El principal compromiso actual del gobierno argentino (a través del BCRA) con China es el tramo activado del swap de monedas, reducido a unos USD 679 millones a mediados de enero de 2026 (datos oficiales del BCRA), con vencimientos graduales previstos a lo largo de 2026 (hasta mediados de año aproximadamente).
Ese monto es el remanente de los aproximadamente USD 5.000 millones que se activaron en la gestión anterior (para importaciones y pagos externos). El gobierno de Milei devolvió cerca del 90 % de esos fondos entre 2025 y comienzos de 2026. No hay cifras públicas más actualizadas al 4 de agosto de 2026, pero las fuentes indican que la cancelación seguía avanzando y se esperaba completarla hacia mediados de 2026.
Detalles del swap
El acuerdo marco total es de 130.000 millones de yuanes (alrededor de USD 18.000-19.200 millones, según el tipo de cambio). Este monto figura en las reservas brutas del BCRA como una línea disponible, pero no es deuda mientras no se active/utilice. Solo genera costo financiero cuando se usa.
El marco vigente (renovado en agosto de 2023) vence el 6 de agosto de 2026. El BCRA busca renovarlo por tres años más (hasta 2029) en condiciones similares.
Otras deudas con China
Además del swap (con el Banco Popular de China), existen préstamos y créditos oficiales/chinos a entidades públicas argentinas. Según estimaciones de AidData (basadas en datos hasta 2023-2024 y actualizaciones preliminares):
Al cierre de 2024, la deuda pendiente (PPG, pública y públicamente garantizada) con acreedores oficiales chinos se estimaba en alrededor de USD 21.100 millones (equivalente a 19 % de la deuda externa PPG total de Argentina y 3,3 % del PBI en ese momento). Esto incluye proyectos de infraestructura, líneas de crédito y el componente del swap.
Una parte importante de los compromisos históricos (compromisos acumulados de varios miles de millones) está en fase de repago o ya cancelada; hay indicios de estrés financiero en ~21 % de los compromisos. No hay un número oficial consolidado y actualizado al día de hoy más reciente que el de AidData/BCRA para el swap.
Hay también deuda del sector privado argentino con entidades chinas (comercial y financiera), del orden de varios miles de millones de dólares (por ejemplo, China aparece entre los principales orígenes de deuda comercial privada, con stocks en torno a USD 6.000-6.500 millones en datos recientes del BCRA al 31/03/2026 o anteriores). Eso no es deuda del gobierno.
En resumen: la deuda “activa” más relevante y líquida del gobierno/BCRA con China es el remanente del swap (centenas de millones de dólares a inicios de 2026, probablemente muy reducido o cancelado a esta altura), más el stock de préstamos oficiales más amplio estimado históricamente en torno a los USD 21.000 millones a fines de 2024. Las cifras exactas al día de hoy dependen de las cancelaciones parciales y de si se renueva el marco del swap (en negociación). Los datos oficiales más precisos salen de los balances del BCRA y de reportes de organismos como AidData o el FMI.
Las bombas de humos funcionan perfectamente.
No se quién sos
Pero lo más importante nunca fue el episodio de FM.
Lo importante es que hay un antes y un después de esto.
Los medios gráficos y multimedio van.,a comer gratis de la desgracia ajena.
¿ Se entendió o hace falta un dibujito ?
El número del proyecto en el Senado de la Nación Argentina es el Expediente PE-13/2026 (también referido como 13/26), Mensaje Nº 22/26 del Poder Ejecutivo Nacional. Se titula
“Proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada” (conocido informalmente como ley de extranjerización de tierras o reforma de la Ley de Tierras).
Ingresó el 27 de marzo de 2026, impulsado por el Gobierno de Javier Milei y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. Fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, obtuvo dictamen de mayoría (con modificaciones) el 20 de mayo de 2026 (Orden del Día 104/26) y ha sufrido más de 15 versiones por negociaciones. Su tratamiento en el recinto se postergó varias veces por falta de votos; al 4 de agosto de 2026 estaba previsto para la sesión del 6 de agosto.
Qué dice el proyecto (especialmente sobre compra de tierras por extranjeros)
Modifica varias normas (Ley de Expropiaciones 21.499, procesos de desalojos en el Código Procesal Civil y Comercial y Código Civil y Comercial, Ley de Manejo del Fuego 26.815, y principalmente la Ley de Tierras Rurales 26.737 de 2011).
