Profe👨🏫| Ing. Civil📚 | MSc. Ing civil l MSc. en matemática| Esp. estructuras |Esp. Estadística |Concejal 2024-2027 por la curul de oposición #CúcutaAvanza
¡CÚCUTA NO PUEDE ACOSTUMBRARSE A LA VIOLENCIA!
Rechazo contundentemente el ataque a disparos denunciado contra el consultorio del odontólogo y veedor ciudadano @MartinRojasCar Rojas. Expreso mi solidaridad con él, su familia y su equipo de trabajo.
Exijo a las autoridades una investigación seria y oportuna que esclarezca los hechos, identifique a los responsables y determine los móviles. Hago un llamado urgente a la Policía Metropolitana y a la UNP para que atiendan su solicitud de protección y garanticen su seguridad.
Aunque los motivos del ataque deben ser establecidos por la investigación, el mensaje es claro: ejercer veeduría, denunciar y participar en la vida pública debe contar con garantías.
¡La vida se protege y la violencia se enfrenta con acciones, no solo con comunicados!
Desde que cuestioné a @VeoliaOriente y @Veolia, han aparecido cuentas presuntamente falsas difundiendo información que considero inexacta y lesiva para mi buen nombre, del número de celular adjunto en este x estan enviando información perfilándome, Solicito que se investigue su origen y se esclarezca quiénes están detrás.
Invito a la Red de Veedurías y a los veedores del país a actuar con objetividad e independencia. Revisemos los contratos, el destino de los créditos de Cúcuta, el avance de las obras y los cobros de agua y aseo. La ciudadanía merece saber cómo se utiliza su dinero y si lo que paga está debidamente justificado.
Como concejal, no ejecuto recursos públicos: ejerzo control político. Bienvenido el escrutinio sobre mi actuación. Ese mismo rigor debe aplicarse a quienes administran los recursos y prestan los servicios públicos. La veeduría debe servir a los ciudadanos y mantenerse independiente de cualquier interés político.
Las autoridades ya conocen la denuncia sobre la posible existencia de bodegas digitales y un eventual perfilamiento en mi contra. He solicitado que estos hechos se investiguen y esclarezcan.
No me van a silenciar. Seguiré defendiendo a Cúcuta y a sus usuarios
@Arturo__Ramos@josegbotello@MartinRojasCar@Danielbricen@CaracolRadio@NoticiasRCN@radiounocucuta@jhonjacome@TatanMojicaR
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@Arturo__Ramos Ishhh con razón se fue para Bogotá @Jorgeacevedocuc el día que estaba @ABDELAESPRIELLA en Cúcuta… que le sirva de ejemplo este regaño para que deje de hacer muchas prácticas cuestionables en la alcaldía de Cúcuta
RADAR LEGAL| ANÁLISIS DEL CONCEPTO CRA 20260300150491 (CESIÓN Y TARIFAS DE AGUA EN CÚCUTA EIS CÚCUTA, AGUAS KPITAL CÚCUTA Y VEOLIA AGUAS DEL NORTE DE SANTANDER)
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) responde una consulta del
concejal de Cúcuta JOSÉ LEONARDO JÁCOME CARRASCAL sobre los efectos regulatorios de la cesión,
modificación y prórroga por veinte años del Contrato de Operación N.º 030 de 2006, que involucra a EIS Cúcuta, Aguas Kpital Cúcuta y Veolia Aguas del Norte de Santander.
1.¿Frenazo a las tarifas de agua en Cúcuta? El Concepto CRA 20260300150491 de la Comisión de Regulación de Agua Potable reevaluó la cesión contractual y prórroga a 20 años del servicio de acueducto y alcantarillado, concluyendo que se trata materialmente de una nueva relación de largo plazo.
2.Tarifas bajo la lupa regulatoria: Al recalificarse como una nueva relación que no surgió de una invitación pública, la operación queda sometida a la Resolución CRA 1032 de 2026. Esto impide aplicar la tasa de rentabilidad pactada del 13,92% y la reduce a la tasa regulatoria del 8,58%, lo que podría proyectar una reducción tarifaria al usuario de entre el 8% y el 15%.
