Madrigal

@rmadrigalg

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Armando Mayorga @armandomayorga

3 months ago

Editorial: Basta ya de ataques a la democracia. El único y verdadero rompimiento que se ha producido es responsabilidad de diputados oficialistas. Sin razón válida y con evidente irrespeto por la Constitución se han negado a cumplir con el deber de elegir magistrados suplentes

armandomayorga's tweet photo. Editorial: Basta ya de ataques a la democracia.
El único y verdadero rompimiento que se ha producido es responsabilidad de diputados oficialistas. Sin razón válida y con evidente irrespeto por la Constitución se han negado a cumplir con el deber de elegir magistrados suplentes https://t.co/JVqN5AqbAk

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La Nación @nacion

3 months ago

📢 Michael Soto tras detención de Diablo: ‘Esto demuestra que estamos muy comprometidos, aun cuando nos hicieron un recorte de presupuesto’ 👇 https://t.co/Iaoxu597XA

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Laura Chinchilla M.

@Laura_Ch

3 months ago

EL JAQUE MATE A LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL AÚN SE PUEDE EVITAR #CostaRica En una reveladora entrevista, la magistrada Patricia Solano reconoció que el Poder Judicial "ha pecado de guardar silencio", al referirse a la actitud que mantuvo frente a los persistentes ataques recibidos durante los últimos años. Con esa afirmación no solo hizo un diagnóstico certero del momento que vive la institución, sino que señaló también el camino que debe seguir si se desea preservar la independencia que la Constitución le confía. Lo que hoy está en juego trasciende con mucho una confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Lo que está en juego es la arquitectura institucional que permitió a Costa Rica construir el período más largo de estabilidad democrática, paz social y progreso de toda su historia. Está en juego el sistema de pesos y contrapesos que protege los derechos y libertades de todos los ciudadanos, y con él, la posibilidad misma de que nuestro país continúe gozando de paz y estabilidad. No se trata de una exageración. Nuestra propia región ofrece suficientes lecciones. Allí donde un gobernante ha logrado someter o neutralizar al Poder Judicial y debilitar al Poder Legislativo, la concentración del poder ha terminado erosionando las libertades, debilitando las instituciones y agravando la pobreza y la exclusión. No es casualidad que Venezuela, Cuba y Nicaragua enfrenten hoy profundas crisis políticas, económicas y humanitarias, mientras las democracias más sólidas de América Latina —como Uruguay, Chile y Costa Rica— hayan alcanzado también los mayores niveles de desarrollo humano y bienestar. Estamos, por lo tanto, ante una crisis excepcional que exige respuestas igualmente excepcionales. Por ello, no basta ya con denunciar los ataques y defender públicamente la independencia judicial. Corresponde ahora pasar a la acción y adoptar las decisiones que permitan preservar la continuidad de la administración de justicia y evitar que la parálisis provocada por factores políticos termine debilitando uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. En los últimos días, reconocidos juristas han demostrado que nuestro ordenamiento jurídico ofrece caminos para hacerlo. Desde distintos enfoques, todos coinciden en una idea esencial: la Constitución no obliga al Poder Judicial a permanecer inerme cuando está en riesgo la continuidad de una función esencial del Estado. Por el contrario, los principios constitucionales, la tradición jurídica y las propias facultades de organización interna de la Corte ofrecen herramientas suficientes para enfrentar una situación extraordinaria con soluciones igualmente extraordinarias, siempre dentro del marco del Derecho. No corresponde aquí entrar en el análisis de cada una de esas propuestas. Lo verdaderamente relevante es que todas parten de una misma premisa: el Poder Judicial no carece de instrumentos para defender la Constitución y preservar la continuidad de la justicia constitucional. La inacción, por tanto, dejaría de ser una imposición de las circunstancias para convertirse en una incomprensible decisión. Las reformas que la administración de justicia requiere deberán discutirse cuando el país logre recuperar un clima de diálogo institucional y respeto entre los poderes de la República. Hoy la prioridad es otra: impedir que el asedio políticamente motivado de las autoridades de gobierno, termine desarticulando el sistema de garantías constitucionales que protege a todos los costarricenses. Nadie puede asumir esa responsabilidad en lugar de los propios jueces de la República. Son ellos quienes juraron defender la Constitución y quienes hoy cuentan con la autoridad moral, la legitimidad institucional y las herramientas jurídicas para hacerlo. La historia suele recordar los momentos en que las instituciones fueron puestas a prueba. Este es, sin duda, uno de ellos. Y también recordará quiénes tuvieron el deber y el coraje de impedir que el jaque se convirtiera en jaque mate. Publicado en @crhoycom 👇 https://t.co/uy2XJvsy8r

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