Los docentes de la concertada no exigen privilegios, sino justicia. No pueden opositar a su plaza porque no son empleados públicos, aunque su sueldo lo pague el Estado. No pueden acceder a traslados, ni a estabilidad funcionarial. Están en en un sistema donde asumen los deberes del servicio público, pero sin los derechos que lo acompañan.
Los profesores de la concertada llevan años reclamando mejoras invisibles para la mayoría. Su protesta no va contra los alumnos ni contra la escuela pública, sino contra una administración que financia su trabajo pero sin garantizar sus derechos.
Lo verdaderamente ofensivo no es que protesten. Es que haya quien pretenda silenciarlos culpándolos por ocupar un lugar que no gusta a según qué ideología.
Hay «seguros» para todos los gustos. Pero ¿dan verdaderamente la seguridad? Todos parece que olvidamos que el signo del hombre sobre la tierra no es la seguridad, sino la lucha sin descanso, el riesgo permanente.