@GustavoBolivar Gustavo. Pregunta seria: qué hizo Petro y su gobierno para lograrlo? No he encontrado aún una política pública con la trascendencia necesaria para lograr estas cifras y lo más importante, para mantenerlas en el tiempo. Por favor explíquenos si tiene la respuesta.
El presidente Petro quiere que comparemos su gestión con la de Duque, y en algunos indicadores sociales la comparación le favorece: la pobreza monetaria bajó del 36,6% al 28%, el desempleo cayó del 10,6% al 8,8% y la inflación pasó del 13% al 6,14%. Pero esos "logros" tienen un costo oculto que Petro omite deliberadamente: una deuda pública que pasó de $800 billones a más de $1.200 billones, un déficit fiscal que cerró 2025 en 6,4% del PIB, y un crecimiento económico promedio de apenas 1,6% anual frente al 3,6% del gobierno Duque. Su gobierno firmó en un solo mes (enero de 2026) 164.813 contratos por $14,9 billones, superando en un 68% las cifras de Duque, una muestra del clientelismo que caracterizó su administración. Y mientras Petro presume de cifras sociales, el país que entrega es más violento, más endeudado y con una institucionalidad hecha trizas. No es un gobierno que haya mejorado el país: es un gobierno que hipotecó el futuro para maquillar el presente. Esa es la verdadera comparación que Petro no quiere que hagamos.
@lasillavacia@petrogustavo Por favor, que alguien explique, Qué hizo este señor y su grupo de gobierno con este país? De verdad que deben ir a juicio, por lo menos político.
@DCoronell Daniel, desconocer al presidente electo mediante un resultado electoral es desconocer el resultado electoral. Qué pena hacerle caer en esas cosas tan obvias a usted que considero un periodista inteligente.
@MJDuzan María Jimena, si el estado es laico y los ministros, como cualquier ciudadano, tienen el derecho fundamental de la libertad de cultos, no entiendo tu recorderis.
El autogol de Cepeda.
Algún día, cuando se escriba el manual de lo que jamás debe hacerse en una campaña presidencial, la cruzada de Iván Cepeda contra la camiseta de la Selección Colombia tendrá capítulo propio, y no tanto por malvada sino por torpe. En plena segunda vuelta, a puertas de un Mundial, su campaña miró a Abelardo de la Espriella vestido de amarillo y creyó ver una oportunidad para denunciar oportunismo. Pero lo que hizo fue tomar el símbolo más emocional y transversal del país y entregárselo en bandeja de plata a su rival.
El error viola la primera regla de la guerra simbólica: no se prohíbe lo que no se puede controlar. La camiseta está en las calles, en los bares, en las vallas publicitarias y en las fotos familiares. Estamos en temporada de Mundial y medio país anda de amarillo sin que eso signifique adhesión a nadie.
Ahí se produjo algo más poderoso que el simple efecto Streisand. Primero, prohibir la camiseta la volvió más visible y deseable. Segundo, miles de personas inundaron las redes con la camiseta puesta como muestra de apoyo a Abelardo, pero también por rebeldía, porque a nadie le gusta que le digan cómo se puede vestir. Y tercero, lo más grave: desde que Cepeda la convirtió en campo de batalla, cada colombiano de amarillo empezó a parecer abelardista, aunque no lo fuera. Una valla publicitaria, un niño con la diez de James, una señora yendo a votar de amarillo, todo quedó teñido de un color político que nadie eligió. Cepeda quiso quitarle la camiseta a Abelardo y terminó haciendo parecer abelardista a medio país. Ninguna campaña compra semejante omnipresencia, y él se la regaló gratis.
Esa reacción no fue casual. El problema de fondo fue una mala lectura del símbolo. La campaña de Cepeda trató la camiseta como si fuera una pieza de propaganda, cuando para millones de colombianos es una emoción compartida. La camiseta remite al fútbol, al Mundial, a la familia reunida frente al televisor, al orgullo nacional y a una forma simple de pertenecer a algo común en un país fracturado. Judicializarla en ese contexto no parecía una defensa de la neutralidad, sino un regaño contra la gente que quiere ponerse la camiseta de Colombia.
