REENCAUZAMIENTO DE LA ACCIÓN EN MATERIA MERCANTIL
El criterio jurídico emitido por un Tribunal Colegiado establece que:
Ante un error en la denominación de la acción mercantil hecha valer, procede de oficio su reencauzamiento.
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Exigir cinco años de convivencia no prueba que exista una familia; sólo impone una fecha al reconocimiento jurídico de sus efectos.
Cuando esa temporalidad condiciona una pensión, el problema deja de ser administrativo y se convierte en constitucional.
Órgano emisor: Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito | Época: Duodécima | Materia: Constitucional y Administrativa | Fuerza obligatoria: tesis aislada; expresamente no obligatoria ni apta para integrar jurisprudencia | Registro: 2032592 | Tesis: XVII.2o.P.A.2 A (12a.).
SÍNTESIS NORMATIVA. El criterio declara inconstitucional el artículo 131, fracción II, de la Ley del ISSSTE, en cuanto exige cinco años de convivencia para que la persona concubina acceda a la pensión por viudez. La ratio decidendi es que esa temporalidad diferencia matrimonio y concubinato con base en el estado civil y restringe injustificadamente igualdad, no discriminación, protección familiar, libre desarrollo de la personalidad y seguridad social.
CRÍTICA JURÍDICA CENTRAL. La tesis es constitucionalmente consistente, pero su relevancia debe dimensionarse: el Pleno de la SCJN ya había resuelto, en el amparo en revisión 268/2025, que los artículos 41, fracción I, y 131, fracción II, del propio ordenamiento son inconstitucionales respecto del requisito quinquenal. La Corte admitió que prevenir fraude y proteger la sostenibilidad financiera son finalidades legítimas, pero consideró que existen medios menos restrictivos, como valorar convivencia, dependencia económica y apoyo mutuo.
Por ello, su aportación es principalmente confirmatoria: consolida una lectura del concubinato como realidad familiar que no puede subordinarse automáticamente a una duración legislativamente prefijada.
DEBILIDADES ARGUMENTATIVAS. Existe una dificultad procesal relevante: el propio Tribunal tuvo por acreditado que el concubinato había durado más de cinco años y, aun así, examinó la constitucionalidad del requisito. Esto reduce la centralidad de ese análisis para resolver el caso concreto. Además, la nota oficial advierte que, al provenir de consideraciones sobre constitucionalidad formuladas en amparo directo, el criterio no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia.
CONTRADICCIONES SISTEMÁTICAS. La verdadera fricción no está entre la tesis y la Constitución, sino entre el texto legal subsistente y la línea constitucional construida por la SCJN. La regla temporal rígida enfrenta los artículos 1o., 4o. y 123, apartado B, fracción XI, constitucionales cuando opera como exclusión automática.
RIESGOS E IMPLICACIONES PRÁCTICAS. Eliminar los cinco años no significa reconocer automáticamente cualquier relación. ISSSTE, TFJA y tribunales deberán trasladar el análisis desde la duración hacia la prueba efectiva de una comunidad de vida. Para litigantes, el eje probatorio será convivencia, estabilidad, solidaridad y demás elementos demostrativos del vínculo, no un simple cómputo cronológico.
El Estado puede prevenir fraudes en la seguridad social; lo que constitucionalmente resulta difícil justificar es hacerlo mediante una ficción temporal que decide cuándo una familia comienza a merecer protección jurídica.
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a) Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;
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🚨 FALLOTE | La Corte empieza a desmontar la aplicación automática del artículo 68A.
No basta con que el delito esté ubicado formalmente entre aquellos contra la Administración Pública: la prohibición debe interpretarse según su texto, contexto, historia y finalidad constitucional.
En la SP837-2026, Rad. 69182, la Corte rectifica su jurisprudencia y abre un nuevo camino para entender la exclusión de beneficios penales.
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COMUNICADO | 📄
En la Sentencia del Caso López de Belva y otro Vs. Argentina, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional de la República Argentina por la violación de los derechos a ser oído por un juez o tribunal imparcial, a ser juzgado dentro de un plazo razonable y a interrogar a los testigos presentes en el tribunal, en perjuicio de los señores Carlos Alberto López de Belva y Arturo Jorge Podestá, en el marco de un proceso penal seguido en su contra entre 1991 y 2006.
Conoce los detalles en el comunicado oficial publicado en: https://t.co/hEHblyVk36
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⚖️ ¿CUÁNDO EL DERECHO PERMITE LO QUE, EN PRINCIPIO, PROHÍBE?
