluciones vinculan a todos los poderes públicos.

Presentar al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional y al TJUE como instituciones enfrentadas por decidir quién conserva “la última palabra” proyecta una diputa de poder impropia de un Estado constitucional. Los tribunales no compiten por supremacía política. Cada institución actúa dentro de sus competencias y todas permanecen sometidas al Derecho.

Además, cuando una asociación integrada por jueces adopta públicamente una posición previa frente a una norma que sus propios asociados deberán aplicar, compromete inevitablemente la apariencia de imparcialidad. El ciudadano tiene derecho a confiar en que su asunto será resuelto desde el Derecho y no desde un criterio anticipado públicamente por quienes después pueden estar llamados a aplicarlo.

La imparcialidad no solo debe existir, también debe resultar reconocible.

Acatar una sentencia no consiste en escribir “máximo respeto” y publicar después un catálogo de reservas sobre cómo limitar su alcance. Consiste en aplicarla lealmente.

El Estado de derecho no es el gobierno de los jueces, sino la sujeción de todos los poderes, también el judicial, a la Constitución, a la ley, al Derecho de la Unión y a las resoluciones vinculantes de los tribunales competentes.

[AJFV Jueces @JuecesAJFV]

Comunicado sobre la sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía.

Madrid, 16 de julio de 2026.

[Victor @palauvic22]

Ahora llamáis “Estado de derecho” al entramado de fango, presión mediática, causas convertidas en espectáculo e intereses políticos y económicos que lleváis años protegiendo.

Ese es el “sistema” al que se refiere Aznar cuando dice que está en peligro. No la democracia, sino un orden que os permite condicionar las instituciones incluso cuando no gobernáis.

El Estado de derecho es precisamente lo contrario. Es la sujeción de todos los poderes a la ley, la separación de poderes, la independencia judicial, la igualdad ante la justicia y la garantía de los derechos fundamentales.

No es vuestro aparato de presión ni una etiqueta que podáis colocar sobre cualquier maniobra que os beneficie.

Dejad de utilizar una expresión que os queda enorme. No defendéis el Estado de derecho. Defendéis que el poder siga funcionando para vosotros.

[Victor @palauvic22]

@GeorgeGB_1964 @eldebate_com Víctor. No me conoces, así que ahórrate el diminutivo y esa confianza impostada. Has leído una crítica política y tu única respuesta ha sido llamarme tonto. No me has desacreditado a mí. Has dejado por escrito que no tienes un solo argumento con el que hacerlo.

[Victor @palauvic22]

Su comunicado no es una explicación técnica neutral. Proclaman “máximo respeto” al TJUE y, acto seguido, dedican el resto del texto a relativizar su sentencia, reiterar sus reservas y remarcar los márgenes desde los que pretenden condicionar su aplicación.

Eso no transmite respeto institucional, sino resistencia revestida de doctrina jurídica.

Ustedes son una asociación profesional, no un órgano jurisdiccional ni la representación institucional del Poder Judicial.

La justicia emana del pueblo y los jueces la administran, no son sus propietarios.

La independencia judicial es una garantía de la ciudadanía frente a las presiones externas, pero no concede legitimidad política propia, soberanía frente al ordenamiento ni poder de veto sobre una ley aprobada por el legislador. Tampoco permite reinterpretar el Derecho de la Unión contra el criterio vinculante del TJUE o vaciar de eficacia una resolución que no coincide con la posición previamente defendida por la asociación.

También resulta revelador que introduzcan al Tribunal Constitucional para recordar que no constituye una instancia de casación. Nadie sostiene lo contrario. El Tribunal Constitucional ejerce una función distinta, es el intérprete supremo de la Constitución y sus resoluciones vinculan a todos los poderes públicos.

Presentar al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional y al TJUE como instituciones enfrentadas por decidir quién conserva “la última palabra” proyecta una diputa de poder impropia de un Estado constitucional. Los tribunales no compiten por supremacía política. Cada institución actúa dentro de sus competencias y todas permanecen sometidas al Derecho.

Además, cuando una asociación integrada por jueces adopta públicamente una posición previa frente a una norma que sus propios asociados deberán aplicar, compromete inevitablemente la apariencia de imparcialidad. El ciudadano tiene derecho a confiar en que su asunto será resuelto desde el Derecho y no desde un criterio anticipado públicamente por quienes después pueden estar llamados a aplicarlo.

