santi

intentá despertar

[YoonieEsDePiscis🇺🇾 @WinterBoonie]

En términos orientales me siento como una palmera atacada por el picudo rojo

[santi @sncozzi]

@ElliotAlder1990 @goesgoes1934

[SU Noticias @sunoticiasuy]

El ministro Carlos Negro anuncio que se instalaran 27 arcos digitales en los accesos a Montevideo, capaces de capturar rostros, matriculas y celulares de cada persona que ingrese a la ciudad. Lo presento como una medida de seguridad. Nadie le pregunto lo evidente: de que base de datos van a formar parte esos datos, quien los va a acceder, por cuanto tiempo se van a conservar y bajo que condiciones un ciudadano comun puede aparecer fichado por el Estado sin haber cometido ningun delito.

No es un anuncio aislado. Es una pieza mas de un tablero que viene armandose con coherencia, aunque nadie lo llame por su nombre.

En el Parlamento, el diputado Rodrigo Goni del Partido Nacional, junto al oficialismo del Frente Amplio, impulsa un proyecto de regulacion de redes sociales e inteligencia artificial. El argumento es proteger a los menores. La herramienta concreta es darle al Estado la capacidad de definir que contenido es aceptable en internet y cual no. O sea: el mismo Estado que va a escanear tu cara en la ruta 1 tambien quiere controlar lo que podes ver y decir en tu telefono.

En Europa, el Parlamento Europeo aprobo el Chat Control, la ley que obliga a las plataformas de mensajeria a escanear los mensajes privados de sus usuarios. WhatsApp, Telegram, Signal: el Estado europeo ahora puede leer lo que mandas en privado. El pretexto fue el mismo de siempre: proteger a los ninos. El resultado es el mismo de siempre: vigilancia masiva sobre ciudadanos que no hicieron nada.

Y detras de todo esto esta la UNESCO, cuyas directrices sobre regulacion de plataformas digitales e inteligencia artificial los gobiernos de la region, incluido el uruguayo, vienen adoptando como hoja de ruta. Directrices que nadie voto, escritas por tecnócratas que nadie eligio, que se convierten en politicas publicas por la via de la recomendacion tecnica.

El patron es claro: tu cara en los arcos de Montevideo. Tus mensajes en los servidores del Estado europeo. Tu feed de redes sociales bajo la supervision de un algoritmo aprobado por el gobierno. Tu historial de busquedas en la IA, disponible para quien tenga acceso. Cada capa nueva se presenta como una solucion a un problema real: la inseguridad, el narcotrafico, el abuso infantil. Y cada capa nueva agrega un nuevo tentaculo del Estado sobre la vida privada del ciudadano que nunca pidio ser vigilado.

Lo mas revelador no es el anuncio de los arcos. Es la naturalidad con que se hace. Negro lo dijo en una entrevista de radio como si fuera un tramite administrativo. Nadie en el estudio pregunto si los ciudadanos de Montevideo habian sido consultados. Nadie pregunto si existia un marco legal claro para el uso de esos datos. Nadie pregunto a quien le van a vender o compartir esa base de datos de rostros y celulares. La vigilancia masiva se instalo en el debate publico uruguayo como algo razonable, casi necesario.
Eso es exactamente lo que deberia preocuparnos. No el arco en si, sino la indiferencia con que se acepta.

Escanean tu cara cuando entras a la ciudad. Controlan lo que dices en internet. Leen tus mensajes privados en Europa. Y en Uruguay debaten si la IA es peligrosa para los menores. El Estado no te protege. Te vigila. Y lo hace con tu permiso.

[santi @sncozzi]

@MrBeast 0

[PhD en Lógica y Libertad @PhDenLogica]

"El que vive de la política puede pagar un poquito más de IRPF".

Propongo agregar un impuesto del 9% del sueldo a políticos (cargos electos y de confianza), y 5% (a trabajadores de Ministerios, Intendencias y empresas públicas) para financiar las infancias...

[Lic. Saka @sakmela1poqito]

El Antel Arena da ganancias desde 2025, dice. Claro que sí. Pero el diablo están los detalles, y hay tres cosas que el titular no cuenta.

