Olivia
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@red_jerez
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Mucha atención. La victimización es una de las herramientas favoritas de la derecha para justificar la persecución sistemática que sufren cada día representantes, activistas y comunicadores de izquierdas. Su objetivo no es otro que imponernos su censura en el mejor de los casos o legitimar su violencia en el peor escenario.
En este mundo distópico el acosador y bulero Vito Quiles se vende como un valiente periodista perseguido por el gobierno. El mamporrero de Ndongo, que criminaliza todos los días a los inmigrantes, denuncia ser objeto de racismo. Y una tertuliana que se queda sin argumentos para defender lo indefendible se presenta como víctima de una supuesta humillación. La misma que nunca levantó la voz cuando desde los medios con los que colabora como Telemadrid, EsDiario o 13TV se ha insultado y difamado a compañeros y compañeras.
No nos equivoquemos. El objetivo siempre ha sido y será cancelar a Cintora, a Aroca, a Santaolalla…Nunca les van a perdonar que acabaran con el monopolio de la cloaca del Ferri y trituren las audiencias de profesionales de la intoxicación como Iker Jiménez o Antonio Naranjo, que desmonten todos los bulos de la ultraderecha o que inviten a Pablo Iglesias y a los colaboradores de Canal Red, vetados en el resto de cadenas.
Ni me voy a callar ni voy a tragar con este paripé. #YoConCintora #YoConMalasLenguas
@maxpradera Sin baja y sin vergüenza.
La pancarta del año si me preguntan
https://t.co/TDCqUIsPR0
En solo cuatro minutos, Ignasi Guardans le da un repaso monumental a cierta habitante de las cloacas y, ya de paso, arroja algo de luz sobre el misterioso "caso Leire".
No tengo yo muy claro si sus señorías se dignarán a investigar esto en serio, pero si algún juez le da por profundizar en el fango, Guardans da alguna pista y las fechas, y las consecuencias son reveladoras.
Resulta que el "caso Leire" está íntimamente ligado a aquel 16 de febrero de 2022, el día exacto en que Pablo Casado decidió dinamitar su carrera montándole el lío a Isabel Díaz Ayuso a cuenta de su hermano.
Al día siguiente, el 17 de febrero, Ayuso compareció de urgencia para acusar a Casado de atacarla de forma "cruel e injusta" desde Génova, sin pruebas y con el único fin de destruirla.
Bueno, ya todos sabemos cómo acabó el pobre Casado.
Siguiendo la cronología de esta hermosa venganza política, el 10 de marzo de 2022 el PP de Madrid, con Alfonso Serrano a la cabeza, contraatacó presentando una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que señalaba doce contratos de emergencia del Gobierno central durante la pandemia.
¿Y quien estaba en esa lista?
Casualidades de la vida: los contratos de Soluciones de Gestión de Aldama.
El 16 de abril se abre el "caso Begoña" en el juzgado del juez Peinado tras una denuncia de Manos Limpias.
Es decir en un mes, si se se meten con mi pareja yo me meto con la suya.
Damos un salto temporal. El 21 de febrero de 2024, la UCO detiene a Koldo por el caso de las mascarillas.
¿El origen?
Esa querella secreta que la Fiscalía Anticorrupción interpuso en septiembre de 2023, nacida precisamente de la denuncia que el PP de Madrid había plantado en 2022.
Solo seis días después, el 27 de febrero, José Luis Ábalos se niega a entregar su acta de diputado, se rebela contra el PSOE y se muda al Grupo Mixto.
El dominó empezaba a caer.
A partir de ahí, el ventilador se encendió para todos lados.
El 12 de marzo de 2024, elDiario es destapa que la pareja de Ayuso presuntamente defraudó 350.951 euros a Hacienda con facturas falsas y empresas pantalla, detallando esa misma noche que el pastel venía de dos millones en comisiones por vender material sanitario en 2020.
Al día siguiente, Ayuso sale en tromba denunciando una "inspección salvaje" orquestada por "todo el poder del Estado".
