Piera Bon @pieris2006 - Twitter Profile

Entraron a los despachos de parlamentarios Hoy, por orden de la Vicepresidenta de la República, el Ministerio de Salud Pública ingresó al Palacio Legislativo. Junto a funcionarios de la Comisión Administrativa del Parlamento, sus inspectores recorrieron patios, salas comunes y, también, despachos de senadores y diputados, varios de ellos de la oposición. El motivo que adujeron fue controlar el cumplimiento de una ley. No encontraron ninguna infracción. Sin embargo, lo grave no es lo que - dicen - buscaban, sino el hecho mismo de haber entrado, y quién decidió que podían hacerlo. El despacho individual de un legislador no es un área común: es un espacio de trabajo exclusivo, donde se guardan documentos de investigaciones en curso, papeles con datos reservados, correspondencia y borradores que hacen a la tarea de representar a la ciudadanía. Entrar ahí, aunque sea solo para mirar, es entrar en la intimidad de ese trabajo. Y aquí viene el punto que de verdad importa: ni el Ministerio de Salud Pública ni la vice presidenta de la República ni la Comisión Administrativa tienen la potestad de autorizar ese ingreso. No deciden quién entra al despacho de un legislador Esa decisión le pertenece, exclusivamente, al legislador que ocupa ese despacho. Ni el pleno de una Cámara, ni la Asamblea General, pueden disponer legítimamente el ingreso al despacho de un legislador sin su consentimiento, salvo en los casos excepcionales que la propia Constitución prevé, como un desafuero seguido de un allanamiento judicial en una causa penal. Nada de eso ocurrió aquí. Hubo una orden de la Vicepresidencia y un acompañamiento administrativo, y con eso se entró a espacios que ni el propio Parlamento, en su conjunto, tiene la potestad de abrir sin consentimiento de su titular. Hay, además, un dato que no se puede pasar por alto, aunque el problema institucional sería igual de grave si no existiera: quién dispuso el ingreso, el Ministerio que lo ejecutó, y la bancada mayoritaria que tiene representación en la Comisión Administrativa, responden al mismo signo político, el Frente Amplio, mientras que entre los despachos recorridos hubo despachos de legisladores de la oposición. No hace falta suponer mala intención para advertir el problema: alcanza con el hecho objetivo de que el oficialismo, a través de organismos que le responden, ingresó a espacios de trabajo de quienes no integran su bancada. Es exactamente el tipo de situación que las instituciones republicanas están diseñadas para impedir, más allá de cuán bien intencionado haya sido el motivo invocado. No escribo esto desde el agravio personal ni desde la sospecha de mala fe generalizada. Pero las instituciones no se cuidan solamente cuando alguien tiene mala intención: se cuidan, sobre todo, cuando alguien actúa sin advertir el límite que está cruzando. La independencia del Parlamento no es un privilegio de los legisladores: es una garantía de la ciudadanía, para que quien la representa pueda hacerlo sin que ningún otro órgano, ni del Poder Ejecutivo, ni del propio Parlamento, decida por su cuenta cuándo entra a su despacho. Ya he cursado la comunicación a las autoridades del Parlamento advirtiéndoles de que no pueden ingresar a mi lugar de trabajo. Eso ya deberían saberlo. Está en la Constitución. Ingresar al mismo sin mi autorización sería un acto autoritario.

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