La primera: los resultados positivos de 2024 y 2025 ocurrieron bajo gestión de AEG Facilities / ASM Global, la empresa PRIVADA que operó el Arena desde su inauguración hasta diciembre 2025.

El FA asumió en marzo de 2025, pero la gestión operativa siguió siendo privada todo ese año. Los números que celebra Yelpo son, literalmente, los de una multinacional del entretenimiento, no los del Estado.

En 2026 la gestión pasó a ITC, subsidiaria de Antel — y llevamos apenas un cuatrimestre con resultados preliminares. El FA heredó una curva que ya venía mejorando y festeja como propia la última vuelta que dio otro.

La segunda: los números dependen de cómo los contás. Búsqueda accedió a datos internos y reportó proyecciones de pérdida operativa de 4,7 millones de dólares para 2025.

Brecha, en cambio, habla de ganancias (1,2 millones operativo, 2,5 millones total). La diferencia clave son los naming rights: Antel se cobra a sí misma por llamarse "Antel Arena".

En 2024 ese ítem sumó 2,3 millones de dólares. Es una transferencia interna, no plata nueva que entra de afuera. Brecha lo incluye como ingreso del estadio. Búsqueda no. Yelpo celebra la versión de Brecha.

La tercera: la obra costó 118 millones de dólares, casi el triple del presupuesto original. A 1,2 millones de ganancia anual en el mejor escenario, tardás casi 100 años en recuperar la inversión.

Antel gana 249 millones por año con su negocio de telecom. El Arena es el 0,5% de eso. Cualquier pérdida la absorbe sin drama, lo que hace imposible saber si el negocio sobreviviría en un mercado real sin respaldo estatal.

Que funcione mejor es bueno. Que sea mérito del FA, un triunfo de la gestión pública o rentabilidad genuina es otra conversación.

[🇺🇾Diego Ⓜ️oreira 🇺🇾 @DMoreirauy]

Esto fue en el 2022, presten atención lo que dice Fernando Pereira sobre el aumento de los combustibles. Por suerte como oposición no somos como ellos.

@camboue @RobertSilvaUy @Pablo_Mieres @elpaisuy @FelipeSchipani @OPetinatti @vascoosss @igalvar71 @sergiobotana @turkabdala @ONVentura @fmarguery @ObservadorUY @portalmvd @LuisLacallePou @AlvaroDelgadoUy @GuidoManiniRios @Cybertario

[santi @sncozzi]

@laureanodelabri que onds ese naranja hermano apagá la luz

[santi @sncozzi]

@ryckelme @plasmarob this is here in Uruguay

[santi @sncozzi]

@flopirocha no es todo resi, tengo una conocida que alquila ahí y está fascinada dice

[santi @sncozzi]

@MauroOrtu canario de salinas 🤡

[santi @sncozzi]

@Juaneme decilo más alto pa la gente del fondo

[el analista número uno @utopianalien]

Therians???

Reconozco una psyop de la CIA a kilómetros

[GRAZIANO PASCALE @grazianopascale]

Cardama: ¿Cuál es el peso electoral de la «defensa de la soberanía»?
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@Belolo22 repasó la prensa, le hizo preguntas a la IA, y llega a conclusiones claves en tiempos de maniobras políticas y desinformación.
Extensa nota de lectura obligada.
https://t.co/NJIUr4pjlh

[ivy is going to lunar valley in her mind 🌙 @everwh0reeeee]

@PopCrave Me after pronouncing that long ass title

[AlertaUy @Alerta_UY]

Ya está disponible https://t.co/9VmAz9e9l2, un observatorio ciudadano de inseguridad en Uruguay enfocado en homicidios.

Casi 4000 registros, actualizados diariamente, permiten una mejor visibilización de los problemas de inseguridad que viven los uruguayos.🧵

[Roque García @RoqueJCGarcia]

Claudio de León: tres horas y media de ridículo judicial.
La reciente sentencia leída durante tres horas y media por el juez Claudio de León pasará a la historia, pero no por su rigor jurídico, sino por su desconcertante falta de método, coherencia y límites institucionales. Lo que debía ser un acto de administración de justicia terminó convertido en un monólogo autoindulgente, transmitido en vivo, donde el magistrado pareció más interesado en escucharse a sí mismo que en cumplir con la función esencial de un juez: aplicar el derecho con precisión, sobriedad y respeto por las competencias del Estado.