Al día siguiente, si, correcto, al día siguiente, The Objective suelta otra bomba: el hermano de Pedro Sánchez acumula dos millones de patrimonio con un sueldo de 55.000 euros, mientras Vozpópuli añade detalle de que David Sánchez no declaraba el IRPF en España desde 2021 por declararse residente fiscal en Portugal, a pesar de cobrar de la Diputación de Badajoz.
En mayo de 2024, Manos Limpias formaliza la denuncia contra él en Badajoz.
Para rematar el cuadro judicial, el 24 de marzo de 2024 el Tribunal Supremo acepta una querella contra el Fiscal General, Álvaro García Ortiz.
En abril, la propia pareja de Ayuso y el Colegio de la Abogacía de Madrid se querellan por revelación de secretos, un serial al que en junio y julio se sumarían las omnipresentes Manos Limpias y HazteOír.
En fin, que el resultado de esta guerra está a la vista de cualquiera.
El "caso Leire", como no podía ser de otra manera, está conectado con absolutamente todo este lodazal.
¿Lo investigaran?
https://t.co/mGPa6V7b56
La Griso está jugando con fuego, y como no tenga cuidado, va a terminar facturando sartenes en la teletienda.
A Carlos Alsina, ya lo han exportado directamente a la BBC: Bodas, Bautizos y Comuniones.
El gran dilema nacional del momento se resume en un diálogo de besugos:
—Pedro Sánchez tenía que estar al tanto de lo de Leire.
—Bueno, entonces Mariano Rajoy también tendría que saber lo suyo, ¿no?
—Con todos los respetos, comparar una cosa con la otra es, cuanto menos, sorprendente.
Y oye, en eso hay que darle la razón a Feijoo, pero la mirada a la Griso lo dice todo.
Mientras tanto, en el siguiente sketch del día, Feijóo por la mañana asegurando que devolverle el pasaporte a Begoña Gómez para lo de la OTAN sería "impropio".
Y por la tarde efectivamente su señoría le ha dado la razón.
Añadía, que debemos evitar "como sea" que la imputada se pasee por los foros internacionales, que es mas o menos una vergüenza para España.
Porque claro, Feijóo vive con la ilusión de que fuera de nuestras fronteras la gente es profundamente gilipollas y no tiene ni la más remota idea del esperpento judicial que estamos viviendo en este país.
Hablamos de un espectáculo de funambulismo legal que, por cierto, sería impensable en cualquiera de esos países a los que tanto teme ofender.
Lo que están perpetrando con Begoña Gómez es un auténtico récord Guinness en vulneración de derechos fundamentales.
Y todo, para intentar salvarle el pellejo a la pareja del particular.
Bueno, os vuelvo a pedir máxima difusión.
Toñi, que perdió a toda su familia, a su marido Miguel y a su hija Sara de 24 años, nos pide que le escribamos una carta al tribunal constitucional para acepten su recurso y le quiten el aforamiento a Mazón.
Y sea juzgado como cualquier otra persona.
Es lo mínimo que podemos hacer por ellas.
Llevan 20 meses luchando por ello, incansables, son un orgullo.
Miguel y Sara, estarían muy orgullosos de su mujer y su madre.
Abrazo enorme a todas las familias.
Calle Domenico Scarlatti, 6.
28003, Madrid.
Envía una carta por dignidad.
Demostremos que no están solas.
No a l'aforament.
Mazón a Picassent
El testimonio no daba su nombre. No daba datos directos. Pero él se reconoció, decidió demandar a Cristina Fallarás y pedirle 20.000 euros.
Esto no va solo de honor. Va del miedo. De intentar que quien recoge testimonios de mujeres se lo piense dos veces antes de publicar.
Lo llaman reputación. Huele a efecto desaliento.
🌡 Ahora que viene otra ola de calor volvemos a recordar que el Ayuntamiento de Madrid pretende arrasar esta arboleda centenaria, la Huerta de Mena de Hortaleza, para que se construyan más oficinas en una zona repleta de oficinas.