La imparcialidad no solo debe existir, también debe resultar reconocible.

Acatar una sentencia no consiste en escribir “máximo respeto” y publicar después un catálogo de reservas sobre cómo limitar su alcance. Consiste en aplicarla lealmente.

El Estado de derecho no es el gobierno de los jueces, sino la sujeción de todos los poderes, también el judicial, a la Constitución, a la ley, al Derecho de la Unión y a las resoluciones vinculantes de los tribunales competentes.

[Victor @palauvic22]

Ahora llamáis “Estado de derecho” al entramado de fango, presión mediática, causas convertidas en espectáculo e intereses políticos y económicos que lleváis años protegiendo.

Ese es el “sistema” al que se refiere Aznar cuando dice que está en peligro. No la democracia, sino un orden que os permite condicionar las instituciones incluso cuando no gobernáis.

El Estado de derecho es precisamente lo contrario. Es la sujeción de todos los poderes a la ley, la separación de poderes, la independencia judicial, la igualdad ante la justicia y la garantía de los derechos fundamentales.

No es vuestro aparato de presión ni una etiqueta que podáis colocar sobre cualquier maniobra que os beneficie.

Dejad de utilizar una expresión que os queda enorme. No defendéis el Estado de derecho. Defendéis que el poder siga funcionando para vosotros.

[Victor @palauvic22]

¿Ayuso exigiendo explicaciones “urgentes”?

Qué concepto tan selectivo de la rendición de cuentas. La propia información habla de una presunta orden atribuida a la directora general de la Guardia Civil; convertir eso directamente en “Sánchez trató de boicotear” es propaganda, no información.

Mientras tanto, seis años después siguen abiertas diligencias por los protocolos que limitaron las derivaciones hospitalarias desde las residencias; las familias agrupadas en torno a las 7.291 víctimas siguen reclamando responsabilidades; la Comunidad ha reconocido más de 5.000 millones pagados a hospitales de Quirón durante sus primeros seis años de gobierno, y el Zendal continúa recibiendo nuevas partidas públicas.

Puede exigir explicaciones, claro. Lo irónico es que @IdiazAyuso las reclame con urgencia mientras lleva años esquivando las suyas, residencias, protocolos, Zendal, Quirón y deterioro sanitario.

Presidenta, antes de repartir exigencias desde el atril, pruebe a responder por su propia gestión. Tanta fiscalización ajena y tanta amnesia propia ya no es hipocresía, es hacer el ridículo desde un cargo público.

[Victor @palauvic22]

Qué entrañable ver a Miguel Tellado invocar la “igualdad ante la ley” y la “tolerancia cero contra la corrupción”. El artículo 14 de la Constitución proclama que todos somos iguales ante la ley. En la edición del PP, por lo visto, debe de añadir: “salvo que el investigado sea de los nuestros”.

Porque la igualdad no puede consistir en una justicia exprés para el adversario y una justicia geológica para vuestro entorno.

El procedimiento contra el fiscal general se instruyó, llegó a juicio y terminó en condena entre 2024 y 2025, mientras el procedimiento fiscal que originó todo seguía sin haber sido juzgado. Y hablamos de González Amador, cuyo propio abogado comunicó por escrito su voluntad de reconocer íntegramente los hechos y la comisión de dos delitos contra Hacienda. Ahí vuestra indignación constitucional se quedó curiosamente sin cobertura.

Ábalos ya ha sido juzgado y condenado, como corresponde cuando existen hechos y pruebas. Eso es el Estado de derecho: investigar, juzgar y resolver, no dictar condenas mediáticas anticipadas según el apellido de cada persona.

Mientras tanto, Kitchen y Púnica siguen ocupando el calendario de la Audiencia Nacional en 2026, muchos años después de los hechos investigados. Y Gürtel dejó acreditado que el PP se benefició económicamente de la trama y respondió como partícipe a título lucrativo. Pero, cuando la causa lleva vuestro logotipo, de repente pedís prudencia, plazos, recursos y responsabilidades individuales.

Así que menos Constitución de atrezo. La igualdad ante la ley no es exigir máxima velocidad, ruido y condena social para el adversario mientras los procedimientos que afectan al PP envejecen durante años entre excusas y amnesia colectiva.

El artículo 14 queda muy solemne en vuestros vídeos. El problema es que lleváis décadas comportándoos como si en vuestra copia apareciera con un asterisco.

