Lo que expone el Gobernador de Caquetá es grave e indignante.
Los grupos armados están amenazando a las iglesias con sacarlas de sus regiones, impidiendo qué se realicen cultos o eucaristías hasta que no voten por Iván Cepeda y este gane las elecciones.
Este es un claro ataque a la democracia y a la Fe cristiana de miles de colombianos en zonas apartadas del país.
Gobierno Petro endeudó el país en 148 mil millones de dólares. Monto que supera deuda tomada por 5 gobiernos anteriores.
Lo más grave es que la economía no creció, la inversión se desplomó y las obras nunca se vieron.
Finalmente, el gobierno reconoce el estado calamitoso en que entrega las finanzas . Le anuncia a los colombianos que se requiere una reforma tributaria que es el 150% más grande que la mayor reforma tributaria de la historia. Con gran desvergüenza le dice a los hogares colombianos que se preparen para pagar muchos más impuestos, ya que ellos decidieron gastarse los recursos del futuro de los trabajadores, familias y empresas colombianas.
“Gobierno anuncia una nueva reforma tributaria para el 2027 con la que recaudaría $30 billones” https://t.co/8WtcieWkEz
Resumen de la propuesta en salud del candidato Iván Cepeda:
1- Mayor participación del estado
2- Superación del modelo de ley 100
3- Desmonte de sistemas mixtos de aseguramiento y prestación de servicios
4- Propuesta genérica de fortalecer la prevención sin estrategias
En resumen: Consolidación de la sustitución institucional
El programa de salud de Cepeda es la reforma de Petro: mayor control estatal y eliminación de la intermediación; ignorando el problema de los sistemas modernos sobre la sostenibilidad financiera por el envejecimiento poblacional y la tecnología médica
https://t.co/FAWOI8Mjon
Invito a todos los colombianos a apoyar estos principios que defendemos desde el Centro Político.
Manifiesto del centro político[i]
Uruguay nos dio recientemente a los latinoamericanos una lección de alto valor democrático. En medio de los últimos comicios electorales, todos los expresidentes del período post dictatorial miembros de las tres fuerzas políticas principales de la nación: Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Nacional, firmaron un acuerdo en torno a los temas centrales que requería el país para mantener la democracia, la estabilidad política y el crecimiento económico. El nuevo presidente, Yamandú Orsi, en su discurso de posesión el 1 de marzo de 2025 afirmó sin titubeos que ese gran acuerdo nacional iba a constituir uno de los ejes principales de su mandato presidencial.
Colombia debería replicar esta experiencia excepcional. Este documento contiene una propuesta de los temas centrales de lo que podría contener un gran acuerdo nacional para evitar que nuestro país caiga en la trampa de la polarización política extrema y el agravamiento de la violencia que de manera creciente hoy afecta al país.
1. Respeto a las autoridades electorales y a sus pronunciamientos
La Registraduría Nacional del Estado Civil ha adelantado los recientes comicios con eficiencia y transparencia, tal como lo ha hecho a lo largo de muchos años y lo han reconocido sin ningún titubeo todos los observadores internacionales. Resulta inexplicable que el mismo sistema electoral mediante el cual Gustavo Petro fue escogido, ahora resulte cuestionable. El supuesto fraude denunciado por éste carece de veracidad, le hace daño a las instituciones democráticas y genera un clima de pugnacidad que puede terminar en actos de violencia.
2. Defensa de la Constitución de 1991
La Constitución de 1991 es producto del más amplio pacto político de la historia de Colombia. Basta recordar que hubo una presidencia colectiva integrada por dirigentes de diversas tendencias ideológicas que debe preservarse, así sea susceptible en el futuro de reformas derivadas de amplios consensos nacionales.
3. Ajustes a las políticas de orden público
La creciente desaparición de motivaciones políticas por parte de los grupos armados derivados de las guerrillas del pasado y la multiplicación de organizaciones criminales exige, de manera urgente, el diseño de una nueva política para el manejo del orden público en el país, fundado en un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, una presencia del Estado en todo el territorio nacional (ante todo, en las fronteras marítimas y terrestres más vulnerables) y el debilitamiento de las rentas ilegales.