Por eso la reacción fue tan inmediata. A la gente le gusta “la Sele”, le gusta vestirse de amarillo y le molesta que una campaña pretenda administrar ese símbolo. Además, en un país donde la camiseta ha sido usada una y otra vez por políticos de distintos sectores, prohibírsela a un solo movimiento difícilmente se lee como equilibrio institucional. Suena más a persecución.
La prohibición, además, abre absurdos imposibles de explicar. ¿Quién es “miembro” del movimiento de Abelardo, y cómo se prueba, con un carné, con un trino? Si un jugador de la Selección simpatiza con él, ¿debe abstenerse de vestirla en el Mundial? Esa clase de orden no pacifica nada, sino que ridiculiza a la autoridad, y el beneficiario natural es quien puede presentarse como víctima del exceso. Por eso resultó tan revelador que Cepeda celebrara el fallo en redes, celebrando en público la medida que más daño le hacía a su propia candidatura.
Las campañas torpes pierden por falta de inteligencia, pero sobre todo por falta de intuición popular. Ven una infracción donde la gente ve una emoción. Ven un símbolo contaminado solo porque no lo controlan. Cepeda quiso impedir que Abelardo se apropiara de la camiseta y terminó haciendo exactamente eso. Le fabricó una causa, le regaló una bandera y le puso al país entero el uniforme de su campaña.
6/ ¿Es ese el modelo de transformación que Colombia necesita, o hay caminos que pasan por las instituciones?
Esa es la pregunta que me deja la lectura.
#Colombia2026
¿En qué planeta viven estos progresistas? El sector privado que realmente entregan:
1. La tasa de inversión (formación bruta de capital) cayó de niveles cercanos al 20% del PIB en 2022 a 16% en 2025, su nivel más bajo en 20 años.
2. La inversión extranjera directa se desplomó 33,2% (de US$17.182M en 2022 a US$11.469M en 2025).
3. Colombia se rezagó más de 20% en inversión frente al promedio de Brasil, México, Chile y Perú.
4. Las liquidaciones empresariales subieron 160% en cuatro años.
5. Las solicitudes de insolvencia crecieron 55% entre 2024 y el primer semestre de 2025 frente a 2023.
6. Se encareció el crédito corporativo al perder el grado de inversión en deuda local. La cartera comercial (más de la mitad del crédito de los establecimientos de crédito) se contrajo en 2023-2024 (con un crecimiento promedio de -5,9% real).
7. La manufactura cayó dos años consecutivos: producción/ventas de -5%/-4,6% en 2023 y -2%/-1,9% en 2024 (ANDI con datos DANE).
8. El crecimiento de 2024-2025 fue impulsado por consumo y gasto público (consumo final +4,2% en 2025, gobierno +7,1%), no por inversión productiva.
9. El riesgo país se disparó haciendo cada vez más difícil hacer viable financieramente una empresa. Colombia registró en 2026 el EMBI más alto entre sus pares comparable.
10. Déficit fiscal permanente. El déficit fiscal total de 2025 cerró en 6,4% del PIB ($117,8 billones). El déficit primario (3,5% del PIB) fue el más alto en 30 años excluyendo periodos de crisis.
En resumen, entregan un sector privado deteriorado y agobiado por el intervencionismo estatal y las políticas anti empresa.
Ayer, en una alocución, el señor Petro se refirió a uno de mis cuadros, demostrando una vez más su desconocimiento sobre la historia, la cultura, el arte y las tradiciones de nuestro país.
La obra, del maestro Cristo Hoyos, representa una de las danzas más emblemáticas del Carnaval de Barranquilla: Las Farotas, una manifestación cultural que simboliza la resistencia de nuestros pueblos indígenas frente a la colonización española.
Pero quien observa la realidad a través del odio y los prejuicios difícilmente puede comprender la riqueza de nuestro folclor y el valor de nuestras tradiciones.
¡Cultúrícese, señor Presidente! 🇨🇴
(A.D.L.E) 🇨🇴🐅
Iván Cepeda Castro: cuando el libreto reemplaza el criterio
Por Carolina Restrepo Cañavera
Una fiesta en una cárcel no admite interpretación. No es un matiz, ni es un debate, lo que es, es una una verguenza .