Que lo sepa todo el mundo.
1/ En las próximas elecciones generales no nos jugamos el clásico pulso entre izquierda y derecha, ni un debate de derechos contra privilegios. Lo que está sobre la mesa es mucho más primario: democracia contra fascismo. Están en juego nuestras propias reglas de convivencia.
‼️SOBRE LA KITCHEN ‼️
Bravoooooo Esther 👏🏼👏🏼👏🏼
¿Os imagináis a alguien de izquierdas entrando en la sede de un colectivo de extrema derecha, rompiendo la cerradura y registrando su sede, porque le sale de los cojones?
Pues esto es lo que ha hecho el concejal de Vox en el ayuntamiento de Valencia @JuanmaBadenas, en la sede de @Sindic_Estud_PV.
Ellos llegaron y vieron que les habían reventado la puerta, pero no se imaginaban lo que vieron en su cámara, a todo un concejal del ayuntamiento.
Esto no puede quedar impune.
"Mientras usted está aquí...
Eduardo Zaplana está en la playa
Ayuso en el ático
Montoro en su despacho
Rajoy y Fernández Díaz, firmando sus columnitas de prensa
Botella en su fondo buitre
Aguirre en sus tertulias
Aldama en la calle
Aznar haciendo..."
https://t.co/eqknxBviXm
En este país los ciudadanos estamos cursando un máster jurídico de alto nivel, el problema son las conclusiones, como le pongas un poco de lógica cada vez es todo mas confuso.
La Audiencia Nacional ha condenado a Francisco Granados a dos años y medio de prisión.
Han tardado la friolera de diez años en juzgar los chanchullos de seis o siete ayuntamientos principalmente de la Comunidad de Madrid, donde se amañaban contratos sistemáticamente con la empresa Waiter Music entre 2004 y 2015.
Como podéis ver, una investigación de una complejidad titánica: básicamente, Granados ordenaba y untaba a los alcaldes para que eligieran, de forma exclusiva a Waiter Music.
Parte de los márgenes de esos millones de euros —que los peritos no han sido capaces de sumar con precisión— se desviaban después para que la empresa organizase gratis eventos privados para los propios políticos, Bodas , bautizos, comuniones y mítines de campaña electoral para el PP; entre ellos, los de Esperanza Aguirre, José María Aznar y un tal M. Rajoy.
Pero bueno, al final el único que palma dos años y medio es Granados; aquel hombre al que le encontraron un millón de euros en el armario de su suegro y varios más en Suiza.
La pieza 9 de Púnica sigue sin fecha para juicio, se investiga la existencia de una presunta contabilidad "b" en el PP de Madrid utilizada para dopar las campañas electorales de 2007, 2011 y las autonómicas de 2015.
Luego la gente no entiende por qué llamo "pobres desgraciados" a Ábalos y a Koldo.
Esto es como lo de la Gürtel: la documentación intervenida en los registros a las empresas de Francisco Correa destapó la contabilidad en "B" de la red, donde figuraba un apunte de lo más específico.
Las empresas de Correa pagaron exactamente 32.452 euros en la famosa boda de El Escorial.
Ese importe se destinó íntegramente a costear la infraestructura y el montaje del banquete posterior a la ceremonia.
Concretamente, se pagó la iluminación, los grupos electrógenos, los andamios, las pantallas y los equipos de sonido en donde se celebró el bodorrio.
El propio Alejandro Agag admitió la veracidad de los apuntes contables cuando salieron a la luz, pero argumentó que se trató simplemente de un "regalo de boda" por parte de Correa, quien en aquel momento era un amigo cercano y testigo de su enlace.
32.452 euros de regalo de bodas, eso si que es un amigo.
Así que ya saben: circulen, circulen, que aquí no hay nada que ver.
También quiero insistir en una idea, seremos zurdos pero no gilipollas.
Están todos los jueces fachas dando un auténtico golpe de Estado, pero como la policía también está buscando a Vito Quiles, entonces, la justicia es ecuánime.