3.Cero deudas históricas en el recibo: La CRA determinó que no es legal trasladar a la tarifa de los usuarios los pasivos o cargas del pasado. Quedan expresamente excluidos del cobro tarifario:
3.1La deuda con la Nación (VPN de $110.528 millones).
3.2El laudo arbitral por $19.600 millones.
3.3El canon destinado al funcionamiento de la entidad.
4.Control al Plan de Inversiones (POI): El Plan de Obras e Inversiones, valorado en más de $833.422 millones, no entrará automáticamente a la tarifa por el solo hecho de estar pactado. Las inversiones solo se reconocerán en el recibo a medida que las obras sean ejecutadas, entren en operación efectiva y cumplan metas de eficiencia.
5.Impacto en el modelo financiero: La ventaja económica atribuida a la cesión ($299.203 millones a favor de la EIS) dependía de flujos que la CRA catalogó como no reconocibles en tarifa. Si el operador no puede cobrarlos a los usuarios, cualquier reclamo sobre el equilibrio financiero deberá resolverse entre las partes sin recargar la factura del ciudadano.
EN CONCLUSIÓN: EL PRONUNCIAMIENTO DE LA CRA ESTABLECE LÍMITES REGULATORIOS CLAROS: LAS INEFICIENCIAS HISTÓRICAS Y LOS COSTOS NO EFICIENTES NO PUEDEN SER COBRADOS EN LA TARIFA DE AGUA DE LOS CUCUTEÑOS.
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Dicen que sería un funcionario público, de la @AlcaldiaCucuta que se habría negado a bajarse del vehículo y que el procedimiento no se habría realizado como corresponde. ¿Ahora los secretarios tienen corona?
Si se confirma que conducía bajo los efectos del alcohol y atropelló a unos ciclista, debe responder ante la ley, como cualquier ciudadano. Espero que las autoridades esclarezcan los hechos y expliquen qué procedimiento se aplicó.
Estamos a un día de terminar la serie de trinos relacionados con E Desarrollo. Ya mi equipo ha concluido una investigación en tres áreas específicas de la que conocerá Cúcuta y el país sobre aspectos distintos:
1. Contrato Interadministrativo 00004782 de 2026 (Secretaría de Seguridad – INFOTIC S.A.): ampliación y modernización del CCTV para el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) de Cúcuta, por $31.447.403.400.
2. Convenio CI-002-2025 y Contrato Derivado 019-2025 (IMRD – E-Desarrollo S.A.S.): traslado de una obra pública a E-Desarrollo, que la subcontrató al 100 % con un privado, por $14.181.847.246.
3. Contratos OPS de la Administración Central, vigencia 2026: prestación de servicios y apoyo a la gestión, con 4.139 contratos por $111.575 millones.
¡Atentos!
@juandiegopena Apreciado secretario, gusto saludarte, casi 120 mil millones de gastó @Jorgeacevedocuc en 4200 contratos de OPS EN 3 meses, eso impacta la economía, fue una burbuja, sumada
A la cantidad de recursos del proselitismo electoral, la burbuja estalló
Día 6/7 #SillaCoja
Clara Paola Aguilar Barreto, asesora jurídica de la Alcaldía de Cúcuta, es la pieza que atraviesa el entramado de la Silla Coja de principio a fin. El 11 de abril de 2025 revisó y aprobó, con su firma, la sanción del Acuerdo 009, que autorizó al Alcalde a asociar a Cúcuta con E-DESARROLLO. El 9 de octubre revisó, también con su firma, los aspectos jurídicos del acta de idoneidad y del convenio con los que se le entregaron a esa empresa $46.372 millones sin licitación.
En esos dos últimos documentos, el jefe de la Oficina de Gestión Jurídica, Misael Alexander Zambrano Galvis, figura como quien "aprobó aspectos jurídicos", pero su firma no aparece. El Alcalde tampoco firmó el convenio. Ambos procuraron mantenerse al margen.
