Con más de 30 años de trayectoria, el Dr. Arza ha demostrado un compromiso ejemplar con la salud de la niñez paraguaya.
Su ética profesional, entrega y espíritu de colaboración marcaron profundamente a sus colegas y fortalecieron de manera invaluable nuestros servicios de salud.
Hoy en el hospital general de Itapúa (HGI), acompañé a directivos de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica (SOPACIPE) en el merecido reconocimiento al Dr. Francisco Arza, cirujano pediatra y funcionario del @msaludpy en el departamento de Itapúa desde 1995.
La PGR obtuvo una resolución favorable en juicio promovido contra el Estado por indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, permitiendo un ahorro de ₲ 1.360.000.000.
El demanante sostuvo que fue injustamente privado de libertad y que el Estado debía indemnizarlo.
La PGR argumentó que el Estado no era directa ni indirectamente responsable de los daños reclamados. La indemnización solo procede cuando la absolución de un imputado se fundamenta en su inocencia probada, situación que no se dio en este caso.
Acogiendo los argumentos de la PGR, el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial rechazó la demanda, al no cumplirse con el requisito establecido en el art. 275 del C.P.P. para que proceda una indemnización por parte del Estado.
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La PGR obtuvo una resolución favorable en un juicio promovido contra el Estado por indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, permitiendo un ahorro de ₲ 1.124.552.378 en concepto de capital e intereses.
La PGR sostuvo que, al tratarse de hechos ilícitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, el Estado no es responsable directo, conforme lo establece la Constitución Nacional y el Código Civil. En consecuencia, la demanda es improcedente.
El tribunal de apelaciones respaldó esta postura y revocó la resolución de primera instancia, rechazando la demanda indemnizatoria. El tribunal argumentó que la acción debió ser dirigida directamente contra los funcionarios responsables y no contra el Estado paraguayo.
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#IMPORTANTE: Entra en vigencia la Ley N° 6715/21 "De Procedimientos Administrativos", con cambios sustanciales.
Una de las cuestiones más controvertidas antes de la ley, era el plazo para promover la acción contenciosa, que se fija en 18 días hábiles.
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