Es la evidencia de un Estado que perdió el control, de una autoridad que dejó de existir, de un sistema que ya no impone límites, sino que se deja ridiculizar desde adentro.
Eso exige una reacción básica, la condena.
Pero en Colombia hay políticos que no condenan, lo que hacen es re encuadrar la escena .
Ahí aparece Iván Cepeda Castro.
Le preguntan su opinión por una fiesta en una cárcel, una escena que degrada al Estado, ofende a las víctimas y pone en evidencia el colapso del sistema penitenciario y … oigan bien, responde que de él no van a oír nada en contra de la paz.
¿La paz?
¿En serio ese es el punto?
Ese no es un argumento, es un reflejo. Un reflejo condicionado. Una respuesta automática de alguien que no está pensando el hecho, sino buscando dónde encajarlo en su libreto.
Porque no hay una sola conexión lógica entre una fiesta en una cárcel y el proceso de paz. Ninguna.
Salvo que todo, absolutamente todo, tenga que pasar por el filtro ideológico que le permite evitar pronunciarse con claridad sobre lo que tiene enfrente.
Y ahí está el problema.
No es solo que no condena, es que no procesa la realidad. La reemplaza.
Reemplaza el juicio por la consigna.
Reemplaza el criterio por el relato.
Reemplaza el análisis por una frase hecha que sirve para todo… y por eso no sirve para nada.
Eso no es inteligencia política. Es pereza intelectual.
Porque lo verdaderamente difícil no es repetir una idea aprendida, lo difícil es enfrentarse a un hecho incómodo y pensar.
Pensar de verdad, sin red, sin libreto, sin la comodidad de saber que cualquier cosa que diga va a ser celebrada por los mismos de siempre.
Y eso es exactamente lo que aquí no ocurre.
Una cárcel no es un escenario simbólico, es una institución del Estado. Y cuando esa institución se convierte en un espacio de celebración para quienes deberían estar sometidos a la ley, no hay ideología que valga.
Se condena.
Pero Iván Cepeda Castro no lo hace.
Prefiere la salida fácil, llevar todo a su terreno, incluso cuando no corresponde. Incluso cuando resulta forzado, incluso cuando queda en evidencia que no hay pensamiento detrás, sino repetición.
Eso es lo que empieza a ser peligroso.
No él.
Sino lo que representa.
Una forma de hacer política en la que ya no importa el hecho, sino la narrativa. En la que la realidad se adapta al discurso y no al revés. En la que la indignación no nace de lo que ocurre, sino de lo que conviene decir.
Y eso degrada el debate público.
Porque convierte todo en lo mismo. Todo termina siendo “la paz”, “la historia”, “los ricos, ahora ya subidos a categoría de megaricos ”, “los otros”.
Todo cabe en el mismo molde, aunque no tenga nada que ver. Aunque la conexión sea absurda y el país esté viendo otra cosa completamente distinta.
Y cuando todo es lo mismo, nada importa.
Por eso este episodio es más grave de lo que parece.
Porque no revela solo una evasión. Revela una incapacidad.
La incapacidad de distinguir.
La incapacidad de priorizar.
La incapacidad de pensar fuera del libreto.
Y antes de que salgan con que lo arrobe, no puedo, me tiene bloqueada. Así de valiente, y es un senador de la República, que por ley, no puede hacerlo.
Cobardón. Como tantos de ese pobrecismo altisonante, hablan duro desde la tribuna, pero no soportan la réplica.
Se esconden, bloquean y dejan que otros salgan a embarrarse por ellos.
Pero incluso eso es secundario.
Lo verdaderamente preocupante es otra cosa, que un candidato a la presidencia de la República haya reducido su capacidad de análisis a una consigna repetida.
Porque cuando el libreto reemplaza el criterio, la política deja de ser una responsabilidad… y se convierte en un acto automático.
Y en un país como Colombia, eso no es menor.
Es exactamente el problema
○ La “revolución ética” de @IvanCepedaCast no propone un modelo de gobierno; propone un marco de poder. Uno donde la política deja de evaluarse por resultados y pasa a juzgarse por superioridad moral autodeclarada.