Pero es inevitable llegar a @Jorgeacevedocuc. El Acuerdo 009 fue "iniciativa del Alcalde Municipal", y él lo sancionó con su firma. Después, en trece meses, cuatro secretarios distintos le firmaron a la misma empresa seis convenios por $200.000 millones, todos por contratación directa: Ricardo Ramírez Serpa, Germán Alexander Chávez Rangel, David Alejandro Alvarado Muñoz y Gabriel Eduardo Nieto Ordóñez. Cuatro despachos no coinciden por azar en una sola empresa. La cadena de decisión conduce al despacho del Alcalde.
Cúcuta ya conoce este libreto. En la sentencia SP2709-2024 del 2 de octubre de 2024, radicado 61315, la @CorteSupremaJ revocó una absolución y condenó a 48 meses de prisión al exgobernador de Norte de Santander Luis Miguel Morelli Navia, por contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El caso nació del Convenio Interadministrativo 000053 de 2005, que firmó con el entonces alcalde de Cúcuta; la Planeación Municipal los adjudicó a un único oferente. La Corte concluyó que "el modelo licitatorio fue sustituido de manera subrepticia y velada por una suerte de contratación directa". Veinte años después, en la misma ciudad, el libreto se repite.
@FiscaliaCol debe establecer quién concibió este esquema, quién estructuró el Acuerdo 009 y si, al presentarlo al Concejo, ya estaba decidido que el Municipio le contrataría a E-DESARROLLO.
Día 5/7 #SillaCoja
Estos son los ocho funcionarios que firmaron el acta de idoneidad, el documento con el que la Secretaría de Infraestructura certificó que E-DESARROLLO podía recibir $46.372 millones sin licitación:
Germán Alexander Chávez Rangel, Secretario de Infraestructura y ordenador del gasto;
Jorge Fernando García,
Misael Alexander Zambrano Galvis,
Mónica Elisa Villamizar,
Clara Paola Aguilar Barreto,
Ricardo Ramírez Serpa,
Fernando Jaimes Tarazona y,
Javier Figueroa Flórez
Los ocho funcionarios declararon: "hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma".
Estos funcionarios sabían que la ley les prohibía contratar con E Desarrollo mediante contratación directa. No obstante, con actitud dolosa, decidieron desacatar la prohibición legal. De lo que quedó constancia en los documentos del proceso.
Copiaron la prohibición y acto seguido ordenaron hacer lo que estaba prohibido. El análisis del sector, el estudio que justifica no licitar, reproduce en su página 6 el artículo 2, numeral 4, literal c) de la Ley 1150 de 2007 completo, con sus dos incisos:
"no podrán celebrarse contratos de obra (...) encargos fiduciarios y fiducia pública utilizando esta modalidad de selección con (...) Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado".
En la página 7, ese mismo documento ordena contratar la obra "llave en mano" y constituir un encargo fiduciario. Las dos cosas que acababa de describir el documento como prohibidas.
Sabían que E-DESARROLLO era exactamente el caso que la norma excluía. Lo escribieron en el acta de idoneidad, página 8: "es una sociedad de economía mixta con 90.05 % de capital público". Ese porcentaje es el requisito que activa la prohibición. Por lo que era clara la obligación de licitar.
Para sostener la contratación directa, mutilaron extractos de la norma. Los estudios previos citan ocho veces ese mismo literal c), y las ocho veces citan solo la mitad: el inciso primero, el que admite los convenios interadministrativos, y excluyen la consideración posterior, el inciso segundo, que es el que prohíbe. En la página 12 precisan que el literal fue "modificado por la Ley 1474 de 2011", y ahí paran. El inciso que excluye a las sociedades de economía mixta no aparece en ninguna de las ocho citas.
Renunciaron por escrito a verificar la experiencia. El acta que debía verificarla concluye, textualmente, que "no da lugar a verificación de experiencia por parte del Municipio de San José de Cúcuta".
Y montaron una invitación que no era tal. Se dirigió a una sola empresa, con nombre, NIT y correo, sin plazo de cierre, y le dictó al invitado cuánto debía ofrecer, hasta el centavo: "aporte económico representado en especie por la suma de (...) $872.276.409,41". Nadie invita a proponer diciéndole al invitado qué debe proponer, salvo que la propuesta ya esté escrita.
