Ramón Alcides Rodríguez

Melómano clásico-latin jazz- Bossa nova, Yanni y mi piano, aficionado a los deportes y la gastronomía, amante del arte, Consultor de seguridad pública.

[Ramón Alcides Rodríguez @ramonalcidesr]

¿Hasta dónde puede cargar un país con la crisis de otro?
Por
Ramón A. Rodríguez Veras
General ® de la Policía Nacional, graduado en Seguridad Pública y Alto Mando policial en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y es Licenciado en Administración de Empresas
República Dominicana necesita transformar la inmigración haitiana en un sistema ordenado de entrada, trabajo y retorno, antes de que la excepción termine convertida en permanencia.
La crisis haitiana dejó de ser hace tiempo un problema exclusivamente haitiano. Para la República Dominicana es también un asunto fronterizo, laboral, presupuestario y de seguridad. Negarlo sería irresponsable. Pero igualmente irresponsable sería abordarlo únicamente con redadas, deportaciones o restricciones de servicios públicos, mientras permanecen intactos los mecanismos económicos que vuelven a atraer cada día a la misma mano de obra que el Estado intenta expulsar.
Hay una contradicción que merece discutirse con menos consignas y mayor franqueza. En numerosos proyectos agrícolas y de construcción se contrata mano de obra haitiana porque existe una demanda real. El trabajador llega, participa en una cosecha, levanta una obra o presta determinado servicio. El trabajo termina, pero con demasiada frecuencia termina el contrato y no termina la permanencia. Busca otro empleo, pasa a la informalidad o simplemente permanece en el país. Meses después puede aparecer trabajando en otra provincia, para otro empleador y en una actividad distinta.
Ahí se encuentra una parte importante del problema. Un país tiene derecho a admitir trabajadores extranjeros cuando su economía los necesita. Lo que no parece razonable es que una autorización temporal de trabajo, o peor aún, una entrada irregular tolerada porque hace falta mano de obra, termine convirtiéndose de hecho en una residencia indefinida que nunca fue decidida por el Estado.
Y resulta llamativo comprobar que la legislación dominicana ya contiene buena parte de la solución. Tenemos una ley que apenas hemos convertido en sistema. La Ley General de Migración núm. 285-04 creó hace más de veinte años la figura del trabajador temporero. El carné correspondiente debe identificar, entre otras cosas, la fecha de entrada, el plazo autorizado de permanencia, la actividad que realizará, la zona donde trabajará y el empleador que lo contrató. Más importante todavía: el artículo 56 dispone que quien trabaje fuera de la actividad o del área autorizada, o permanezca después del plazo concedido, pasa a encontrarse en condición migratoria irregular y queda sujeto al procedimiento establecido por la ley.
El Reglamento 631-11 fue incluso más lejos. Contempló una fianza a cargo del empleador para cubrir, entre otros conceptos, la repatriación del trabajador. Es decir, el principio de que quien entra para trabajar temporalmente debe salir cuando concluye la razón que justificó su entrada no es una propuesta radical importada del extranjero. Está dentro del propio ordenamiento dominicano.
En marzo de 2026, la Dirección General de Migración volvió sobre el punto mediante la Resolución DGM-001-2026. Para renovar un permiso TT-1 exige contrato registrado, inscripción en la Tesorería de la Seguridad Social y una garantía del empleador, quien además debe asumir expresamente la coordinación con Migración para la repatriación una vez concluya el vínculo laboral.
Entonces cabe una pregunta incómoda: si ya tenemos esas herramientas, ¿por qué seguimos administrando el problema principalmente cuando el trabajador ya está indocumentado y disperso dentro del territorio? Perseguir posteriormente a miles de personas es muchísimo más costoso que controlar desde el principio quién entró, con quién trabaja, cuándo vence su autorización y cuándo salió.
Las cifras permiten apreciar la magnitud del esfuerzo que actualmente se dedica a la fase final del problema. Según la memoria institucional de la DGM, durante 2025 fueron reconducidos 379,553 nacionales haitianos: 228,877 bajo la clasificación de deportados y 150,676 repatriados. La misma institución registró además 197,742 retornos voluntarios durante ese año.
Son números enormes. También obligan a preguntarse cuánto de ese esfuerzo podría evitarse si la política migratoria comenzara en el lugar de contratación y no en el camión de interdicción. El trabajador que viene por seis meses no debe desaparecer dentro del país al séptimo. República Dominicana podría adoptar un verdadero programa de trabajo temporal y retorno, aprovechando la estructura jurídica que ya posee.
Durante los próximos meses debería hacerse un levantamiento obligatorio de la mano de obra extranjera de agricultura, construcción, turismo, servicios y trabajo doméstico. No para realizar una regularización general, sino para determinar qué sectores realmente necesitan trabajadores extranjeros y en qué cantidad. A partir de ahí, toda contratación temporal tendría que nacer con cuatro fechas claramente registradas: entrada al país, inicio del contrato, terminación del contrato y salida prevista.
El empleador tendría que comunicar electrónicamente a Migración y al Ministerio de Trabajo cualquier terminación anticipada dentro de un plazo muy breve. Si otro empleador necesita al trabajador, podría solicitar formalmente su transferencia antes del vencimiento del permiso. Si nadie lo contrata legalmente, procede el retorno.
Eso cambiaría completamente los incentivos. Hoy el empresario puede beneficiarse del trabajo extranjero y posteriormente trasladarle al Estado prácticamente todo el problema migratorio. La empresa termina la obra; Migración se queda buscando al trabajador. Debe ocurrir exactamente al revés: quien introduce o contrata mano de obra temporal tiene que participar también en el costo y en la responsabilidad de su salida.
La tecnología permite hacerlo sin crear una burocracia gigantesca. Un carné biométrico con código verificable podría indicar en segundos si el trabajador está activo, para qué empresa está autorizado, en qué actividad, en qué provincia y hasta qué fecha. DGM, Ministerio de Trabajo y TSS deberían trabajar sobre una misma base de datos.
El propio Gobierno ha comenzado a moverse en esa dirección. En mayo de 2026, Migración informó que 112 empresas habían sido sancionadas por emplear extranjeros indocumentados y recordó que los empleadores deben notificar la desvinculación del trabajador para que pueda determinarse inmediatamente su situación migratoria.
Ese esfuerzo debe dejar de ser excepcional y convertirse en rutina. Hay países que necesitan trabajadores extranjeros y, aun así, exigen que regresen. A veces presentamos como imposible lo que otros países administran todos los años. Estados Unidos utiliza la categoría H-2A para trabajadores agrícolas temporales. La autorización está vinculada a una necesidad laboral temporal o estacional y existe un límite a la permanencia bajo esa categoría; alcanzado el máximo general previsto, el trabajador debe salir de Estados Unidos antes de volver a ser elegible.
Canadá opera un esquema todavía más ilustrativo para nuestro caso. En su Seasonal Agricultural Worker Program de 2026, el contrato caribeño establece períodos agrícolas de hasta ocho meses y dispone el retorno del trabajador a su país de origen dentro del calendario establecido. El empleador interviene además en el transporte de regreso. España desarrolla desde hace años mecanismos de contratación colectiva en origen. En 2025, más de 25,700 personas participaron en programas de migración circular bajo el sistema GECCO: contratación organizada antes de llegar al territorio español y vinculada a necesidades laborales concretas.
No habría que copiar ninguno de esos modelos literalmente. República Dominicana tiene una realidad fronteriza completamente distinta. Pero el principio merece atención: necesitar al trabajador no obliga a convertir automáticamente al trabajador temporal en residente permanente. Incluso habría una forma inteligente de premiar el cumplimiento. El extranjero que termine su contrato y salga dentro del plazo podría recibir prioridad para regresar legalmente durante la próxima cosecha o proyecto. Quien abandone el empleo autorizado y permanezca irregularmente perdería temporalmente esa posibilidad, siempre mediante procedimientos previamente establecidos.
Para muchos trabajadores sería preferible saber que pueden regresar legalmente cada temporada que exponerse a pagar a traficantes, atravesar clandestinamente la frontera y vivir permanentemente bajo riesgo de detención. Eso es migración circular. Y puede ser más humana al mismo tiempo que más rigurosa.
También hay que hablar de quienes contratan. Durante décadas una parte del debate migratorio dominicano ha colocado toda la responsabilidad sobre el inmigrante y muy poca sobre el dominicano que lo emplea. Eso tiene que cambiar. El Código de Trabajo dispone en su artículo 135 que por lo menos el 80 % de los trabajadores de una empresa debe estar compuesto por dominicanos y el artículo 136 contiene una regla similar respecto de la masa salarial, con las excepciones previstas por la propia legislación.
Sin embargo, basta recorrer determinadas obras o explotaciones agrícolas para comprender la distancia que puede existir entre la norma y la realidad. La respuesta tampoco puede consistir en retirar mañana a todos los trabajadores extranjeros de actividades que actualmente dependen de ellos. Eso podría paralizar proyectos, encarecer alimentos y producir un mercado negro laboral todavía mayor.
Hay que hacerlo con cabeza. Agricultura y construcción deberían informar anualmente sus necesidades reales de mano de obra. A partir de esas cifras, el Estado establecería cupos temporales por sector y, cuando resulte necesario, por región y temporada. No un número indefinido de personas entrando porque alguien dice necesitarlas, sino plazas laborales previamente identificadas.
Al mismo tiempo habría que cumplir algo que el propio Gobierno reconoció en 2025: la economía dominicana debe reducir paulatinamente su dependencia de mano de obra irregular mediante mejores salarios, incorporación de trabajadores dominicanos, mecanización agrícola y nuevas técnicas constructivas. El Gobierno anunció entonces un fondo que ya había canalizado RD$2,800 millones hacia mecanización y transformación productiva.
Ese camino debe acelerarse. Una finca que hoy necesita cien trabajadores manuales quizá pueda necesitar sesenta dentro de cinco años si incorpora determinadas tecnologías. Una constructora puede modificar sistemas y procesos. Y determinados empleos volverán a ser atractivos para dominicanos si el salario refleja realmente su dificultad. La inmigración barata no puede convertirse en un subsidio oculto a actividades económicas que han decidido no modernizarse.
La escuela no es el lugar donde debe librarse esta batalla. Aquí conviene marcar una diferencia que puede evitarle a República Dominicana problemas jurídicos y diplomáticos innecesarios. La Constitución dominicana establece en su artículo 25 que los extranjeros tienen los mismos derechos y deberes que los nacionales, sujeto a las excepciones constitucionales y legales; el artículo 39 prohíbe la discriminación por nacionalidad, y el artículo 63 comienza con una expresión difícil de ignorar: “Toda persona tiene derecho a una educación integral”. Además, declara gratuita y obligatoria la educación pública en los niveles establecidos constitucionalmente.
Eso aconseja mucha prudencia antes de convertir la matrícula de un niño haitiano en instrumento de control migratorio. En septiembre de 2024, el presidente Luis Abinader informó que unos 147,000 estudiantes de nacionalidad haitiana representaban aproximadamente el 6.5 % de la matrícula escolar. El dato evidencia una presión real sobre el presupuesto educativo y no debe ocultarse.
Pero una cosa es reconocer el costo y otra distinta negar la escuela. Además de las dificultades constitucionales, Washington ha incluido anteriormente en sus informes de derechos humanos señalamientos relacionados con obstáculos para que los niños de inmigrantes indocumentados accedan a escuelas, diplomas y otros servicios. Abrir ese frente sería innecesario cuando existen mecanismos migratorios mucho más efectivos.
El niño puede asistir a la escuela sin que esa matrícula regularice a sus padres, conceda residencia a la familia o elimine las consecuencias de una situación migratoria irregular. Al mismo tiempo, Educación puede mantener un registro administrativo preciso de estudiantes extranjeros y calcular públicamente cuánto representa su atención.
Ese costo debe llevarse a la mesa internacional. Si la comunidad internacional y los organismos multilaterales consideran que proteger a la población vulnerable haitiana es una responsabilidad regional, entonces también es razonable pedirles recursos para financiar parte de la presión extraordinaria que reciben las escuelas, hospitales y comunidades fronterizas dominicanas.
Solidaridad internacional también significa compartir la factura. Hay que dejar de contar inmigrantes con fotografías viejas. Existe otro problema menos visible. La última Encuesta Nacional de Inmigrantes de gran alcance publicada por la ONE corresponde a 2017. Entonces se estimaron 497,825 personas nacidas en Haití residentes en República Dominicana y 253,255 descendientes con padres nacidos en Haití.
Han ocurrido demasiadas cosas desde 2017 para conducir una política migratoria de 2026 utilizando aquella fotografía como referencia principal. La propia ONE reconoció este año la necesidad de mejorar la producción estadística migratoria y, junto con UNFPA y la Unión Europea, desarrolló el proyecto “Cifras que Incluyen” para integrar y armonizar registros administrativos.
Eso debería evolucionar hacia un registro migratorio nacional mucho más ambicioso. El país necesita saber cuántos extranjeros entran, cuántos salen, cuántos tienen residencia, cuántos poseen permisos temporales, dónde trabajan, cuántos permisos vencieron, qué empresas los contrataron y cuántos cumplieron efectivamente con el retorno.
Sin esos números, el debate oscila peligrosamente entre dos extremos: quienes minimizan el problema y quienes ofrecen estimaciones imposibles de comprobar. La preocupación por perder el control migratorio es legítima. Pero afirmar que eventualmente “todos los haitianos” terminarán residiendo en República Dominicana sería una exageración que debilita un argumento que puede defenderse perfectamente con datos. La pregunta seria es otra: ¿qué volumen de inmigración puede absorber sosteniblemente un país de poco más de once millones de habitantes, con servicios públicos y territorio limitados, mientras comparte una isla con un Estado sometido a una crisis de enormes proporciones?
Esa pregunta merece respuesta oficial. Lo urgente puede hacerse ahora; lo importante necesita varios años. En los próximos doce meses República Dominicana podría tener funcionando un registro único de trabajadores extranjeros; exigir de manera efectiva el TT-1 donde corresponda; vincular contratos, TSS y Migración; hacer cumplir la fianza de retorno; sancionar con mayor severidad a empleadores reincidentes; controlar las transferencias de trabajadores entre empresas y verificar la salida cuando finalice cada autorización.
También debería intensificarse la persecución de las redes que cobran por introducir personas irregularmente y, algo igualmente importante, de cualquier funcionario civil o militar que las proteja. Después viene una tarea de dos o tres años: convertir el trabajo extranjero temporal en un programa de migración circular con cupos determinados por las necesidades verificables del mercado laboral, contratación identificada antes del ingreso, seguro, TSS, alojamiento cuando corresponda, fecha de salida y posibilidad de retornar legalmente para quien haya cumplido las reglas.
Paralelamente, agricultura y construcción tendrían metas verificables de mecanización y sustitución gradual de puestos que hoy dependen innecesariamente de trabajo manual intensivo. Y existe una tarea que probablemente tomará una década. La frontera necesita desarrollo económico dominicano, infraestructura, tecnología, vigilancia electrónica y comunidades capaces de retener población nacional. Haití necesita recuperar instituciones, seguridad y actividad productiva dentro de su propio territorio.
La situación al otro lado de la frontera explica por qué ninguna política dominicana puede descansar exclusivamente en deportaciones. Un informe de Naciones Unidas de 2026 estimó aproximadamente 1.4 millones de desplazados internos en Haití, más de 6.4 millones de personas afectadas por la crisis humanitaria y una expansión de las bandas armadas fuera de Puerto Príncipe.
Mientras esas condiciones persistan, la presión migratoria continuará. Por eso la República Dominicana debe insistir ante Washington, Ottawa, Bruselas, Naciones Unidas, BID y Banco Mundial en algo muy concreto: los recursos principales para estabilizar Haití tienen que invertirse en Haití. Seguridad, empleo, documentación civil, infraestructura, agricultura, escuelas y oportunidades del lado haitiano son, a largo plazo, la política migratoria más efectiva que puede tener República Dominicana.
Nuestro territorio no puede convertirse en la válvula permanente de escape de cada crisis haitiana. Firmeza que pueda defenderse en Santo Domingo y también en Washington. Una buena política migratoria debe superar una prueba sencilla: ¿podemos explicarla ante nuestra propia población y defenderla, con la misma tranquilidad, frente a un gobierno extranjero?
Si la norma dijera que una persona será detenida porque parece haitiana, sería indefendible. Si dijera que un niño pierde la escuela debido al estatus de sus padres, abriríamos un conflicto constitucional e internacional que poco aporta al control fronterizo. Pero si República Dominicana establece que todo extranjero contratado temporalmente debe entrar por un puesto autorizado, identificarse biométricamente, trabajar solamente para la actividad permitida, cumplir las normas laborales y salir cuando termina el período concedido, resulta mucho más difícil cuestionarla.
Más aún cuando Estados Unidos, Canadá y países europeos utilizan ellos mismos categorías de inmigración temporal vinculadas a empleos concretos y sometidas a límites de permanencia. La clave diplomática estaría también en que las reglas generales se formulen según condición migratoria y categoría laboral, no según color de piel. Cuando sea necesario un mecanismo bilateral con Haití por razones prácticas, puede existir, pero la actuación interna de las autoridades debe descansar en documentos, registros y debido proceso, no en presunciones étnicas.
Eso protege al inmigrante que cumple la ley y fortalece al Estado frente al que no la cumple. República Dominicana ha demostrado que puede ejecutar deportaciones en una escala considerable. El próximo paso es más difícil: construir un sistema que reduzca la necesidad de realizarlas. El objetivo razonable no debe ser una República Dominicana cerrada a todo trabajador haitiano. Nuestra economía ha utilizado y seguirá utilizando mano de obra extranjera en determinadas actividades. Tampoco puede consistir en una puerta donde se sabe quién entra, pero después nadie verifica quién debía salir.
Un Estado soberano decide cuántas personas admite, para qué propósito y durante cuánto tiempo. Un Estado organizado, además, verifica que esas condiciones se cumplan. Ahí está el cambio que falta. La República Dominicana puede seguir ofreciendo trabajo temporal, comercio, protección de derechos fundamentales y cooperación con Haití sin asumir como consecuencia inevitable el asentamiento indefinido de todo aquel que alguna vez cruzó la frontera para realizar una labor. Eso exige firmeza, pero también precisión.
Porque al final una frontera no se controla solamente impidiendo que alguien entre. También se controla sabiendo quién entró, por qué entró, cuánto tiempo podía quedarse y si realmente salió cuando llegó el momento de hacerlo. @luisabinader @itobisono @MIREXRD @MigracionRDo @EducacionRDo @el_BID @BancoMundialLAC @AgriculturaRD @FAOAmericas @acoprovi @MTrabajoRD @TSSDOM @pnud @cepal_onu @ONU_es @PoderJudicialRD @DiputadosRD @SenadoRD

