Este tipo se llama Juan Carlos García, ex CEO de Amazon México y ex director de Elektra. Cuando desempeñaba este último puesto, fue detenido y mandado a un reclusorio ya que en enero de este año, atacó a la que era su esposa, Abril Pérez, mientras dormía golpeándola con un bate en la cara, cortándola con un bisturí e intentando asfixiarla.
Abril no murió esa noche porque el hijo de ambos, de 15 años, intervino; sin embargo estuvo hospitalizada una semana por las lesiones que Juan Carlos le originó al intentar matarla y es por esto que fue acusado de feminicidio en grado de tentativa. Abril Pérez consiguió el divorcio.
En los siguientes meses:
El juez FEDERICO MOSCO GONZÁLEZ, quien también es conocido por ser el que liberó al médico que violó a una mujer en enfermedad terminal, reclasificó el delito a lesiones y violencia familiar con el ridículo argumento de que “si la hubiera querido matar, la mata despierta, no dormida.”
El magistrado HÉCTOR JIMÉNEZ ordenó retirar la prisión preventiva como medida cautelar.
El juez CARLOS TRUJILLO RODRÍGUEZ ordenó la libertad y por eso Juan Carlos salió de prisión hace 15 días.
Abril mandó una carta a los jueces diciendo que temía por su vida. Este lunes, dos sicarios le dispararon en la cabeza y cuello al salir de unos exámenes psicológicos realizados a sus hijos solicitados por Juan Carlos. Murió horas después en el hospital.
Imagínate que el árbitro de un partido cambia las reglas en pleno juego, y luego dicta otra regla que dice: “y nadie puede reclamar este cambio”. Algo parecido pasó en México. En septiembre de 2024 entró en vigor la famosa Reforma Judicial, esa que cambió de raíz cómo se eligen jueces, magistrados y ministros. Mucha gente fue al amparo a reclamar, porque sentía que esa reforma rompía cosas básicas: la independencia de los jueces, la división de poderes, la seguridad jurídica. Un juez federal en Querétaro les dio la razón en diciembre. Pero antes de que ese amparo pudiera prosperar, el poder reformador hizo otra reforma —la del 31 de octubre de 2024— y escribió en la propia Constitución que contra reformas constitucionales no procede absolutamente nada: ni amparo, ni controversia, ni acción. Cero. Y por si fuera poco, ordenó que esa nueva regla se aplicara incluso a los juicios que ya estaban en marcha. Eso es el Amparo en Revisión 555/2025: la Suprema Corte resolviendo si esa muralla es válida o no.
¿Y qué decidió la Corte? Lo más cómodo: cerrar los ojos. No analizó si la reforma era justa, si violaba derechos humanos, si destruía la independencia judicial, si se aplicó retroactivamente a quien ya estaba peleando. Nada de eso. Simplemente dijo: “la Constitución dice que no se puede revisar, entonces no la revisamos”. Sobreseyó el juicio, le quitó la razón al juez de Querétaro y dejó intocable la reforma. Aquí está la parte que conviene subrayar para que se entienda bien: la Corte que tomó esta decisión es la nueva Corte, la que existe precisamente porque esa reforma la creó. O sea, los ministros que llegaron por la reforma resolvieron que la reforma no se puede tocar. Es como pedirle al hijo que califique al papá: difícil que salga imparcial. Y el argumento estrella del proyecto es una frase que da escalofríos en términos jurídicos: “la redacción no deja espacio a la interpretación”. Un tribunal constitucional que dice que ya no necesita interpretar es un tribunal que renunció a su trabajo.
