Olivia
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Willy Valdivia
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Sometimes a cure is worse than the disease. Some countries have tried to avoid politicization of their prosecutorial/investigative systems by removing them from the Executive Branch and labeling them “independent.” As a US trained lawyer, this has always been hard for me to comprehend, because it seems to me that the execution of the laws lies at the very CORE of executive power (as is true in our own Federal Government). Be that as it may, there is always a danger that “independent” can become a synonym for “unaccountable” and “independent” offices can become politicized or corrupted. As @SecRubio has explained, the Trump Administration stands firmly behind democratically elected President @Rodrigo_PazP in his efforts to ensure that organized crime cannot infiltrate and corrupt ostensibly “independent” organs of the Bolivian state. 🇺🇸🤝🇧🇴
My columna en @elpaiscali Bombardeos sin lecciones
Colombia, en su larga guerra contra el terrorismo, convirtió el poder aéreo en una de sus armas más eficaces de contrainsurgencia. Los bombardeos de la Fuerza Aérea, apoyados en la inteligencia del Ejército y la Policía, le quitaron a la guerrilla el tiempo para desgastar al Estado y el espacio para esconderse y escoger cuándo atacar. Campamentos que durante años fueron refugios seguros se convirtieron en la tumba de muchos combatientes antes de que alcanzaran a disparar un fusil. Las bombas funcionaron mientras el enemigo se concentraba y el Estado sabía dónde estaba. Hoy no puede darse por hecha ninguna de las dos cosas.
El Estado aprendió la contundencia de los bombardeos, pero no la estrategia que debía acompañarlos. Según los informes de gestión de la Fuerza Aérea, durante el gobierno de Álvaro Uribe los ataques a campamentos y objetivos estratégicos pasaron de 109 en 2003 a 757 en 2006, y bajaron a 443 en 2008. Con Juan Manuel Santos, los registros parciales muestran 47 en 2010 y apenas 10 en 2012, y en 2015 ese gobierno suspendió temporalmente los bombardeos. Medicina Legal documentó 31 bombardeos con Iván Duque hasta octubre de 2021. Gustavo Petro los suspendió durante dos años y, tras reanudarlos en 2024, sumó unos 25. Ningún gobierno convirtió la ventaja aérea en presencia permanente del Estado en esos territorios.
Los narcoterroristas aprendieron a no agruparse. En 2008 la Operación Fénix dio de baja a Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. En 2010 la Operación Sodoma acabó con el 'Mono Jojoy', y en 2011 la Operación Odiseo, con Alfonso Cano. La dispersión salvó a muchos mandos, pero debilitó la coordinación y la disciplina de sus frentes. Cambiaron el dominio visible del territorio por redes pequeñas y móviles insertadas en economías ilícitas y con más presencia en ciudades y cabeceras municipales. Llevaron la guerra al terreno político, y cada bombardeo con menores reclutados entre los muertos se convirtió en una disputa jurídica contra el Estado. También buscaron infiltrar, con informantes comprados, la inteligencia de la que dependen los bombardeos. El cambio más reciente y el más peligroso es que el Estado perdió el monopolio del aire. Desde 2023, los grupos armados han lanzado casi 700 ataques con drones explosivos y este año van uno diario.