Hay una idea que puede resultar extraña cuando uno empieza a estudiar Derecho Penal:
🧠 Una persona puede realizar una conducta descrita por un tipo penal y, aun así, actuar conforme a Derecho.
No hay contradicción.
Hay algo que todavía falta analizar.
Porque el ordenamiento jurídico no está compuesto únicamente por prohibiciones.
También contiene permisos.
Y precisamente allí aparecen las causas de justificación.
1️⃣ EL HECHO NO DESAPARECE
Pensemos en una situación sencilla.
👊 Una persona golpea a otra y le causa una lesión.
La lesión ocurrió.
El golpe existió.
Y podemos suponer, para efectos del análisis, que la conducta satisface los elementos del tipo correspondiente.
Hasta aquí:
✅ La conducta es típica.
Pero imaginemos ahora que ese golpe fue realizado para repeler una agresión ilegítima y que concurrían las condiciones exigidas para actuar en legítima defensa.
Entonces aparece una pregunta distinta:
🔎 ¿Debe el Derecho valorar de la misma manera ambas lesiones?
No.
En una existe una agresión injustificada.
En la otra puede existir una:
🛡️ Conducta jurídicamente autorizada.
El resultado puede parecer materialmente semejante.
⚖️ Su significado jurídico es completamente diferente.
2️⃣ JUSTIFICAR NO SIGNIFICA NEGAR
Aquí conviene hacer una distinción importante.
Cuando se invoca una causa de justificación no necesariamente se está diciendo:
❌ “Yo no lo hice”.
Tampoco:
❌ “El resultado no ocurrió”.
La afirmación puede ser mucho más precisa:
✅ “Sí realicé la conducta, pero el ordenamiento me permitía actuar de esa manera en esas circunstancias”.
Eso cambia el lugar donde se encuentra la discusión.
Ya no debatimos principalmente: ¿ocurrió el hecho?
Debatimos:
⚖️ ¿cómo debe valorarlo jurídicamente el Derecho?
Y esa diferencia es esencial para comprender la antijuridicidad.
3️⃣ EL DERECHO PROHÍBE, PERO TAMBIÉN AUTORIZA
🚫 Una norma puede prohibir lesionar.
🛡️ Pero el ordenamiento también puede autorizar defenderse frente a una agresión ilegítima.
🚫 Puede prohibir afectar un bien ajeno.
⚖️ Y, excepcionalmente, permitir esa afectación frente a determinadas situaciones de necesidad.
🚫 Puede prohibir restringir la libertad de una persona.
👮 Y al mismo tiempo facultar determinadas intervenciones cuando quien actúa lo hace legítimamente dentro de sus competencias.
No existe contradicción.
📚 Prohibición y permiso forman parte del mismo ordenamiento jurídico.
Por eso, después de determinar que una conducta es típica, el análisis no debería cerrarse.
Debemos preguntar:
🔎 ¿Existe una norma permisiva que, dadas estas circunstancias, justifique aquello que normalmente estaría prohibido?
4️⃣ ¿QUÉ HACEN REALMENTE LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN?
🛡️ Legítima defensa.
⚠️ Estado de necesidad justificante.
⚖️ Cumplimiento de un deber.
📜 Ejercicio legítimo de un derecho.
Su formulación y requisitos pueden variar según cada ordenamiento, pero dogmáticamente comparten una función:
✅ Excluir la antijuridicidad de una conducta típica.
Esto significa algo importante.
Si concurren los presupuestos de una verdadera causa de justificación, no estamos ante una conducta típica y antijurídica cometida por alguien que después necesita una excusa.
Estamos ante algo distinto:
🚫 La conducta no constituye un injusto penal.
Y esa diferencia será decisiva cuando posteriormente distingamos:
JUSTIFICACIÓN ≠ EXCULPACIÓN
🎯 AQUÍ APARECE EL VERDADERO PROBLEMA
Decir:
“Actuó en legítima defensa” no funciona como una fórmula mágica.
La denominación no resuelve el caso.
Hay que volver a los hechos.
🔎 ¿Qué agresión existía?
⏱️ ¿En qué momento?
⚠️ ¿Qué peligro enfrentaba la persona?
🛡️ ¿Qué conducta realizó para repelerlo?
⚖️ ¿Concurrían realmente los presupuestos que el ordenamiento exige?
Porque una causa de justificación no aparece simplemente porque alguien la invoque.