[Victor @palauvic22]

El objetivo ya ni siquiera es informar, sino degradar personalmente a cualquiera que tenga relación con Pedro Sánchez. “Hija de”, “cuñada de”, “hermano de”… Una condena social por parentesco cuidadosamente fabricada desde la política, los medios y las redes. La responsabilidad penal es personal; los apellidos no delinquen, aunque sin ese detalle se os desmonte medio relato.

Lo llamáis información, pero tiene bastante más de acoso organizado. No os basta con criticar la gestión del presidente: necesitáis convertir a toda su familia en sospechosa, destruir trayectorias profesionales y presentar cada procedimiento judicial como una condena firme antes incluso de que termine.

Curiosamente, cuando Gürtel, Bárcenas, Rato, Púnica o Kitchen afectaban a cargos, gobiernos y estructuras enteras del PP, entonces exigíais “no generalizar”, respetar los procedimientos y distinguir responsabilidades individuales. Pero para Pedro Sánchez habéis inventado la responsabilidad penal familiar. Qué concepto tan flexible del Estado de derecho.

Y sois los mismos que se escandalizan cuando se recuerdan los protocolos de las residencias, el deterioro de la sanidad madrileña o cualquier responsabilidad política de Ayuso. Para los vuestros exigís precisión jurídica; para el adversario os basta con el parentesco y un titular repugnante.

No estáis fiscalizando al poder. Estáis intentando destruir a una persona mediante el señalamiento de todo su entorno porque no habéis logrado derrotarla políticamente. Y que adultos con cargos, medios y recursos públicos se enorgullezcan de esta estrategia no resulta contundente. Resulta profundamente infantil y bastante miserable.

[Victor @palauvic22]

¿Sánchez tiene una obsesión con Ayuso?
La proyección ya os está quedando en formato institucional.

Habéis convertido a la presidenta de una comunidad autónoma en vuestro ariete contra Moncloa. Utilizó incluso su discurso de investidura para irrumpir en la campaña de las generales, centró balances de la Comunidad en atacar a Sánchez y vuestro propio grupo ha llevado a la Asamblea el relato de que “Sánchez tiene miedo a Ayuso”. Después convertís “me gusta la fruta” en una marca política y pretendéis que la obsesión es del otro.

No es Sánchez quien ha colocado a Ayuso en el centro de la política nacional. Sois vosotros, porque Feijóo no consigue ocupar ese espacio y ella os resulta más útil para la bronca, el eslogan y el espectáculo. La convertís en antagonista del presidente, la hacéis intervenir permanentemente en política nacional y, cuando recibe respuesta, representáis el papel de víctima.

Mientras tanto, sanidad, vivienda, transporte y educación quedan relegados. Madrid no es vuestro plató contra Moncloa ni los madrileños somos el atrezo de vuestra campaña. Lo nauseabundo no es que os respondan. Lo nauseabundo es utilizar una institución autonómica como trampolín partidista y después acusar al adversario de exactamente lo que lleváis años haciendo.

No defendéis Madrid. La utilizáis.

[Victor @palauvic22]

¿Sánchez tiene una obsesión con Ayuso?
La proyección ya os está quedando en formato institucional.

Habéis convertido a la presidenta de una comunidad autónoma en vuestro ariete contra Moncloa. Utilizó incluso su discurso de investidura para irrumpir en la campaña de las generales, centró balances de la Comunidad en atacar a Sánchez y vuestro propio grupo ha llevado a la Asamblea el relato de que “Sánchez tiene miedo a Ayuso”. Después convertís “me gusta la fruta” en una marca política y pretendéis que la obsesión es del otro.

No es Sánchez quien ha colocado a Ayuso en el centro de la política nacional. Sois vosotros, porque Feijóo no consigue ocupar ese espacio y ella os resulta más útil para la bronca, el eslogan y el espectáculo. La convertís en antagonista del presidente, la hacéis intervenir permanentemente en política nacional y, cuando recibe respuesta, representáis el papel de víctima.

Mientras tanto, sanidad, vivienda, transporte y educación quedan relegados. Madrid no es vuestro plató contra Moncloa ni los madrileños somos el atrezo de vuestra campaña. Lo nauseabundo no es que os respondan. Lo nauseabundo es utilizar una institución autonómica como trampolín partidista y después acusar al adversario de exactamente lo que lleváis años haciendo.

No defendéis Madrid. La utilizáis.

