Mientras el país celebra, una noticia pasó prácticamente inadvertida.
El 30 de junio fueron cesadas las 43 personas trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública.
No eran personal administrativo. Eran profesionales que realizaban investigaciones socioeconómicas, elaboraban dictámenes en trabajo social e identificaban las condiciones de vulnerabilidad de quienes acuden al Estado porque no pueden pagar una defensa o una asesoría jurídica.
Su trabajo permitía que mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, indígenas, migrantes, personas con discapacidad y víctimas de violaciones a derechos humanos recibieran una atención integral y una defensa acorde con su realidad.
Cuando desaparece este personal especializado, no sólo se pierden empleos; también se debilita la posibilidad de impartir una justicia profesional, independiente y de calidad para quienes más la necesitan.
Resulta especialmente preocupante que, después de que la reforma judicial prometió reiteradamente respetar los derechos laborales, continúen presentándose ceses que dejan a personas servidoras públicas sin empleo y, en algunos casos, incluso sin seguridad social para continuar tratamientos médicos indispensables.
Defender los derechos laborales también es defender el Estado de derecho. Y proteger a quienes hacen posible el acceso a la justicia es proteger, sobre todo, a quienes menos tienen.
La justicia también se debilita cuando se despide a quienes la hacen posible.
Ayer se cumplió un año desde que la Suprema Corte de Justicia, condenó a Luis de Llano por abuso y daño moral obligándolo, entre otras cosas, a hacer una disculpa pública.
Luis quiere prolongar su impunidad lo cual demuestra su falta de conciencia. Ha buscado cualquier recurso legal a su alcance para aplazar el cumplimiento de su sentencia. Sólo aplazar, porque la sentencia es irrevocable.
Han pasado 365 días desde que la máxima autoridad judicial del país lo declaró culpable; 4 años desde que decidí denunciarlo y más de cuatro décadas desde que abusó de mí. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar?
La justicia no se obtiene solamente con una sentencia a favor, sino con el cumplimiento de la misma.
🚨🕯️ #ATiempo
La madrugada terminó en tragedia en Panotla, Tlaxcala. Un matrimonio fue asesinado dentro de su domicilio, a unas cuadras de la carretera Tlaxcala–San Martín Texmelucan.
Las primeras versiones apuntan a un presunto asalto; autoridades ya investigan el doble homicidio.
Pamela fue asesinada a balazos en la alcaldía #MagdalenaContreras
Fernando N, su ex novio, disparó al taxi en el que la estudiante de enfermería viajaba con su hermana y su cuñado.
Una bala le perforó el pulmón.
El agresor huyó y está prófugo de la justicia.
Este fin de semana Pame es despedida por sus amigos, su familia y sus compañeros.
Estaba a dos meses de graduarse. La exigencia: que no quede IMPUNE
#JusticiaParaPamela
🚨Una pareja fue localizada sin vida al interior de su domicilio en Panotla, #Tlaxcala.
⚠️ Los hechos ocurrieron cerca de la carretera Tlaxcala–San Martín Texmelucan y las autoridades ya investigan un posible asalto.
#ATiempoNoticias
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DENUNCIAN MOCHES Y MALTRATOS EN MATERIALES EDUCATIVOS DE LA SEP
Trabajadores y exfuncionarios de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP acusaron que durante la gestión de Marx Arriaga se habrían solicitado “aportaciones” económicas a subordinados para financiar proyectos internos.
De acuerdo con la queja presentada ante el Órgano Interno de Control, se señala que colaboradores cercanos —entre ellos Sady Arturo Loaiza Escalona— pedían “sondear” a empleados para aportar dinero, bajo el argumento de cubrir pagos pendientes. En testimonios citados, incluso se describen mensajes y depósitos vinculados a estas solicitudes.
La denuncia también apunta a presuntos malos tratos y a una gestión marcada por desorganización interna. El caso ya estaría bajo revisión administrativa.
Información @El_Universal_Mx