Colombia puede aprender de Israel los límites de su doctrina de ‘cortar el pasto’, que acepta que matar mandos debilita al enemigo sin destruirlo. Israel mató a Mohammed Deif, jefe militar de Hamás, en un bombardeo en 2024, y meses después Washington calculó que el grupo había reclutado casi tantos combatientes como los que perdió. Estados Unidos llegó a la misma conclusión tras dos décadas de ‘localizar, fijar y abatir’ jefes en Yemen y Somalia, donde Al Qaeda y Al Shabaab siguen en pie. Un grupo armado sobrevive mientras tenga a quién reclutar, cómo financiarse y dónde esconderse. Si el Estado no aprovecha cada bombardeo para ocupar el territorio y cortar las finanzas, el pasto vuelve a crecer. En Colombia tiene abono criminal de sobra. Leer más: https://t.co/WoVWY8tJYb
@StateDept
@infopresidencia @mindefensa @generaljmora @Ejercito_Div3 @COL_EJERCITO @FuerzaAereaCol @Southcom
My columna en el @elpaiscali Cárcel y libertinaje a medida
https://t.co/KINX2YJwmc
En marzo de 2026, el INPEC contaba con 102.949 presos para unos 81.000 cupos, lo que representaba un hacinamiento del 27 %. De ellos, 84.349 estaban condenados y 18.600 esperaban juicio. Otras 50.000 personas cumplen la pena en casa por cárcel, vigiladas por apenas 6.000 brazaletes electrónicos. Uno de cada cuatro condenados es reincidente. El 18 % de los sentenciados a 'casa por cárcel' y el 21 % de quienes llevan brazalete ya tenían una condena previa. Valle del Cauca aporta uno de cada siete casos del país, más que cualquier otro departamento.
Esa reincidencia no se reparte por igual. En un patio común se duerme por turnos, en el piso o en hamacas amarradas a los barrotes, a un metro de la letrina. Seis hombres comparten una celda para dos, sin aulas, sin talleres, sin psicólogo y sin rehabilitación. Ese encierro no devuelve ciudadanos sino hombres con deudas criminales, listos para volver al crimen. La Corte Constitucional lo ha declarado tres veces, en 1998, 2013 y 2015: las condiciones carcelarias violan masivamente los derechos de los presos. Junto a esa cárcel existe otra, hecha a la medida de unos pocos, donde la condena es apenas un cambio de oficina.
El INPEC tiene Centros Especiales de Reclusión en Bogotá, Cali, Sincelejo, Pasto, Riohacha y Corozal, varios en instalaciones policiales o militares y algunos habilitados para un solo interno. El país ignora cuántos de estos centros existen, cuánto cuestan y qué estudio de riesgo justificó cada cupo. Esas cifras pueden publicarse sin exponer a nadie y auditarse desde la Procuraduría o la Defensoría. Una excepción que no se explica se parece demasiado a un favor.
En septiembre, el Gobierno de Abelardo de la Espriella empezó a desmontarlos. No es nuevo: exgobernadores, exsenadores y exalcaldes condenados han seguido moviendo la política regional desde la celda. La opinión pública ha recibido con beneplácito el fin de las cárceles doradas. Pero llevar a los poderosos a prisiones hacinadas corrige una desigualdad, no el problema.
El privilegio también habita los patios comunes. En abril, tras una parranda vallenata con artista contratado en la cárcel de Itagüí, el INPEC incautó 62 neveras, televisores y un módem de wifi. Este mes, 120 internos de Buenaventura fueron trasladados, acusados de dirigir la extorsión de Los Shottas y Los Espartanos. En muchos patios mandan las bandas criminales, que reclutan a quien entra por un delito menor y lo devuelven a la calle con deudas y lealtades nuevas.
Se sabe que las conexiones eléctricas clandestinas cargan los celulares con los que se intimida a miles de personas y se ordenan homicidios. Nada de eso ocurre sin complicidad interna. ¿Cómo tiene una celda energía e internet, y tanto poder sobre la vida de la ciudad? En enero, el director del INPEC admitió que ninguno de los 16 bloqueadores de señal del país funcionaba. Unos eran obsoletos y otros los apagaron los jueces para proteger la señal de los vecinos.
Se anticipa un alud de tutelas contra los traslados. Ahí se verá si la igualdad ante la ley resiste al primer juez. Porque ya es hora de ponerles un alto a los privilegios, a las neveras, al wifi y a los pabellones hechos para un solo apellido o para una banda criminal. La cárcel debe devolver ciudadanos, no administrar el crimen ni premiar contactos. Una justicia que cambia en la puerta de la cárcel deja de ser justicia y pasa a ser libertinaje a la medida.
HAPPENING NOW: THE USMC SHOW CHINA HOW IT IS DONE!
@POTUS and Xi Xinpinng participating at the White Houses's MILITARY in review. The USMC putting on a remarkable display of might!