El artículo 410 del Código Penal castiga al servidor que tramita un contrato sin los requisitos legales esenciales, y exige dolo: saber lo que se hace. Aquí ese conocimiento no hay que probarlo con testigos ni deducirlo. Está escrito, con firma, en el propio expediente.
@FiscaliaCol@PGN_COL
Día 4/7 #SillaCoja@Jorgeacevedocuc le entregó la construcción de la glorieta Silla Coja y otras obras de gran impacto para la ciudad a E-DESARROLLO S.A.S., que le ha costado a Cúcuta mas de 200 mil millones, a una empresa que se constituyó el 16 de diciembre de 2024 y que cuando firmó el convenio, el 9 de octubre de 2025, tenía solo nueve meses de creada. El certificado de Cámara de Comercio que esta empresa aportó al expediente, seis días antes de la firma, la clasifica como "Micro Empresa" y registra "Ingresos por Actividad Ordinaria de $0". Su capital pagado es de $497 millones. El convenio, de $46.372 millones, equivale a 93 veces ese capital.
¿De quién es esta empresa? El accionista mayoritario es FOMCOLOMBIA, el "Fondo Mixto para el Desarrollo Integral de las Regiones de Colombia", con el 40% de las acciones. Cúcuta tiene el 25%, El Playón el 25,05%, y dos entidades privadas, FUNPROIN y SEMES, el 5% y el 4,95%. De los $497 millones de capital pagado, los tres socios "públicos" pagaron $0. Cúcuta, $0. El Playón, $0. FOMCOLOMBIA, $0. Los únicos que pusieron plata fueron los dos privados; $497 millones entre los dos. Es decir, el capital real de la "empresa estatal" es 100% privado.
Después de suscrito el convenio con Cúcuta por $46.372 millones, E-DESARROLLO abrió y posteriormente adjudicó, a su vez, dos procesos; uno de obra por $42.791 millones y la interventoría por $2.707 millones. Suman $45.498 millones, el 99,996% del aporte de Cúcuta. En febrero de 2026 la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena del exgobernador del Vaupés por un esquema igual a este. Convenios con una entidad pública que no ejecutaba nada y solo intermediaba. La Corte dijo que aunque "se les denominó convenios de cooperación esa no fue su naturaleza jurídica, sino que en realidad se trató de contratos de administración de recursos con los que se evadieron los procesos de selección de los contratistas". Tres delitos del artículo 410 y un peculado.
La pregunta al alcalde @Jorgeacevedocuc es, ¿por qué cuatro meses después de la creación de la empresa E-DESARROLLO le entregó a esta empresa sin ninguna experiencia $46.372 millones sin licitación, y en un año le ha entregado más de $200.000 millones?
Esquirla: El acta de idoneidad del Municipio dice que E-DESARROLLO tiene "muy significativa experiencia". La experiencia que relaciona son diez convenios, todos de 2025, y la mayoría con Cúcuta, de hecho los tres más grandes son los que le firmó con la ciudad de Cúcuta.
Día 3/7 · #SillaCoja
Los días 1 y 2 vimos la empresa y el contrato. Hoy seguiremos el dinero.
Los $45.500 millones que Cúcuta aporta a la glorieta Silla Coja son recursos del crédito. El CDP y la orden de giro los cargan a "RECURSOS DE CREDITO INTERNO" y la plata salió de la cuenta "DESEMBOLSO CREDITO BBVA". Es deuda, y la pagamos todos los cucuteños con intereses.
El convenio con E-DESARROLLO se firmó sin estudios ni diseños definitivos. Lo reconoce el propio convenio, que condiciona el segundo desembolso, de $25.000 millones, a la "aprobación de los estudios y diseños definitivos" y a la "gestión predial en firme". La ley lo prohíbe desde 2011; antes de firmar un contrato directo "deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos", y cuando hay obra la entidad "deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto", "incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño" (Ley 1474 de 2011, art. 87).