El mecanismo es preciso: quien disiente no se equivoca, queda moralmente descalificado. Así se reemplaza el debate por el señalamiento y la gestión por el relato.
Pero ese andamiaje se rompe en el primer contraste con la realidad. La corrupción es “sistémica” solo cuando conviene; cuando toca al propio proyecto, se diluye en excepciones. La ética deja de ser principio y se convierte en herramienta selectiva.
No hay ruptura, hay continuidad con otro lenguaje.
La apelación permanente a las víctimas tampoco es neutra. No opera solo como reconocimiento, sino como blindaje: convierte la crítica en sospecha moral. Es una forma de inmunidad política, no de justicia.
Y en paralelo, la idea de “mandar obedeciendo” introduce una mutación más profunda: desplaza la democracia desde las instituciones hacia la presión organizada. No fortalece el Estado; lo condiciona.
El resultado es un modelo donde todo se explica en términos morales y nada se verifica en términos empíricos.
Eso no es una revolución. Es una coartada.
Y el gobierno de @petrogustavo la ejecuta con disciplina: eleva el tono ético mientras evade el balance técnico. Al final, la pregunta es simple:
¿dónde están los resultados que sostienen esa superioridad moral?
Porque sin evidencia, la ética no es virtud. Es propaganda.
El petrismo puede considerar todo lo malo sobre Paloma Valencia y rechazar su candidatura con argumentos. Y está bien. Pero lo que no puede hacer es decirle al centro qué alianzas políticas son o no aceptables. Y no: antes de que empiecen a fabricar mentiras, yo no le haré campaña al uribismo. Pero hay razones varias para dejarles claro que Uds. no tienen legitimidad para dictar, esta vez, a quién apoya o no el centro político.
Primero: los que se aliaron con la misma clase política corrupta y violenta que siempre criticaron fueron Uds.: los Roy, los Benedetti, los Velasco, las Sarabia, los Carlos Ramón, los Torres, los Papá Pitufo y hasta los Calarcá. Un grupo oscuro de personajes años luz detrás de un líder transparente como Juan Daniel Oviedo, un hombre gay y diverso que personifica el mérito y la inteligencia, la lucha personal, la disciplina, la frescura y la inclusión. Y que tiene todo el derecho (y la visión) de entrar a inyectarle diversidad y equidad a una derecha percibida por muchos como radical y retardataria. Es su estrategia y en mi concepto es muy valiente.
Segundo, el centro en Colombia es diverso y tendrá opciones varias en primera vuelta, como Claudia y Fajardo. Pero no hay que olvidar que este es el mismo centro que acompañó a @petrogustavo en 2022 con la ilusión de luchar contra la corrupción, de implementar la paz, de mejorar la salud y la educación, de reconciliar contra la división y el odio y de salvaguardar la constitución. Nada de eso pasó. Es el mismo centro que el presidente se dedicó después a atacar y a maltratar sin escucharle nunca, y que hoy se siente defraudado en muchas promesas.
No se vale el intento de venir ahora a dar cátedra sobre a quién podemos o no apoyar:
no son dueños de una vara para validar al centro únicamente cuando les conviene, menos aún cuando parte de ese centro votó también por la vicepresidenta Francia, y en ese momento la intención de voto por la figura vicepresidencial sí les emocionaba y les movilizaba.
Y tercero, creo que algo tenemos claro quienes habitamos este incómodo lugar en el espectro político: priorizar la necesidad de salvaguardar la constitución del 91 y el sistema de contrapesos por encima de cualquier promesa popular o gobierno de turno. Y es ahí donde el gobierno actual pierde puntos, pues promueve una constituyente como desquite contra los sanos controles en un Estado Social de Derecho.
El centro plural tendrá que hacer sus propias reflexiones, evaluar las opciones disponibles y votar en conciencia, con la responsabilidad de saberse determinantes para quien obtenga la victoria en primera vuelta y mucho más en la segunda.
No se dejen intimidar: tenemos derecho a votar por los candidatos o candidatas que representen nuestros anhelos de cambios profundos pero responsables y sostenibles, y que materialicen la constitución en lugar de amenazarla. Y el presidente Petro debe garantizarnos a todos y todas en todos los espectros el libre ejercicio de este derecho sin ser estigmatizados, perseguidos, injuriados ni hostigados. Empezando por él mismo.