My columna en el @elpaiscali Cárcel y libertinaje a medida
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En marzo de 2026, el INPEC contaba con 102.949 presos para unos 81.000 cupos, lo que representaba un hacinamiento del 27 %. De ellos, 84.349 estaban condenados y 18.600 esperaban juicio. Otras 50.000 personas cumplen la pena en casa por cárcel, vigiladas por apenas 6.000 brazaletes electrónicos. Uno de cada cuatro condenados es reincidente. El 18 % de los sentenciados a 'casa por cárcel' y el 21 % de quienes llevan brazalete ya tenían una condena previa. Valle del Cauca aporta uno de cada siete casos del país, más que cualquier otro departamento.
Esa reincidencia no se reparte por igual. En un patio común se duerme por turnos, en el piso o en hamacas amarradas a los barrotes, a un metro de la letrina. Seis hombres comparten una celda para dos, sin aulas, sin talleres, sin psicólogo y sin rehabilitación. Ese encierro no devuelve ciudadanos sino hombres con deudas criminales, listos para volver al crimen. La Corte Constitucional lo ha declarado tres veces, en 1998, 2013 y 2015: las condiciones carcelarias violan masivamente los derechos de los presos. Junto a esa cárcel existe otra, hecha a la medida de unos pocos, donde la condena es apenas un cambio de oficina.
El INPEC tiene Centros Especiales de Reclusión en Bogotá, Cali, Sincelejo, Pasto, Riohacha y Corozal, varios en instalaciones policiales o militares y algunos habilitados para un solo interno. El país ignora cuántos de estos centros existen, cuánto cuestan y qué estudio de riesgo justificó cada cupo. Esas cifras pueden publicarse sin exponer a nadie y auditarse desde la Procuraduría o la Defensoría. Una excepción que no se explica se parece demasiado a un favor.
En septiembre, el Gobierno de Abelardo de la Espriella empezó a desmontarlos. No es nuevo: exgobernadores, exsenadores y exalcaldes condenados han seguido moviendo la política regional desde la celda. La opinión pública ha recibido con beneplácito el fin de las cárceles doradas. Pero llevar a los poderosos a prisiones hacinadas corrige una desigualdad, no el problema.
El privilegio también habita los patios comunes. En abril, tras una parranda vallenata con artista contratado en la cárcel de Itagüí, el INPEC incautó 62 neveras, televisores y un módem de wifi. Este mes, 120 internos de Buenaventura fueron trasladados, acusados de dirigir la extorsión de Los Shottas y Los Espartanos. En muchos patios mandan las bandas criminales, que reclutan a quien entra por un delito menor y lo devuelven a la calle con deudas y lealtades nuevas.
Se sabe que las conexiones eléctricas clandestinas cargan los celulares con los que se intimida a miles de personas y se ordenan homicidios. Nada de eso ocurre sin complicidad interna. ¿Cómo tiene una celda energía e internet, y tanto poder sobre la vida de la ciudad? En enero, el director del INPEC admitió que ninguno de los 16 bloqueadores de señal del país funcionaba. Unos eran obsoletos y otros los apagaron los jueces para proteger la señal de los vecinos.
Se anticipa un alud de tutelas contra los traslados. Ahí se verá si la igualdad ante la ley resiste al primer juez. Porque ya es hora de ponerles un alto a los privilegios, a las neveras, al wifi y a los pabellones hechos para un solo apellido o para una banda criminal. La cárcel debe devolver ciudadanos, no administrar el crimen ni premiar contactos. Una justicia que cambia en la puerta de la cárcel deja de ser justicia y pasa a ser libertinaje a la medida.
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Glufosinato vs. Coca vs. Evidencia
Colombia está litigando la aspersión aérea de un herbicida sobre el cual la principal base de literatura biomédica y agrícola no registra estudios que midan su efecto contra Erythroxylum coca y E. novogranatense, las dos especies cultivadas de coca.