[Victor @palauvic22]

Un secretillo, Tellado: enviar a alguien a juicio no equivale a condenarlo. Pero vosotros ya habláis como si la sentencia estuviera escrita. Ni siquiera os molestáis en mantener la apariencia de esperar al tribunal. Anticipáis el desenlace con una seguridad bastante reveladora y luego os indignáis cuando se denuncia la instrumentalización de la justicia. No hace falta acusaros de nada. Os delatáis solos celebrando una condena que todavía no existe como si el procedimiento ya viniera resuelto de antemano.

Y no, reconocer la resolución del TJUE no es “sacar tajada política”. El Tribunal ha concluido que el Derecho de la Unión no se opone a la ley española de amnistía para normalizar la situación en Cataluña. Después de años presentándola como el fin del Estado de derecho, generando alarma, crispación y polarización con argumentos jurídicos convertidos en eslóganes, es lógico señalar que el eje central de vuestro relato acaba de ser desmontado por el tribunal competente para interpretar el Derecho europeo.

Por suerte, cuando el asunto sale de vuestro circuito político y mediático y llega a una institución judicial europea independiente, se analiza conforme al Derecho, no según la consigna del día ni el volumen de vuestros altavoces.

Lo que os molesta no es que alguien celebre una resolución judicial. Lo que os molesta es que, fuera de vuestro ecosistema, ya no podéis controlar el relato ni anticipar el resultado.

[Victor @palauvic22]

Te entiendo más de lo que parece. Soy delegado sindical y veo todos los días lo que significa vivir con un salario justo, un contrato inestable, un alquiler que se come media nómina y unos servicios públicos que muchas veces no responden. No te estoy diciendo que tu situación sea buena ni que tengas que estar agradecida. Precisamente por conocer esa realidad me molesta que todo se reduzca a “Sánchez es una mierda” y al Falcon.

El PP no es un espectador. Tiene mayoría absoluta en el Senado, es la principal fuerza de la oposición en el Congreso y gobierna muchas comunidades y ayuntamientos. Puede presentar leyes, negociar propuestas y actuar directamente en materias como sanidad, educación, vivienda o transporte. Pero, en vez de explicar qué haría para mejorar nuestra vida, su dirección ha convertido casi toda su política en una sola frase, “todo es culpa de Sánchez”.

Y ahí está la trampa. Mientras discutimos sobre la última polémica, dejamos de preguntar qué propone cada partido para que el alquiler sea asumible, los trenes funcionen o los salarios permitan vivir. Si existe corrupción, que se investigue, se juzgue y se condene. Pero una investigación no puede sustituir toda la política de un país ni utilizarse para borrar cualquier avance.

Porque también hay datos que conviene reconocer. España está en máximos históricos de afiliación, con más de 22,4 millones de personas trabajando y cotizando, y el paro registrado ha bajado de los 2,3 millones por primera vez desde 2008. Además, se ha aumentado considerablemente el salario mínimo, hasta los 1.221 euros mensuales en 2026, se ha reducido la temporalidad y se han ampliado derechos laborales. Eso no significa que tu situación esté solucionada ni que no quede muchísimo por hacer, pero tampoco es verdad que no se haya hecho absolutamente nada.

Además, nosotros no somos funcionarios. El Gobierno establece el salario mínimo y los derechos laborales, pero tu salario concreto también depende de la empresa y de la negociación colectiva. Cuando una empresa obtiene beneficios y aun así paga lo mínimo posible, no tiene sentido absolverla y responsabilizar únicamente al Gobierno. Y sabemos perfectamente qué partidos suelen defender ampliar los derechos laborales y cuáles presentan cada mejora como un problema para las empresas.

No te pido que defiendas a Sánchez ni que ignores lo que se haga mal. Te digo que no regalemos nuestro enfado a quienes solo quieren utilizarlo para llegar al poder. Miremos qué propone cada uno, qué vota y qué hace desde las instituciones que ya controla.

Porque mientras nosotros peleamos entre nosotros repitiendo sus consignas, ellos ganan su batalla política y nosotros seguimos pagando el mismo alquiler, cobrando salarios insuficientes y llegando al supermercado con el mismo miedo.

[Victor @palauvic22]

Te entiendo más de lo que parece. Soy delegado sindical y veo todos los días lo que significa vivir con un salario justo, un contrato inestable, un alquiler que se come media nómina y unos servicios públicos que muchas veces no responden. No te estoy diciendo que tu situación sea buena ni que tengas que estar agradecida. Precisamente por conocer esa realidad me molesta que todo se reduzca a “Sánchez es una mierda” y al Falcon.

