Ojo con creer que las marchas de la primera linea se quedan sin financiación el 08 de agosto. Han celebrado miles de millones de convenios con sus colectivos y organizaciones afines. Por lo menos el primer año está pago. Que le sigan obedeciendo a Petro es otra cosa. A eso deben también ponerle los ojos en el empalme anticorrupción.
Completamente de acuerdo, puros contrataderos. Además, cuando obligan a los municipios a firmar convenios para ejecutar recursos con estas figuras, los someten a cláusulas leoninas que les impiden después reclamar a los contratistas !ciérrenlos todos! empezando con los que ha montado Findeter.
!Si hubo fraude! pero no por la historia absurda del software mágico, sino por los billones del erario que financiaron la estrategia de clientelismo más potente de la historia.
Coronell y los eufemismos:
“Reconozco los resultados, pero no al presidente” es solo una forma suave de desconocer los resultados.
Si no aceptas al ganador legítimo, no aceptaste las urnas. El resto es retórica para justificar desconocer nuevamente la Constitución.
La doble ciudadanía y el juramento de nacionalización de ADLE no generan ningún riesgo jurídico para su posesión, como se ha explicado acá hasta el cansancio, la probabilidad de éxito de esa demanda es prácticamente nula (menos de uno en un millón).
Ahora que hablan de soberania y agentes de USA que no se les olvide que en 2019 Daniel Coronell reveló que, según Wikileaks, Petro se reunía periódicamente con agentes de la embajada de USA para entregarles informes sobre sus compañeros de Polo. Incluso le dijo a los gringos que Piedad Córdoba y Wilson Borja eran de las FARC.
Durante el gobierno de Petro la oposición fue pacifica. Nunca desconoció sus mandatos. Los impuestos abusivos fueron pagados. Los decretos contrarios a derecho fueron demandados y la justicia nos dio la razón. Las protestas fueron civiles. Si bien Cepeda habla de desobediencia pacifica, como siempre hábil con el lenguaje, todos sabemos que en realidad está enviando un mensaje a sus grupos de choque para activar la violencia.
Vuelve la burra revolucionaria al trigo
Cepeda vuelve a repetir el gastado y absurdo relato sobre el juramento de naturalización de ADLE. Lo hace a pesar de que múltiples juristas expertos en derecho estadounidense, incluido el doctor M. Gaona, han demostrado que, según la ley y la jurisprudencia de Estados Unidos, ese juramento no supone renuncia alguna a la lealtad hacia el país de origen. Así lo han confirmado tanto la Corte Suprema como el Departamento de Estado.
Por lo demás, el que presta el presidente al tomar posesión del cargo anula a los anteriores.
Y si hablamos de juramentos, no sobra recordar que Petro juró solemnemente respetar la Constitución colombiana y, no obstante, intentó desconocerla e incluso subvertirla mediante el decretazo y los pactos con los grupos criminales.
Todo indica que Cepeda está impulsando las condiciones para un nuevo estallido social, con el único propósito de evitar que ADLE derogue su tan preciada “paz total”. Por ello, el primer debate de control político debería enfocarse en esa política y en el “voto fusil”.
@hanwenzhang1982@luisangelgd@SoyJerome__ La Dra Hanwen ni siquiera conoce bien el texto de la Ley de encuestas.Jerome predijo la suspensión del decreto de traslado del ahorro de AFP. No hay comparación 👇👇👇
El modelo del profesor Weintraub sobre el “voto fusil” no solo contiene errores graves: es un ejercicio que, desde un escritorio en Bogotá, pretende minimizar con pura econometría la tragedia real del fenómeno. Explico para que no se dejen confundir.
Primer error: El modelo pretende medir la coerción electoral armada únicamente por su “efectividad” electoral agregada. Según sus resultados, el efecto sería de sólo 25 mil votos. Pero el profesor no menciona nunca que en una democracia ni un solo voto obtenido bajo amenaza o intimidación es aceptable. Detrás de esas cifras frías hay comunidades que viven una pesadilla de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Reducir todo a un tema de efectividad es deshumanizante y revictimiza a quienes a esas poblaciones.
Segundo: El error metodológico fundamental es que su ejercicio se queda corto porque compara (o balancea) principalmente dentro de los municipios con presencia de grupos armados ilegales —los “tratados”—, excluyendo o minimizando la comparación con los municipios sin esa presencia —el grupo control—. Esto genera un sesgo estructural. Para identificar un efecto causal de la coerción armada sobre el voto se requiere un contrafactual creíble: ¿cómo habrían votado esos territorios (o territorios similares) en ausencia de presencia armada y miedo?