Ningún otro cultivo le ha costado tanto a Colombia en términos ambientales. Sobre la coca se levantaron ejércitos privados, se financiaron masacres, se arrasaron selvas y se vertieron gasolina, ácido sulfúrico y amoníaco en las quebradas de donde beben agua las comunidades que hoy discuten la aspersión.
El 11 de septiembre, el Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís suspendió el piloto en Putumayo bajo la Resolución 0007 del Consejo Nacional de Estupefacientes, que autorizaba asperjar glufosinato de amonio 200 SL sobre mil hectáreas. El juez no dijo que el herbicida fuera tóxico ni ilegal. El ensayo de aspersión debía producir esa evidencia y se suspendió por no tenerla.
El 14 de septiembre ejecutamos tres búsquedas en PubMed. Los sinónimos de glufosinato devuelven 1.215 registros. Erythroxylum o coca junto a herbicidas devuelven 21. De glufosinato sobre coca no existe un solo estudio indexado. Una revisión sistemática previa, con PRISMA, dejó 68 informes de 368 referencias.
Estudié ciencia de cultivos y malezas en la Universidad Estatal de Dakota del Norte y hoy diseño biopesticidas genéticos. Por eso me cuestan las dos afirmaciones repetidas estos días. Ni el glufosinato es inútil porque ‘no llega a la raíz’, ni su eficacia puede darse por descontada. El glufosinato inhibe la glutamina sintetasa y altera el metabolismo del nitrógeno. Es un herbicida de contacto, con translocación limitada, aunque no inexistente. La pregunta es si alcanza los tejidos capaces de regenerar ramas y hojas de la planta de coca, un arbusto perenne que se cosecha repetidamente porque recupera su follaje.
En 1997, Ferreira, Smeda y Duke publicaron en Weed Science una curva de dosis-respuesta con glifosato en coca de invernadero y siguieron a las plantas más de diecisiete meses. E. novogranatense moría a dosis en las que E. coca apenas perdía follaje. En 2009, Marshall, Solomon y Carrasquilla lo repitieron en campo, cosecharon las matas y volvieron seis semanas después a contar los rebrotes. Collins y Helling habían mostrado en 2002 que añadir adyuvantes adecuados multiplica por cuatro la eficacia del glifosato sobre coca. Con glufosinato no existe el equivalente publicado. En septiembre de 2016 la Policía Antinarcóticos ya lo había probado con un coadyuvante, y la prensa lo dio por satisfactorio.
De los 68 informes de la revisión PRISMA, 19 son de toxicología humana y 16 de ecotoxicología. El efecto crítico no es el cáncer, sino el daño reproductivo y del desarrollo. Europa lo clasificó como tóxico para la reproducción, categoría 1B; el fabricante retiró la renovación y la autorización expiró en 2018. La ANLA, en cambio, concluyó que no hay riesgo agudo para aves, peces ni abejas. Con ese aval, solo en 2019 entraron al país 128.000 litros de glufosinato aprobado por el ICA para uso agrícola. El uso de este herbicida no es una rareza colombiana: los agricultores estadounidenses aplicaron 4,4 millones de kilos en soya en 2023, el 23% del área sembrada con ese cultivo.
No es lo mismo asperjar desde el aire que con equipo terrestre, y ahí está la razón para evaluar. Pero si fuera lo que se denuncia, la alarma habría sonado en otros países, no en Putumayo. Entonces hay que preguntarse: ¿falta evidencia para empezar a medir o asperjar, o la traba es a propósito porque es coca?
La precaución debe impedir que experimentemos sin saber lo suficiente. Pero la Corte pidió evidencia que demuestre ausencia de daño, y la ciencia no demuestra ausencias, cuantifica riesgos. Exigirle a la ciencia el lenguaje del derecho no da seguridad, da parálisis con forma de prudencia. @mindefensa @UNODCROCOL
https://t.co/K4puPjV6uZ
Un ejemplo de como la cooperación internacional es vital para doblegar al terrorismo y al crimen organizado.
Sumar capacidades, inteligencia y tecnología para proteger la vida y la libertad.
Asymmetric warfare is a contest of strategy, adaptation, and political objectives.♟️
#Ukraine and #Iran illustrate three recurring principles:
• Impose costs that influence an adversary's decision-making.