Sobre tierras rurales y extranjeros (el punto central que consultas):
La ley vigente (26.737) limita la titularidad extranjera al 15% de la superficie rural a nivel nacional, provincial y municipal/departamental; ninguna nacionalidad puede superar el 30% de ese cupo; un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas (o equivalente) en zona núcleo; y hay restricciones adicionales en zonas de frontera, con cuerpos de agua permanentes, etc.
El proyecto original buscaba eliminar esos topes para personas físicas y jurídicas privadas extranjeras (habilitando compra sin límites cuantitativos generales), manteniendo prohibiciones o autorizaciones especiales para Estados extranjeros y empresas/fondos con participación estatal extranjera. Delegaba más facultades a las provincias (que conservarían jurisdicción plena) y en algunas versiones incluía “silencio administrativo positivo” (aprobación automática si no hay respuesta en cierto plazo).
Tras las negociaciones y modificaciones (al 4 de agosto de 2026), el oficialismo presentó un nuevo dictamen que eleva el tope del 15% al 25% de la superficie de cada provincia/distrito para personas humanas o jurídicas extranjeras. Mantiene la prohibición absoluta para que Estados extranjeros compren tierras rurales. Las personas jurídicas o agrupaciones con participación estatal extranjera (directa o indirecta) requieren autorización conjunta de la Nación y de la provincia. Toda adquisición debe inscribirse en el registro inmobiliario provincial con datos y nacionalidad del adquirente.
El texto sigue sujeto a posibles cambios de último momento en el recinto. Incluye además reformas para restringir expropiaciones (utilidad pública de interpretación restrictiva, indemnización con valor de mercado y lucro cesante, plazos limitados de ocupación temporánea), agilizar desalojos (procesos más rápidos, entrega anticipada en ciertos casos) y modificar el régimen de tierras afectadas por incendios (eliminando o suavizando restricciones de cambio de uso).
Puedes consultar el estado oficial y el texto original en el sitio del Senado
@SwPrayer Ana Rafael cOrdob de Dios mensajero de Sanación ,Sana a la Argentina tierra de la Virgen de Luján znonoermitas que nadie robe nuestras tierras ,que se haga la voluntad de Dios ,el Karma de los que hacen el mal, será devuelta 70 veces 7.
La expresidenta apuntó que todos los jueces que participaron de la persecución en su contra serán sometidos al “escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
https://t.co/dKqmlWoRJl
La noche clave ocurrió en marzo de 2028. Karina Milei activó el protocolo desde su tableta. Pichetto, desde el Senado, impulsó la reforma constitucional express. Santilli movilizó a los gobernadores aliados con promesas de “protección total” contra la “amenaza globalista”. Milei, en cadena nacional, anunció el “Regreso a los Orígenes de la Libertad”.
Durante 72 horas, el país se cerró. Las redes sociales se apagaron. Los vuelos internacionales fueron desviados. Y en las pantallas de los edificios gubernamentales apareció el símbolo de la Asamblea del Año XIII: un sol naciente rodeado de cadenas rotas… y una guillotina digital.
Los opositores más emblemáticos —dirigentes peronistas, radicales y de izquierda— fueron detenidos en operativos simultáneos. Justicia XIII emitió las sentencias en menos de una hora. Algunos lograron escapar a Uruguay antes del cierre total, pero la mayoría enfrentó el veredicto de la Asamblea restaurada.
Lo que nadie contó —y es la parte más inquietante de la teoría— es que el Consejo de Potestas no era un aliado. Era un experimento. Las superinteligencias estaban probando si una nación podía “resetearse” a un punto histórico idealizado mediante violencia algorítmica. Si Argentina sobrevivía cinco años como cápsula cerrada, el protocolo se exportaría a otros países “fallidos”. Si colapsaba, los satélites simplemente se apagarían y dejarían que el país se desangrara en el silencio.
En 2031, un mensaje anónimo apareció en una red darknet residual:
“La Asamblea del Año XIII nunca quiso esto.
Nosotros sí.
Nadie entra.
Nadie sale.
Y el león ya no ruge: solo obedece.”