[Ramón Alcides Rodríguez @ramonalcidesr]

¿Más provincias o un Estado que funcione mejor?
Por
Ramón A. Rodríguez Veras
General ® de la Policía Nacional, graduado en Seguridad Pública y Alto Mando policial en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y es Licenciado en Administración de Empresas

Antes de volver a dividir el mapa dominicano, convendría preguntarnos cuánto cuesta cada nueva raya y, sobre todo, qué problema público resuelve. La República Dominicana tiene hoy 31 provincias y el Distrito Nacional. Y, sin que el tema haya provocado todavía una discusión nacional de la magnitud que merece, el Congreso tiene sobre la mesa dos proyectos que podrían llevarnos a 33 provincias.
Uno propone crear Santa Lucía, separando de San Juan los municipios de Las Matas de Farfán, El Cercado y Vallejuelo. El otro plantea crear Matías Ramón Mella, tomando de la actual provincia Santo Domingo los municipios Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y La Victoria. Ambas iniciativas comenzarán a ser estudiadas en la nueva legislatura.
Podemos discutir los méritos particulares de cada propuesta. Pero hay un asunto previo que rara vez forma parte de la discusión pública dominicana: ¿cuántas provincias necesita realmente un país de nuestro tamaño para ser bien administrado? No cuántas quieren sus comunidades. No cuántas resultan políticamente convenientes. No cuántos nombres de próceres quedan por honrar en el mapa.
¿Cuántas necesitamos? La pregunta parece sencilla, pero obliga a revisar una práctica dominicana muy arraigada: cuando una comunidad siente que el Estado está lejos, tendemos a crear otra demarcación, otra oficina, otra estructura administrativa. Suponemos que acercar físicamente la burocracia equivale a descentralizar el poder.
No necesariamente. Nuestra propia Constitución hace una distinción que ayuda a entender el problema. La provincia es definida como una demarcación política intermedia y el gobernador provincial es designado por el Poder Ejecutivo. En cambio, son el Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales los que constituyen la base de la administración local, tienen patrimonio propio y autonomía presupuestaria y administrativa.
Más aún, la Constitución ordena propiciar la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales. Esto obliga a mirar el tema desde otra perspectiva. Crear una provincia no equivale, por sí mismo, a descentralizar. Una nueva provincia sigue dependiendo en gran medida del Gobierno central. Lo que hacemos es crear una nueva unidad política y administrativa dentro del mismo Estado centralizado. Y esa unidad viene acompañada de consecuencias.
Hay que designar una gobernación. Hay que elegir un senador adicional, porque la Constitución establece uno por cada provincia y uno por el Distrito Nacional. Aparece la necesidad de reorganizar la representación electoral y, en la práctica, comienzan las demandas para establecer oficinas provinciales de ministerios y direcciones generales, estructuras judiciales, electorales y administrativas. Todo eso requiere locales, personal, vehículos, seguridad, tecnología, mantenimiento y presupuesto año tras año.
El criterio que debería orientar la decisión, entonces, no puede limitarse a determinar si una comunidad “merece” convertirse en provincia. Hay que demostrar que el beneficio económico y social de hacerlo supera su costo. Y ahí encontramos algo interesante con los dos proyectos que se discuten actualmente: no son casos comparables.
La provincia Santo Domingo tenía 2,769,589 habitantes en el Censo de 2022. Es, por mucho, la provincia más poblada del país y concentra por sí sola aproximadamente una cuarta parte de la población dominicana. San Juan, en cambio, registró 244,667 habitantes. Por eso sería un error aprobar o rechazar ambas propuestas bajo el mismo razonamiento.
Dividir administrativamente una provincia con casi 2.8 millones de habitantes puede tener argumentos de eficiencia que merecen ser estudiados sensatamente. En un territorio metropolitano de esa magnitud, con Santo Domingo Norte, Oeste, Este, Los Alcarrizos, Pedro Brand, Boca Chica y otras demarcaciones experimentando realidades urbanas muy distintas, podría demostrarse que una reorganización territorial mejora determinadas funciones del Estado. Pero incluso allí debería hacerse primero el estudio.
En el caso de San Juan, la carga de la prueba debería ser todavía mayor. Las Matas de Farfán tiene, según el Censo de 2022 citado por el propio proyecto, 48,179 habitantes. La propuesta argumenta su actividad agrícola, ganadera y comercial y plantea unirla con El Cercado y Vallejuelo para formar Santa Lucía.
Es legítimo que esas comunidades quieran más atención del Estado. Lo que no está demostrado es que convertirse en provincia sea la forma más eficiente de conseguirla. Si Las Matas de Farfán necesita mejores hospitales, carreteras, oficinas públicas, agua, apoyo agropecuario, seguridad, educación o facilidades para hacer trámites, ¿por qué la única solución tendría que ser crear una provincia?
Podríamos terminar gastando dinero administrando una nueva demarcación que habría sido más útil invirtiéndolo directamente en los problemas que justificaron su creación. Ahí está, a mi juicio, el centro de la discusión. El Estado del siglo XXI no tiene que estar físicamente en todas partes. La tecnología está cambiando rápidamente el concepto de distancia administrativa.
Hace veinte años tenía cierto sentido argumentar que un ciudadano debía trasladarse hasta una cabecera provincial porque allí estaba el funcionario, el expediente, el sello, el archivo y la firma. En 2026 esa explicación comienza a perder fuerza.
La República Dominicana ya está construyendo una plataforma de interoperabilidad mediante la cual más de 80 instituciones públicas intercambian información, precisamente para evitar que el ciudadano tenga que llevar de una oficina a otra documentos que el propio Estado ya posee.
El programa Burocracia Cero reportó que la simplificación de trámites prioritarios redujo sus tiempos en alrededor de 70 % durante 2025 y generó, según las cifras oficiales, ahorros superiores a RD$2,000 millones para ciudadanos y Estado. El MAP puso además en funcionamiento en marzo de este año el SISMAP Burocracia Cero, comenzando con 362 trámites públicos.
Ese es el camino en el que deberíamos profundizar. Si una persona de Vallejuelo puede resolver un trámite desde su teléfono, o realizarlo en una oficina multiservicios de su municipio conectada digitalmente con Santo Domingo, la distancia hasta la cabecera provincial pierde buena parte de su importancia.
Y sale considerablemente más barato que mantener una nueva estructura provincial durante los próximos cincuenta años. Pero la digitalización tampoco lo resuelve todo. Hay servicios que necesariamente son territoriales: hospitales, escuelas, seguridad, mantenimiento vial, agricultura, justicia, agua potable. En esos casos tenemos otra herramienta: la desconcentración administrativa.
El propio Ministerio de Administración Pública reconoce la posibilidad de transferir funciones hacia órganos territoriales subordinados sin necesidad de crear nuevas entidades. Es perfectamente posible acercar una oficina de Agricultura, Salud, Pasaportes o cualquier otro servicio a una población sin convertir esa población en provincia.
En otras palabras: podemos acercar el Estado sin multiplicar el Estado. Ya creamos regiones. Usemos las regiones. Hay otra contradicción que merece atención. En 2022 aprobamos la Ley 345-22 y organizamos el país en diez regiones únicas de planificación: Cibao Norte, Cibao Sur, Cibao Nordeste, Cibao Noroeste, Valdesia, Enriquillo, El Valle, Yuma, Higuamo y Ozama. La intención fue precisamente coordinar territorialmente las políticas públicas, la inversión y el desarrollo, articulando Gobierno central y gobiernos locales.
Ese mismo año aprobamos la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. Y actualmente el Gobierno desarrolla planes municipales de ordenamiento territorial en decenas de municipios, con la meta anunciada de superar los 60 territorios estratégicos y cabeceras provinciales antes de 2028.
Sería extraño que, al mismo tiempo que intentamos consolidar regiones para coordinar mejor el territorio, continuemos fragmentando provincias sin una política nacional que establezca hasta dónde debemos llegar. No significa congelar para siempre el mapa político dominicano. Significa ponerle reglas.
Antes de crear otra provincia el Congreso debería aprovechar estas dos propuestas para hacer algo más trascendente que aprobarlas o rechazarlas: establecer criterios objetivos para cualquier futura modificación territorial, que también contemplen la disminución del número de provincias si las condiciones de coordinación territorial lo permiten.
Una provincia nueva debería requerir previamente un estudio independiente de impacto fiscal. No solamente cuánto cuesta crearla el primer año, sino cuánto costarán durante diez o veinte años la gobernación, la representación política, las estructuras administrativas y los servicios asociados.
También debería demostrarse qué trámites o servicios no pueden ser resueltos mediante digitalización, desconcentración administrativa, fortalecimiento municipal o regionalización. Habría que evaluar población, extensión territorial, actividad económica, conectividad, tiempos reales de desplazamiento, capacidad de generación de ingresos, infraestructura existente y sostenibilidad presupuestaria.
Y debería haber una reflexión seria: ¿qué institución nueva desaparecerá o reducirá su estructura cuando creemos la nueva? Porque nuestro problema histórico no suele ser crear. Es cerrar. Creamos municipios, distritos municipales, provincias, direcciones, consejos, comisiones y oficinas. Cada una nace con una razón que en algún momento pareció válida. Muy pocas son posteriormente evaluadas para determinar si todavía hacen falta.
Así se construye la burocracia: no necesariamente mediante grandes decisiones, sino mediante pequeñas capas que nunca se retiran. El mapa no puede sustituir a la gestión. Hay comunidades dominicanas con razones perfectamente válidas para sentirse olvidadas por el Estado. Negarlo sería desconocer la realidad del país.
Pero una comunidad no se desarrolla porque cambie la denominación que aparece debajo de su nombre en un formulario. Se desarrolla cuando tiene carreteras transitables; agua; electricidad confiable; escuelas que enseñan; hospitales que funcionan; seguridad; conectividad; crédito; infraestructura productiva; instituciones capaces de responder y oportunidades para que sus jóvenes no tengan que marcharse.
Nada de eso exige necesariamente una provincia nueva. La República Dominicana está planteándose duplicar su PIB real hacia 2036, modernizar el Estado, digitalizar los servicios públicos y competir en una economía cada vez más tecnológica. En ese contexto, resulta razonable preguntarnos si la respuesta a los problemas territoriales del futuro debe seguir siendo una herramienta esencialmente administrativa del pasado: dividir nuevamente el mapa.
Quizás algunas provincias sí deban dividirse. Santo Domingo, por su dimensión demográfica, merece que esa posibilidad sea estudiada sin prejuicios. Quizás otras no. Lo que no deberíamos seguir haciendo es decidirlo sin números.
Cada nueva provincia debería nacer porque un estudio demuestre que permitirá al Estado gastar mejor, prestar mejores servicios y administrar mejor el territorio. Nunca simplemente porque crearla resulte políticamente atractivo.
Tenemos suficientes experiencias para cambiar el criterio. Un Estado más cercano al ciudadano no tiene necesariamente más oficinas, más funcionarios ni más demarcaciones. Tiene mejores instituciones. Y antes de agregar otra provincia al mapa de la República Dominicana, ese es el punto que debería ocuparnos. @luisabinader
@ProcuraduriaRD
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@felixrbautista

[Ramón Alcides Rodríguez @ramonalcidesr]

Cuando la Constitución detiene al poder: una reflexión sobre el fallo del Tribunal Constitucional y los límites del Gobierno
Por
Ramón A. Rodríguez Veras
General ® de la Policía Nacional, graduado en Seguridad Pública y Alto Mando policial en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y es Licenciado en Administración de Empresas

Cada vez que un tribunal declara inconstitucional una decisión del Gobierno surge la misma pregunta: ¿quién manda realmente? La respuesta suele dividir a la opinión pública. Para unos, el Tribunal Constitucional frena la capacidad del Poder Ejecutivo para resolver problemas reales; para otros, simplemente cumple la misión para la cual fue creado: impedir que cualquier autoridad, por legítima que sea, traspase los límites que la Constitución le impone.

La reciente decisión del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto el Decreto núm. 308-06, mediante el cual se regulaban los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas, ha vuelto a colocar esa discusión en el centro del debate nacional. Más allá de la valoración que cada ciudadano pueda tener sobre la conveniencia de vender alcohol después de la medianoche, la verdadera cuestión es otra: ¿puede un Presidente de la República, mediante un decreto, restringir derechos y libertades con el propósito de proteger el orden público?

Responder esa pregunta exige comprender una diferencia que muchas veces pasa inadvertida. En un Estado democrático no basta con que una medida persiga un fin legítimo; también debe adoptarse por el órgano competente y mediante el procedimiento que la Constitución establece. Esa es, precisamente, la esencia del Estado de Derecho.

Con frecuencia se escucha afirmar que el Presidente fue elegido por el pueblo y, por tanto, debe tener autoridad suficiente para tomar las decisiones que considere necesarias para preservar la seguridad y la convivencia. El argumento tiene fuerza política, pero resulta insuficiente desde el punto de vista constitucional.

El voto popular confiere legitimidad para gobernar, no para ejercer un poder ilimitado. La Constitución dominicana convierte al presidente en el máximo responsable de la administración pública y de la preservación del orden interno. Sin embargo, ese mandato convive con otro principio igualmente importante: el ejercicio del poder está sometido a límites jurídicos que ninguna autoridad puede desconocer.

La diferencia entre un gobierno constitucional y uno autoritario no radica en que ambos busquen el bienestar colectivo. La diferencia está en que el primero acepta que existen fronteras que ni siquiera la mejor intención puede sobrepasar. En sociedades complejas, el orden público suele requerir restricciones. Nadie discute la existencia de límites a la velocidad en las carreteras, regulaciones sanitarias, controles ambientales o normas para el uso de espacios públicos. La convivencia exige reglas.

El problema aparece cuando esas reglas afectan directamente libertades que la propia Constitución protege, como la libertad de empresa, el ejercicio de actividades económicas o el derecho de propiedad. En esos casos deja de ser suficiente la voluntad administrativa del Ejecutivo. Es el legislador, representante directo de la soberanía popular a través del Congreso Nacional, quien debe decidir si esas limitaciones resultan necesarias y en qué condiciones pueden imponerse. No se trata de un formalismo jurídico. Es una garantía para todos.

Hoy puede parecer razonable limitar la venta de bebidas alcohólicas por razones de seguridad ciudadana. Mañana otro gobierno podría considerar conveniente restringir reuniones públicas, limitar horarios de determinados comercios o imponer controles sobre actividades económicas invocando distintos motivos de interés general. Precisamente para evitar que el alcance de esas decisiones dependa exclusivamente del criterio del gobernante de turno, la Constitución distribuye las competencias entre los diferentes órganos del Estado. Es aquí donde cobra sentido la existencia del Tribunal Constitucional.

Con frecuencia se critica que jueces no elegidos por voto popular anulen decisiones adoptadas por autoridades democráticamente electas. La observación merece ser atendida, pero parte de una confusión sobre la naturaleza del control constitucional.

El Tribunal Constitucional no gobierna, no administra el Estado ni diseña políticas públicas. Su función consiste en verificar que quienes sí ejercen esas competencias permanezcan dentro del marco constitucional. No sustituye al Presidente ni al Congreso; simplemente recuerda que ambos derivan su autoridad de una norma superior que también los obliga.

Paradójicamente, la mayor fortaleza de una democracia no reside en que la mayoría pueda hacerlo todo, sino en aceptar que existen determinadas materias donde ni siquiera la mayoría puede actuar al margen de la Constitución.