El convenio, firmado por el Secretario de Infraestructura, obliga a E-DESARROLLO a constituir un encargo fiduciario. Así nació el encargo 00005037 con
@bbva . Y a cambio de recibir $45.500 millones, E-DESARROLLO no constituyó una sola garantía. El acta de inicio dice que no aplican pólizas. La plata del crédito quedó en manos de una empresa de Bucaramanga que ha sido ampliamente cuestionada, a traves de medios de comunicación, sin póliza que la respalde.
El 5 de noviembre de 2025, nueve días antes del acta de inicio, E-DESARROLLO pidió que le giraran los $45.500 millones completos a la fiducia, aunque el convenio pactaba dos giros. El 20 de diciembre el Municipio giró $20.500 millones "A FAVOR DE BBVA ASSET MANAGEMENT SA SOCIEDAD FIDUCIARIA", con un descuento del 5% que solo se cobra sobre contratos de obra pública. Una prueba más de que mientras la Tesorería lo tramitó como contrato de obra, la Secretaría de Infraestructura lo vendía como convenio para no licitar.
Ese giro desatendió una advertencia expresa de la @PGN_COL a todos los alcaldes: "para no incurrir en pago de intereses innecesarios, la contratación y desembolsos de los créditos deben atender el cronograma de ejecución de los proyectos a financiar con dichos recursos" (Circular 26 de 2011). Aquí se desembolsó en diciembre un crédito para una obra que no tenía diseños, ni constructor, ni interventor. La propia Secretaría de Hacienda de Cúcuta lo sabía, por eso en julio de 2025 conceptuó que el dinero en fiducia debe usarse "alineado con el cronograma de desembolsos". Un crédito desembolsado antes de tiempo paga intereses desde el primer día.
El paso siguiente que dio E-DESARROLLO fue el 2 de febrero de 2026, fecha en la que extendió una invitación a los "asociados técnicos" de su propio banco de oferentes, proceso que cerró diez días después con una sola propuesta, por lo que adjudicó el 23 y firmó el 24 del mismo mes el contrato de obra con URIBE Y ABREO S.A.S. por $42.791 millones y el 11 de marzo, firmó la interventoria con INFRAOBRAS INGENIERÍA S.A.S. por $2.707 millones. Ambos con acta de inicio del 6 de abril. Pero en el SECOP II, donde el Estado publica su contratación y donde la propia E-DESARROLLO registra sus procesos, esos dos aparecieron después de firmados los contratos y hoy siguen como NO ADJUDICADOS.
La Ley 1150 excluye de la contratación directa los contratos de obra Y los "encargos fiduciarios" cuando la ejecutora es una sociedad de economía mixta con mayoría estatal. Aquí hubo obra y hubo fiducia con una empresa de economía mixta: la licitación se eludió dos veces.
Alcalde @Jorgeacevedocuc ¿cuánto dinero ha salido ya de la fiducia y contra qué avances? ¿Cuántos intereses lleva pagando Cúcuta por un crédito que se desembolsó a una fiducia para la ejecución de obras sin estudios y sin diseños? ¿Y por qué no hay registro de estos contratos en el SECOP?
Esquirla: E-DESARROLLO ha publicado 130 procesos en el SECOP II por $565.583 millones y ninguno registra adjudicación. Ya sabemos por qué; contrata primero, publica después y nunca reporta quién se quedó con la plata.
Esquirla II: Según el SECOP II, el Municipio de Cúcuta le ha firmado a E-DESARROLLO, siempre por contratación directa, seis convenios por $196.809 millones:
1. Convenio macro 00003290, 20 de junio de 2025: $93.711 millones (firma Ricardo Ramírez Serpa).
2. Glorieta Silla Coja CVI-00005037, 9 de octubre de 2025: $46.372 millones (Germán Chávez Rangel).
3. Mejoramiento de vivienda urbana 00005372, 1 de noviembre de 2025: $14.929 millones (David Alvarado Muñoz).
4. Acueducto urbano y rural 00005680, 7 de noviembre de 2025: $7.473 millones (Germán Chávez Rangel).
5. Avenida Canal Bogotá 00005672, 7 de noviembre de 2025: $31.710 millones (Gabriel Nieto Ordóñez).
6. Acueducto urbano y rural 00005061, 17 de julio de 2026: $2.615 millones (Germán Chávez Rangel).
A eso se suman tres convenios del IMRD por $31.215 millones. Total: $228.024 millones en quince meses, sin una sola licitación. Y dos de ellos son de acueducto: justo el servicio público que el Concejo dejó por fuera cuando autorizó la asociación. Ya habrá tiempo para que hablemos de los convenios con IMRD.