Tercer error: El ejercicio es puramente econométrico y carece de validación en terreno. No incorpora investigaciones de campo, testimonios de líderes comunitarios, autoridades locales, veedores ni observadores electorales. Es un análisis de escritorio que pasa por alto dinámicas concretas: la coerción no necesita ser total para ser efectiva. En muchos municipios hay mezcla de población urbana y real, pero todos votan en la cabecera; puede haber un 70 % de voto relativamente libre y un 30 % coaccionado que ya basta para inclinar el resultado.
Tampoco captura el efecto de prohibir el proselitismo de la oposición, bloquear vías de acceso, generar miedo generalizado o controlar la información local. En esas condiciones, ¿qué opción real de competencia tiene la oposición?
Cuarto error (el más problemático en términos inferenciales): Usar el voto de 2022 como línea de base implícita. El argumento de que en esas zonas ya votaban petrista en 2022, por eso siguen votando igual no se sostiene. En Bogotá —donde no hay control armado— el apoyo al petrismo cayó del 47 % en primera vuelta de 2022 al 41 % para Iván Cepeda en 2026. Donde la gente vota sin fusil al lado, el apoyo al petrismo se erosiona de forma natural. Donde hay control real de grupos armados, ese apoyo se mantiene artificialmente. Esa divergencia es precisamente lo que un diseño sin grupo control válido no detecta.
En marcado contraste, el informe “Votar con miedo” del @ICPColombia abordó el fenómeno con calidad probatoria. Desplegó 204 veedores en 120 municipios de alto riesgo, documentó en terreno restricciones de movilidad, control social, limitaciones a la campaña de oposición e identificó aprox. 360.000 votos bajo presión (cifras consistentes con análisis posteriores que hablan de más de 327.000 votos en puestos con patrones atípicos). Combinó evidencia cuantitativa con cualitativa y alertas institucionales.
Un fenómeno tan complejo no se puede dimensionar solo con Excel ni en balanceos de entropía. Se entienden en los territorios, donde el miedo es medible no solo en puntos porcentuales, sino en el silencio de quienes ya no pueden decir lo que piensan.
No se dejen confundir por los clanes corruptos del Huila: no es cierto que Rodrigo Lara Sánchez quede inhabilitado si su hermano es nombrado ministro del Interior.
El parágrafo del artículo 111 de la Ley 2200/22 dispone que la inhabilidad para ser gobernador solo se configura cuando el familiar del candidato ejerce autoridad en un cargo del departamento . Por tanto, esa fue la interpretación que el propio legislador ordenó aplicar y no puede entenderse de otra forma.
No olviden que se trata de la misma estrategia que usaron contra Lara Sánchez hace cuatro años, incluso acudiendo a exmagistrados para sostener que estaba inhabilitado. Pero esa tesis fue derrotada ante la justicia electoral. Precisamente hice parte del equipo jurídico que demostró que Lara Sánchez no tenía ningún impedimento para aspirar.
Como saben que ya no pueden detener a Lara Sánchez usando el poder de la corrupción, ahora intentan frenarlo con mentiras.
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La arrogancia epistémica y el voto fusil
Si bien el profesor Michael Weintraub no niega el " voto fusil" afirma que no hay evidencia causal fuerte de que la coerción armada incidió efectivamente en los resultados de las pasadas elecciones. Lo hace desde un escritorio en Los Andes, analizando principalmente datos de resultados electorales. Como abogado que vive en el Huila, zona de influencia de grupos armados, le voy a explicar porque su ejercicio técnico, por sí solo es insuficiente. Y, aunque sé que no es su intención, termina siendo deshumanizante.
Ese tipo de análisis sólo de datos, sin investigadores en las zonas, sin entrevistas a lideres comunitarios, autoridades locales y de Policía, sin alertas de la Defensora del Pueblo o la MOE, es decir, sin ningún dato real del terreno, mide sólo el resultado, pero no lo que hay detrás.
No registra las familias que se desplazaron por miedo. Los casos en que los grupos armados obligan a abstenerse, retienen cédulas, la trashumancia de inscripciones o de votos, o el control al transporte. No captura la resistencia valiente de comunidades enteras, como ocurrió en el Huila donde Abelardo ganó en los 37 municipios a pesar de las presiones, no por que hubiera absoluta libertad electoral.