4. Una nueva política antidrogas
Aun cuando, es indispensable debilitar las rentas ilegales que alimentan a la totalidad de los “actores armados no estatales”, al mismo tiempo deben adoptarse estrategias adecuadas para proteger a los sectores pobres de la población que viven de los cultivos ilícitos, su procesamiento y transporte. ¡Tenemos alrededor de un millón de campesinos que viven del cultivo de coca. Su suerte no puede sernos indiferente!
5. Plena vigencia de los derechos humanos
La plena vigencia de los derechos humanos en ningún caso puede ponerse en entredicho. Los criminales, salvo que resistan la acción de las autoridades, deben ser capturados y puestos a disposición de la Justicia. Darlos de baja sin fórmula de juicio es inadmisible.
6. Lucha contra la corrupción
La abrumadora corrupción que padecemos no se resuelve con más normas y nuevas instancias decisorias. El uso de la contratación directa para esconder la transferencia de cuantiosos recursos a clientelas políticas es hoy un delito. También es contrario a la ley la proliferación de contratos transitorios en el gobierno central. La laxitud moral que padecemos en muchos casos ha sido propiciada por la acción del gobierno o por su negligencia. Es fundamental fortalecer, no debilitar, la carrera administrativa.
7. Superar la pobreza; lograr equidad en la distribución de los ingresos
La preocupación por la pobreza y la equidad en la distribución del ingreso deben ser elementos esenciales de una agenda nacional y no el monopolio de ningún partido o ideología. El nuevo gobierno debe revisar las acciones adelantadas por el actual teniendo en cuenta su progresividad, eficacia y sostenibilidad.
8. Una revolución educativa
El acceso a la educación es un elemento central de la dignidad humana. Garantizar el acceso a este bien público por excelencia es tarea del Estado. La pretensión de monopolizarlo por el gobierno nos devuelve a un debate estéril que resolvimos, ojalá para siempre, en la Carta de 1991. La educación en todos sus niveles debe ser mixta y, en todo caso, de buena calidad. En promedio, y con notables excepciones, la estatal adolece de severos problemas de calidad. La deserción escolar es un problema grave, indicativo de fallas en la pertinencia curricular, y de un deterioro en la percepción de los estudiantes sobre el valor de la educación. La baja cobertura de la educación preescolar es causa eficiente de que la pobreza se transmita de una generación a la siguiente. He aquí una de las principales fuentes de la inequidad social. El nuevo gobierno debe darle a este déficit de desarrollo humano atención preferente.
9. Austeridad fiscal
En materias fiscales, la administración Petro nos ha conducido a una crisis que se hará plenamente visible tan pronto se produzca la transición hacia el siguiente gobierno. Esa crisis obedece a un crecimiento desmesurado del gasto público a nivel nacional, especialmente destinado a un aumento desmedido de la burocracia. Dada la insuficiencia del recaudo de impuestos, ese gasto ha sido financiado asumiendo volúmenes cuantiosos de deuda por la que todos los colombianos estamos pagando, sin advertirlo, costos elevados. Actuando con veracidad frente a sus electores, los candidatos están obligados a explicarnos de qué manera se proponen enfrentar este enorme reto.
10. Incentivar el crecimiento económico
La corrección de los déficits estructurales de las finanzas públicas será menos dolorosa si la economía recupera tasas adecuadas de crecimiento. Si esto ocurre, se producirán efectos virtuosos tanto en la reducción de la pobreza como en mejoras en la distribución del ingreso. Restablecer los flujos de inversión privada, que se han deteriorado en cifras significativas en estos años, es una tarea urgente; serviría para incrementar el acervo de la riqueza nacional y se traduciría en nuevos empleos en el sector productivo. En este contexto, hay que advertir la conexión virtuosa entre empleo formal, cobertura de la seguridad social, incremento de los salarios reales y mejoras en la productividad.
