📍SENTENCIA 3064-22-EP/25
En el caso en concreto, se presentó una acción de protección con medida cautelar en contra de la Superintendencia de Compañías y la Procuraduría General del Estado en la que impugnó actos administrativos emitidos dentro de la facultad sancionadora de la Superintendencia.
Dentro de la misma AEP, se ha determinado el siguiente problema jurídico:
¿La Corte Provincial vulneró el derecho a la seguridad jurídica de la entidad accionante al admitir y acoger una acción de protección manifiestamente improcedente por versar sobre un asunto propio de la jurisdicción contencioso-administrativa?
Los artículos 88 de la CRE y 39 de la LOGJCC, prescriben que el objeto de la acción de protección es el amparo directo y eficaz de los derechos constitucionales que no estén protegidos por otras garantías jurisdiccionales.
A su vez, el artículo 42 numeral 4 de la LOGJCC establece expresamente, como causal de improcedencia de la acción de protección: “cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz.”
Entonces, Con base en la normativa expuesta, la Corte identifica que las pretensiones del accionante, pudieron ser tuteladas ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
LA CORTE declara manifiestamente improcedente de la AP, ya que existia vías de justicia ordinaria para conocer las pretenciones.
@amontenegrito@BanEcuadorBP@eduardopenah El problema es el Gerente Jurídico. Álvaro Flores quien se cree estar sobre la justicia y va a terminar sancionado y afectando al Gerente General. Lo mismo ocurre en el caso de 34 ancianos jubilados que se resiste a pagar. #fueraflores
Hay una institución en el Ecuador llamada @BanEcuadorBP que ha perfeccionado un arte digno de estudio: la retención burocrática de indemnizaciones ordenadas por sentencias judiciales.
No roba —sería burdo—, demora.
No desacata —sería evidente—, enreda.
Los jueces ordenan pagar. El Estado deposita. Pero el dinero no llega al ciudadano vencedor del juicio.
Se queda estacionado en BanEcuador, atrapado en una coreografía absurda, primero al Consejo de la Judicatura, luego otro trámite, luego otra autorización, luego “espere”, luego “falta un oficio”, luego “está en revisión”.
Mientras tanto, la sentencia duerme, el derecho se enfría y la reparación se vuelve simbólica. Porque en el Ecuador ganar un juicio contra el Estado no significa cobrar, significa entrar a un laberinto donde la burocracia hace de carcelera del dinero ajeno.
¿Hasta cuándo una sentencia firme será tratada como una simple sugerencia administrativa? ¿Hasta cuándo BanEcuador seguirá actuando como retenedor de indemnizaciones que no le pertenecen? ¿Hasta cuándo el Estado castigará al ciudadano incluso después de perder el juicio?
La justicia que no se ejecuta no es justicia.
Es una burla con membrete oficial.
Hasta cuando señor Gerente General ?
El PhD. Francisco Paredes, destacado experto en Derecho Internacional Económico, participará en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado en la @AsambleaEcuador
Abordará el proyecto de ley para el cumplimiento de la consulta popular sobre #ArbitrajeInternacional.
@jantopicecuador@DanielNoboaOk@danielnoboaok aún si esperando que su Fenix despierte de las cenizas. Miren a @JMilei que en menos de una semana va reorganizando al país. Noboa se toma con calma una situación emergente.
@HDgalarzaCh Entonces tener auto de alta gama es delito? Tener polarizados ¿es delito? Por cierto los vidrios frontales NO son polarizados. ¿Salir a las 11 pm está mal?
La verdad es que, incluso si era tirador experto, la legítima defensa es EVIDENTE.