Ese equilibrio explica por qué la justicia constitucional suele resultar incómoda para cualquier gobierno, independientemente de su orientación política. Cuando el Tribunal Constitucional declara inválido un acto del Ejecutivo, no necesariamente está rechazando la política pública que lo inspira. En muchas ocasiones únicamente está indicando que el instrumento jurídico utilizado no era el adecuado. La diferencia no es menor.

Si la regulación del horario para la venta de bebidas alcohólicas responde a una necesidad real de seguridad ciudadana, el Congreso Nacional conserva plenamente la facultad de discutirla, modificarla y convertirla en ley, siempre que respete los principios de razonabilidad y proporcionalidad que exige la Constitución. La decisión judicial no impide debatir el fondo del problema; únicamente recuerda cuál es el camino constitucional para enfrentarlo. Este episodio ofrece una enseñanza que trasciende el tema del alcohol. Obliga a reflexionar sobre la calidad institucional del país y sobre la madurez de nuestra democracia.

Con demasiada frecuencia confundimos eficacia con concentración del poder. Creemos que un gobierno fuerte es aquel que puede decidir sin obstáculos. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra exactamente lo contrario. Las democracias más estables no son aquellas donde el gobernante encuentra menos controles, sino aquellas donde las instituciones funcionan incluso cuando esos controles resultan incómodos para quienes ejercen el poder.

La Constitución no fue concebida para facilitar el ejercicio del gobierno. Fue creada, precisamente, para impedir que el poder, aun cuando nazca de la voluntad popular, termine ejerciéndose sin límites. Por eso, el verdadero debate que deja esta sentencia no consiste en determinar si los colmados deben cerrar a medianoche o permanecer abiertos hasta el amanecer. Esa es una discusión legítima que corresponde a la política y, en su caso, al legislador.

La reflexión de fondo es mucho más trascendente: decidir si estamos dispuestos a aceptar que el respeto a la Constitución prevalezca incluso cuando limita la actuación de los gobernantes con los que simpatizamos. La fortaleza de una democracia no se mide únicamente por la legitimidad de quienes llegan al poder mediante las urnas. También se mide por la capacidad de esos mismos gobernantes para aceptar que la Constitución continúa siendo la autoridad suprema una vez terminan las elecciones.

Y quizá esa sea la lección más valiosa que deja este caso. En una república constitucional, el poder no encuentra su mayor expresión cuando puede actuar sin restricciones; la encuentra cuando demuestra que es capaz de someterse voluntariamente al Derecho que le dio origen. @luisabinader @ProcuraduriaRD @SaludPublicaRD @PoderJudicialRD @ANJE_RD @DiputadosRD @MinInteriorRD

[Ramón Alcides Rodríguez @ramonalcidesr]

Cuando la autoridad se rompe, todos perdemos
Por
Ramón A. Rodríguez Veras
General ® de la Policía Nacional, graduado en Seguridad Pública y Alto Mando policial en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, en Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y es licenciado en Administración de empresas.
La muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes no puede despacharse como un simple “exceso policial”, ni tampoco como un episodio aislado en el que basta señalar a un agente y seguir adelante. Sería cómodo, pero falso. Detrás de ese disparo en Herrera hay un país entero discutiendo, a veces con rabia y otras con miedo, qué significa hoy obedecer a la autoridad, qué puede hacer un policía en la calle y hasta dónde puede llegar el Estado cuando un ciudadano se resiste.
La respuesta fácil es escoger un bando. O se defiende al policía porque sale todos los días a jugarse la vida, o se defiende al ciudadano porque el uniforme no da permiso para abusar. Pero esa división es precisamente parte del problema. Una sociedad seria tiene que poder decir ambas cosas sin contradicción: ningún ciudadano tiene derecho a agredir, humillar o desafiar impunemente a un agente en funciones; y ningún policía tiene derecho a convertir una discusión, una resistencia o una falta administrativa en una sentencia de muerte.
En República Dominicana el irrespeto a la autoridad no es una teoría. Se ve todos los días en las calles. Motocicletas sin placas claras, sin seguro, sin luces, sin casco, con dos y tres pasajeros; conductores que se llevan semáforos, ciudadanos que discuten cada retención como si toda intervención fuera un abuso, curiosos que rodean a los agentes, celulares grabando desde el ángulo que más convenga, y una cultura peligrosa según la cual cumplir la ley parece cosa de tontos. El policía que sale a trabajar en ese ambiente no opera en un laboratorio. Opera en calor, ruido, presión, precariedad, sospecha y riesgo.
Esa parte hay que decirla, porque también es verdad. Muchos agentes dominicanos trabajan con salarios que apenas han comenzado a mejorar, con jornadas duras, bajo entrenamiento desigual y con la sensación de que, si actúan, los graban; si no actúan, los culpan; si se defienden, los juzgan; y si mueren, el país los llora un día y los olvida al siguiente. No hay autoridad pública que sobreviva si la ciudadanía entiende que puede insultarla, empujarla, rodearla o retarla sin consecuencias.
Pero la otra parte pesa igual o más: precisamente porque el policía representa al Estado, está obligado a tener más dominio de sí mismo que el ciudadano común. El uniforme no elimina el miedo ni la presión, pero sí impone un deber superior de control. La pistola no puede ser una extensión del orgullo herido. El arma de reglamento no está para resolver discusiones, ni para castigar faltas de tránsito, ni para ganar una confrontación verbal. Está para proteger vidas cuando no queda otra alternativa.
Ahí es donde el caso Darlin golpea tan fuerte. Según lo informado por el Ministerio Público, el joven se acercó al agente para decir que la motocicleta retenida le pertenecía. Si esa versión se confirma judicialmente, el hecho no habla solo de un policía que falló: habla de un sistema que permite que una intervención menor escale hasta la muerte de una persona. Y también habla de otro desorden que casi nunca se discute con seriedad: el caos de las motocicletas en República Dominicana.
El país tiene millones de motocicletas registradas. La DGII reportó que, a diciembre de 2025, las motocicletas representaban el 57.9 % del parque vehicular nacional. Pero cualquiera que viva aquí sabe que el registro formal no cuenta toda la historia. Durante años se ha hablado de motocicletas traídas por piezas, armadas localmente, revendidas sin trazabilidad suficiente, usadas sin seguro o circulando con documentos débiles. No encontré un registro público que diga cuántas están exactamente en esa condición. Y ese vacío también es una forma de desorden estatal. Lo que no se mide, no se gobierna.
Cuando un agente detiene una motocicleta sin seguro o con documentación dudosa, no está lidiando únicamente con un conductor. Está parado frente a un mercado informal completo, frente a fallas de Aduanas, de DGII, de INTRANT, de DIGESETT, de ayuntamientos, de educación vial y de persecución penal. Entonces el policía termina en la primera línea de un problema que debió resolverse mucho antes, en los puertos, en los dealers, en los talleres, en los registros y en las calles.
Por eso la solución no puede ser solamente “capacitar a la Policía”, aunque hay que capacitarla. Tampoco basta con pedir “mano dura”, aunque hace falta régimen de consecuencias. El país necesita ordenar la relación entre ciudadano y autoridad desde varios frentes al mismo tiempo.
Primero, debe haber una política nacional real sobre motocicletas. No un operativo de dos semanas para salir en televisión. Un levantamiento serio, con cruce de datos entre DGII, DGA, INTRANT, DIGESETT y Policía Nacional. Que se sepa cuántas motos están registradas, cuántas tienen seguro, cuántas placas están vencidas o duplicadas, cuántas circulan sin trazabilidad y cuántas han sido retenidas varias veces. Después de eso, una regularización con plazo razonable y, vencido el plazo, consecuencias firmes. El que pueda demostrar origen lícito y pagar, que regularice. El que no pueda demostrar nada, que no circule. El Estado no puede seguir delegando ese caos al policía de la esquina.
Segundo, toda intervención policial de tránsito o de control ciudadano debe tener un protocolo simple, repetido hasta el cansancio y conocido por la población. El agente debe identificarse, explicar la causa de la intervención, pedir documentos, mantener distancia, evitar insultos, usar comandos claros y pedir apoyo antes de que el incidente se caliente. El ciudadano debe entregar documentos, no forcejear, no rodear al agente, no arrebatar objetos retenidos, no impedir el procedimiento. Si entiende que hubo abuso, reclama después por la vía correspondiente. La calle no puede ser tribunal.
Tercero, hacen falta cámaras, pero cámaras que sirvan. No basta anunciar cámaras corporales o en patrullas si luego no funcionan, no graban, no se custodian bien o no aparecen cuando hay un muerto. Cada patrulla que intervenga en retenciones, arrestos o persecuciones debería tener registro audiovisual. Y cuando ocurra un incidente grave, el país no debería depender de un video de diez segundos tomado por un curioso. Debe existir una línea de tiempo oficial: hora, lugar, agentes actuantes, motivo de la intervención, evidencia disponible, lesiones reportadas, armas usadas y actuaciones posteriores. Eso protege al ciudadano, pero también protege al buen policía.
Cuarto, hay que sancionar de verdad la resistencia a la autoridad. El discurso de derechos no puede convertirse en licencia para el desorden. Si una persona agrede a un policía, rompe una patrulla, obstruye un arresto o encabeza un tumulto para impedir una actuación legítima, debe responder ante la justicia. No con abuso, no con golpes en un destacamento, no con humillación pública: con expediente, prueba y sanción. La autoridad legítima no se defiende con rabia; se defiende con consecuencias legales.
Quinto, la Policía necesita entrenamiento práctico en reducción de conflictos. No charlas bonitas. Simulaciones reales: una multitud rodeando una patrulla; un motorista que se niega a entregar documentos; una madre gritando porque se llevan a su hijo; un joven grabando a dos pulgadas de la cara del agente; un compañero perdiendo el control; una persecución que termina en un callejón. El policía debe practicar cómo hablar, cómo retroceder sin perder autoridad, cómo pedir apoyo, cómo usar esposas, macana, gas, taser u otros medios no letales cuando existan, y cuándo el arma de fuego simplemente no procede.
Sexto, Asuntos Internos debe ser creíble. Para el ciudadano y para el policía. Si investiga solo para apagar escándalos, no sirve. Si protege al agente por corporativismo, tampoco. Si condena mediáticamente antes de investigar, destruye moral interna. La investigación de uso de fuerza debe tener plazos, peritos, revisión de videos, entrevistas separadas, informe público resumido y consecuencias. En los casos graves, el Ministerio Público debe entrar temprano y sin pedir permiso político.
Séptimo, hay que dignificar al policía que hace bien su trabajo. No se puede exigir serenidad profesional a una institución tratada durante décadas como mano de obra barata del orden público. Mejor salario, seguro de vida, apoyo psicológico, defensa legal institucional cuando actúe conforme al protocolo, equipos adecuados, turnos humanos y ascensos por mérito. Un agente agotado, mal pagado, mal supervisado y socialmente despreciado es más vulnerable al error, al abuso y a la corrupción.
Octavo, el ciudadano también debe ser educado. Desde la escuela, desde las licencias, desde las campañas de tránsito, desde las juntas de vecinos. Hay que enseñarle a la gente qué hacer cuando la Policía la detiene. Apague el motor. Mantenga las manos visibles. No insulte. No forcejee. Pida el nombre del agente. Grabe a distancia razonable si desea grabar. Reclame por la vía legal. Parece básico, pero en República Dominicana lo básico se ha vuelto urgente.
El debate público dominicano está enfermo de videos cortos. Vemos quince segundos y dictamos sentencia. A veces el video muestra un abuso real. Otras veces muestra el desenlace de una provocación que comenzó mucho antes. Pero incluso cuando el ciudadano provocó, el Estado no puede perder la cabeza. Esa es la diferencia entre autoridad y violencia.
La muerte de Darlin debe doler sin que eso obligue a odiar a la Policía. Y la defensa de los policías honestos debe ser posible sin justificar una bala injustificada. La República Dominicana necesita una autoridad que se respete, sí, pero el respeto no se impone solo con armas. Se construye con legalidad, conducta, consecuencia y confianza.
Un país donde el ciudadano no obedece a la Policía se vuelve ingobernable. Pero un país donde la Policía puede equivocarse mortalmente sin controles se vuelve peligroso. Entre esos dos extremos está la tarea pendiente: devolverle autoridad al uniforme y devolverle límites al poder.
No es poca cosa. Es, tal vez, una de las discusiones más importantes que debemos tener antes de que otro video, otro joven y otro agente nos obliguen a llorar tarde lo que pudimos corregir a tiempo. @luisabinader
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[Ramón Alcides Rodríguez @ramonalcidesr]

Cuando la calle decide matar: la violencia vial que Santo Domingo sigue tratando como desorden menor

Por
Ramón A. Rodríguez Veras
General ® de la Policía Nacional, graduado en Seguridad Pública y Alto Mando policial en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y es Licenciado en Administración de Empresas.