11. Enfrentar la crisis de la salud
La administración Petro deja como herencia al nuevo gobierno crisis muy complejas de resolver, tales como la que afecta al sistema de salud. Los candidatos deberán decirle al país cuales son las causas de la crisis y la manera de resolverla. Desde nuestra óptica, así se hayan producido actos de fraude, que en todo caso son marginales frente a la magnitud del desastre, la razón principal consiste en que los recursos que destinamos a la salud son insuficientes para garantizar a los colombianos el óptimo servicio al que aspiran.
12. Reactivar el sistema eléctrico
El gobierno actual no estableció reglas claras para estimular inversión nueva en los diferentes módulos de un sistema eléctrico que era muy bien valorado por los colombianos. En ausencia de nuevos capitales, la oferta de energía no ha crecido al ritmo necesario para garantizar la satisfacción de la demanda a mediano plazo. Estamos, pues, al borde de un “apagón”; sus consecuencias sociales y económicas serían demoledoras. Esta situación crítica depende, en lo fundamental, de dos obsesiones ideológicas: el sesgo contra el sector empresarial como actor importante del sistema; y la preferencia por ciertas fuentes de generación sin advertir que las nuevas energías, tales como la solar y la eólica, también tienen impactos sobre el medio ambiente y son inestables: dependen de si hay sol y viento. En esta fase de la campaña electoral no son admisibles declaraciones vagas y buenas intenciones. Los ciudadanos demandan, antes de decidir su voto, información clara y precisa sobre el rumbo que tomarían cada uno de los candidatos.
13. Proteger la autonomía del Banco de la República
Uno de los avances institucionales más importantes de la Carta de 1991 fue haber asignado la regulación monetaria a una entidad autónoma: el Banco de la República. Su primordial obligación consiste en velar por la estabilidad de los precios o, lo que es lo mismo, controlar la inflación. Esta institución, que existe en numerosos países, impide que los gobiernos, como consecuencia de su propensión a gastar más de lo que es posible con sus ingresos corrientes, no use la emisión de moneda como un recurso a su disposición. ¿Qué sucede cuanto esa “muralla china”, por así llamarla, se deteriora o derrumba? Una expropiación masiva (y, al comienzo, invisible) de los ingresos de los más pobres, tal como ha sucedido en Venezuela y Cuba. Teniendo en cuenta los recientes intentos del presidente Petro por debilitar al Banco, es indispensable que los candidatos expongan su posición ante esta crucial materia.
14. Una nueva política exterior para afrontar la recomposición del entorno internacional
La tradición colombiana en materia de política internacional ha consistido en mantener buenas relaciones con los distintos países del mundo, siempre en defensa del interés nacional, el cual mejor se sirve mientras mayor sea el espectro de nuestros lazos con el exterior. El gobierno actual ha arrasado con ese modelo. Ha utilizado las relaciones internacionales como instrumento de identificación ideológica con otros gobiernos, sin considerar sus efectos sobre el interés nacional. Igualmente, ha intervenido, sin escrúpulo alguno, en los asuntos internos de otros países, en especial en nuestra región. Por ejemplo, en Ecuador y Bolivia. Los candidatos deberían ilustrarnos en detalle si introducirán o no correctivos a una política internacional tan disruptiva como la actual.
Un tema de especial importancia en el terreno internacional son las relaciones con los Estados Unidos -nuestro principal socio comercial-, cuya política exterior fundada en un reavivamiento de la Doctrina Monroe ahora denominada por la prensa como la Doctrina Donroe, está generando fuertes tensiones en la región. Por ello, es indispensable un rediseño serio de las políticas bilaterales entre Washington y Bogotá.
15. Fortalecimiento de la moral pública
El país debe restablecer el valor de la verdad en los debates públicos, el respeto por los antagonistas, la moral en el ejercicio de responsabilidades estatales y la profesionalización del Estado.