Lo que está en juego va mucho más allá de este expediente. Si una mayoría calificada en el Congreso puede modificar la Constitución y, al mismo tiempo, prohibir que cualquiera reclame ese cambio, entonces los derechos de todos quedan a merced de la coyuntura política del momento. Hoy fue la Reforma Judicial, mañana puede ser cualquier otro tema: pensiones, propiedad, libertades, seguridad social. La Constitución deja de ser un escudo del ciudadano frente al poder y se convierte en un cheque en blanco para quien tenga los votos. Por eso este caso no es un asunto técnico que solo importa a abogados: es la pregunta de fondo sobre qué tipo de país queremos ser. Y como las puertas internas se están cerrando, la pelea se va a mudar afuera —a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, donde México tendrá que explicar por qué construyó un sistema en el que las reformas constitucionales son intocables aunque pisoteen derechos. Esto no termina aquí. Apenas empieza.
Hay algo profundamente inquietante en imaginar que un expediente judicial federal pueda terminar consultándose por WhatsApp. Detrás de cada número de expediente hay personas reales: una madre peleando la custodia de sus hijos, alguien acusado penalmente, una víctima esperando justicia, una empresa enfrentando un litigio, una familia defendiendo su patrimonio. Por eso el SISE nunca fue pensado como una mercancía. Fue creado para resguardar y administrar la vida jurídica de miles de personas.
Si alguien dentro del Poder Judicial está usando credenciales institucionales para vender consultas, el problema no es tecnológico: es moral, institucional y constitucional. Porque en ese momento el expediente deja de estar protegido por la ley y empieza a depender del dinero, de los contactos o de quién puede pagar información privilegiada. Y entonces se rompe todo: la igualdad entre las partes, la confianza en los tribunales y la idea misma de justicia.
La justicia puede sobrevivir a errores. Lo que no puede sobrevivir es a la sospecha de que sus expedientes circulan en un mercado negro digital. Un Poder Judicial no se destruye solamente cuando presionan a sus jueces; también se destruye cuando alguien convierte una clave institucional en negocio privado. Y si eso está pasando, el país entero debería estar alarmado.
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Catorce años. Esa es la cifra brutal que define este caso. Catorce años para que un actor mexicano, con recursos, con representación legal, con visibilidad pública, lograra que la Corte le dijera lo obvio: que su rostro no es mercancía sin precio, que su hijo pequeño en una carriola no era utilería de campaña, y que una transnacional del whisky no puede descontarle "los costos de la botella" a la dignidad de una familia. Si esto le tomó catorce años a Diego Luna, piensen un segundo cuánto le tomaría a cualquiera de nosotros.
La sentencia del Pleno en el ADR 6448/2025 es importante por lo que dice, pero todavía más por lo que confiesa entre líneas. Tres juicios de amparo directo, dos apelaciones, una declaración del IMPI desde 2013 que ya había probado todo, y aún así el sistema permitió que el caso rebotara una y otra vez hasta llegar al máximo tribunal en 2026. Y ojo: cuando la Corte por fin fija que el 40% del artículo 216 Bis se calcula sobre el precio bruto sin deducciones, lo que en realidad está corrigiendo es una práctica judicial que durante años sirvió de incentivo perverso para que las empresas usaran imágenes ajenas calculando, fríamente, que litigar saldría más barato que contratar.
Ahí está el verdadero rostro de la impunidad mexicana, y no se mide en sentencias absolutorias, se mide en calendarios. Cuando reparar un derecho cuesta catorce años, cuando el menor de edad cuya imagen fue explotada hoy ya es mayor y la Corte tuvo que meterlo "por la ventana" de la suplencia de la queja porque ni siquiera era parte formal del juicio, cuando el caso paralelo de Gael García Bernal terminó pagándose en pesos lo que peritos calcularon en millones de dólares, lo que estamos viendo no es justicia tardía: es un mensaje al capital de que en este país violar derechos sigue siendo negocio. La sentencia es un avance, sí, pero también un espejo incómodo de un sistema donde la reparación integral todavía depende de tener el aguante, el dinero y los años que la inmensa mayoría jamás tendrá.
Aquí te dejo el link, para que puedas consultar la sentencia del caso: https://t.co/UqA13LrDMj
Por estos usuarios de mierda que no respetan nada dura limpio y después se están quejando. Yo no entiendo a esta clase de pendejos. Todo les vale vrga.