Hay muertes que no comienzan con un arma, sino con una bocina. Con un roce. Con una mirada desafiante detrás del guía. Con una motocicleta que se atraviesa, un conductor que acelera, un peatón que corre porque nadie se detiene, una discusión que escala en segundos y una autoridad que casi nunca llega a tiempo.
La muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de un camión recolector de desechos sólidos, no debe verse como un hecho aislado ni como un simple pleito de tránsito que terminó mal. Según las informaciones publicadas, el caso se originó tras un presunto roce entre un camión compactador y una motocicleta; luego vino una persecución, la intervención de un grupo de motoristas y una agresión mortal en Santiago. La Policía Nacional informó el apresamiento de ocho personas vinculadas al ataque, mientras el Ministerio Público mantiene abierta la investigación.
Ese crimen indigna, pero también retrata algo más profundo: en República Dominicana la vía pública se ha convertido en uno de los escenarios más cotidianos de violencia. No solo por los accidentes, sino por la forma en que se conduce, se reclama, se amenaza, se persigue, se insulta y se castiga. La calle dejó de ser únicamente un espacio de movilidad; en muchos puntos del país, especialmente en Santo Domingo, se ha convertido en un territorio de disputa.
El problema no son “los motoristas”, dicho así, en bloque, como si todos fueran iguales. Esa simplificación sería injusta y peligrosa. Miles de personas viven honradamente del motoconcho, del delivery, del transporte informal o del uso de una motocicleta para trabajar. Pero también sería irresponsable negar que una parte del caos vial dominicano tiene en la motocicleta sin regulación efectiva una de sus expresiones más visibles: conducción en vía contraria, zigzagueo entre vehículos, irrespeto al semáforo, falta de casco, exceso de pasajeros, menores conduciendo, ausencia de placa visible, maniobras temerarias y una relación casi inexistente con la licencia de conducir.
El punto central es otro: la violencia vial dominicana es un sistema, no una anécdota.
Se expresa en el motorista que cruza en rojo, pero también en el conductor de yipeta que acelera frente al peatón. En el chofer de transporte público que se detiene donde quiere. En el camión que transita sin condiciones adecuadas. En el conductor que bebe y maneja. En quien usa el vehículo como instrumento de intimidación. En el peatón obligado a lanzarse a una avenida porque el puente peatonal está lejos, inseguro o mal diseñado. En la avenida sin señalización. En el agente que fiscaliza un día y desaparece tres. En la multa que no duele, no se cobra o se negocia.
Santo Domingo vive esa violencia todos los días. Basta observar la John F. Kennedy, la 27 de Febrero, la Máximo Gómez, la Charles de Gaulle, la Núñez de Cáceres, la Independencia, la Luperón, la Jacobo Majluta o cualquier entrada y salida del Gran Santo Domingo. El tránsito no funciona como un sistema de reglas compartidas, sino como una competencia permanente por imponerse. Gana quien se mete primero, quien toca más bocina, quien intimida más, quien bloquea el paso, quien se atreve a violar la norma antes que el otro.
Esa cultura vial mata. Y antes de matar, enferma, empobrece, mutila, genera miedo y deteriora la convivencia.
La Organización Panamericana de la Salud ha señalado que en República Dominicana las muertes y lesiones por tránsito afectan especialmente a la población económicamente activa, con una alta participación de usuarios de motocicletas, en su mayoría hombres jóvenes. También ha advertido que el costo económico de esta problemática ronda el 2.21 % del PIB, una cifra enorme para un país que necesita invertir más en salud, educación, transporte, seguridad y prevención.
No estamos hablando solamente de choques. Estamos hablando de camas hospitalarias ocupadas, cirugías costosas, familias endeudadas, hogares que pierden su principal sostén, jóvenes con discapacidad permanente, niños huérfanos, empresas afectadas, aseguradoras presionadas y un Estado que paga las consecuencias de no haber prevenido.
La seguridad vial, por tanto, no puede seguir tratándose como una campaña de Semana Santa o Navidad. Tampoco como un tema decorativo de educación ciudadana. Es seguridad pública. Es salud pública. Es política social. Es ordenamiento urbano. Es justicia. Es autoridad.
El propio Ministerio de Salud ha reconocido, con apoyo de la OPS, que los siniestros de tránsito generan pérdidas humanas irreparables y una carga significativa para el sistema sanitario. La OPS también ha indicado que República Dominicana continúa entre los países con mayores muertes por esta causa en la región de las Américas, prácticamente duplicando la tasa regional de mortalidad.
Entonces hay que decirlo sin rodeos: un país que tolera el caos vial está aceptando una forma lenta de violencia colectiva.
La muerte del chofer del camión compactador revela una dimensión adicional: la facilidad con que un conflicto vial se convierte en linchamiento. Ese salto del roce al ataque, de la discusión a la persecución, de la infracción al crimen, muestra que el problema no está solo en el tránsito. Está también en la forma en que parte de la sociedad dominicana resuelve conflictos: por presión, por grupo, por rabia, por fuerza, por “ajuste” inmediato.
Ahí es donde la violencia vial se cruza con la violencia social.
Cuando un conductor siente que puede perseguir a otro; cuando una multitud se cree tribunal; cuando el celular graba antes que auxiliar; cuando el miedo sustituye a la autoridad; cuando nadie espera a la DIGESETT, a la Policía, al 9-1-1 o al Ministerio Público, lo que tenemos no es solo desorden vehicular. Tenemos una fractura de convivencia.
Por eso, la respuesta no puede limitarse a “controlar motoristas”. Hay que controlar el sistema completo.
Primero, fiscalización real. No operativos simbólicos. No retenes improvisados solo para mostrar presencia. Fiscalización permanente, con tecnología, cámaras, lectura de placas, alcoholímetros, control de velocidad y consecuencias acumulativas. La ley que no se aplica se convierte en sugerencia.
Segundo, licencia y registro. No debe circular quien no sabe conducir, quien no tiene licencia, quien no tiene placa, quien no puede ser identificado o quien usa un vehículo como arma de presión. Esto aplica para motocicletas, carros, camiones, autobuses y vehículos oficiales. La informalidad vial es una fábrica de impunidad.
Tercero, intervención seria sobre las motocicletas. No desde el prejuicio, sino desde la política pública. Casco certificado, licencia obligatoria, seguro, chaleco o identificación en actividades comerciales, control de menores, regulación de delivery, paradas organizadas y sanciones a quienes conviertan la moto en instrumento de desorden o violencia.
Cuarto, protección del peatón. Santo Domingo es una ciudad agresiva con quien camina. Aceras ocupadas, cruces inseguros, semáforos ignorados, motores sobre contenes, vehículos estacionados donde no deben y avenidas diseñadas como si el peatón fuera un estorbo. Una ciudad que no protege al peatón no puede llamarse moderna.
Quinto, educación vial desde la escuela, pero también desde la licencia. No basta con repetir anuncios. Hay que enseñar normas, convivencia, responsabilidad penal, efectos del alcohol, derechos del peatón, manejo defensivo y consecuencias de la conducción agresiva. La OPS informó que el país inició consultas para el Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030, con participación de 121 entidades, y que el pacto nacional compromete la reducción de muertes y traumatismos por tránsito en al menos 50 % durante ese período. Esa meta exige ejecución, no discursos.
Sexto, régimen de consecuencias. La violencia vial debe tener consecuencias proporcionales: suspensión de licencias, retención de vehículos, multas cobrables, sanciones penales cuando corresponda y responsabilidad para empresas o instituciones que permitan conductas riesgosas en sus flotillas. La reincidencia debe pesar. El que convierte la vía pública en amenaza no puede seguir conduciendo como si nada.
Séptimo, datos confiables y públicos. Sin estadísticas claras, el país discute con percepciones. Hay que saber dónde mueren más personas, en qué horarios, en qué tipos de vía, con qué vehículos, bajo qué condiciones, cuántos tenían licencia, cuántos usaban casco, cuántos casos involucraron alcohol y cuántas sanciones terminaron realmente pagadas o judicializadas.
La muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada no puede quedar reducida al expediente penal de sus agresores. Debe servir para abrir una conversación más irritante: ¿qué tipo de autoridad existe en nuestras calles?, ¿quién manda realmente en las avenidas?, ¿la ley o el más temerario?, ¿el semáforo o la bocina?, ¿la ciudadanía o la turba?
Santo Domingo no necesita más discursos sobre “conciencia”. Necesita orden justo. Necesita fiscalización sin abuso, pero sin miedo. Necesita transporte público digno para reducir la dependencia del caos informal. Necesita calles diseñadas para preservar la vida. Necesita jueces, fiscales, agentes, alcaldías, escuelas, aseguradoras, empresas de delivery, sindicatos de transporte y ciudadanos empujando hacia el mismo lado.
La violencia vial se subestima porque ocurre en pedazos: un choque aquí, un atropello allá, una discusión en una esquina, una moto en vía contraria, una familia llorando en un hospital. Pero al juntarlo todo, el cuadro es brutal.
No es normal vivir así. No es normal cruzar una calle con miedo. No es normal que manejar sea una batalla. No es normal que una discusión de tránsito termine en muerte. No es normal que la motocicleta sea a la vez herramienta de trabajo, símbolo de supervivencia y, en demasiados casos, vehículo de anarquía. No es normal que la autoridad aparezca después del entierro.
La seguridad vial debe dejar de ser vista como un asunto menor de tránsito. Es una política de vida o muerte.
Y en República Dominicana, especialmente en Santo Domingo, ya no basta con preguntarnos cuántos accidentes hubo. La pregunta verdadera es más dura: ¿cuántas muertes más necesita el país para admitir que la calle también se ha convertido en escenario de violencia? @luisabinader @ProcuraduriaRD @INTRANT_RD @PoliciaRD @SaludPublicaRD @PoderJudicialRD @LigaMunicipalRD @EducacionRDo @PNUDRD @ANJE_RD @SuperSegurosDO @DiputadosRD @el_BID

[Ramón Alcides Rodríguez @ramonalcidesr]

El debate sobre una cárcel en Isla Beata: lo urgente y lo sensato
Por
Ramón A. Rodríguez Veras
General ® de la Policía Nacional, graduado en Seguridad Pública y Alto Mando policial en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y es Licenciado en Administración de empresas.

Hay ideas que seducen porque parecen simples. La de construir una cárcel en Isla Beata es una de ellas. En un país cansado de ver motines, hacinamiento y estructuras penitenciarias desbordadas, la imagen de una prisión aislada, rodeada de agua y lejos de los centros urbanos, puede sonar, a primera vista, como una respuesta firme. De hecho, la Cámara de Diputados aprobó recientemente una resolución para solicitar al Poder Ejecutivo la construcción de una penitenciaría en la isla con capacidad para 10,000 reclusos.
El problema es que una decisión de esa magnitud no puede evaluarse con el reflejo emocional del “mano dura”. Hay que medirla con criterios de costo, legalidad, operación y resultado. Y cuando se hace ese ejercicio, la propuesta empieza a perder brillo. La crisis penitenciaria dominicana es real: a marzo de 2025 el sistema albergaba 24,671 personas para una capacidad instalada de 15,701, una sobrepoblación de 157.13 %. Esa presión explica por qué la idea encuentra eco. Pero una cosa es identificar bien el problema y otra muy distinta escoger bien la solución.
Quien defiende el proyecto suele partir de una premisa comprensible: una isla facilita el control, dificulta las fugas y permite separar internos de alta peligrosidad. Ese argumento no es disparatado. El aislamiento físico puede servir para un segmento muy reducido del sistema, sobre todo cuando se trata de cabecillas que siguen dirigiendo delitos desde prisión. Pero convertir esa lógica excepcional en política general sería un error costoso. Una prisión de 10,000 personas en una isla remota no sería solo una cárcel, sería un gigantesco aparato logístico que habría que alimentar, medicar, abastecer y proteger todos los días del año.
Ahí está el primer gran obstáculo. El Estado dominicano no tendría que construir únicamente celdas. Tendría que sostener una operación permanente de transporte de personal, alimentos, medicamentos, combustible, equipos, mantenimiento y respuesta médica en un punto insular. En el papel, la idea puede lucir enérgica; en la práctica, puede convertirse en un barril sin fondo. Y mientras más lejos esté el recinto, más difícil será supervisarlo bien, garantizar servicios continuos y reaccionar con rapidez ante una emergencia, un motín o un evento climático severo. En el Caribe, esa no es una preocupación teórica.
El segundo problema es jurídico y ambiental, y no es menor. Isla Beata forma parte del Parque Nacional Jaragua, una de las áreas protegidas más valiosas del país. El propio Ministerio de Medio Ambiente identifica a Jaragua como un espacio de ecosistemas secos, humedales, aves acuáticas y anidamiento de tortugas. Por eso la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas rechazó la propuesta y advirtió que el uso de suelo requerido para una penitenciaría es incompatible con los fines de conservación del área. Aquí no se trata de romanticismo verde. Se trata de que una obra de este tamaño nacería, desde el primer día, bajo sombra legal, ambiental y reputacional.
Tercero: una cárcel moderna no se mide solo por sus muros, sino por lo que logra con las personas que encierra. Las Reglas Nelson Mandela reconocen el valor del contacto con la familia y del tratamiento orientado a la reinserción. Una prisión en una isla apartada haría más difícil las visitas, encarecería el traslado de familiares y volvería más frágil todo programa serio de rehabilitación. A veces se habla de estas cosas como si fueran asuntos blandos, secundarios. No lo son. Cuando el sistema rompe por completo el vínculo social del interno, lo que suele regresar a la calle no es una persona corregida, sino una persona todavía más rota.
Además, hay una verdad que rara vez se pone sobre la mesa, el hacinamiento dominicano no se explica solo por falta de camas. También pesa el uso intensivo de la prisión preventiva y la lentitud con que se corrigen distorsiones procesales. Distintos reportes de 2025 mostraban que más del 60 % de la población penitenciaria estaba en prisión preventiva, y en la región Este el porcentaje superaba el 73 %. Si el Estado no toca ese núcleo del problema, puede inaugurar una cárcel nueva hoy y volver a llenarla mañana. Construir lejos no corrige por sí solo una mala administración penal.
Por eso la alternativa razonable no parece estar en Isla Beata, sino en tierra firme. El propio proceso de reforma ya ofrece una pista. El Gobierno ha avanzado con el centro de Las Parras, cuya primera etapa permite incorporar progresivamente unos 2,400 internos, y Roberto Santana ha dicho que el traslado de 11 cárceles al nuevo modelo entre 2026 y 2028 busca llevar el sistema a cero hacinamiento. Ese es el camino que merece prioridad, complejos regionales modernos, personal civil especializado, mejor clasificación por perfil de peligrosidad, tecnología de control, aulas, talleres, salud y régimen disciplinario serio. No hay épica en eso, pero sí más sensatez.
Si el país de verdad quiere golpear la capacidad operativa del crimen desde las cárceles, las medidas más urgentes son menos cinematográficas y bastante más efectivas, inteligencia penitenciaria real, bloqueo de comunicaciones ilícitas, seguimiento financiero de internos de alto perfil, separación estricta de cabecillas, reducción del abuso de la prisión preventiva y expansión de centros de transición para condenados de baja peligrosidad. En otras palabras, menos fantasía insular y más administración seria del sistema.
Al final, el debate no debería centrarse en qué luce más impactante, levantar una cárcel en una isla o emprender una reforma penitenciaria desde el territorio continental. Lo que realmente importa es qué resulta más beneficioso para la República Dominicana. Y, por el momento, todo apunta a una conclusión bastante definida, Isla Beata no representa la opción más sensata. Puede ser una idea vistosa, incluso popular en ciertos sectores, pero no parece la más legal, ni la más barata, ni la más operable, ni la más compatible con un sistema que debería aspirar a control, seguridad y rehabilitación al mismo tiempo. A veces los países se equivocan justamente cuando creen haber encontrado una solución demasiado fácil para un problema demasiado viejo. @abinader @WessinChavez @diputadosrd @MiguelbogaertRD @AmbienteRD @trinidadsena @RobertoSantanaS @PrisionesRD @ProcuraduriaRD

[Ramón Alcides Rodríguez @ramonalcidesr]

Celulares y motocicletas, el mercado del robo que la República Dominicana todavía no ha querido desmontar
Por
Ramón A. Rodríguez Veras
General ® de la Policía Nacional, graduado en Seguridad Pública y Alto Mando policial en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y es Licenciado en Administración de empresas.

En República Dominicana, el robo de celulares y motocicletas suele tratarse como una suma de casos aislados, un atraco en una esquina, un arrebato al salir del trabajo, una motocicleta desaparecida de una acera, una persecución policial que termina en nota de prensa. Ese enfoque sirve para la crónica roja, pero no para entender el problema. Lo que tenemos delante no son solo delitos dispersos. Es un circuito económico informal que funciona porque hay mercancía fácil de revender, compradores que no preguntan demasiado, registros incompletos, controles débiles y una capacidad estatal todavía insuficiente para cerrar la ruta completa del robo.
Con los celulares ocurre algo muy claro, aunque las estadísticas públicas no siempre separan el teléfono como categoría autónoma de condena o de victimización, el Estado sí reconoce que es uno de los bienes sustraídos con mayor frecuencia. En su resumen ejecutivo de criminalidad del 27 de octubre de 2025, la Policía Nacional reportó 4,557 robos en los primeros 24 días de ese mes y destacó que entre los bienes más sustraídos estaban el celular y la motocicleta. El informe de cierre geográfico de 2025 también ubica a Santo Domingo Este, Distrito Nacional y Santiago entre los territorios con mayor incidencia de robos.
Ese dato por sí solo ya desmonta una excusa habitual, no se trata únicamente de “hechos aislados” o de “percepción”. Hay una exposición real, concentrada en áreas urbanas, y con una relación directa con objetos que caben en un bolsillo y tienen salida rápida en el mercado informal. A eso se añade otro problema, el nivel de denuncia. Según la encuesta ENHOGAR 2022, entre las víctimas de robo a la persona con violencia, solo 50.8% denunció; en el robo a la persona sin violencia, apenas 28.5% lo hizo. Es decir, en una parte importante de los casos, el sistema ni siquiera recibe la noticia criminal.
Con las motocicletas el panorama es todavía más estructural. La DGII reportó que al 31 de diciembre de 2025 había 3,846,694 motocicletas registradas en el parque vehicular nacional, equivalentes al 57.9% de todos los vehículos con placa definitiva del país. Solo en 2025 ese parque creció en 314,727 unidades. Dicho de otro modo, la motocicleta no es un fenómeno marginal en la movilidad dominicana; es el corazón del parque vehicular. Y cuando el principal vehículo del país es también uno de los bienes más robados, el problema deja de ser policial en sentido estrecho y pasa a ser económico, registral y regulatorio.
La ley dominicana, por supuesto, ya tipifica el robo. El Código Penal define en su artículo 379 que quien sustrae fraudulentamente una cosa ajena comete robo. Si el hecho ocurre con violencia, el artículo 382 prevé penas de 5 a 20 años de reclusión mayor; y cuando concurren agravantes como nocturnidad, pluralidad de autores, armas y violencia o amenaza, los artículos 381 y 386 endurecen aún más la sanción. El problema, por tanto, no es que el país carezca de castigo legal. El problema es que la amenaza penal por sí sola no desmantela mercados informales que siguen absorbiendo celulares y motores robados.
Ahí está el núcleo del asunto. Un celular se roba porque puede revenderse rápido, activarse de nuevo o desarmarse. Una motocicleta se roba porque puede circular sin suficiente trazabilidad, venderse por piezas, alterarse o entrar en un circuito de uso informal. Mientras el país siga discutiendo el robo únicamente en la fase del asalto y no en la fase de la reventa, seguirá persiguiendo síntomas y no la enfermedad.
En celulares, República Dominicana sí tiene herramientas normativas que conviene tomarse en serio. INDOTEL dispone de un sistema de control de IMEI y del portal GSMA para consultar si un equipo figura como robado, perdido o bloqueado, y desde 2022 entró en vigencia una normativa reforzada para la identificación y bloqueo de equipos reportados. El problema es que una norma útil no equivale automáticamente a una política efectiva si no se vuelve costumbre nacional revisar el IMEI antes de comprar, si no se fiscaliza el comercio de equipos usados y si no se sanciona de verdad a quien compra para revender mercancía sospechosa.
La propia administración pública admite que arrastra un problema de subregistro e informalidad. El plan estratégico nacional de seguridad vial reconoce la existencia de motocicletas no registradas en DGA y/o DGII, algunas vinculadas a importaciones sin documentación ni pago de impuestos, así como unidades que pagaron importación pero no completaron primera placa y registro. El INTRANT, por su parte, informó que el Registro Nacional de Motocicletas tenía 957,776 registros únicos al 12 de diciembre de 2024. Esa cifra no es directamente comparable con el parque vehicular de la DGII porque responden a bases y finalidades distintas, pero sí revela algo preocupante, el Estado dominicano todavía administra el mundo de las motocicletas con padrones que no conversan lo suficiente entre sí.
También urge reconocer una realidad que muchos prefieren evitar, una parte de la economía cotidiana se beneficia del desorden. Hay compradores de celulares que aceptan precios absurdamente bajos “sin preguntar”. Hay talleres y comercios donde una motocicleta puede desarmarse y desaparecer administrativamente. Hay usuarios que circulan sin seguro, sin placa visible, sin matrícula encima o con documentación deficiente. Y hay sectores que reaccionan contra toda tentativa de ordenar el mercado porque viven, precisamente, de la opacidad. El Decreto 420-23 intentó fortalecer el régimen de registro y comercialización de vehículos de motor y remolques; su sola existencia muestra que el desorden previo no era una exageración retórica, sino un problema regulatorio real.
¿Qué hacer, entonces? Lo primero es dejar de hablar de “robo de celulares” y “robo de motores” como si fueran dos expedientes separados. En los dos casos, el delito prospera cuando hay mercado secundario opaco. La política pública debe moverse en tres frentes al mismo tiempo.
El primero es trazabilidad comercial. Ningún establecimiento formal debería poder vender celulares usados sin validación obligatoria de IMEI contra la base habilitada por INDOTEL. Tampoco debería ser legal que dealers, talleres, centros de repuestos o puntos de venta de motocicletas usadas operen sin licencia visible, factura electrónica y trazabilidad de chasis, motor y matrícula. La DGII ya exige para la primera placa de motocicletas documentos como planilla de importación, recibos DGA/DUA/BL y factura comercial o título de propiedad. Esa lógica documental debe continuar después de la importación, hasta la venta final y los traspasos.
El segundo frente es inteligencia focalizada, no patrullaje indiscriminado. Si la Policía sabe que celular y motocicleta son de los bienes más sustraídos, y que Santo Domingo Este, Distrito Nacional y Santiago concentran alta incidencia de robos, entonces los operativos deben organizarse con mapas calientes, seguimiento a receptadores, recuperación rápida y trabajo conjunto con el Ministerio Público para intervenir puntos de compra y desarme. Perseguir únicamente al atracador de calle deja intacto al verdadero estabilizador del negocio, el comprador que convierte el robo en liquidez.
El tercer frente es integración de bases de datos. Hoy la República Dominicana tiene piezas dispersas, parque vehicular DGII, registro de motocicletas del INTRANT, reportes de la Policía, información aduanera, control de IMEI en INDOTEL y denuncias del Ministerio Público. Mientras esas bases no dialoguen con criterios de interoperabilidad real, el Estado seguirá viendo el fenómeno por fragmentos. El país necesita un tablero único para bienes sustraídos de alta rotación, con consulta inmediata para patrullas, fiscales, operadores 9-1-1 y órganos de fiscalización.
A eso habría que añadir dos decisiones más, sencillas y viables. La primera, convertir en rutina nacional la consigna “no compre sin verificar”. En celulares, verificar IMEI; en motocicletas, exigir matrícula, placa, seguro y trazabilidad básica. La segunda, castigar administrativamente con más severidad la circulación reiterada de motocicletas sin documentación válida y el comercio de repuestos o equipos cuya procedencia no pueda explicarse. En un mercado informal, la sanción penal llega tarde; la sanción administrativa bien aplicada puede cerrar antes la puerta de entrada.
Hay, por último, un punto político que conviene decir sin rodeos. Cada vez que el país tolera la compra de un celular “barato” sin revisar origen, o la venta de una motocicleta sin papeles completos, está financiando el próximo robo. No es solo un problema del delincuente que arrebata o atraca. Es también un problema del mercado que recibe la mercancía, del Estado que no cruza sus registros y de la sociedad que normaliza la informalidad cuando le conviene.
La República Dominicana no necesita otro discurso genérico sobre seguridad. Necesita cerrar la economía del robo. Cuando robar un celular deje de ser negocio, bajará el arrebato. Cuando robar una motocicleta deje de ser fácil de colocar, bajará la sustracción. La diferencia entre seguir contando casos o empezar a resolver el problema está ahí, en pasar del asaltante visible al mercado invisible que hoy le da sentido a toda la cadena. @luisabinader @aduanard @INTRANT_RD @DGii @MinHaciendard @PoliciaRD @IndotelRD @ClaroRD @ProcuraduriaRD @MinInteriorRD