Bogotá, junio 9 de 2026
Suscriben este documento los siguientes ciudadanos:
Moises Wasseraman
Eduardo Pizarro L.
Eduardo Lora
José Antonio Ocampo
Luis Carlos Villegas
Arturo Sarabia
Pilar Gaitán
María del Rosario Aguilar
Martha Ardila
Andelfo García
José Luis Ramírez
Paula Ruiz
Litza Mayorga
Raúl Barake
Mónica Fonseca
Juan Camilo Restrepo
Jorge Iván González
Cecilia López M.
María Teresa Garcés
Andrés Caro
Mauricio García V.
Gonzalo Pérez
Rafael Aubad
Pedro Medellín T.
Guillermo Trujillo
Jorge H. Botero
Santiago Pombo
Francisco Escobar
Viviana Barberena
Paula Ruiz
[i]Los candidatos que representaron las propuestas que hacen parte de nuestro ideario político, no tendrán participación directa en la segunda vuelta electoral. Por esta razón, este grupo de ciudadanos, afines desde el punto de vista ideológico, pero sin asumir representación alguna, ponemos a consideración de los candidatos estas ideas que nos parecen valiosas para el país .
https://t.co/cQm1Dam13V
Primero recogen firmas para acabar con la Constitución. Luego desconocen el resultado de las elecciones. Ahora buscan suspender al Presidente de la República para dejarle las manos libres para hacer campaña. Y todavía dicen ser la opción institucional.
La Asamblea Constituyente no busca una reforma acotada para facilitar el cambio social. Esa es la excusa. La lucha es por el poder. Quieren un poder absoluto, sin límites, con control pleno de todas las organizaciones estatales. Van por todo.
@QuinteroCalle Los problemas sistémicos del sistema de salud no se resuelven con respuestas fragmentadas, reactivas y de alto impacto discursivo.
La falla de acceso a medicamentos, citas, procedimientos y continuidad terapéutica no es un problema individual aislado. Es el resultado de fallas acumuladas en financiamiento, contratación, gestión del riesgo, redes de prestación, interoperabilidad, talento humano, logística farmacéutica, auditoría, oportunidad diagnóstica y gobernanza del sistema.
Por eso, proponer que las personas paguen directamente o reciban giros individuales para resolver su acceso, con posterior descuento a las EPS, puede sonar atractivo en el discurso, pero es profundamente problemático en la práctica.
Primero, porque traslada al ciudadano una carga operativa que debería resolver el sistema. El paciente enfermo no debe convertirse en gestor financiero, comprador de medicamentos, auditor de facturas ni negociador de servicios.
Segundo, porque introduce enormes riesgos de inequidad. Las personas con mayor alfabetización, mejores contactos, más capacidad de gestión o más recursos podrían resolver más rápido. Las más vulnerables quedarían nuevamente atrás.
Tercero, porque la ejecución sería extremadamente compleja: validación de pertinencia, trazabilidad del gasto, control de precios, riesgo de fraude, conciliación con EPS, oportunidad del reembolso, verificación clínica y seguimiento de resultados. Un mecanismo mal diseñado podría aumentar el caos administrativo en lugar de resolver el acceso.
Cuarto, porque individualizar la respuesta fragmenta aún más un problema que requiere soluciones integrales: redes funcionales, contratación y auditoría concurrente inteligente, gestión anticipada de cohortes, tableros de oportunidad, modelos predictivos de riesgo, acuerdos con indicadores de calidad y mecanismos reales de supervisión.
La Superintendencia de Salud debe fortalecer su rol de vigilancia y corrección estructural, no promover medidas que pueden terminar siendo populistas, preelectorales y discursivas. El acceso efectivo no se garantiza con giros atomizados; se garantiza con arquitectura institucional, capacidad operativa, datos confiables, responsabilidades claras y seguimiento permanente.
El país necesita soluciones que funcionen, y entre otras no están tampoco en la versión de reforma de tipo Frankestein que está en el congreso.