📌 Sus presupuestos deben encontrarse jurídicamente sustentados en el caso concreto.
Y aquí ocurre algo parecido a lo que vimos con el tipo penal: La etiqueta orienta. Los elementos deciden.
⚖️ PARA LA DEFENSA, ESTA DISTINCIÓN PUEDE CAMBIAR TODO
Hay procesos en los que discutir que el hecho ocurrió simplemente no es razonable.
Quizá existen:
🎥 videos;
🧪 pericias;
👥 testigos;
📄 documentos.
La conducta material puede estar claramente establecida.
Pero eso no significa que la discusión esté perdida.
Tal vez la verdadera pregunta nunca fue:
❌ ¿Realizó la conducta?
Sino:
🎯 ¿Tenía jurídicamente permitido realizarla?
Una defensa bien construida debe saber reconocer esa diferencia.
Porque negar un hecho sólidamente acreditado puede debilitar una teoría del caso.
En cambio, admitirlo y discutir correctamente su justificación puede situar el debate: exactamente donde jurídicamente corresponde.
Por eso:
✅ Admitir la conducta no equivale a admitir el injusto.
🧠 PENSEMOS COMO JURISTAS
Cuando una conducta realiza un tipo penal, no terminemos el razonamiento allí.
Preguntemos:
🔎 ¿Qué circunstancias rodearon el hecho?
⚖️ ¿Existe una causa de justificación aplicable?
📌 ¿Concurren realmente sus presupuestos?
🛡️ ¿El ordenamiento prohibía esa actuación o, en ese contexto, la permitía?
La respuesta determinará si la conducta típica se convierte verdaderamente en un: INJUSTO PENAL
💊 REGLA PRÁCTICA
TIPICIDAD ➡️ La conducta realiza el tipo penal.
CAUSA DE JUSTIFICACIÓN ➡️ Existe una razón jurídica que autoriza actuar en esas circunstancias.
CONDUCTA JUSTIFICADA ➡️ No hay antijuridicidad.
SIN ANTIJURIDICIDAD ➡️ No existe injusto penal.
⚠️ El Derecho Penal no solo pregunta qué estaba prohibido hacer.
También pregunta algo mucho más interesante:
🛡️ ¿Qué estaba jurídicamente permitido hacer en esas circunstancias?
Ahí comienza el verdadero análisis de las causas de justificación.
Y quizá el siguiente paso deba ser estudiar una de ellas por separado:
⚖️ LA LEGÍTIMA DEFENSA
Pero no como una simple enumeración de requisitos.
Sino respondiendo una pregunta mucho más difícil:
¿Cuándo defenderse deja de ser una agresión y se convierte en el ejercicio legítimo de un derecho?
Y recuerda:
Las palabras importan. Los conceptos también.
En Derecho Penal, una distinción técnica puede definir el resultado del proceso.
Imagen generada por IA
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🚨 El próximo miércoles 26 de agosto la SCJN resolverá si el CNPCF es aplicable supletoriamente en la Ley de Amparo, sin esperar la declaratoria de vigencia federal.
📄 En la contradicción de criterios 105/2026, la Ministra María Estela Ríos propone declarar existente la contradicción y establecer como jurisprudencia que “LA REMISIÓN EXPRESA AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE AMPARO PRODUCE EFECTOS INMEDIATOS Y NO ESTÁ CONDICIONADA AL RÉGIMEN TRANSITORIO PREVISTO EN DICHO CÓDIGO”.
🔗 Proyecto: https://t.co/oBz8FcNvYG
⚠️ Más allá de que pueda compartirse o no la conclusión, la argumentación del proyecto tiene algunos puntos discutibles. Destaco uno: el párrafo 31, en el que se afirma que “Mantener el Código Federal de Procedimientos Civiles como ordenamiento supletorio del juicio de amparo implica revivir una codificación que fue suprimida por el artículo 2 de la ley —y que incluso fue abrogada por el artículo tercero transitorio del Decreto que expidió el Código Nacional—, lo cual genera inseguridad jurídica…”. Aquí hay que tener en cuenta 3 precisiones:
1️⃣ La reforma al artículo 2 de la Ley de Amparo eliminó la referencia al CFPC como ordenamiento supletorio del amparo, pero no lo “suprimió” del orden jurídico.
