12. La pareja del Ministro de Defensa Iván Velásquez trabaja en la Fiscalía General de la Nación, su hijo con la Defensoría del Pueblo, su hija con Ecopetrol y su otra hija en la Corte Constitucional.
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ESQUEMA JURISPRUDENCIAL - TUTELA CONTRA LAS DECISIONES JUDICIALES.
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En 1973, este hombre aprendió a "salir de su cuerpo físico".
"Viajó mentalmente" a Júpiter y describió sus anillos.
Seis años después, la Voyager 1 de la NASA confirmó TODOS los detalles que informó.
La CIA lo clasificó inmediatamente.
Pero lo que descubrió sobre la conciencia te aterrorizará: 🧵
La Constituyente nonata.
El presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda y el comité promotor de la Asamblea Constituyente, se han bajado estrepitosamente de la que creyeron era su carta salvadora en la campaña presidencial.
Se les nota el desespero. Creen que abandonando la idea de una Constituyente iban a recibir en compensación un electorado de centro que les resulta indispensable para remontar la caída que registraron en la primera vuelta.
Vana pretensión. Olvidan que la idea de la Asamblea Constituyente que venían ventilando estaba fundada en premisas equivocadas. Y, por tanto, no podía tener otro desenlace que su melancólico retiro antes de que siquiera naciera a la vida jurídica.
¿Cuáles eran los fundamentos equivocados en que se apoyaba?
En primer lugar, olvidaron algo elemental en materia constitucional: una Asamblea Constituyente solo puede nacer de un consenso nacional como fue la Carta del 91. La asamblea acariciada por el grupo petrista fue ideada como un acto de amenaza. “Si no me prueban un pacto nacional —decía Cepeda—, entonces promoveré la Asamblea Constituyente”. Sus promotores la concebían como una maroma retaliatoria. Y resulta que así no funcionan los pactos constitucionales.
En segundo lugar, era una idea que falseaba la esencia misma de la Constitución de 1991. Se le reprochaba a la Carta vigente que no permitía la aplicación plena del Estado de derecho, y que por lo tanto era necesario agregarle a la actual unos capítulos que le faltaban —según sus promotores— para desarrollar a plenitud una especifica visión del Estado social de derecho. Falso cargo. La Carta vigente es un libro abierto para introducir cuantas leyes se juzguen necesarias para desarrollar iniciativas sociales o que desarrollen una visión avanzada del Estado de derecho.
En tercer lugar: sus promotores partían del supuesto, falso también, de que el desarrollo del Estado de derecho estaba bloqueado por fuerzas malignas que acampan en el Capitolio nacional. Apreciación equivocada igualmente. El Congreso ha aprobado infinidad de leyes que desarrollan postulados sociales. Y las que no han sido aprobadas es porque el Congreso no ha estado de acuerdo con las visiones del Ejecutivo.
Una cosa es ‘bloquear’ y otra bien diferente es que el Congreso no apruebe, a pie juntillas, cuanta iniciativa reciben de la Casa de Nariño. La democracia representativa en la que vivimos así funciona.
Y resulta que el Gobierno Petro no ha tenido fuerza en el congreso suficiente para que sus ideas sean aprobadas por el Congreso sin chistar. Nunca ha dispuesto de más del 25 por ciento de las curules en el Congreso. Tampoco de una coalición suficiente que soporte un programa de gobierno. Ni dispondrá tampoco de mayorías suficientes en la legislatura que se inicia el próximo 20 de julio.
Esta ha sido una visión equivocada de Petro que repite a cada momento. En ausencia de mayorías o de una coalición política sólida, el Congreso no tiene la obligación ni ética ni política de aprobarle al Gobierno cuanto proyecto de ley le presente. Y no es a base de insultos o tachando a la representación nacional de fascistas como se van a obtener los consensos nacionales que se requieren en el sistema de democracia representativa en la que vivimos.
Cuarta: la fragilidad conceptual del Gobierno Petro se mostró al tener que correr a retirar la idea de una Constituyente que ni siquiera había nacido, en el desespero de obtener para su candidato el voto de centro al darse cuenta, con los resultados de la primera vuelta, que les había dado la espalda.
Pero aún sin el espectro amenazante de una Constituyente, el contingente de votantes para Cepeda en la segunda vuelta seguirá siéndole adverso. Este elector de centro seguirá desconfiando de quienes consideran con tanta ligereza y basados en supuestos falsos que un cambio constitucional del calado que tenían en mente iba a garantizarles la Presidencia el 21 de junio.
La única duda con este fallecimiento de la creatura nonata es si se trata de una muerte irreversible o con posibilidades de revivirla como algunos creen. La idea era tan descabellada y tan mal fundamentada que creo más bien en la primera hipótesis: nació muerta y no habrá posibilidades de revivirla.
Si el presidente está rompiendo la ley ante los ojos de todos, todo el día. No imagino lo que esta haciendo para elegir a su marioneta mientras no lo vemos.
Mentiras, sí me imagino.
Criminalizar informalmente a un abogado por los clientes que ha representado es un ataque directo al Estado de derecho y a los derechos humanos.
El derecho a la defensa es un derecho universal. Ninguna persona pierde su derecho a ser defendida por las acusaciones que enfrenta. Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados establecen que los abogados no deben ser identificados con las causas, opiniones o conductas de sus clientes.
Siguiendo esa lógica absurda, también habría que criminalizar:
A los médicos por salvar la vida de personas acusadas de delitos.
A los periodistas por entrevistar criminales y dales micrófono.
A los jueces por garantizarles un juicio justo.
A los fiscales por negociar acuerdos con delincuentes.
A los defensores públicos por representar acusados.
A los sacerdotes por brindar asistencia espiritual en las cárceles.
A los psicólogos por tratar a personas condenadas.
A los profesores por educar a estudiantes que luego delinquen.
A los congresistas por legislar para comunidades donde viven criminales.
La ONU ha sido clara: los abogados deben poder ejercer su profesión libres de intimidación, persecución, hostigamiento o represalias. Cuando se persigue a un abogado por defender clientes impopulares, no se está atacando a un individuo; se está atacando el derecho de todos a una defensa independiente y efectiva.
Litigar no es delinquir.