Hospital Gregorio Marañón, más de 100 personas en urgencias esperando cama , plantas cerradas. Hemos llegado a las más altas cotas de miseria humana.
Gracias a los votantes que apoyan esto , espero no tengáis que pasar por aquí .
Feliz verano .
https://t.co/TMAVIrr2i0
El caso de la SEPI es otra hermosa bola de nieve que comenzó con un tierno copo de Leire hace seis meses, y se ha convertido en una masa que ha crecido lo suficiente como para aplastar a su presidenta y a otros 25 desgraciados cuyas vidas, lógicamente, jamás volverán a ser las mismas.
A partir de ahora, ya pueden ir preparándose para una colonoscopia vital completa, a ver qué turbio espécimen les pescan en el proceso.
El asunto, cómo no, gravita en torno al rescate de Tubos Reunidos por parte de la SEPI y a esa colección de conversaciones interceptadas que son susceptibles a ser chanchullos, según la UCO claro.
Y su señoría en caso de duda, "que se investigue hasta el final", con un poco de suerte también pillan al PNV.
Mientras tanto, en otra dimensión paralela, está Madrid Network , donde se volatilizaron mágicamente más de cien millones de euros, Ayuso se encuentra haciendo malabarismos desde hace años para ocultar a los generosos benefactores que accedieron a semejante fortuna.
Las comparaciones, además de odiosas, en su caso son un arte.
Pasamos al drama de las residencias, donde fallecieron 7.291 personas.
Tras seis años de idas, venidas y cientos de causas archivadas, parece que no ha quedado más remedio que aceptar la incómoda existencia de los "protocolos de la vergüenza".
Mientras tanto siguen mareando la causa para entretenimiento del personal,
Carlos Mur alega que él solo firmó los papeles, provocando que el juez impute a la jefa de geriatría del Hospital Gregorio Marañón por el gravísimo delito de haberlos redactado.
A estas alturas de la comedia, resulta evidente que la lógica ni está ni se le espera: se imputa a quien redacta un protocolo, pero se ignora solemnemente quién ordenó su creación, quién los supervisó, quién los autorizó y quién dio la orden ejecutiva para aplicarlos.
Todo esto ocurre a pesar de que es un secreto a voces que la decisión de ejecutarlos se fraguó en aquella célebre reunión de mediados de marzo de 2020.
Un comité de crisis presidido por la propia Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez; el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; y Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda.
Tampoco faltó Antonio Burgueño, exdirector general de Hospitales, reclutado de urgencia como asesor externo estrella.
En aquel encuentro, según admitió en sede judicial, se le encomendó diseñar un plan de choque con un estimulante enfoque "militar" y mando único; el mismo Burgueño que, casualmente, es padre de la mente brillante a la que se le encargó la "Operación Bicho": la ambiciosa misión de medicalizar 530 residencias de la Comunidad de Madrid con la ingente fuerza de dos ambulancias.
Bajo este marco, Carlos Mur estampó su firma digital y despachó hasta cuatro versiones de estos protocolos entre el 18 y el 25 de marzo de 2020 a hospitales y consejerías.
Desde entonces, Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez sostienen que aquellos documentos eran simples "borradores" enviados por un lamentable error informático, y jamás una orden política definitiva.
Una lástima que los directores de los hospitales y de las propias residencias hayan confirmando que, en efecto, se aplicaron de forma ejecutiva.
El único que desentonó fue Alberto Reyero, entonces consejero de Políticas Sociales por Ciudadanos, quien se opuso con vehemencia a semejantes criterios de triaje tachándolos de "inmorales" e "ilegales".
Reyero cometió la osadía de enviar correos electrónicos de advertencia a Ruiz Escudero alertando sobre las consecuencias éticas y penales de dejar a los ancianos sin derivación hospitalaria.
Ante semejante ataque y para atajar la crisis, Ayuso optó por la vía rápida: le retiró las competencias de las residencias a Reyero para entregárselas a Sanidad.