He leído mucho que las generosas becas que hoy reciben los estudiantes deberían entregarse directamente a los padres de familia.
Eso ya existía, se llamaba PROSPERA.
Las madres de familia administraban ese recurso y lo destinaban a lo verdaderamente importante: uniformes, útiles, pasajes, alimentación y necesidades reales del hogar.
Sí existían becas para estudiantes, pero estaban mejor enfocadas: una por excelencia académica, premiando el esfuerzo y el mérito; y otra de transporte, dirigida específicamente a alumnos de bajos recursos que realmente la necesitaban.
En el neoliberalismo no todo era perfecto, pero había lógica y focalización, no solo clientelismo electoral disfrazado de justicia social.
@MetroViralMx@MetrobusCDMX Educación ? Por ? O sea no es obligación de nadie ceder asientos, la gente solo ayuda a las personas de la tercera edad porque se ven reflejados en ellos de que van para allá, no porque les nazca.
📍En Benito Juárez fue encontrado el cuerpo sin vida de Edith Guadalupe, en el mismo lugar donde su familia reportó su desaparición. La fiscalía tardó más de 24 horas en iniciar la búsqueda y hubo denuncias de extorsión.
📍En Cuajimalpa, Ana Febe fue encontrada muerta. Su familia denuncia que la Fiscalía intentó cerrar el caso como intoxicación por gas, pese a signos de violencia en el cuerpo. Se ha negado a investigar a su esposo, quien la agredía, y a la congregación religiosa que intentó encubrirlo.
📍En Miguel Hidalgo, Carolina Flores fue asesinada a tiros en su propia casa. El crimen quedó grabado, pero la principal sospechosa sigue prófuga.
Estos feminicidios ocurrieron en las últimas semanas en Ciudad de México. No son casos aislados, son muestra de negligencia institucional.
Mientras la violencia contra mujeres persiste, el gobierno invierte en promocionar el Mundial y en llamarse “feminista”.
Un evento que nadie pidió y cuyo presupuesto y esfuerzos podrían destinarse a (realmente) prevenir, investigar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Eres guardia de seguridad y la Fiscalía te fabrica un delito intentando calmar el enojo popular tras un indignante escándalo de corrupción que deriva en un feminicidio.
Antes podías confiar en un Poder Judicial independiente que protegiera tus derechos.
Ahora, como el Poder Judicial está alineando al Gobierno, el Juez del Bienestar te manda directo a la cárcel. Tu defensa tramita un amparo, pero toda la justicia federal -desde el Juez de Distrito, pasando por los Magistrados de Circuito, hasta la Suprema Corte-, también responden al régimen político y no permitirán que se vea afectado por su propia corrupción. Además, el impartidor de justicia podría optar por no arriesgar su puesto en la próxima elección declarándote culpable.
¿Entiendes ahora el horror que vivimos tras la bestialidad de la Deforma Judicial?
Despierta México.
Los villanos siempre tienen doctorado.
Dr. Doom, el Dr. Octopus, el Dr. Doofenshmirtz, Hannibal Lecter o el Dr. No. Incluso el Dr. Frankenstein o el Dr. Evil.
En cambio, los buenos suelen quedarse en la maestría, como el maestro Yoda, el Maestro Roshi, el Maestro Splinter, el Maestro Miyagi, Shifu o el mismísimo Luke Skywalker.
Los estudios de posgrado corrompen el alma.
Al final el ruco tenía la razón en ponerle unos zapes a su hijo, el hijo es un pendejo haciendo eso en el estadio del Monterrey expuso a que se putearan a toda su familia
EEUU consume la droga.
El ejército de EEUU vende las armas a los narcos.
Los bancos de EEUU se llevan las ganancias del narco.
México pone los muertos...
Y todavía hay pendejos que piden intervención gringa. 🤡🤡