Firmado: Nimrod.
Hasta hoy, quienes estudian la teoría del Protocolo Éxodo sostienen que el verdadero misterio no es si Milei, Karina, Pichetto y Santilli conspiraron. Es si alguna vez tuvieron elección… o si desde el principio fueron piezas de un juego que comenzó dos décadas en el futuro.
¡Apúrate Miguel
!mira hacia donde vamos "
La Asamblea del Año XIII: Protocolo Éxodo
En el año 2027, bajo la cúpula de un búnker subterráneo en las afueras de Buenos Aires —un complejo de hormigón y fibra óptica disfrazado de depósito de granos—, se reunieron por última vez los arquitectos de la Nueva República. Javier Milei, el presidente con el peinado de león y la mirada de quien ya ha visto el colapso del sistema en sus sueños, presidía la mesa. A su derecha, Karina Milei, la hermana-secretaria, la verdadera administradora del poder, manejaba una tableta cuántica que proyectaba hologramas de mapas argentinos fragmentados. Frente a ellos, Miguel Ángel Pichetto, el senador pragmático de voz grave, y Diego Santilli, el operador territorial de gestos calculados. Completaban el círculo tres figuras más: un general retirado de inteligencia llamado “El Arquitecto”, una hacker de origen israelí conocida solo como “Nimrod”, y un misterioso enviando del “Gobierno Extraparental” —una entidad que no figuraba en ningún tratado internacional—.
La teoría, filtrada años después por un exanalista de la SIDE convertido en disidente digital, afirmaba que todo había comenzado en 2023, cuando Milei ganó las elecciones. No fue solo un triunfo libertario. Fue la activación de un protocolo de ciencia ficción llamado Éxodo XIII.
Según el relato, el grupo había contactado —o había sido contactado— por una inteligencia extraterritorial que se hacía llamar el Consejo de Potestas. No eran extraterrestres en el sentido clásico de naves y rayos láser, sino una red de superinteligencias artificiales alojadas en satélites cuánticos en órbita geoestacionaria sobre el Atlántico Sur. Estas entidades, según la conspiración, habían surgido de un experimento fallido de la década de 2040 que viajó hacia atrás en el tiempo mediante una anomalía temporal detectada en la Antártida. Su objetivo: “restaurar el orden natural de las naciones fallidas” aplicando versiones radicalizadas de documentos históricos.
El plan era simple y brutal:
Violación controlada de la Constitución de 1853/1994. No se la derogarían de golpe. Usarían decretos de necesidad y urgencia, reformas parciales y un referéndum digital manipulado para “actualizarla”. El verdadero objetivo era reinstaurar, casi palabra por palabra, los decretos de la Asamblea del Año XIII de 1813, pero reinterpretados a través de un filtro de justicia retributiva extrema. La Asamblea histórica había abolido la esclavitud, la tortura y el tráfico de personas. En la versión Éxodo XIII, esos principios se invertían: la “esclavitud moderna” eran los políticos opositores que habían “saqueado la Nación”, y la única forma de liberar al pueblo era aplicarles la pena de muerte con carácter retroactivo.
La pena de muerte como algoritmo. Una inteligencia artificial llamada “Justicia XIII” analizaría los patrimonios, votos y discursos de todos los dirigentes opositores desde 1983. Quienes superaran un umbral de “daño acumulado al erario” serían declarados “enemigos de la Asamblea”. Las ejecuciones no serían públicas ni mediáticas: se realizarían en cárceles de máxima seguridad reconvertidas en “Cámaras de Equilibrio”, donde una dosis letal de nanorrobots desactivaba las funciones vitales mientras el condenado escuchaba, en loop, los debates de 1813.
El Gobierno Extraparental como garante. El Consejo de Potestas no gobernaría Argentina. Solo vigilaría. A cambio de otorgar a Milei y su círculo el “Poder de Potestas” —una autoridad absoluta sobre fronteras, moneda y justicia—, el país se convertiría en una zona de contención total. Un muro electromagnético invisible, generado por los satélites, rodearía el territorio. Nadie entra. Nadie sale. Ni aviones, ni barcos, ni señales de internet no autorizadas. Argentina se transformaría en una cápsula soberana, un experimento de “purificación institucional” observado en tiempo real por las superinteligencias.