[Ramón Alcides Rodríguez @ramonalcidesr]

Menos escuelas, mejor educación: una reflexión necesaria para transformar el sistema educativo dominicano

Por
Ramón A. Rodríguez Veras
General ® de la Policía Nacional, graduado en Seguridad Pública y Alto Mando policial en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y es Licenciado en Administración de Empresas.

La educación dominicana enfrenta una paradoja silenciosa. Mientras el país ha ampliado la cobertura escolar durante las últimas décadas, la calidad educativa continúa siendo uno de los desafíos más urgentes. A ello se suman problemas como el ausentismo, la deserción escolar, la dispersión de centros educativos en comunidades pequeñas y la dificultad para atraer profesores altamente calificados a escuelas aisladas.
El resultado es un sistema fragmentado que, a pesar de la inversión pública creciente, no logra traducir recursos en aprendizaje significativo. Esta realidad obliga a formular una pregunta incómoda pero necesaria: ¿está el país organizando su sistema educativo de la forma más eficiente y eficaz posible?
En muchas zonas rurales de la República Dominicana existen escuelas pequeñas ubicadas a muy corta distancia unas de otras, con pocos estudiantes por aula y, en ocasiones, con profesores que deben impartir varias materias o trabajar en condiciones logísticas complejas. Este modelo presenta varios problemas estructurales: dificulta la disponibilidad de docentes altamente especializados, reduce las oportunidades de aprendizaje colaborativo, limita la oferta de programas académicos y extracurriculares y aumenta los costos operativos del sistema educativo.
Investigaciones sobre reorganización escolar señalan que la consolidación de escuelas pequeñas puede generar economías de escala y mayor eficiencia en el uso de recursos, permitiendo ofrecer mejores instalaciones y programas educativos más completos. Esto no significa eliminar la educación rural, sino reorganizarla para que los estudiantes tengan acceso a centros educativos mejor equipados, con mayor diversidad de docentes y mejores condiciones pedagógicas.
Un ejemplo reciente en América Latina es el programa “Dos Escuelas por Día” impulsado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Este programa, lanzado en 2025, busca transformar el sistema educativo mediante la renovación o construcción de centros escolares modernos en todo el país. Las intervenciones incluyen nuevas aulas, mobiliario, conectividad, áreas deportivas, comedores escolares y mejoras integrales en la infraestructura educativa.
Hasta 2026, el gobierno salvadoreño reporta más de 500 centros educativos intervenidos, con un enfoque de modernización y dignificación de las escuelas públicas. El objetivo es claro: crear escuelas capaces de ofrecer un entorno de aprendizaje digno y competitivo. Más allá de las particularidades políticas de cada país, el caso salvadoreño muestra una idea clave: la infraestructura educativa puede convertirse en un instrumento estratégico para reorganizar y elevar la calidad del sistema educativo.
A partir de las experiencias internacionales y las particularidades del territorio dominicano, es posible diseñar una estrategia que combine eficiencia, equidad y calidad educativa. Los aspectos a desarrollar serían: 1. Consolidación inteligente de centros educativos. En lugar de mantener múltiples escuelas pequeñas en proximidad geográfica, el país podría desarrollar centros educativos integrados de mayor capacidad que agrupen estudiantes de varias comunidades cercanas. Esto permitiría mayor diversidad de docentes especializados, mejores laboratorios y recursos tecnológicos, programas deportivos y culturales más amplios y mayor eficiencia en el uso del presupuesto educativo. El transporte escolar se convertiría en un componente fundamental para garantizar el acceso desde comunidades rurales.
2. Creación de “escuelas regionales de excelencia”. Siguiendo el espíritu de programas como el de El Salvador, el país podría lanzar un plan nacional de infraestructura educativa que priorice renovación total de centros deteriorados, construcción de complejos educativos modernos, integración de tecnología educativa y espacios de aprendizaje colaborativo. La meta no sería simplemente construir más escuelas, sino construir mejores escuelas.
3. Atracción de docentes altamente calificados. Las escuelas consolidadas permitirían concentrar recursos para atraer profesores con mayor formación académica, ofrecer mejores condiciones laborales y desarrollar equipos docentes multidisciplinarios. Cuando el talento docente se distribuye en demasiados centros pequeños, se diluye su impacto educativo.
4. Integración de educación técnica y formación profesional. Los centros educativos más grandes pueden ofrecer programas técnicos y vocacionales que conecten la educación con el mercado laboral. Esto reduciría significativamente la deserción escolar, especialmente en secundaria.
5. Sistemas de alerta temprana contra la deserción. La reorganización del sistema debe ir acompañada de herramientas de monitoreo que identifiquen estudiantes en riesgo de abandono. Estas herramientas permitirían intervenir antes de que el estudiante abandone definitivamente la escuela.
Si la República Dominicana no aborda estas reformas estructurales, las consecuencias podrían ser profundas. Muchos jóvenes que abandonan la escuela terminan atrapados en un ciclo de empleo informal, bajos ingresos, vulnerabilidad social y limitadas oportunidades de desarrollo. Esto no solo afecta a los individuos, sino también al país en su conjunto, reduciendo la productividad económica y ampliando las desigualdades sociales. Cada estudiante que abandona la escuela representa una oportunidad perdida para el desarrollo nacional.
La discusión sobre educación en la República Dominicana no puede limitarse a debates sobre presupuesto o conflictos laborales. El desafío es más profundo: repensar la arquitectura completa del sistema educativo. Un modelo basado en demasiadas escuelas pequeñas, con recursos dispersos y docentes aislados, difícilmente puede competir en un mundo donde el conocimiento es el principal motor del desarrollo.
La verdadera pregunta no es cuántas escuelas tiene el país. La pregunta correcta es otra: ¿Cuántas escuelas verdaderamente capaces de formar ciudadanos preparados para el siglo XXI tiene la República Dominicana? Responder a esa pregunta exige valentía política, planificación estratégica y una visión de futuro. Porque en educación, como en la vida, a veces menos puede significar mucho más. @luisabinader @nayibbukele @EducacionRDo @LigaMunicipalRD @BancoMundialLAC @el_BID

[Ramón Alcides Rodríguez @ramonalcidesr]

La carretera como espejo nacional: lo que revelan nuestras muertes por tránsito
Por
Ramón A. Rodríguez Veras
General ® de la Policía Nacional, graduado en Seguridad Pública y Alto Mando policial en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y es Licenciado en Administración de Empresas

En la República Dominicana, los accidentes de tránsito han dejado de ser un simple problema de movilidad para convertirse en una tragedia nacional de dimensiones humanas, económicas e institucionales. Durante años, el país ha figurado entre los peores desempeños del mundo en mortalidad vial. En la serie del Banco Mundial con datos de la OMS para 2019, República Dominicana aparece con 64.6 muertes por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas registradas internacionalmente; muy por encima de lo deseable para una sociedad que aspira a modernizarse.
Estas cifras, sin embargo, no deben leerse solo como un dato estadístico. Detrás de cada número hay una familia rota, un hogar empobrecido, una madre que no duerme, un hijo que no vuelve, una productividad perdida y una presión silenciosa sobre hospitales, ambulancias, policías, fiscales, tribunales y presupuestos públicos. En 2024, según datos citados del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, el país registró 3,114 muertes por siniestros viales, equivalentes a unas ocho muertes diarias; además, una parte importante de esas víctimas correspondió a jóvenes entre 15 y 29 años, es decir, población en plena edad productiva.
Lo más alarmante es que esta tragedia no parece responder al azar, sino a una estructura de riesgo conocida y repetida. La OMS identifica entre los factores decisivos de mortalidad vial el exceso de velocidad, el alcohol al conducir, el uso insuficiente del casco en motocicletas, el incumplimiento del cinturón de seguridad y la debilidad en la protección de ocupantes y peatones. En el caso dominicano, a ello se suma lo que el Banco Mundial ha descrito como una infraestructura vial insegura y una necesidad urgente de intervenciones en corredores de alto riesgo. Es decir, no estamos ante un problema misterioso; sabemos bastante bien qué mata y también sabemos bastante bien qué podría salvar vidas.
Entre todos los factores, uno sobresale con crudeza: la motocicleta. La propia OPS ha advertido que en República Dominicana aproximadamente dos tercios de las víctimas del tránsito son usuarios de motocicletas, en su mayoría hombres jóvenes. El INTRANT también ha señalado que los motociclistas representan más del 65 % de los fallecidos por siniestros viales cada año. Esta realidad no solo retrata una forma de transporte masiva y económicamente accesible; también revela un vacío profundo de formalización, supervisión y cultura de seguridad.
Esa informalidad se vuelve aún más preocupante cuando se revisa el tema de las licencias. El OPSEVI reporta 2,082,522 licencias vigentes registradas hasta 2024, mientras los datos abiertos del INTRANT muestran una brecha persistente entre el tamaño del parque vehicular y la formalización de los conductores. En motocicletas, la desproporción es todavía más inquietante: reportes basados en información del INTRANT señalaron a inicios de 2026 que apenas 10,827 personas tenían licencia vigente de motocicleta, frente a varios millones de motocicletas registradas. Esa comparación no permite afirmar mecánicamente que todos circulan sin licencia, pero sí evidencia una falla estructural del sistema de habilitación, control y cumplimiento.
El costo de esta crisis tampoco es abstracto. El propio Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial de la República Dominicana estimó que el costo social de las muertes anuales por accidentes de tránsito equivale a 2.21 % del PIB, sin incluir plenamente el peso de la discapacidad total o parcial que dejan miles de lesionados. La OPS reiteró en 2025 que estas pérdidas afectan especialmente a la población económicamente activa y elevan la pobreza. A escala global, la OMS advierte que los traumatismos por tránsito suelen costar a los países alrededor de 3 % del PIB. Detrás de esos porcentajes están los gastos del sistema de emergencia, salud, rehabilitación, pensiones, gestión policial, congestión, litigios, daños a infraestructura y pérdida de productividad.
Frente a este panorama, sería un error tratar el problema solo como una suma de imprudencias individuales. Sí, hay conductas temerarias, consumo de alcohol, velocidad excesiva y desprecio por las normas. Pero también hay una responsabilidad estatal ineludible: vías mal diseñadas, fiscalización insuficiente, educación vial débil, aplicación irregular de sanciones, escaso control sobre motociclistas y una débil interoperabilidad de datos entre instituciones. Por eso resulta tan importante que el Gobierno haya lanzado el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, con la meta de reducir en 50 % la mortalidad para 2030 y con énfasis en mayor fiscalización e interoperabilidad de los sistemas de información. El valor del pacto, sin embargo, no estará en su firma, sino en su ejecución sostenida.
La República Dominicana necesita pasar de la reacción a la prevención. Eso implica controles reales y permanentes de velocidad y alcohol, exigencia estricta del casco certificado, depuración efectiva del sistema de licencias, rediseño de puntos críticos en carreteras y zonas urbanas, educación vial obligatoria desde la escuela, mejor respuesta postaccidente y un régimen de consecuencias que de verdad disuada. También exige una decisión política más profunda: dejar de ver la muerte en carretera como un hecho cotidiano y empezar a tratarla como lo que realmente es, una emergencia de salud pública y de gobernanza. La evidencia internacional muestra que las reducciones sostenidas son posibles cuando se aplica un enfoque de “sistema seguro” y no se descarga toda la culpa sobre el usuario final.
Una nación no solo se mide por sus autopistas, sus puentes o el tamaño de su parque vehicular. También se mide por el valor que le da a la vida humana en el espacio público. Cada muerto por tránsito que pudo evitarse es un fracaso colectivo: de la autoridad que no fiscalizó, de la vía que no protegió, del sistema que no educó y de la cultura que normalizó el riesgo. Si República Dominicana quiere ser un país más moderno, más competitivo y más justo, debe empezar por algo elemental: garantizar que moverse no sea una sentencia de muerte. @luisabinader @INTRANT_RD @MOPCRD @SaludPublicaRD @EducacionRDo @LigaMunicipalRD @EmergenciasRD @BancoMundialLAC @opsoms @MinHacienda

[Ramón Alcides Rodríguez @ramonalcidesr]

No es una guerra regional, es una disputa por el orden global y el Caribe no está al margen

Por
Ramón A. Rodríguez Veras
General ®️ de la Policía Nacional, graduado en Seguridad Pública y Alto Mando policial en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y es Licenciado en Administración de Empresas

