Víctor González

Abogado.
Magister en derecho administrativo

[Víctor González @Vicgonzalez2020]

@BancoGuayaquil @galvegi Es una completa porquería su nueva app.

[Víctor González @Vicgonzalez2020]

@BancoGuayaquil La nueva app es una MIERDA regresen la que estaba.

[💋 Karin ❤️💙 @kpadrino]

Así...
Tas avisa'o 😅

[JC @jeancarloz73]

Jajajaja 😹😹😹

[Víctor González @Vicgonzalez2020]

@petrogustavo Madrugas a drogarte.

[fuck @sorrymoom]

La romantización de la "salud mental" en redes nos está vendiendo la idea de que sanar es tomar café en tazas lindas y escribir en un diario, cuando en realidad "sanar" es un proceso asqueroso, violento, solitario dónde eres tú peleando con tu mente

[Óscar Fernández León @oscarleon_abog]

A veces los abogados nos convertimos en un despacho ambulante. Vayas por donde vayas te preguntarán…

[Gabriela Cid de León @gabiciddeleon]

Esto 📌

[Santiago Pazmiño González @santy8574]

Ejemplos que afectan la probidad en la abogacía: la mentira o engaño, documentos falsos, inducir a error al juez, asegurar un éxito al cliente, el doble patrocinio, litigio temerario, falta de transparencia económica, honorarios excesivos, etc.

S.CCE. 29-26-IN/26, pie página.

[Juan Jose Hidalgo Huerta/Abogado Penalista @elabhidalgo]

Propuesta poco popular:

Se debería exigir un examen habilitante para obtener licencia y poder ejercer la abogacía y litigar, como ocurre en otros países.

Defender personas, empresas, patrimonio y derechos fundamentales requiere habilidades, técnica, razonamiento jurídico, ética, capacidad de argumentación, manejo de prueba, litigación oral y verdadera preparación profesional. Un error de un abogado puede destruir libertad, bienes, reputación e incluso proyectos de vida. El título universitario no siempre basta.

Si queremos elevar el nivel de la abogacía y mejorar la justicia, debemos empezar a discutir seriamente estándares reales de habilitación profesional.

Así como un médico necesita licencia para salvar vidas, un abogado debería necesitarla para defenderlas.

[Víctor González @Vicgonzalez2020]

@RC5Oficial @GabrielaEsPais @BancadaRC5 Facil vayan a Cuba si tanto les parece bien.

[Jorge G Alvear @jorgalve]

Lean a Miguel Hernandez. Pregunta ¿Qué le está pasando a la Corte Constitucional?

[Jairo Parra Cuadros @jairoparrac]

PRIMER CASO EN COLOMBIA DE SANCIÓN A UN ABOGADO POR USO INDEBIDO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO. Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Auto AC739-2026: Se trata de la primera decisión en el país que impone una sanción a un abogado por incorporar en un escrito judicial citas jurisprudenciales inexistentes generadas mediante el uso de inteligencia artificial. En el Auto la Corte IMPUSO MULTA de 15 SMLMV a un apoderado que, al sustentar un recurso, incluyó múltiples sentencias con número, fecha y magistrado ponente que no existen en los repositorios oficiales.

La Relatoría certificó que tales providencias no obraban en archivo alguno. Además, el propio abogado reconoció haber utilizado una herramienta de inteligencia artificial para la elaboración del escrito.

La Corte fue clara al advertir que estos sistemas pueden generar referencias verosímiles pero falsas. No verifican fuentes. Predicen texto a partir de patrones.

A partir de este caso, la Sala precisó reglas relevantes para el uso de estas herramientas en el proceso judicial. Destacó, entre otras, el deber de veracidad, el deber positivo de verificación, la indelegabilidad y la neutralidad tecnológica.

La decisión tiene una circunstancia agravante. Tras ser requerido para explicar las irregularidades, el abogado presentó un escrito de subsanación en el que incorporó cuatro nuevas citas igualmente inexistentes (reincidencia). Entre el escrito inicial y la subsanación se acumularon diez referencias apócrifas. Esa reiteración posterior al requerimiento fue determinante para la severidad de la respuesta.

En mi opinión, estamos en una etapa de transición frente al uso de la inteligencia artificial en el proceso judicial. Es un fenómeno reciente que impacta por igual a litigantes, jueces y a la comunidad jurídica en general.

Todos estamos aprendiendo a dimensionar sus alcances y sus riesgos.

En ese contexto, personalmente considero que, al menos en una primera fase, podría privilegiarse un enfoque pedagógico antes que estrictamente sancionatorio. La fijación de estándares claros, la advertencia institucional y la delimitación de deberes pueden cumplir una función formativa valiosa para todo el sistema.

En el caso concreto, la reiteración posterior al requerimiento (reincidencia) explica la respuesta más rigurosa adoptada por la Corte. Esa circunstancia es jurídicamente relevante. Sin embargo, el desafío estructural sigue siendo común. Consolidar reglas proporcionales, uniformes y transparentes que orienten a todos los actores del proceso.

Si este tema resulta de interés, mañana martes 17 de febrero estaremos conversando sobre esta decisión y abordaremos otros aspectos sobre el uso de la inteligencia artificial en la rama judicial.