Posteriores comisiones de investigación independientes y los testimonios judiciales han terminado por confirmar lo obvio: que las riendas de la estrategia sanitaria estaban bajo el control milimétrico del ala del Partido Popular en el Ejecutivo.
Realmente el caso de las residencias es tan sencillo como grave,
falta de medicalización de las residencias,
los protocolos que limitaron derivaciones hospitalarias
La restricción del acceso sanitario en función de que el paciente tuviera o no seguro médico privado.
Los hechos contratados y las mentiras posteriores para eximirse de responsabilidades.
Es decir menos los jueces todo el mundo sabe lo que ocurrió y llevan seis años con todos los palos en las ruedas posible de la causa y evitando mirar hacía arriba.
En fin, la justicia, cuando se lo propone, demuestra una flexibilidad asombrosa: puede ser tan veloz como el rayo o tan mansa como una tortuga, dependiendo estrictamente del color político del hilo del que toque tirar.
Hay que reconocer que @NunezFeijoo es un inútil y Pedro Sánchez tiene mucha escuela hecha.
Ahora queremos ver la declaración de la renta de los dos jajaja.
170.000 euros al año se lleva, que sepamls, Alberto, un ser mediocre que jamás se pensó que llegar a tanto.
Por eso es tan obediente con Ayuso-MAR.
Lo cuenta @juanmafdez
https://t.co/OQ6ohHcRAX
La causa del rescate de Plus Ultra está empezando a parecerse a esa ley no escrita de la física cuántica: abres un melón y nunca sabes a qué dimensión te va a llevar.
Cada vez que alguien tira del hilo, aparece una habitación nueva.
Y esta semana ha aparecido una con muchas puertas.
Empecemos por Colombia. Público ha publicado que el juez García-Castellón —entonces todavía en activo— voló a Cartagena de Indias en noviembre de 2022 junto a la cúpula completa de Plus Ultra: presidente, consejero delegado, secretario del consejo.
Les acompañaban un comisario de Policía y Julio Ariza, dueño de Intereconomía, cuyo grupo mediático había cobrado publicidad de la propia aerolínea (algo que el propio Ariza terminaría admitiendo en directo meses después, salpicando de paso a El Mundo, la COPE, Onda Cero y el ABC).
Por si fuera poco, García-Castellón figura en el Colegio de Abogados de Madrid con dirección profesional en la sede de Plus Ultra en Alcobendas.
Una jubilación con despacho incluido.
Y entonces llega la pieza que de verdad debería de acojonar a cualquiera con un mínimo de pudor institucional: según un chat interno de los directivos, el magistrado se habría ofrecido a interceder ante Santiago Abascal —durante una cena privada— para que Vox no recurriera el archivo de la causa que afectaba a la compañía.
El entorno de Abascal lo niega.
Que cada cual saque sus conclusiones, pero menuda investigación se ha realizado para no detectar todo esto, pero si esto no es PRESUNTO tráfico de influencias, el diccionario de la RAE necesita una revisión urgente.
Ahora viene el contraste.
A Zapatero le confeccionaron un traje de mierda en dos meses apoyado en buena parte en un mensaje de WhatsApp, "nuestro pana Zapatero detrás", hallado en el teléfono de un exdirectivo de la aerolínea.
Ese teléfono fue clonado en Miami en mayo de 2021, sin orden judicial.
Cinco años después, en marzo de 2026, el volcado llegó a la policía española por canal policial, NO CANAL JUDICIAL, ese detalle importa.
Generó informes. Esos informes sustentaron la imputación, y los registros y acusar sin el presuntamente de organización criminal, blanqueo y trafico de influencias a Zapatero, e imputar a su secretaria y a sus hijas.
Y solo entonces, con el material ya sobre la mesa, el juez pidió autorización formal a Estados Unidos para poder usarlo como prueba.
El orden de los factores, en este caso, sí altera el producto.
Los melones cuánticos son la hostia de peligrosos.
El problema no es abrirlos: el problema es:
Y ¿ahora que?
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