El centro es libre para pensar y es libre para votar.
🧠 El caudillo en tránsito. Cinco días. Entrada y salida controladas.
El caudillo moderno ya no entra como jefe de Estado pleno.
Entra como figura transitoria, casi como un actor en revisión.
No pisa suelo extranjero como estadista, sino como sujeto en observación.
Y eso, para un presidente en ejercicio, es devastador desde el punto de vista simbólico:
No proyecta poder
No proyecta estabilidad
No proyecta futuro
Proyecta final de ciclo.
El relato interno dirá: “nos reciben”.
La realidad externa es otra: “los dejamos pasar”.
Y hay una diferencia abismal entre ser recibido y ser tolerado temporalmente.
Los imperios no humillan con discursos:
humillan con formularios,
con plazos,
con permisos limitados.
Cinco días. Entrada y salida controladas. Ida y vuelta garantizadas, sí, pero bajo condición. El tipo de autorización que no se concede a un aliado, sino a un problema que conviene observar de cerca.
Estados Unidos —y aquí conviene decirlo con todas las letras— no legitima caudillos: los administra.
Y cuando concede permisos temporales, lo hace por cálculo, no por simpatía.
Estados Unidos no abrió la puerta: entrecerró la mirilla.
Desde el punto de vista jurídico-político, este tipo de autorización tiene un mensaje inequívoco:
Puede venir.
Puede hablar.
Puede irse.
Pero no pertenece.
No hay normalización del estatus.
No hay blanqueo político.
No hay reconocimiento pleno.
Hay algo más inquietante: tolerancia vigilada.
🪦 Conclusión
Esta no fue una visita presidencial.
Fue una visita crepuscular.
La última del caudillo como presidente, no porque no vuelva a viajar, sino porque ya no viaja como quien manda, sino como quien pide permiso.
Y en política internacional, cuando un presidente pasa de ser interlocutor a ser expediente,
el desenlace ya no es una incógnita:
es solo una cuestión de tiempo.
Amen
Presidente @petrogustavo le tengo una pregunta, y aunque es jurídica, creo que no le quedará grande porque advierto que usted es un “experto” en todos los temas (al menos eso se desprende de sus trinos). Hoy fui a un restaurante en el norte del Bogotà (cerca al Parque de la 93) a desayunar. Como de costumbre pedí la carta y la morcilla (la rellena) tenía un precio de $15.000. La pedí, me la comí, estaba deliciosa (como siempre) y pagué la cuenta ($15.000 por la morcilla). El año pasado la morcilla costaba en ese mismo restaurante $10.000, o sea incrementaron su precio en un 50%.
Señor Presidente Petro, me puede informar ante cuál entidad del Estado debo presentar una denuncia y cuál norma violó el propietario del restaurante (si fuese el caso)? Es que a pesar de que, como usted muy bien lo sabe, fui Superintendente de Industria y Comercio @sicsuper durante 6 años, no tengo ni idea de la respuesta. Por eso le ruego me conteste y me ilustre con su reconocida sabiduría sin límites.
Quedo muy pendiente de sus luces al respecto. Gracias de antemano
Lo de los gobernadores No es una rebelión. Es una defensa constitucional
Por Carolina Restrepo Cañavera
La llamada “rebelión de los gobernadores” no es una insurrección política ni una pataleta presupuestal. Es una respuesta legítima y jurídicamente fundada frente a un decreto de emergencia económica que viola la Constitución, vulnera la autonomía territorial y expone al país a un caos institucional sin precedentes.
El artículo 215 de la Constitución permite declarar el estado de emergencia económica únicamente cuando se presentan hechos sobrevinientes, graves y no controlables por las vías ordinarias. Pero el hundimiento de una reforma tributaria no cumple con ninguno de esos requisitos. No es sobreviniente, el déficit fiscal era conocido y previsible, no es incontrolable, se puede tramitar una nueva reforma o hacer ajustes presupuestales y tampoco es grave en el sentido técnico que exige una conmoción económica inminente. Se trata, en cambio, de una crisis política producto de la falta de consensos, no de una calamidad pública.