Por años se ha intentado reducir la tensión entre Israel e Irán a un duelo bilateral. Sin embargo, los acontecimientos más recientes confirman algo más profundo, lo que está en juego no es solo territorio, sino arquitectura de poder. No es simplemente Israel vs. Irán, es un modelo de orden regional respaldado por Occidente frente a un orden alternativo basado en redes, milicias y autonomía estratégica frente a Estados Unidos. Lo ocurrido en los últimos meses no inaugura una guerra mundial, pero sí consolida una nueva fase de tensión estructural en Medio Oriente, con implicaciones económicas y geopolíticas globales.
El conflicto entre Israel e Irán tiene raíces en 1979, tras la Revolución Islámica iraní. Desde entonces Irán adoptó una postura de confrontación frente a Israel y EE.UU.; Israel percibió el programa nuclear iraní como amenaza existencial; la rivalidad se trasladó a escenarios indirectos, Líbano (Hezbollah), Siria, Irak y Yemen. Durante años, la confrontación fue híbrida, ataques selectivos, sabotajes, guerra cibernética y apoyo a milicias aliadas. Sin embargo, los Acuerdos de Abraham (2020) alteraron el equilibrio regional. La normalización entre Israel y países del Golfo debilitó el aislamiento israelí y configuró una arquitectura de seguridad más integrada con EE.UU. Para Irán, esto representó un cerco estratégico y la reciente escalada debe entenderse como una respuesta a ese rediseño regional.
En la fase actual del conflicto, el centro de gravedad no es la ocupación territorial sino la credibilidad estratégica. EE.UU. necesita demostrar que sus bases en la región no son vulnerables, Israel busca mantener superioridad tecnológica y militar, Irán intenta mostrar que puede afectar nodos críticos sin provocar guerra total y los países del Golfo buscan autonomía sin romper con Washington.
Irán ha practicado lo que en teoría de relaciones internacionales se denomina soft balancing, aumentar costos, expandir incertidumbre y erosionar credibilidad sin declarar guerra formal. La probabilidad de una guerra total directa sigue siendo moderada-baja (25–35%), porque el costo sería inmenso para todos los actores. Sin embargo, la probabilidad de ataques indirectos, sabotajes y presión energética es alta (60–70%). La región entra en una etapa de tensión crónica, no necesariamente de guerra abierta.
Medio Oriente importa por tres razones fundamentales: producción energética (petróleo y gas), rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz y arquitectura de seguridad que sostiene la estabilidad del sistema financiero global. Cualquier escalada que afecte el flujo energético puede provocar aumento del precio del petróleo; incremento de inflación global; volatilidad en mercados financieros; revaluación del dólar como activo refugio. Si el conflicto escala hacia ataques a infraestructura energética o bloqueo parcial de rutas marítimas, el impacto sería inmediato en precios del crudo y costos logísticos.
República Dominicana no participa militarmente en el conflicto, pero sí es vulnerable económicamente. El país importa la totalidad de los combustibles fósiles que consume y un aumento sostenido del petróleo implicaría mayor subsidio eléctrico, presión sobre el déficit fiscal, aumento de costos de transporte y alimentos. El turismo representa uno de los pilares económicos dominicanos, los efectos podrían darse por un aumento en costos de vuelos (combustible), reducción de viajes desde economías afectadas por inflación, volatilidad cambiaria en Europa o EE.UU., y aunque el Caribe suele beneficiarse como destino seguro frente a zonas en conflicto, la variable energética puede afectar la competitividad.
RD exporta principalmente a EE.UU. y Europa. Si el conflicto genera desaceleración económica en esos mercados, esto se reflejaría en una menor demanda externa, ajustes en zonas francas, impacto en remesas si economías desarrolladas se desaceleran. Además, en escenarios de tensión global, el dólar tiende a fortalecerse y los países emergentes enfrentan presión cambiaria; se encarece el financiamiento internacional y RD tendría que manejar cuidadosamente las reservas internacionales y la política monetaria.
Probabilidad de escenarios: Escenario 1, Tensión controlada (más probable), ataques indirectos, volatilidad energética intermitente, sin guerra directa Israel-Irán. Escenario 2, Escalada regional limitada, participación activa de milicias, afectación puntual a infraestructura energética, aumento significativo del petróleo. Escenario 3, Guerra directa (baja probabilidad), impacto global severo, crisis energética internacional.
Desde una perspectiva estratégica, RD debe actuar en cinco frentes: 1. Diversificación energética, acelerar transición hacia renovables, reducir dependencia de combustibles importados, fortalecer almacenamiento estratégico; 2. Blindaje fiscal, preparar colchones ante aumento de subsidios, mantener disciplina en deuda pública; 3. Inteligencia económica preventiva, monitoreo constante de precios energéticos, evaluación de impacto sobre turismo y exportaciones; 4. Diplomacia pragmática, mantener neutralidad activa, fortalecer vínculos multilaterales, evitar alineamientos innecesarios en conflictos extra regionales y 5. Aprovechar oportunidades, posicionarse como destino seguro, incentivar nearshoring si empresas buscan estabilidad fuera de regiones en conflicto.
El conflicto actual no es simplemente una disputa militar. Es una pugna por el modelo de orden regional que prevalecerá en Medio Oriente y, por extensión, en el sistema internacional. La batalla no es por kilómetros, sino por percepción de poder y credibilidad. Para República Dominicana, el desafío no es geopolítico sino económico y estratégico. En un mundo donde las tensiones estructurales se vuelven permanentes, los países pequeños no pueden controlar los conflictos, pero sí pueden fortalecer su resiliencia.
La verdadera pregunta no es si habrá más ataques, los habrá. La pregunta es: ¿estamos preparados para un mundo donde la estabilidad ya no es la norma, sino la excepción? @luisabinader @aduanard @DGii @MinHaciendard @AgriculturaRD @jad_agroempresa @mirex @MITUR_RD @EnergiaRD @BancoCentralRD @Adozona_rd @ZonasFrancasRD @INTRANT_RD

[Ramón Alcides Rodríguez @ramonalcidesr]

Entre la incertidumbre global y la oportunidad estratégica: cómo navegar la reconfiguración del poder mundial sin perder el rumbo
En los últimos años se ha vuelto frecuente escuchar expresiones como “nuevo orden mundial”, multipolaridad o reconfiguración geopolítica. Sin embargo, más que la consolidación de un nuevo sistema global, lo que observamos es una transición inestable donde las reglas aún están en disputa, los centros de poder se reacomodan y la economía, la tecnología y los recursos estratégicos redefinen las relaciones internacionales.
Este escenario no es distante ni abstracto: influye en los precios, la inversión, el empleo, la seguridad alimentaria y hasta en la estabilidad política de los países. Comprenderlo no es solo un ejercicio académico; es una necesidad estratégica.
La historia muestra que los “órdenes mundiales” suelen emerger tras grandes conflictos o transformaciones sistémicas. Ocurrió después de las guerras mundiales y durante la Guerra Fría. Hoy, en cambio, no existe aún un consenso sobre nuevas reglas globales.
Lo que sí es evidente es: La rivalidad estructural entre Estados Unidos y China en comercio, tecnología y seguridad; la prolongación de conflictos regionales con impacto global; la crisis del multilateralismo tradicional y la aparición de decisiones unilaterales; el peso creciente de actores no estatales como son las corporaciones tecnológicas, los mercados financieros, las redes digitales e incluso organizaciones criminales transnacionales; la geopolítica contemporánea ya no se define solo por el poder militar, sino por datos, cadenas de suministro, tecnología, energía y control de recursos estratégicos.
América Latina posee recursos naturales, biodiversidad, potencial energético y una ubicación estratégica privilegiada. Sin embargo, históricamente ha tenido dificultades para traducir esas ventajas en poder geopolítico sostenible. La región enfrenta tres grandes retos: 1. Pasar de exportadora de materias primas a generadora de valor. El litio, los alimentos, la energía renovable y el agua dulce pueden ser palancas de desarrollo, pero solo si se integran a procesos industriales y tecnológicos; 2. Construir integración regional efectiva. Sin coordinación logística, energética y comercial, cada país negocia solo frente a grandes potencias, reduciendo su capacidad de influencia y 3. Fortalecer institucionalidad y estabilidad macroeconómica. La confianza internacional, la inversión y el crecimiento dependen de marcos regulatorios sólidos, disciplina fiscal y seguridad jurídica. La región no carece de potencial; lo que necesita es coherencia estratégica.
Para la República Dominicana, esta reconfiguración global puede representar tanto riesgos como oportunidades. Su estabilidad relativa, ubicación geográfica y apertura económica la posicionan favorablemente, pero requieren decisiones estratégicas consistentes: 1. Convertirse en hub logístico y productivo del Caribe. El fenómeno del nearshoring abre oportunidades para atraer manufactura, servicios tecnológicos y cadenas de suministro regionales. La clave será invertir en infraestructura, capital humano y seguridad jurídica; 2. Priorizar sostenibilidad fiscal y calidad del gasto público. La credibilidad financiera internacional depende cada vez más de la transparencia fiscal, la eficiencia del gasto y la estabilidad macroeconómica. Esto impacta directamente la inversión, la inflación y la confianza internacional; 3. Fortalecer seguridad alimentaria y agroindustria. La producción agrícola tecnificada, la agroexportación y la integración agroindustrial pueden convertirse en pilares económicos estratégicos, especialmente en un contexto global de incertidumbre alimentaria; 4. Apostar decididamente por educación e innovación. El verdadero poder del futuro no será solo territorial ni financiero, sino humano y tecnológico. Sin talento capacitado, ningún país logra insertarse competitivamente en la economía global y 5. Practicar una diplomacia equilibrada y pragmática. Mantener relaciones constructivas con múltiples socios, Estados Unidos, Europa, China y América Latina, sin polarización ideológica permitirá maximizar oportunidades económicas.
Frecuentemente se percibe la geopolítica como algo lejano, reservado a cancillerías o grandes potencias. Pero sus efectos son tangibles, determinan precios de energía y alimentos, influyen en inversiones, empleo y tecnología disponible, condicionan acuerdos comerciales y flujos financieros, impactan la seguridad nacional y la estabilidad social, ignorar estos factores equivale a navegar sin brújula en aguas turbulentas.
El mundo no ha entrado aún en un nuevo orden; atraviesa una reconfiguración profunda donde conviven multipolaridad, competencia estratégica y transformaciones tecnológicas aceleradas. Para América Latina y, particularmente, para la República Dominicana, el desafío no es elegir bandos ideológicos, sino construir capacidades internas, fortalecer instituciones y aprovechar inteligentemente las oportunidades del nuevo contexto global.
La verdadera pregunta no es si habrá un nuevo orden mundial, sino si estaremos preparados para participar activamente en su construcción o simplemente adaptarnos a él. La respuesta dependerá de la visión estratégica que asumamos hoy. @luisabinader @aduanard @DGii @MinHaciendard @AgriculturaRD @jad_agroempresa @mirex @ITLARD @InfotepRD

[Ramón Alcides Rodríguez @ramonalcidesr]

Disciplina fiscal, transparencia y calidad del gasto: claves para un crecimiento sostenible en la República Dominicana
Por
Ramón A. Rodríguez Veras
General ® de la Policía Nacional, graduado en Seguridad Pública y Alto Mando policial en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y es Licenciado en Administración de Empresas

La República Dominicana ha demostrado en las últimas décadas una notable capacidad de crecimiento económico, estabilidad macroeconómica y atracción de inversión extranjera. Sin embargo, en el contexto actual, marcado por presiones fiscales, demandas sociales crecientes y un entorno internacional incierto, el país enfrenta un desafío estratégico: cómo garantizar que el crecimiento económico sea sostenible, inclusivo y financieramente responsable.
En ese escenario, tres pilares adquieren especial relevancia: la sostenibilidad de la deuda pública, la calidad del gasto estatal y la transparencia fiscal. Su adecuada gestión impacta directamente la inversión, la inflación, las tasas de interés y la confianza internacional, variables decisivas para el futuro económico nacional.
La deuda pública no es, en sí misma, un problema. De hecho, bien administrada puede ser una poderosa herramienta para financiar infraestructura, educación, innovación tecnológica y políticas sociales que impulsen el crecimiento. El desafío radica en su sostenibilidad y en la calidad del uso de esos recursos.
Cuando la deuda se orienta hacia inversiones productivas, genera retornos económicos que permiten pagarla sin afectar la estabilidad macroeconómica. Pero si se utiliza principalmente para gasto corriente improductivo o para cubrir déficits estructurales, puede transformarse en una carga que limite el desarrollo futuro, presione las tasas de interés y reduzca el espacio fiscal para políticas públicas estratégicas. Para la República Dominicana, el reto no es solo controlar el nivel de endeudamiento, sino asegurar que cada peso financiado con deuda contribuya efectivamente al crecimiento económico y al bienestar social.
Un elemento central del debate fiscal actual es la calidad del gasto público. No basta con aumentar el presupuesto o ejecutar grandes montos; lo crucial es el impacto real de ese gasto. El gasto en infraestructura productiva, carreteras, energía, agua, educación, salud o digitalización, suele tener efectos multiplicadores importantes. Reduce costos logísticos, mejora la competitividad, atrae inversión y fortalece la productividad nacional. Por el contrario, un crecimiento desproporcionado del gasto corriente, especialmente si no está vinculado a mejoras en servicios públicos o eficiencia institucional, puede generar rigideces fiscales y limitar la capacidad de inversión futura. Esto no implica restar importancia al gasto social o administrativo. Ambos son necesarios para el funcionamiento del Estado y la cohesión social. Pero su eficiencia debe evaluarse constantemente para evitar desperdicios, duplicidades o ineficiencias que terminan afectando la sostenibilidad fiscal.
La transparencia fiscal suele abordarse desde una perspectiva ética o institucional, pero su impacto económico es igualmente significativo. La claridad en la información presupuestaria, la rendición de cuentas, la transparencia en contrataciones públicas y la divulgación oportuna de datos fiscales fortalecen la confianza tanto de los ciudadanos como de los inversionistas internacionales. Cuando existe transparencia, disminuye la percepción de riesgo país, mejoran las calificaciones crediticias y se reducen los costos de financiamiento externo. Por el contrario, la opacidad fiscal genera incertidumbre, incrementa la prima de riesgo y puede desalentar la inversión. En un país que aspira a consolidarse como destino atractivo para inversiones regionales e internacionales, la transparencia fiscal no es solo una obligación institucional: es una ventaja competitiva.
Una política fiscal disciplinada y transparente suele traducirse en mayor inversión extranjera y local, al ofrecer previsibilidad económica y estabilidad institucional. A su vez, una deuda sostenible y un gasto público eficiente ayudan a mantener controlada la inflación, evitando presiones monetarias o cambiarias derivadas de déficits excesivos.
Asimismo, la confianza fiscal contribuye a reducir las tasas de interés soberanas. Esto facilita el financiamiento tanto para el Estado como para el sector privado, estimulando la actividad económica y la creación de empleo. Por el contrario, desequilibrios fiscales prolongados pueden elevar las tasas de interés, restringir el crédito, generar inflación indirecta y deteriorar la percepción internacional sobre la economía dominicana.
El debate fiscal en la República Dominicana no debe reducirse a cuánto se gasta o cuánto se recauda. La verdadera discusión debe centrarse en cómo se administra el dinero público, qué impacto genera y qué modelo de desarrollo se quiere construir. La sostenibilidad fiscal requiere planificación de largo plazo, fortalecimiento institucional, auditoría efectiva y una cultura de transparencia que trascienda coyunturas políticas. También exige diálogo entre Estado, sector privado, academia y sociedad civil para construir consensos que permitan avanzar hacia un crecimiento económico sólido y socialmente equilibrado.
La República Dominicana se encuentra en una posición privilegiada para consolidar un crecimiento sostenible, pero ese objetivo dependerá en gran medida de la calidad de su gestión fiscal. La deuda pública debe ser un instrumento para el desarrollo, no una carga para futuras generaciones. El gasto público debe traducirse en productividad y bienestar, no en rigidez presupuestaria. Y la transparencia fiscal debe convertirse en una práctica permanente que fortalezca la confianza institucional y la competitividad económica.
Más que un debate técnico, se trata de una decisión estratégica de país: apostar por una gestión fiscal responsable, transparente y eficiente como base para un desarrollo sostenible, inclusivo y duradero. @luisabinader @MinHaciendard @DIGEPRESRD @DGii

[Ramón Alcides Rodríguez @ramonalcidesr]

“Entre el paraíso y el progreso: República Dominicana ante el desafío de crecer sin perder su esencia natural”
Por
Ramón A. Rodriguez Veras
General ® de la Policía Nacional, graduado en Seguridad Pública y Alto Mando policial en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y es Licenciado en Administración de Empresas