2️⃣ El artículo tercero transitorio del CNPCF condicionó expresamente la abrogación del CFPC al régimen gradual previsto en el artículo segundo transitorio, en el que expresamente se estableció que el CNPCF “entrará en vigor… en el Orden Federal, de conformidad con la Declaratoria que indistinta y sucesivamente realicen las Cámaras de Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, previa solicitud del Poder Judicial de la Federación, sin que la misma pueda exceder del 1o. de abril de 2027”, solicitud y declaratoria que aún no se emiten, y
3️⃣Por ello, no puede afirmarse que el CFPC ya fue abrogado ni, por tanto, que actualmente se le esté “reviviendo”.
📚 También es discutible la comparación con las reformas de noviembre de 2025 a otras leyes federales, como la LFPCA y la LFPA, en las que el legislador sí condicionó expresamente la aplicación del CNPCF a su régimen de vigencia gradual. En esa distinción se apoya el proyecto para sostener que la remisión de la Ley de Amparo tiene eficacia inmediata, porque no se condicionó expresamente a ese régimen.
⚖️ En ese punto, el proyecto pierde de vista que la vigencia del CNPCF no depende de que cada ley que remita a él reproduzca o haga referencia expresa a su régimen transitorio. La Constitución resuelve este tema, porque el quinto transitorio de la reforma constitucional de 15 de septiembre de 2017 estableció que: “La legislación procesal civil y familiar de la Federación y de las entidades federativas continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se refiere la fracción XXX del artículo 73 constitucional adicionada mediante el presente Decreto [CNPCF], y de conformidad con el régimen transitorio que la misma prevea…”.
🏛️ Habrá que estar atentos a lo que resuelva el Pleno, pero espero que si se aprueba este proyecto sea porque el PJF ya está preparado para esa aplicación inmediata. Preparación que no solamente supone el conocimiento del texto del CNPCF, sino una importante capacitación para identificar correctamente los supuestos de aplicación supletoria, conocimiento de las reglas procesales, probatorias y de gestión, así como preparación y adecuación tecnológica para la justicia digital (expediente físico y electrónico idénticos, valoración de pruebas electrónicas, audiencias virtuales, etc.), alegatos de oídas y condiciones de accesibilidad que prevé el CNPCF.
⁉️ ¿Y si ya está preparado el PJF, por qué no ha solicitado al Congreso de la Unión que emita la declaratoria de vigencia a nivel federal?
🧩 Además, el proyecto generaría una paradoja: un órgano jurisdiccional federal podría aplicar supletoriamente el CNPCF en un juicio de amparo y, paralelamente, aplicar el CFPC en otros procedimientos federales, por ejemplo en las Acciones Colectivas, porque el CNPCF todavía no ha entrado en vigor en el orden federal.
📍Por cierto, para la misma sesión también están listadas las contradicciones de criterios 84/2026 y 110/2026. En la primera se mantiene la propuesta de inexistencia, porque los criterios enfrentan, la supletoriedad del CNPCF en amparo y en el contencioso administrativo federal. En la segunda se propone la improcedencia por reproducir sustancialmente la contradicción 84/2026.
🔗 Proyectos: https://t.co/FniTpOtnCh y https://t.co/gqX2YVMI2j
🎯 Entonces, la decisión de la contradicción 105/2026 puede aclarar finalmente el régimen supletorio del juicio de amparo, pero no, por sí sola, la aplicación supletoria del CNPCF en toda la legislación federal.
🚨 ¡Atención abogados y litigantes!
El Órgano de Administración Judicial publicó la Circular 7/2026:
Por el Mundial 2026, se declaran inhábiles y laborables a distancia las siguientes fechas:
📍 CDMX (1er Circuito) → 11, 17, 24 y 30 de junio 2026.
📍 Jalisco (3er Circuito) → 11, 18, 23 y 26 de junio 2026.
📍 Nuevo León (4to Circuito) → 24 y 29 de junio 2026
✅ Los términos de ley NO corren (art. 19 Ley de Amparo).
Solo guardias presenciales para casos urgentes.
🚨| ¿Esclavitud moderna?
Les ofrecieron trabajo, pero terminaron como esclavos en campos de cultivo de drogas en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Algunos lograron escapar. Desde 2015 existían denuncias, pero fue hasta julio de 2019, que 21 hombres fueron rescatados durante un operativo policiaco.
La historia no terminó ahí. Tiempo después, otros hombres escaparon de esos mismos campos.
Lee la historia #EsclavosEnLaSierra. Sobrevivir a los campos de trabajo forzado del narco
➡️https://t.co/WiCiyjpucp