• Use terrain and technology to shape operations.
• Integrate military, economic, political, and information effects throughout a campaign.
Adaptation, flexibility, innovation, and scalability remain essential elements of asymmetric warfare.
📖Read "Lessons of Asymmetry from Ukraine and Iran in Conflict," a #SWJEssay 👤By Rahul Rawat and Sameer Patil: https://t.co/asecCDZrcj
¿Porte no, pero arsenal ilegal sí?
Por Willy Valdivia Granda
Con el Decreto 1368 del 8 de septiembre, el Gobierno levantó la suspensión del porte de armas que regía desde 2018. No pasaron veinticuatro horas antes de que voceros de la oposición afirmaran que el porte legal disparó los homicidios en 2024 y 2025. En esos dos años el porte estaba suspendido. El debate volvió a girar sobre las armas que el Estado tiene inventariadas. De las otras nadie habló.
*En 2017, según Small Arms Survey, Colombia tenía 4.264.790 armas civiles sin registrar frente a 706.210 registradas. Seis ilegales por cada legal.* Con la metodología que publicamos en 2025 en la revista Frontiers in Big Data, proyectamos entre siete y diez millones de armas sin registro. En esa investigación analizamos 8.171 reportes sobre tráfico de armas en más de ochenta países entre 2014 y julio de 2024. Colombia encabeza la lista mundial con 2.040 reportes y pasó de 590 en 2022 a 1.372 en 2023, un aumento del 132 %.
Los puntos de entrada del tráfico de armas van del Pacífico al Amazonas, desde los puertos de Buenaventura, Santa Marta y Barranquilla y el paso fluvial de Leticia hasta los aeropuertos El Dorado y Alfonso Bonilla Aragón. Los reportes tienen picos entre febrero y mayo y se correlacionan con el narcotráfico. Las armas entran por donde entra la droga, y las mueven las mismas organizaciones, entre ellas el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias, el Tren de Aragua, los carteles mexicanos y el Comando Vermelho brasileño.
Nada de esto escandaliza a quienes se oponen al porte y la tenencia de armas. Persiguen el arma que el Estado registró y puede rastrear, y no miran los siete a diez millones que circulan sin que se sepa en manos de quién. En lo que va del año, el Estado incautó 15.700; a ese ritmo, tardaría tres siglos en decomisar el arsenal que ya existe.
La evidencia tampoco les da la razón. La Fiscalía, en Armas y homicidios (2017), admitió que la relación entre disponibilidad y homicidio puede correr en ambos sentidos. Registró reducciones del 13 % en Bogotá y del 14 % en Cali durante restricciones al porte. El Laboratorio de Justicia y Política Criminal concluyó en 2022 que la evidencia sobre armas y homicidio no es clara, y que cerca de una de cada ocho imputaciones es por delitos de armas; los éxitos contra estructuras de tráfico son excepcionales.
Algunos sostienen que la intolerancia y las armas son la raíz de los homicidios. El censo de la Fiscalía dice otra cosa. Nueve de cada diez víctimas son hombres, el 63 % de los casos es sicariato y el 42 % de los muertos tenía antecedentes penales, la mayoría por drogas o porte ilegal. Las riñas existen y matan, pero no son las que mueven la tasa de homicidios; la mueven las armas que ningún decreto de porte toca.
Las cifras nacionales no ayudan a la tesis prohibicionista. La suspensión rigió de 2018 a 2026. Cali nunca bajó de 900 homicidios anuales eny ese lapso, y en el primer semestre de 2026 ocho de cada diez asesinatos se cometieron con arma de fuego. En el país, según Medicina Legal, los homicidios pasaron de 12.130 en 2018 a 14.780 en 2025. El año más violento de la década llegó con ocho años de prohibición encima y un 22 % más de muertos.