Invito a los cucuteños y al país a seguir mi cuenta personal de X. Me he propuesto revelar las pruebas del caso de corrupción más grande de los últimos 50 años en Cúcuta; el robo descarado de más de 200 mil millones de pesos a través de una empresa que busca enriquecer a unos pocos privados.
Ya publiqué tres tuits sobre el asunto; el de anuncio, el 1 y el 2. Hasta ahora ningún periodista de la ciudad ha replicado la información. No se abstienen de replicar porque teman por su vida. Se abstienen porque están a sueldo. Hablemos con la verdad.
Por eso es importante que, por esta misma plataforma, el país, y especialmente @FiscaliaCol, @PGN_COL, @ABDELAESPRIELLA, @MinjusticiaCo y la prensa nacional, se enteren de lo que pasa en Cúcuta.
Si más cucuteños denuncian y si la prensa nos arropa, al hampa, a la corrupción y al narcotráfico les queda más difícil matar. No pueden matarnos a todos.
Hoy tenemos la tercera entrega de 7.
Día 1/7.
El Concejo de Cúcuta autorizó al alcalde @Jorgeacevedocuc para asociar a la ciudad a una empresa dedicada a gestionar y gerenciar proyectos de infraestructura, dejando por fuera la ejecución de contratos de obra y la prestación de servicios públicos domiciliarios (Acuerdo 009 de 2025). Y con esa autorización, en junio de 2025, Cúcuta se volvió socia de E-DESARROLLO S.A.S., una empresa de Bucaramanga que, según su registro en Cámara de Comercio, puede, LEÁSE BIEN, ejecutar obras públicas y, además, prestar acueducto, alcantarillado, aseo, gas y energía; justo lo que el Concejo excluyó. El acuerdo fue iniciativa del propio alcalde. Después, el Municipio firmó con esa empresa, sin licitación, y en modalidad de contratación directa, seis convenios por $196.809 millones. Entre ellos, el convenio macro del mismo proyecto de la glorieta Silla Coja, que se refiere a Cúcuta como la "entidad ejecutora".
La ley disciplinaria prohíbe a todo servidor extralimitarse en las funciones que le da un acuerdo municipal. Catorce concejales aprobaron el acuerdo, y en esa misma sesión, borraron del texto la frase "con sede en la ciudad de Cúcuta", con lo que dejaron abierto el camino para que la sede principal de esta fuera Bucaramanga. La @PGN_COL debe suspender del cargo a alcalde y algunos concejales, el patrimonio público está en riesgo. Mañana expondré por qué los contratos suscritos con E- DESARROLLO son abiertamente ILEGALES.
Esquirla: Recuerden que @metropolitano_X publicó que el 20 de marzo de 2025 que E-DESARROLLO habría enviado a la Alcaldía una propuesta formal para que Cúcuta fuera su socia, y el proyecto de acuerdo se habría radicado el 5 de abril.
Esquirla II: El 29 de julio de 2025, la solicitud de CDP de la glorieta Silla Coja ya decía: "AUNAR ESFUERZOS (…) ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Y LA EMPRESA NACIONAL ESTATAL DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S. – E-DESARROLLO S.A.S.".
Y el acta de inicio dice que Ricardo Ramírez Serpa fue "designado como SUPERVISOR el día 29 de julio de 2025". El convenio lleva fecha del 9 de octubre. Según su propia acta, tuvo supervisor 72 días antes de existir. ¿Supervisor de qué?
Cada vez entran más actores para capturar los recursos públicos a través de contratos interadministrativo o el SGR para que los nomine como ejecutores.