Pero, sobre todo, ignora la asfixia del proselitismo. En muchas zonas del país es prácticamente imposible hacer campaña abierta por cualquier candidato que no sea del agrado de los grupos armados. No se pueden pegar afiches, convocar reuniones. Si sólo una opción puede hacer campaña por quien van a votar sus habitantes mayoritariamente?
Por eso, desde Bogotá no se puede medir, con frialdad estadística, un fenómeno que en los territorios se vive con miedo real.
En marcado contraste, el informe “Votar con miedo”, del @ICPColombia sí abordó el fenómeno con mayor calidad probatoria: desplegó 204 veedores en 120 municipios de alto riesgo; documentó testimonios en terreno, restricciones de movilidad, control social, limitaciones a la campaña e identificó aproximadamente 360.000 votos bajo presión; y combinó datos cuantitativos con evidencia cualitativa y alertas institucionales.
Por lo tanto, un fenómeno tan complejo no se puede dimensionar desde un escritorio. Lo invito al Huila Profesor para que hable con muchas de las comunidades que hicieron campaña a la oposición, aun arriesgando vida y propiedad.
La democracia se entiende en los territorios, no solo en Excel.
Un llamado a los que piensan votar en Blanco
No soy abelardista. No pertenezco a la manada, no repito “firmes por la patria”. De hecho, si Abelardo de la Espriella llega a la Presidencia, seguramente ejerceré frente a su gobierno el mismo control ciudadano que hice con los gobiernos de Duque y Petro.
Pero en esta elección tengo una convicción: desde el punto de vista democrático y moral no hay equivalencia entre las dos opciones. Mi voto será por Abelardo de la Espriella, no como acto de adhesión incondicional, sino como decisión de defensa constitucional frente a la continuidad de un proyecto que, a mi juicio, representa un riesgo inminente para la democracia .
Y Negar ese riesgo, a estas alturas, exige una dosis muy alta de ciego sesgo. Pues las alternativas que tenemos al frente no son iguales.
Sobre la candidatura de Cepeda: gobernadores, alcaldes, altos mandos militares y distintos medios han advertido las presiones de grupos armados sobre la población para coaccionar el voto. Y el país no puede normalizar que el “voto fusil” se convierta en parte del lenguaje electoral ordinario.
Esa es, quizá, una de las mayores derrotas morales de nuestra época: que, pese a esas denuncias, algunos pretendan hacernos creer que Cepeda " se la juega por la vida" o que representa la opción más ética.
A ello se suma otro riesgo: la continuidad del proyecto constituyente . Cepeda últimamente ha sido ambiguo sobre el tema, para facilitar adhesiones oportunistas, pero nadie puede ignorar que la constituyente es pieza central del proyecto político petrista. Y la historia latinoamericana enseña que las democracias también pueden desmontarse invocando al pueblo y reformando las reglas del juego desde adentro.
Además, Cepeda es la continuidad de un gobierno marcado por la corrupción, la destrucción del sistema de salud, el deterioro de la seguridad, la complacencia frente a estructuras armadas y el irrespeto permanente por los límites institucionales. Que ha degradado la dignidad presidencial. Por eso, un voto por él es legitimar esa forma de gobernar.
Pero incluso si alguien considera que ambas opciones son igual de malas, populistas o riesgosas, hay una razón institucional para no ponerlas en el mismo plano: con Abelardo seguiremos teniendo Constitución del 91, separación de poderes y herramientas para hacer oposición. Con Cepeda, en cambio, estaríamos ante una reelección material del petrismo, pero con muchos menos contrapesos.
Y es que Cepeda iniciaría gobierno con fiscal, procurador y contralor elegidos por Petro; consolidará mayorías en la Corte y en el Banrepública; y contará con una bancada significativa en el Congreso, reforzada por mermelada. En ese escenario, los controles que limitaron parcialmente a Petro dejarán de funcionar.
El resultado sería lo que el profesor Mauricio Gaona llama una dictadura constitucional: un régimen que conserva apariencia de democracia, pero vacía de contenido la separación de poderes, los controles institucionales y el sistema de pesos y contrapesos.
Por eso, más allá de simpatías o antipatías personales, esta elección exige un balance serio. No se trata de escoger un líder perfecto. Se trata de preservar las condiciones mínimas para seguir discutiendo en libertad, haciendo oposición y defendiendo la democracia.
Frente a Abelardo, habrá control, crítica y oposición. Frente a Cepeda, el riesgo es que mañana ya no existan las mismas herramientas para ejercerlas.