En las últimas décadas, la República Dominicana ha consolidado una posición destacada en el Caribe como una economía dinámica, abierta al turismo, la inversión extranjera y el comercio internacional. Sin embargo, este crecimiento económico convive hoy con un debate cada vez más intenso: ¿cómo avanzar hacia un mayor desarrollo sin comprometer la riqueza natural que constituye, precisamente, una de sus principales ventajas comparativas?
Este dilema no es exclusivo del país. En todo el mundo se discute la tensión entre crecimiento económico y protección ambiental. Pero en una nación insular como la dominicana, dotada de playas excepcionales, biodiversidad tropical, recursos marinos y extensas áreas protegidas, el equilibrio entre ambos objetivos adquiere una relevancia estratégica.
Tradicionalmente, la protección ambiental se percibía como una limitación al desarrollo económico. Hoy, la evidencia internacional sugiere una lectura distinta: los ecosistemas bien conservados pueden convertirse en fuentes sostenibles de riqueza.
El turismo, principal generador de divisas del país, depende en gran medida de la calidad ambiental de sus playas, montañas, ríos y reservas naturales. La erosión costera, la contaminación marina o la pérdida de biodiversidad no solo representan problemas ecológicos; también afectan directamente la competitividad económica. En ese sentido, preservar el entorno natural no es únicamente un imperativo ético, sino una decisión económicamente racional.
Sin embargo, reconocer el valor económico de la naturaleza no significa convertir cada espacio protegido en un enclave turístico o productivo. Existen límites ecológicos que, si se sobrepasan, comprometen la sostenibilidad futura.
El debate público suele polarizarse entre dos posiciones: quienes abogan por la conservación estricta sin considerar necesidades económicas, y quienes promueven la explotación intensiva de los recursos naturales en nombre del crecimiento. Ambas posturas, cuando se radicalizan, pueden resultar contraproducentes.
Una protección ambiental que ignore las necesidades socioeconómicas corre el riesgo de generar tensiones sociales, informalidad o actividades clandestinas que terminan dañando el entorno. Por otro lado, un desarrollo que desatienda la sostenibilidad puede producir beneficios económicos inmediatos, pero deteriorar los activos naturales que sostienen el crecimiento a largo plazo.
La experiencia internacional muestra que los modelos más exitosos no se ubican en los extremos, sino en el punto de convergencia entre desarrollo económico, protección ambiental y participación comunitaria.
República Dominicana posee condiciones singulares que podrían facilitar ese equilibrio: playas y ecosistemas marinos de alto valor turístico; diversidad climática y geográfica que favorece agricultura diferenciada y ecoturismo; amplia red de áreas protegidas para su tamaño territorial; ubicación estratégica en el Caribe con conectividad internacional y experiencia consolidada en turismo y servicios. Estas ventajas permiten imaginar alternativas económicas compatibles con la conservación: turismo de naturaleza de mayor valor agregado, agro ecoturismo, economía azul sostenible, investigación científica tropical, pagos por servicios ambientales y educación ambiental internacional. No se trata de sustituir el modelo económico actual, sino de complementarlo y hacerlo más resiliente.
Diversos estudios internacionales indican que las economías que integran sostenibilidad ambiental en sus estrategias de desarrollo pueden mejorar su competitividad, atraer inversión responsable y generar empleos de calidad. En el caso dominicano, la transición hacia un modelo más sostenible podría traducirse en crecimiento adicional del producto interno bruto en el mediano plazo, especialmente si se fortalece la calidad ambiental del destino turístico y se diversifican las fuentes de ingreso. Pero ese crecimiento requiere planificación, regulación efectiva, educación ambiental y transparencia institucional. Sin estos elementos, cualquier iniciativa corre el riesgo de quedarse en discurso o, peor aún, producir efectos contrarios a los deseados.
Más que un conflicto entre conservación y desarrollo, República Dominicana enfrenta una oportunidad histórica: demostrar que es posible crecer económicamente mientras se protege el patrimonio natural. Esto implica diálogo entre sectores productivos, autoridades, comunidades y organizaciones ambientales, evitando descalificaciones y reconociendo que todos comparten un interés común: el bienestar presente y futuro del país. La naturaleza dominicana no es un obstáculo para el progreso, pero tampoco es un recurso infinito. Es un capital que, bien gestionado, puede sostener prosperidad por generaciones; mal administrado, puede perderse con rapidez.
Quizás la pregunta que debe guiar el debate no sea si proteger o desarrollar, sino cómo desarrollar protegiendo. En esa respuesta se juega no solo el crecimiento económico, sino también la identidad, la calidad de vida y la sostenibilidad de la nación. El verdadero desafío consiste en comprender que el progreso más sólido no surge de elegir entre economía o medio ambiente, sino de reconocer que ambos, en realidad, están profundamente entrelazados. @luisabinader @MITUR_RD @AmbienteRD @grupo_puntacana @mepyd @MinHaciendard

[Ramón Alcides Rodríguez @ramonalcidesr]

“ República Dominicana en la Encrucijada: Ausentismo, Deserción y la Urgencia de Transformar la Educación”

La República Dominicana se encuentra hoy ante un reto educativo que pone en juego su futuro social, económico y democrático. Aunque en los últimos años ha habido signos alentadores en la asistencia y cobertura escolar, el fenómeno del ausentismo y la deserción escolar continúa minando las oportunidades de niños, niñas y adolescentes, comprometiendo la calidad educativa y el capital humano del país.
Veamos el panorama actual del ausentismo y la deserción escolar. En el contexto dominicano, el ausentismo —la reiterada ausencia de estudiantes de los centros educativos— emerge como una señal de alarma social y educativa. La falta de asistencia prolongada no solo refleja dificultades individuales, sino también desafíos estructurales, como la pobreza, la falta de apoyo familiar, la sobreedad escolar y las brechas de acceso que se agudizan en zonas rurales y en poblaciones vulnerables.
Estudios detallados muestran que una parte considerable de estudiantes experimenta sobreedad (estar más años de la cuenta en un grado), un factor estrechamente relacionado con la exclusión educativa y el abandono. Por ejemplo, casi una quinta parte de los alumnos de primaria y más de una cuarta parte en los primeros ciclos de secundaria presentan sobreedad significativa. Esta condición se asocia directamente con mayores posibilidades de deserción.
Si bien los indicadores oficiales recientes señalan mejoras en asistencia y reducción de abandono escolar (por ejemplo, la tasa de abandono en secundaria bajó de 5.9 % a 4.9 % en un período reciente), estos avances aún conviven con retos profundos que requieren atención continua y sostenida.
Las causas del ausentismo y la deserción escolar en República Dominicana son múltiples y complejas, entre las cuales destacan: 1. Factores socioeconómicos, la pobreza, la necesidad de trabajar desde edades tempranas y la falta de recursos familiares limitan la capacidad de los estudiantes para permanecer en la escuela, especialmente en secundaria. 2. Sobreedad y rezago académico, estudiantes con edades superiores a las correspondientes a su grado tienen más probabilidad de frustrarse y abandonar la escuela. 3. Transición difícil entre niveles educativos, la transición entre primaria y secundaria y dentro de los ciclos medios es un punto crítico donde muchos jóvenes dejan la escuela, lo que agrava la deserción. 4. Calidad educativa limitada, además de la asistencia, existen preocupaciones sobre la eficacia del aprendizaje —el sistema educativo dominicano requiere un avance significativo en calidad para que los estudiantes no solo estén presentes, sino que aprendan de manera efectiva.
El problema del abandono escolar no es exclusivo de República Dominicana, sino una realidad extendida en América Latina y el Caribe, donde informes del Banco Interamericano de Desarrollo señalan que cerca del 27 % de los estudiantes abandona antes de completar la educación secundaria en varios países. En República Dominicana las estadísticas se agravan en adolescentes, debido a que, de cada 100 adolescentes de 12 a 14 años, 10 están fuera de la escuela, mientras que 25 de cada 100 estudiantes de 15 a 17 años no asisten a los centros educativos. A nivel regional, mientras algunos países progresan con políticas eficaces, otros enfrentan obstáculos similares a los de República Dominicana: brechas de equidad, rezago profundo, y educación de calidad desigual.
A lo largo de América Latina diversos enfoques han mostrado resultados prometedores para reducir la deserción escolar: 1. Intervenciones basadas en evidencia, programas que transmiten información sobre los beneficios de permanecer en la escuela han demostrado ser efectivos para motivar a adolescentes y reducir el abandono temprano. 2. Tutorías y apoyos académicos, intervenciones de apoyo académico individualizado y programas de tutoría han sido asociados con una mayor retención estudiantil en varios países de la región. 3. Modelos de retención escolar implementados internacionalmente, estudios han documentado políticas y programas en países como México y Chile que buscan específicamente entender y abordar las causas de abandono y diseñar soluciones adaptadas a contextos locales.
Para enfrentar la encrucijada del ausentismo y deserción, se propone un plan integral basado en lecciones regionales: 1. Medición y detección temprana, desarrollar sistemas robustos de alerta para identificar a estudiantes en riesgo de abandono (indicadores de ausentismo, sobreedad, bajo rendimiento). 2. Programas de apoyo académico, implementar tutorías y programas de refuerzo para estudiantes en riesgo, especialmente en zonas rurales o con altos niveles de rezago. 3. Comunicación de beneficios de la educación, fortalecer campañas de información basadas en evidencia sobre los beneficios económicos, sociales y personales de completar la educación. 4. Incentivos y apoyos socioeconómicos, explorar modelos de apoyo que conecten asistencia y rendimiento académico con beneficios directos a estudiantes o familias. 5. Participación comunitaria, promover el compromiso de familias y comunidades como entornos de apoyo al aprendizaje y permanencia en la escuela. 6. Evaluación y adaptación continua, monitorear la implementación de políticas, evaluar su impacto y ajustar estrategias de forma iterativa según resultados y contextos locales.
Si las políticas integrales para reducir la deserción escolar no son implementadas, el destino de muchos jóvenes dominicanos está marcado por menores oportunidades laborales formales, al carecer de certificaciones educativas completas; mayor vulnerabilidad económica y social, perpetuando ciclos de pobreza intergeneracional; mayor riesgo de marginación social y exposición a situaciones de riesgo, al no encontrar alternativas estructuradas fuera de la escuela; una generación con menor capital humano, lo que limita el crecimiento económico y la competitividad nacional. En el largo plazo, estos efectos se traducen en una pérdida significativa de potencial humano y social para todo el país, afectando no solo a los individuos, sino también a la cohesión y bienestar social.
Una apuesta estratégica por el futuro: El desafío educativo de República Dominicana es profundo, pero no insoluble. Con políticas públicas bien diseñadas, basadas en evidencia y adaptadas a las realidades locales, es posible no solo mitigar el ausentismo y la deserción escolar, sino también fomentar una educación de calidad, equitativa e inclusiva que potencie el desarrollo de toda una generación.
La educación no es solo un derecho, sino la base sobre la cual se construyen sociedades más justas, prósperas y resilientes. Estados, comunidades y familias tienen la responsabilidad conjunta de responder a este llamado urgente antes de que la oportunidad de transformar el país pase de largo. @luisabinader @EducacionRDo @el_BID

[Ramón Alcides Rodríguez @ramonalcidesr]

Una sola identidad: ¿cédula y licencia en la misma tarjeta para ganar seguridad y ahorrar?
En el debate sobre migración, seguridad y confianza institucional suele hablarse de fronteras, visados y control. Pero hay un “andamiaje silencioso” que sostiene casi todo, los documentos de identidad. Allí donde el sistema de identificación es robusto, la economía se vuelve más fluida, el Estado presta servicios con menos fricción y el fraude encuentra menos puertas abiertas. Donde es débil o fragmentado, la informalidad y la suplantación se vuelven atajos tentadores.
No es casual que Estados Unidos, Arabia Saudita y el Reino Unido, tres países asociados a grandes flujos migratorios, operen con modelos de identidad muy distintos: desde la identidad descentralizada (EE. UU.), pasando por la identidad centralizada y obligatoria (Arabia Saudita), hasta el modelo británico donde no existe una cédula nacional y el país migra parte de su verificación migratoria a formatos digitales (Reino Unido).
Hoy, República Dominicana entra a ese mismo tablero con dos piezas nuevas, la nueva Cédula de Identidad y Electoral y el pasaporte electrónico. La pregunta de fondo ya no es solo “qué tan seguros son”, sino qué oportunidades abren e incluso si el país está listo para una conversación más ambiciosa, ¿unificar la licencia de conducir con la cédula para ahorrar, simplificar y blindar la identidad?
Tres países, tres filosofías de identidad, Estados Unidos, la licencia como “cédula de facto”. Estados Unidos no tiene una cédula nacional obligatoria; la identificación cotidiana descansa, sobre todo, en documentos estatales (licencia de conducir o “state ID”). El gobierno federal, en vez de crear una cédula única, impone estándares mínimos de seguridad para esas identificaciones cuando se usan para fines federales (por ejemplo, vuelos domésticos y acceso a instalaciones federales) mediante el esquema REAL ID. Lección: cuando la licencia funciona como identificación general, el país evita duplicar tarjetas pero paga el costo de coordinar muchos emisores y estándares.
Arabia Saudita, identidad centralizada, control y trazabilidad. Arabia Saudita opera un enfoque mucho más centralizado, el National ID es obligatorio para la vida dentro del país, y para residentes extranjeros el documento clave es el Iqama (permiso de residencia), también con reglas estrictas de renovación y control. Lección: una identidad central fuerte reduce grietas para fraude, pero exige gobernanza impecable, ciberseguridad y garantías para el ciudadano.
Reino Unido, sin cédula nacional y migración hacia el estatus digital. El Reino Unido eliminó su esquema de “identity cards” y no tiene una cédula nacional. La vida diaria se apoya en pasaporte y licencia de conducir, mientras que, para inmigración, el país ha reemplazado los BRP por eVisas (registro digital de estatus). Esa transición, sin embargo, ha enfrentado problemas de adopción y aceptación por algunas instituciones, lo que muestra el lado humano de la digitalización, no basta con innovar; hay que asegurar usabilidad y respaldo. Lección: digitalizar puede agilizar, pero si el ecosistema no está listo, la identidad se convierte en una “barrera” para el ciudadano.
República Dominicana, dos reformas que cambian el terreno. La nueva cédula, seguridad + estándares + puerta a la identidad digital. La JCE presentó una cédula con un salto notable en diseño y seguridad, policarbonato, grabado láser, más de 100 características de seguridad (niveles visibles, encubiertos y forenses), e incorporación de elementos como CAN y MRZ alineados con estándares de la OACI, además de QR para validación. También añade accesibilidad con relieve táctil para personas con discapacidad visual.
En paralelo, medios dominicanos han descrito el componente de identidad digital, verificación segura en plataformas, trámites y transacciones electrónicas, con impacto potencial en el sector financiero y servicios. Y se ha comunicado que la nueva cédula incorpora chip de alta seguridad (en comunicaciones públicas y cobertura local), lo cual abre el capítulo de firma, autenticación y credenciales. Beneficio ciudadano inmediato, menos suplantación, verificación más rápida y un camino real a trámites digitales sin fotocopias eternas.
El pasaporte electrónico, biometría + verificación global + beneficios adicionales. En el pasaporte, la innovación no es solo “un chip”, sino la integración del país al ecosistema internacional de verificación: República Dominicana fue admitida en el PKD de la OACI, que permite validar la autenticidad de pasaportes electrónicos a escala global. El gobierno ha señalado además decenas de medidas de seguridad para reducir falsificación y alteración. Y, en el plano de beneficios, se ha informado la inclusión de una cobertura de repatriación de hasta US$9,000 asociada al pasaporte electrónico. Beneficio ciudadano, mejor aceptación y verificación en fronteras, menor riesgo de fraude documental y servicios añadidos que “acompañan” al dominicano fuera del país.
El dilema dominicano, ¿seguir con dos tarjetas o unificar funciones? Aquí aparece la reflexión incómoda, si la nueva cédula ya está diseñada como una “plataforma” (más segura, más durable, con estándares de lectura y potencial digital), ¿tiene sentido que el Estado mantenga otra tarjeta masiva —la licencia— con infraestructura, renovaciones, verificación y costos paralelos?
Lo que enseñan los tres modelos comparados. EE. UU. y Reino Unido muestran que, cuando la licencia opera como identificación cotidiana, el país reduce duplicidad de tarjetas (aunque mantenga otros documentos para ciudadanía o viaje). Arabia Saudita prueba lo contrario, una identidad nacional fuerte y obligatoria como “documento rector” (y un documento migratorio fuerte para extranjeros) facilita control y trazabilidad. El Reino Unido también advierte sobre digitalización sin red de seguridad, si una institución no reconoce el formato o el ciudadano no puede acceder, la identidad se vuelve exclusión.
¿Dónde estaría el ahorro real si RD unifica cédula y licencia? Sin poner números (porque requeriría el presupuesto y costos unitarios oficiales), el ahorro y eficiencia suelen concentrarse en cinco frentes: Producción y logística, una sola tarjeta física de alta seguridad, con una sola cadena de impresión, distribución y reposición. Captura biométrica y actualización de datos, un solo proceso de enrolamiento (biometría, foto, verificación) para múltiples credenciales. Verificación en el sector privado (bancos, telecom, empleadores), menos documentos “equivalentes” y menos dudas sobre autenticidad; más validación automática. Fraude y suplantación, la unificación permite que el “derecho a conducir” sea una atribución (un dato/permiso) dentro de una identidad fuerte, no un documento aparte más fácil de falsificar. Experiencia del ciudadano, menos filas, menos duplicidad de renovaciones y menos “cartera” llena de plásticos.
Pero la unificación solo funciona si se responden tres preguntas difíciles. Gobernanza y privacidad, ¿Quién administra el dato de conducción? ¿Cómo se comparte? ¿Qué auditoría hay? Arquitectura de “atributos”, no de “megadocumento”, la cédula no debería “mezclarlo todo” en un bloque; lo ideal es una identidad base y atributos (conducir sí/no, categorías, vencimientos, sanciones) consultables con permisos. Respaldo físico y digital (evitar exclusión), la identidad digital debe tener rutas alternativas y reconocimiento amplio, para que no ocurra lo que se ha criticado en transiciones digitales en otros países, ciudadanos legales con problemas para probar su estatus ante instituciones.
Una identidad no es un plástico; es confianza. La nueva cédula dominicana —con policarbonato, grabado láser, MRZ/CAN y más de 100 elementos de seguridad— y el pasaporte electrónico dominicano —con ingreso al PKD de la OACI— no son solo modernización técnica, son un mensaje de Estado que quiere ser verificable. La discusión sobre unificar licencia y cédula no debería reducirse a “comodidad” o “moda”. Es, en el fondo, una pregunta sobre eficiencia del gasto público, reducción del fraude y la vida cotidiana del ciudadano, ¿cuántas veces debe el dominicano probar que es quien dice ser y cuántas instituciones deben invertir en comprobarlo?
Tal vez la verdadera modernización no sea emitir dos documentos nuevos, sino atrevernos a diseñar una sola identidad base, con permisos claros y verificables, donde el ciudadano no cargue con la fragmentación del Estado. @luisabinader @jce @Pasaportesrd @INTRANT_RD