En salud, improvisar con medidas individuales sobre fallas sistémicas puede producir aplausos momentáneos y votos (que es lo que parecen querer), pero también más inequidad, más fragmentación y más sufrimiento para los pacientes.
Cuando la doctora Wiesner, directora del Cancerológico se queja por una deuda acumulada de $136.000 millones, no es que sea neoliberal, esclavista o insensible. Es que conoce los gastos que debe administrar: tiene personal médico esperando su quincena, proveedores que suspenden suministros por falta de pago y equipos que requieren mantenimiento. Al actuar así, la doctora vela responsablemente por sus pacientes. Dar instrucciones autoritarias desde el Gobierno exigiendo atención por el solo hecho de ser una entidad pública es intentar tapar el sol con un dedo; si no hay recursos, no hay atención de calidad. Es la cruda realidad de la crisis económica.
Mi análisis en @RedMasNoticias
Pueden mostrar estadísticas espurias y repetir infinitas veces las mismas mentiras y el mismo relato, pero tres verdades son evidentes: la seguridad está en caos, la salud ha empeorado (y con ella el sufrimiento humano) y la corrupción ha sido generalizada y atroz.
Esta es la cereza de ese potaje nauseabundo en que se convirtió la salud (y casi todos los temas) en este gobierno. El más desacreditado, el más inadecuado, el más cuestionado, la peor de las opciones posibles
El reciente escándalo en el examen de residencias médicas de la Universidad de Antioquia, con 40 médicos usando gafas inteligentes y auriculares para hacer fraude, exige un repudio absoluto y sanciones ejemplares. Un médico que hace trampa en una prueba académica está a un paso de falsificar una historia clínica o cosas peores. La ética en nuestra profesión (y en todas) es innegociable.
Comprendida esa condena, estamos obligados a realizar la autopsia del sistema que engendra este nivel de desesperación.
El modelo médico industrial global y local ha convertido la medicina en una trituradora de talento. Hemos creado un entorno perverso donde la especialidad médica dejó de ser una vocación académica para convertirse en lo que consideran el único salvavidas financiero y de dignidad profesional. Hoy, un médico general en Colombia enfrenta contratos precarios, salarios indignos y un estatus de inferioridad fabricado por el mismo sector salud, incluyendo a los especialistas.
Cuando el sistema te convence de que no ser especialista es sinónimo de fracaso vital, y te somete a una carrera contra el tiempo donde cada año sin pasar el examen es un paso hacia la miseria laboral, la brújula moral se distorsiona. La presión por la supervivencia económica quiebra la ética.
Castiguemos a los infractores con toda la severidad de la ley, por supuesto. Al mismo tiempo, dejemos de ignorar que hemos construido una maquinaria que incentiva la desesperación y empuja a nuestros médicos al abismo de la indignidad en donde el único fin es llegar a un arquetipo de éxito financiero potencialmente equivocado. Hay tantos perfiles médicos diferentes a la especialidad médico-quirúrgica que son atractivos y se pierden por esta triste realidad.
📊 Ocampo lanza alerta: rechaza el impuesto al patrimonio a empresas y advierte que el país se encamina a una “crisis fiscal profunda” que heredará el próximo gobierno. Pide recorte urgente del gasto.
https://t.co/gTxHI5FFsv
Tal vez por primera vez en la historia tenemos acceso directo, cotidiano y sin filtros no solo a las miserias de personalidad, pensamiento y talante de un presidente de la República, sino también a las de quienes lo apoyan, lo celebran y lo defienden. Las redes sociales no inventaron ese fenómeno. Lo expusieron.
Seguramente en el pasado tampoco tuvimos los prohombres que se suponía debían encarnar la figura presidencial. Es muy posible que muchas mediocridades, pequeñeces y deformidades del carácter hayan estado ahí desde antes, solo que menos visibles, más contenidas por las formas o protegidas por la distancia. Pero los niveles que hoy observamos son francamente deplorables, tanto en quien ejerce el poder como en muchos de quienes lo siguen con fervor acrítico.