El episodio se inscribe en el largo y complejo derrotero del caso Vladimir Roslik, un homicidio ocurrido en 1984 en el cuartel de Fray Bentos. Mucho se ha dicho sobre este caso, pero poco se ha explicado con rigor. Roslik, médico formado en la Universidad Patrice Lumumba de Moscú y militante del Partido Comunista, fue detenido en 1980 por la justicia militar por asistencia a la asociación subversiva lo acusaban de ser el jefe de la célula que habría ingresado armas desde la Argentina en 1976. Cumplió pena de 15 meses y recuperó la libertad, con nuevos indicios de inteligencia volvió a ser detenido en 1984 bajo acusaciones similares. Murió bajo custodia por una insuficiencia cardíaca provocada por malos tratos. Ese hecho es indiscutible.
Nunca se encontraron las armas ni evidencia de las mismas. Cuando apareció el arsenal de Feldman una de la líneas de investigación debería haber sido intentar saber si alguna provenía de la Argentina pero eso no es posible, ya sabemos que el Caso Feldman es la mayor trama de corrupción en la historia del Uruguay.
Volviendo al caso Roslik es de mencionar que las fuentes de inteligencia que alimentaron las acusaciones provenían de Montevideo, no de Fray Bentos, y los oficiales condenado hoy son los ejecutores de ordenes.
Luego de su muerte la justicia militar actuo y condeno con prisión a los jefes de unidad. Ya en democracia la causa quedó definitivamente cerrada en 2014, cuando el Tribunal de Apelaciones declaró cosa juzgada para algunos acusados y prescripción para el resto. Nadie apeló.
Sin embargo, en 2018 el fiscal Perciaballe que aunque Vd lector no lo crea es el mismo del caso Feldman, que casualidades tiene la vida, decidió reabrirla, pese a que la jueza de Fray Bentos, el Tribunal de Apelaciones y la propia Suprema Corte le recordaron que el caso estaba cerrado. Solo entonces cambió de estrategia: reconstruyó el expediente desde 1980, mezcló imputados vivos y fallecidos, y pidió procesamientos por delitos comunes, no por delitos de lesa humanidad.

Es en este contexto que aparece la sentencia de De León, cuyo contenido revela errores graves. Primero, dedica largos pasajes a hablar de delitos de lesa humanidad, pese a que no podía aplicarlos y pese a que el fiscal nunca los pidió. Al final, condena por delitos comunes. El discurso para la tribuna no coincide con la decisión jurídica.
Segundo, se atribuye la facultad de pedir disculpas “en nombre del Estado”, algo que ningún juez puede hacer. Los actos de reconocimiento estatal corresponden al Poder Ejecutivo, a leyes específicas o a sentencias internacionales. Un juez no tiene mandato representativo ni potestad simbólica.
Tercero, “disculpa” a testigos con declaraciones contradictorias, como si su rol fuera moralizar en lugar de valorar pruebas.
Cuarto, cuestiona decisiones institucionales de época, como la competencia de la justicia militar, aprobada por el Parlamento en 1972 con amplísima mayoría.
Quinto, su sentencia está plagada de adjetivos emocionales —“grotesco”, “vergonzoso”, “inhumano”— sin conexión con hechos probados ni tipos penales, lo que destruye la motivación jurídica y convierte el fallo en un editorial.
El resultado es una sentencia que abandona lo esencial: hechos, normas, imputaciones concretas. En su lugar, ofrece catarsis moral, simbolismo político y una peligrosa invasión de competencias. Desde 2011, cuando el Parlamento por una magra mayoría derogo la única ley en la historia del Uruguay refrendado dos veces por voto popular, vive un deterioro institucional silencioso pero persistente. Este fallo es un síntoma más. Defender la república exige denunciar estos excesos antes de que se vuelvan norma.
Que Dios nos ayude a Defender la Republica porque nos quieren llevar a los ponchazos a Venezuela.

[Karénina @annarkadievna_]

tan raras las preguntas del cuestionario navideño de mi familia este año