El PP no es un espectador. Tiene mayoría absoluta en el Senado, es la principal fuerza de la oposición en el Congreso y gobierna muchas comunidades y ayuntamientos. Puede presentar leyes, negociar propuestas y actuar directamente en materias como sanidad, educación, vivienda o transporte. Pero, en vez de explicar qué haría para mejorar nuestra vida, su dirección ha convertido casi toda su política en una sola frase, “todo es culpa de Sánchez”.

Y ahí está la trampa. Mientras discutimos sobre la última polémica, dejamos de preguntar qué propone cada partido para que el alquiler sea asumible, los trenes funcionen o los salarios permitan vivir. Si existe corrupción, que se investigue, se juzgue y se condene. Pero una investigación no puede sustituir toda la política de un país ni utilizarse para borrar cualquier avance.

Porque también hay datos que conviene reconocer. España está en máximos históricos de afiliación, con más de 22,4 millones de personas trabajando y cotizando, y el paro registrado ha bajado de los 2,3 millones por primera vez desde 2008. Además, se ha aumentado considerablemente el salario mínimo, hasta los 1.221 euros mensuales en 2026, se ha reducido la temporalidad y se han ampliado derechos laborales. Eso no significa que tu situación esté solucionada ni que no quede muchísimo por hacer, pero tampoco es verdad que no se haya hecho absolutamente nada.

Además, nosotros no somos funcionarios. El Gobierno establece el salario mínimo y los derechos laborales, pero tu salario concreto también depende de la empresa y de la negociación colectiva. Cuando una empresa obtiene beneficios y aun así paga lo mínimo posible, no tiene sentido absolverla y responsabilizar únicamente al Gobierno. Y sabemos perfectamente qué partidos suelen defender ampliar los derechos laborales y cuáles presentan cada mejora como un problema para las empresas.

No te pido que defiendas a Sánchez ni que ignores lo que se haga mal. Te digo que no regalemos nuestro enfado a quienes solo quieren utilizarlo para llegar al poder. Miremos qué propone cada uno, qué vota y qué hace desde las instituciones que ya controla.

Porque mientras nosotros peleamos entre nosotros repitiendo sus consignas, ellos ganan su batalla política y nosotros seguimos pagando el mismo alquiler, cobrando salarios insuficientes y llegando al supermercado con el mismo miedo.

[Djuna @djuna70]

@Mtelladof Para loros vosotros: todos los días repetís el argumentario del día en todos lados, escribiendo mensajes casi idénticos, soltando la misma basura. Personalmente, confío más en la justicia europea que en la española, que la usáis para vuestros propios intereses.

[Edwin @Edwin97250256]

@Mtelladof Tellado y el Pp de Feijo junto a los delincuentes togados de la puerta 🚪 de atrás han matado la justicia ⚖️ española 🤫🤫🤫🤔

[Victor @palauvic22]

Un secretillo, Tellado: enviar a alguien a juicio no equivale a condenarlo. Pero vosotros ya habláis como si la sentencia estuviera escrita. Ni siquiera os molestáis en mantener la apariencia de esperar al tribunal. Anticipáis el desenlace con una seguridad bastante reveladora y luego os indignáis cuando se denuncia la instrumentalización de la justicia. No hace falta acusaros de nada. Os delatáis solos celebrando una condena que todavía no existe como si el procedimiento ya viniera resuelto de antemano.

Y no, reconocer la resolución del TJUE no es “sacar tajada política”. El Tribunal ha concluido que el Derecho de la Unión no se opone a la ley española de amnistía para normalizar la situación en Cataluña. Después de años presentándola como el fin del Estado de derecho, generando alarma, crispación y polarización con argumentos jurídicos convertidos en eslóganes, es lógico señalar que el eje central de vuestro relato acaba de ser desmontado por el tribunal competente para interpretar el Derecho europeo.

Por suerte, cuando el asunto sale de vuestro circuito político y mediático y llega a una institución judicial europea independiente, se analiza conforme al Derecho, no según la consigna del día ni el volumen de vuestros altavoces.

Lo que os molesta no es que alguien celebre una resolución judicial. Lo que os molesta es que, fuera de vuestro ecosistema, ya no podéis controlar el relato ni anticipar el resultado.