Es una conversación que merece atención.

Texto completo: https://t.co/ezitIDN1cq

[Víctor González @Vicgonzalez2020]

@AlejandroSanz No eres latino Alejandro y por tanto nunca entenderás lo que Benito hizo y alzó la voz por muchos.

[José Rubén @HankRearden2021]

La sentencia de la CCE signada con el número 2632-22-EP/25, debe ser la contentiva del medio centenar de casos en los cuales, así ha dicho la Corte, la AP es improcedente.

Mediante AP, un administrado señaló que una resolución dictada por la CGE había sido notificada en un plazo superior la previsto en la LOCGE, verificándose así la caducidad del organismo de control.

La CCE, al momento de revocar la sentencia de la Corte Provincial, que había aceptado la acción de protección; señaló que ésta era manifiestamente improcedente ya que, no solo que existe vía, sino que se trata de asuntos de mera legalidad la consecuencia de aceptar la garantía jurisdiccional deviene en la pretendida nulidad del acto.

Tal parece que la CCE ha olvidado que los precedentes jurisprudenciales obligatorios dictados por el Pleno de la Excelentísima Corte Nacional de Justicia, al tratar el asunto de la caducidad, no contempla la nulidad de procedimiento administrativo como consecuencia, sino que al dictar las resoluciones, la CGE actúa sin competencia.

De conformidad al artículo 76 de la CRE, la competencia no sólo que es un elemento del debido proceso, sino que, además, y según el artículo 82 de la CRE, se manifiesta como seguridad jurídica.

Es más, los PJO, en su parte pertinente, señalan:

“No. 08-2022

Que cada una de las fases procedimentales del proceso de control se encuentran plenamente identificadas y normadas en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, estableciéndose un tiempo específico para su sustanciación y resolución; de tal suerte que dicho procedimiento debe someterse a los principios de legalidad y seguridad jurídica contemplados en los artículos 226 y 82 de la Constitución de la República; y, que, fundamentalmente, en su sustanciación debe garantizarse el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa de los servidores auditado”.

“No. 12-2021

Que el plazo en mención está sujeto al principio de reserva legal y de preclusión, toda vez que se ha instituido el tiempo dentro del cual debe actuar el ente de control, circunscribiendo temporalmente su ejercicio con el fin de que no se
disponga indefinidamente de esas competencias, y con ello se genere una suerte de incertidumbre al auditado respecto a su situación jurídica”.

La CCE ha confundido presunción de legitimidad con legalidad; la Corte ha confundido vía idónea con carácter del acto administrativo. Oportunidad desperdiciada para ahondar en aspectos sensibles del Derecho Administrativo

[letrarium ® @letrarium]

Documentales 24/7 🔴
Ponlos de fondo mientras estudias o trabajas

https://t.co/PKDb8RYm0n

- Edgar Allan Poe
- Gabriela Mistral
- Hermann Hesse
- Vincent van Gogh
- Charles Baudelaire
- Alfonsina Storni
- Caravaggio
- Oscar Wilde
- Antón Chéjov

El listado sigue. 🍷

[Jorge Luis Mazón @jolismazon]

Mis recomendaciones literarias 2025. Estos son los libros que inicié y terminé, y me gustaron. Algunos mucho, otros algo menos, pero me atraparon lo suficiente como para llegar hasta el final.
Va hilo 🧵

[Joffre Campaña Mora @joffrecampana]

Bien por el Colegio de Abogados del Guayas. Renuncia d Godoy y juicio político. Es lo menos que cabe, aparte del juicio penal, claro está.

[José Mario @JoseMarioMX]

Durante años, cuando alguien sufría un daño por culpa de un servicio público —una descarga eléctrica, un hospital que falla, una obra mal señalizada— el sistema le decía algo absurdo: “primero gane usted un procedimiento contra el Estado, luego ya veremos si le pagamos”. Eso significaba tiempo, dinero y desgaste para alguien que ya estaba lastimado. La @SCJN acaba de corregir esa injusticia básica: si el Estado tiene un seguro que cubre el daño, la víctima puede demandar directamente a la aseguradora y cobrar. Así de simple.

El seguro existe para responder cuando el daño ocurre, no para convertirse en un premio al final de un viacrucis administrativo. La Corte dijo lo obvio, pero lo obvio a veces cuesta décadas: no necesitas que el Estado se declare responsable de sí mismo para ejercer tu derecho a la reparación. Si el riesgo estaba asegurado, la persona afectada es acreedora desde el momento del accidente. El juicio civil es suficiente para proteger ese derecho.

Y hay algo más importante todavía: este fallo pone el orden correcto de las cosas. Primero la persona dañada. Luego el expediente. Luego la discusión entre el Estado y su aseguradora. Si el seguro no alcanza, entonces sí, el Estado tendrá que responder por lo que falte. Pero la justicia no puede empezar defendiendo trámites. Empieza defendiendo cuerpos, vidas y dignidad.

https://t.co/XuWboiu6yB

[Víctor González @Vicgonzalez2020]

@LuisaGonzalezEc Da la cara el TCE te está buscando.