El Ejecutivo intenta convertir su debilidad legislativa en una justificación para gobernar por decreto. Y eso, en cualquier democracia funcional, es inaceptable. Porque la separación de poderes no se suspende cuando el Ejecutivo pierde una votación. Se reafirma.
Además, el decreto interfiere en rentas departamentales como los impuestos al consumo de licores, cervezas y cigarrillos. Estas rentas están protegidas por los artículos 287 y 362 de la Constitución, que reconocen la autonomía fiscal de los entes territoriales y blindan jurídicamente su patrimonio. Modificar esas fuentes de ingreso por vía de decreto no solo desconoce el principio de descentralización, sino que crea un precedente peligrosísimo de recentralización fiscal autoritaria.
Desde el punto de vista jurídico, los gobernadores no están incurriendo en desacato. Están ejerciendo la excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4º de la Constitución: todo funcionario está obligado a inaplicar normas que contraríen la Carta. Lo que está ocurriendo, entonces, no es una rebelión de mandatarios regionales, sino una reacción institucional frente a un decreto que, a todas luces, está viciado de origen.
El Ejecutivo, por su parte, ha confundido la urgencia política con la urgencia económica. El déficit fiscal existe, sí. Pero no se trata de un evento súbito e imprevisible. El gobierno conocía el deterioro de sus cuentas desde hace meses. No hubo ajuste del gasto, ni revisión seria del presupuesto, ni liderazgo para construir una reforma viable. Lo que hay es improvisación fiscal, no emergencia económica.
Y el momento elegido no es casual. Estamos en año electoral. Y este decreto concentra recursos, altera reglas tributarias, e impone nuevas facultades al Ejecutivo sin pasar por el Congreso. Es, en términos prácticos, un ensayo de recentralización autoritaria, camuflado en el lenguaje de la urgencia fiscal.
La pregunta de fondo no es si hay déficit. La pregunta es si ese déficit justifica romper el pacto constitucional entre la Nación y los territorios. Porque eso es lo que está en juego. La rebelión no es de los gobernadores. La verdadera insurrección es la del gobierno nacional contra los principios básicos del Estado de Derecho.
Frente a un decreto mal declarado, mal sustentado y mal ejecutado, la obligación no es acatarlo. Es resistirlo jurídicamente. No por cálculo político, sino por compromiso republicano.
Hoy son los gobernadores. Mañana puede ser cualquier otra institución. Por eso no se trata solo de defender unas rentas regionales. Se trata de defender la arquitectura misma de la Constitución.
Llamar “cambio vital” a la llegada de unas unidades renales es propaganda cuando el sistema entero está en cuidados intensivos. Mientras se anuncian hitos aislados, los colombianos padecen cierres de servicios, demoras, desfinanciación, quiebras de clínicas y desabastecimiento de medicamentos. Eso no es transformación: es maquillaje.
La debacle no es accidental. Es el resultado de una estrategia ideológica de asfixia que debilitó deliberadamente el aseguramiento y la red privada para imponer un modelo sin transición ni respaldo técnico. El balance real, no el titular, deja a la vista la responsabilidad política del presidente Gustavo Petro, con la complicidad de Carolina Corcho y Guillermo Alfonso Jaramillo.
La salud no se salva con fotos ni con cifras sueltas; se salva con gestión, continuidad, reglas claras y financiamiento oportuno. Celebrar inversiones puntuales mientras el sistema colapsa es cinismo institucional. Los pacientes no necesitan épica: necesitan atención hoy.
@Melquisedec70 Bonito escrito pero lejos de la realidad pragmática. Trump atrapa a Petro y lo pone en el terreno de la exigencia de resultados al acercarlo a él y no le permite la retórica populista que le dificulta los planes geopolíticos globales para los intereses de su país. Buen intento.
@infopresidencia@petrogustavo Una pregunta: si la marcha es para defender la soberanía de nuestro país de la intromisión de los gringos en nuestra patria y los símbolos son importantes, por qué el señor presidente usa una chaqueta con letreros en inglés simulando ser un piloto de helicóptero Black hawk?