Y eso lleva a una conclusión incómoda. El país no permanece atrapado en el subdesarrollo solamente por culpa de sus dirigentes. También sigue ahí por la precariedad cultural, moral e intelectual de sectores enteros de la sociedad que convierten la pobreza argumentativa, la agresión, el mesianismo, el resentimiento y la destrucción institucional en virtudes políticas y ciudadanas.
Al final, el problema no es solo el presidente de turno. El problema es también la ciudadanía que lo produce, lo aplaude y lo sostiene. Las redes sociales, para bien o para mal, nos permitieron ver esa verdad de frente.
Ahora el Presidente Petro sale con que “rompe relaciones” con el Banco de la República.
En democracia, las instituciones son independientes y no están para obedecer los caprichos del presidente. Sus medidas populistas disparan los precios, y por eso el Banco debía actuar para contener la inflación. Atacar la autonomía institucional es el camino hacia la tiranía.
Estuve en un consejo de ministros en Riohacha sobre presupuesto en septiembrede 2022. La posición del ministro Ocampo siempre fue clara. Abogó sin rodeos por el desmonte del subsidio a la gasolina. Esto que dice aquí el presidente Petro es una mentira absurda, producto de la perversidad, la maledicencia y la locura. No hay derecho. La difamación y la mentira como principio.
Más de 300 economistas, ex-funcionarios públicos y analistas hemos suscrito esta carta a la opinión pública expresando nuestro apoyo a la institucionalidad económica que representa la Junta Directiva del Banco de la Repúbica y nuestro rechazo a la decisión del Ministro de Hacienda de retirarse de la Junta.
*Carta a la opinión pública*
*Abril 1 de 2026*
*Ciudadanos exigimos respeto para el Banco de la República y la institucionalidad*
Los ciudadanos que suscribimos la presente carta manifestamos nuestra profunda preocupación por los recientes acontecimientos relacionados con la Junta Directiva del Banco de la República y reiteramos nuestro firme respaldo a la institucionalidad que esta representa.
El respeto por las instituciones independientes del Gobierno y por sus decisiones constituye un pilar esencial para el adecuado funcionamiento del Estado, la estabilidad macroeconómica y el bienestar de los ciudadanos. La autonomía del Banco de la República, consagrada en la Constitución, es una garantía clave para preservar la credibilidad de la política monetaria y la confianza en la economía del país.
En este contexto, la decisión del Ministro de Hacienda de retirarse de una sesión de la Junta Directiva resulta inconveniente y preocupante, en la medida en que puede interpretarse como un debilitamiento del respeto institucional que debe regir la relación entre el Gobierno Nacional y la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia.
Las decisiones recientes de política monetaria adoptadas por la Junta Directiva han sido tomadas por mayoría, con base en análisis técnicos rigurosos y en consideración de factores como la dinámica de la inflación, las expectativas inflacionarias y el entorno fiscal. Estas decisiones reflejan el cumplimiento responsable del mandato constitucional del Banco de velar por la estabilidad de precios.
Asimismo, consideramos fundamental que el debate sobre la coyuntura macroeconómica se dé en el marco del respeto institucional y sobre la base de argumentos técnicos sólidos. La deliberación informada fortalece las políticas públicas; las descalificaciones, por el contrario, erosionan la confianza en las instituciones.
Por estas razones, reiteramos nuestro respaldo a la Junta Directiva del Banco de la República, a su equipo técnico y a la autonomía de la institución. Exhortamos al Gobierno Nacional a contribuir constructivamente al debate económico, respetando la independencia del Banco y fortaleciendo los canales de diálogo institucional.
Por último, conforme al principio constitucional de coordinación de la política económica general, instamos al Ministro de Hacienda a asistir y presidir las reuniones de la Junta del Banco de la República y dar los debates que ahí surjan.