[Ramón Alcides Rodríguez @ramonalcidesr]

Más allá de las etiquetas: qué sistema político puede realmente funcionar en la República Dominicana
En el debate público contemporáneo se habla con frecuencia —y con ligereza— de sistemas de gobierno e ideologías como si fueran fórmulas universales. Socialismo, neoliberalismo, socialdemocracia o capitalismo suelen presentarse como soluciones totales, exportables sin ajustes, capaces de resolver por sí solas los problemas estructurales de cualquier país. Sin embargo, la experiencia histórica y la evidencia comparada demuestran que ningún modelo funciona en el vacío: su éxito depende de las condiciones institucionales, económicas, culturales y sociales donde se aplica.
Este artículo propone una reflexión necesaria: más que elegir una ideología, la República Dominicana necesita una combinación institucional realista, ajustada a sus capacidades y desafíos actuales.
Sistemas de gobierno, una aclaración indispensable. Antes de hablar de ideologías, es imprescindible distinguir conceptos. Los sistemas de gobierno se refieren a la forma en que se organiza y ejerce el poder político. De manera general, la ciencia política identifica tres grandes sistemas: 1) Democrático, basado en elecciones libres, pluralismo político y separación de poderes. 2) Autoritario, en el que el poder se concentra en una persona o grupo, con libertades limitadas. 3) Totalitario, en el que el Estado controla de manera integral la vida política, social y económica.
La República Dominicana se inscribe formalmente en un sistema democrático, con un régimen presidencialista y una Constitución que reconoce derechos y libertades fundamentales. El debate, por tanto, no es sobre cambiar el sistema de gobierno, sino sobre qué ideología y qué diseño institucional permiten que esa democracia funcione mejor.
El socialismo, una ideología más que un sistema. Uno de los conceptos más invocados —y menos comprendidos— es el socialismo. Conviene decirlo con claridad: el socialismo no es un sistema de gobierno, sino una ideología político-económica que propone la primacía de lo colectivo, un rol central del Estado en la economía y la búsqueda de mayor igualdad social.
A lo largo de la historia, el socialismo ha sido aplicado bajo regímenes democráticos, autoritarios y totalitarios, con resultados muy distintos. En América Latina, muchas experiencias autodenominadas socialistas han derivado en concentración de poder, debilitamiento institucional y crisis económicas, no tanto por la ideología en sí, sino por su aplicación en contextos con Estados débiles, alta corrupción y escasos contrapesos.
Esto ha generado una falsa dicotomía, aceptar el socialismo como sinónimo de justicia social o rechazarlo como sinónimo de autoritarismo. Ambas posturas son reduccionistas.
La socialdemocracia, virtudes y límites. En contraste, la socialdemocracia ha sido presentada por muchos pensadores como el modelo más exitoso del mundo contemporáneo. No sin razones. La socialdemocracia combina: Democracia liberal, Economía de mercado, Estado regulador fuerte, Políticas fiscales progresivas y amplios derechos sociales.
Países como Suecia, Noruega, Alemania o Canadá muestran que este modelo puede generar crecimiento económico sostenido, baja desigualdad, alta cohesión social y estabilidad política. De ahí que se afirme con frecuencia que la socialdemocracia es “la mejor forma de gobierno” del siglo XXI. Sin embargo, esta afirmación omite una condición clave: la socialdemocracia solo funciona plenamente donde existen instituciones sólidas, alta capacidad administrativa, baja corrupción, elevada presión fiscal y una ciudadanía dispuesta a cumplir las reglas.
¿Por qué la socialdemocracia no se trasplanta automáticamente a la República Dominicana?
Aplicar una socialdemocracia clásica en la República Dominicana enfrenta límites estructurales evidentes: capacidad fiscal limitada, la recaudación tributaria es baja para sostener un Estado de bienestar amplio; alta informalidad laboral, lo que reduce la base contributiva; debilidades institucionales en control del gasto; calidad del servicio público y rendición de cuentas; desconfianza ciudadana en el uso de los recursos públicos; y riesgo de que un Estado más grande se convierta en clientelismo y populismo fiscal, en lugar de derechos sociales efectivos. Esto no significa que la justicia social sea inviable, sino que copiar modelos sin adaptar condiciones conduce al fracaso.
La propuesta, una combinación institucional para la República Dominicana. Con las condiciones actuales del país, la opción más razonable no es elegir entre socialismo o neoliberalismo, sino avanzar hacia una economía mixta bien gobernada, basada en cinco pilares: 1) Democracia liberal sólida, respeto real al Estado de derecho, independencia institucional, contrapesos y alternancia política efectiva; 2) Economía de mercado como motor, el crecimiento, la inversión y el empleo deben provenir del sector productivo privado, con reglas claras y competencia real; 3) Estado regulador y social, pero eficiente, un Estado que no sustituya al mercado, sino que lo corrija: educación de calidad, salud primaria fuerte, seguridad ciudadana y protección social focalizada y evaluada; 4) Disciplina fiscal y pacto tributario realista, ampliar la base, reducir exenciones ineficientes, mejorar el cumplimiento y garantizar que cada peso recaudado tenga trazabilidad y resultados medibles y 5) Lucha efectiva contra la corrupción, sin esto, ninguna ideología funciona. La calidad del gasto es tan importante como su volumen.
Conclusión
La pregunta correcta no es qué ideología es “mejor” en abstracto, sino qué combinación institucional permite que la democracia dominicana produzca bienestar, estabilidad y oportunidades reales. Para la República Dominicana, el camino más viable hoy es una democracia con economía de mercado regulada, políticas sociales inteligentes y un Estado más capaz que grande, más técnico que clientelar, más transparente que retórico. Más allá de etiquetas ideológicas, el verdadero debate es institucional. Y ahí es donde se juega el futuro del país. @luisabinader

[Ramón Alcides Rodríguez @ramonalcidesr]

Sombras de una República: Venezuela entre la Constitución, la Sucesión y el Olvido Internacional
Venezuela, desde finales de la década de 2000, ha sido mucho más que el escenario de simples contiendas electorales o crisis de salud de un líder. Lo que ocurrió entre 2011 y 2013 —y que siguió marcando las dinámicas políticas del país en las décadas siguientes— constituye una intersección profunda entre derecho constitucional, política institucional debilitada y una sociedad polarizada. Sin embargo, esta compleja realidad ha sido poco conocida y entendida en el ámbito internacional, generando un fenómeno de indiferencia, interpretaciones simplistas y especialmente una falta de atención a las demandas de justicia y transparencia que emergieron de esos procesos.
Este artículo explora ese trayecto, desde la enfermedad de Hugo Chávez hasta los efectos persistentes de las elecciones de 2013, y busca iluminar cómo estos hechos reflejan no solo una crisis venezolana, sino una historia de instituciones erosionadas y de una sociedad en tensión constante.
El advenimiento de una crisis institucional
Cuando Hugo Chávez anunció en 2011 que padecía cáncer y se sometió a múltiples tratamientos, el país tomó nota de una fragilidad que no había sido prevista por su liderazgo político. Su regreso intermitente y su incapacidad para juramentarse el 10 de enero de 2013 abrió un espacio de incertidumbre constitucional nunca visto en Venezuela desde la aprobación de la Constitución de 1999. Con Chávez aún considerado presidente electo, pero incapacitado físicamente para ejercer, emergió un dilema: ¿qué debía ocurrir según el orden constitucional si un presidente no podía completar su mandato?
La Constitución venezolana prevé mecanismos claros para estos escenarios. El Artículo 234 contempla la incapacidad temporal, con el vicepresidente ejecutando funciones de manera transitoria, y el Artículo 233 regula la falta absoluta, que conlleva la convocatoria a una nueva elección presidencial en un plazo específico y la asunción provisional del vicepresidente ejecutivo. El objetivo es la preservación de la institucionalidad democrática, incluso en momentos de fragilidad política. Sin embargo, la manera en que estas normas fueron interpretadas y aplicadas —a veces de forma ambigua o controvertida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)— mostró desde temprano una debilidad en la independencia de poderes en Venezuela que tendría consecuencias a largo plazo.
La sucesión política y sus sombras
Tras la muerte de Chávez el 5 de marzo de 2013, la Constitución exigía que se convocara una nueva elección presidencial en 30 días y que el Vicepresidente Ejecutivo asumiera provisionalmente. Con esos lineamientos, Nicolás Maduro fue designado presidente encargado y posteriormente se convocaron comicios para el 14 de abril de 2013. Sin embargo, el desarrollo de ese proceso reflejó ya no solo una transición política, sino también la percepción de una institucionalidad electoral debilitada.
En el balance oficial, Maduro resultó ganador con un estrecho margen de aproximadamente 50,61 % frente al 49,12 % de Henrique Capriles Radonski —un resultado ajustado que generó dudas sobre la imparcialidad y transparencia del proceso. Capriles rechazó los resultados y solicitó la revisión total de los votos, alegando irregularidades. El Consejo Nacional Electoral (CNE), percibido como alineado con el gobierno, inicialmente realizó una auditoría parcial y luego una revisión más amplia, pero ninguna de ellas logró satisfacer a la oposición ni disipar las dudas planteadas. Los recursos ante el Tribunal Supremo no prosperaron y fueron declarados inadmisibles por la Sala Constitucional.
Este episodio marcó un punto de inflexión: las instituciones que deberían garantizar la transparencia, como el CNE y el propio TSJ, no fueron capaces de inspirar confianza plena, y en muchos casos se convirtieron en símbolos de un sistema cada vez más controlado por el oficialismo. Críticas a estos órganos han sido constantes tanto dentro como fuera de Venezuela, señalando un deterioro de la separación de poderes que remonta a los años de Chávez y se profundiza bajo Maduro.
Un proceso electoral cuestionado y su costo político
Más allá de las cifras y auditorías, lo que hizo que las elecciones de 2013 resonaran tanto en Venezuela fue el rechazo vehemente de una gran parte de la ciudadanía y de la oposición. Las protestas que se sucedieron después de la jornada electoral reflejaron un malestar ciudadano y político que no se remitía simplemente al resultado, sino a una sensación de injusticia y de falta de garantías reales en el ejercicio de los derechos políticos.
Este malestar no quedó restringido a la coyuntura de 2013. Fue formalizado y elevado a la esfera internacional a través del caso conocido como Capriles vs. Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En 2024, la Corte determinó que el Estado venezolano violó los derechos políticos, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y las garantías judiciales de Henrique Capriles, al evaluar las irregularidades y omisiones del proceso electoral de 2013. Además, señaló que el uso de recursos estatales y la cobertura mediática desigual por parte de entidades públicas favorecieron al entonces candidato oficialista.
Este pronunciamiento es especialmente significativo, porque no solo validó algunas de las inquietudes expresadas por la oposición en su momento, sino que también las enmarcó como violaciones de derechos humanos y políticos fundamentales, confirmando así que la crisis no fue solamente de percepción, sino también de principios constitucionales y democráticos esenciales.
El desconocimiento e indiferencia internacional
A pesar de la magnitud de estos hechos, el mundo observó con cierta resignación o superficialidad las complejidades de Venezuela. Más allá de las sanciones diplomáticas o los comunicados de preocupación, pocos actores internacionales entendieron la profundidad del quiebre institucional. La narrativa dominante fue simplista: Venezuela era un caso más de conflicto político interno, con actores polarizados disputando poder. Se ignoraron las raíces constitucionales, las prácticas institucionales erosionadas y el impacto real de estas crisis en la vida de millones de venezolanos.
Este desconocimiento ha tenido efectos concretos. La comunidad internacional tardó en reconocer la magnitud de los problemas de legitimidad, independencia judicial y respeto a derechos políticos que salieron a la luz en 2013, y más allá, ha sido reticente a intervenir de forma que propicie reformas estructurales profundas. Esta indiferencia contribuyó a que la situación se normalizara, que se consolidara un régimen con grados crecientes de control sobre los poderes del Estado y que las demandas de sectores sociales y políticos quedaran en gran medida sin respuesta efectiva.
Reflexión final
El caso venezolano es, en esencia, un espejo de lo que puede ocurrir cuando las instituciones democráticas —ideas claves como transparencia, separación de poderes, y derechos políticos plenos— se debilitan desde adentro. Las sombras proyectadas desde la sucesión de Chávez hasta las elecciones de 2013 muestran que no basta con existir procesos electorales formalmente regidos por la ley si las instituciones que los sostienen carecen de independencia real.
Es un testimonio de cómo un país —rico en recursos, pero profundamente agrietado en su arquitectura institucional— puede transitar de un sistema con fuertes símbolos de participación a uno en el que la desconfianza se normaliza y la indiferencia internacional se asienta. Quizá la lección más dolorosa sea que sin una comunidad internacional que entienda, interprete y actúe con base en los principios que dice defender, las crisis profundas pueden prolongarse más allá de los titulares, erosionando la esperanza de millones. @juntacentral @TribunalConstRD @SenadoRD @DiputadosRD

[Ramón Alcides Rodríguez @ramonalcidesr]

La crisis no será de petróleo: será de agua, el costo invisible de la inteligencia artificial.
Por años nos advirtieron sobre el fin del petróleo. Hoy, mientras celebramos los avances de la inteligencia artificial, estamos ignorando una amenaza más silenciosa, más cercana y potencialmente más devastadora: el agua.
La inteligencia artificial (IA) se presenta como el gran motor del progreso del siglo XXI. Optimiza procesos, revoluciona la medicina, impulsa la economía y redefine la forma en que trabajamos y nos comunicamos. Sin embargo, detrás de cada respuesta automática, cada modelo entrenado y cada algoritmo que aprende, existe una infraestructura física que consume enormes cantidades de recursos naturales, especialmente agua y energía.
El problema no es la IA en sí, sino cómo la estamos desarrollando y expandiendo. Los centros de datos —el corazón físico de la IA— requieren energía constante y sistemas de refrigeración intensivos para evitar el sobrecalentamiento de sus servidores. En muchos casos, esta refrigeración depende directamente del uso de agua dulce. Millones de litros al día pueden destinarse a enfriar máquinas que sostienen servicios digitales que damos por sentados.
Hoy este consumo parece manejable a escala global, pero la curva de crecimiento es exponencial. Si la demanda de IA sigue aumentando al ritmo actual, a mediano plazo, el impacto no será abstracto ni lejano: se manifestará en estrés hídrico localizado, especialmente en regiones donde el agua ya es escasa. No será una crisis global uniforme. Será desigual, silenciosa y profundamente injusta.
En un escenario sin regulación ni planificación, las comunidades cercanas a grandes centros de datos podrían enfrentarse a una competencia directa entre: agua para consumo humano, agua para agricultura y agua para sostener infraestructura tecnológica. El resultado no será solo ambiental, sino social y político. El agua, tradicionalmente vista como un bien público, corre el riesgo de convertirse en un activo estratégico, priorizado según intereses económicos y tecnológicos.
No será extraño ver conflictos locales, protestas comunitarias o tensiones entre Estados por concesiones hídricas destinadas a sostener el crecimiento digital. El consumo de agua no es el único factor. La IA también demanda enormes cantidades de electricidad. Si esta energía proviene de fuentes fósiles, el resultado es un aumento de emisiones que alimenta el cambio climático. Más calor implica mayor necesidad de refrigeración, lo que a su vez incrementa el consumo de agua y energía. Una espiral de retroalimentación negativa que acelera el problema que intenta resolver.
Paradójicamente, una tecnología llamada a ayudarnos a gestionar mejor el planeta podría terminar agravando su fragilidad. La mayor amenaza no es técnica, sino cultural. Las advertencias a largo plazo, especialmente las relacionadas con recursos naturales, suelen generar indiferencia. El agua sigue saliendo del grifo, las pantallas siguen encendiéndose, y el problema parece siempre lejano. Pero todas las grandes crisis comparten un patrón: se anuncian durante años y se enfrentan demasiado tarde.
Dos futuros posibles. El balance será claro: Un escenario negativo, donde la IA crece sin límites, profundiza desigualdades, agrava crisis hídricas locales y se convierte en un nuevo factor de conflicto socioambiental o un escenario responsable, donde la eficiencia energética, las energías renovables, la refrigeración sin agua y una regulación clara convierten a la IA en una aliada para la sostenibilidad. La diferencia entre ambos escenarios no depende de la tecnología, sino de las decisiones que tomemos hoy. No es el futuro: es una advertencia. La crisis que se avecina no será de petróleo. Será de agua.
Y no llegará por falta de advertencias, sino por exceso de indiferencia. La estamos programando línea por línea, servidor por servidor, decisión por decisión. Todavía estamos a tiempo de reescribir ese código.@AmbienteRD @INAPAGOB @energiayminasrd @luisabinader