Colombia puede volver a suspender el porte mañana y tendrá menos ciudadanos con permiso, las mismas redes armadas y el mismo Estado ausente. No habrá recuperado el control de su territorio. Apenas habrá administrado, por decreto, su propia impotencia. ¿Porte no, pero arsenal ilegal sí? @generaljmora @RevistaSemana @estoescambio @elpaiscali @ElPaisAmericaCo @mindefensa @lasillavacia @YesidLancheros
Los reclutadores aprendieron que en una plenaria se le pueden atar las manos al Estado invocando la protección de los niños, y así continuar reclutándolos.
My columna en @elpaiscali
https://t.co/pLoY11X9IF
Una decisión de esta naturaleza puede generar un incentivo perverso: que los grupos armados incrementen el reclutamiento y la instrumentalización de menores para limitar la capacidad ofensiva del Estado y utilizarlos, en la práctica, como escudos frente a sus operaciones.
La protección de niños, niñas y adolescentes es irrenunciable, pero también exige impedir que su presencia se convierta en una ventaja operacional para las estructuras criminales. Es indispensable el diálogo y la articulación armónica entre la Rama Judicial y el sector Defensa para proteger a los menores sin erosionar la capacidad legítima del Estado para enfrentar el narcoterrorismo. @generaljmora @carlossuarezr @DilianFrancisca
Ecuador and Colombia working with the United States (@Southcom) to seal and secure their shared border.
This is Peace Through Strength in action.
Unified front against cartels and narco-terrorists:
"The border between Colombia and Ecuador is a geographic chokepoint that violent cartels have long exploited. Today, we are changing the game.
In a powerful display of regional unity, Colombian Minister of Defense Jorge Eduardo Mora, General Commander of the Colombian Military Forces Major General Erick Rodríguez Aparicio, Ecuadorian Minister of Defense Gian Carlo Loffredo, Chief of Defense Gen. Henry Delgado Salvador, Joint Task Force Western Hemisphere Commander Maj. Gen. Kevin J. Jarrard, and I met in San Lorenzo, Ecuador — in the midst of this dangerous region. Under the banner of the Americas Counter Cartel Coalition, we cemented a unified strategy to hunt cartel leadership, shatter their logistics, and permanently deny them safe haven." — #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan
#JTFWHEM #A3C @mindefensa @FuerzasMilCol @USEmbassyBogota @DeptofWar @WHAAsstSecty @USAenEspanol @DefensaEc @FFAAECUADOR @USEmbassyEC
Es una buena noticia para el sector Seguridad y Defensa la designación del general Erick Rodríguez como nuevo comandante general de @FuerzasMilCol.
Conozco de primera mano su liderazgo y trabajo por la seguridad del suroccidente colombiano. Es un oficial íntegro, valiente y comprometido con la defensa de la institucionalidad, nuestras tropas y la población civil.
Fue apartado del servicio después de advertir sobre la carnetización y las formas de gobernanza criminal con las que los grupos armados pretend��an controlar a las comunidades y poner en jaque la democracia. El tiempo reivindica su valentía, honor y patriotismo.
Estamos seguros de que su liderazgo contribuirá a recuperar la iniciativa estratégica contra los grupos armados, asfixiar las economías criminales y fortalecer el trabajo conjunto con las regiones para devolverle la seguridad y la libertad plena a los colombianos.
@DilianFrancisca
@ValleSeguridad @COMANDANTE_FFMM
El zumbido de un #dron ya obliga a soldados y campesinos a buscar refugio en #Colombia. Más de 30 municipios y 12 departamentos han sido atacados. La guerra cambió, pero el Estado aún no se adapta.
Mi nueva columna en @elpaiscali “Guerra de drones”.
Léala aquí:
https://t.co/3MjN0dSCmZ @elcolombiano @mindefensa @generaljmora @CSISAmericas @MFA_Ukraine @Southcom
1/ The White House is out with a new National Security Science & Technology Strategy. At 24 pages, it actually makes (some) choices.
The central idea is that America should stop treating tech competition as a contest to lead everywhere.
Mi columna el @elpaiscali
La solidaridad que sostiene Colombia
En medio de tanta destrucción, una ciudad herida comenzó a sostenerse con las manos de su propia gente.
https://t.co/2xj70nXJUA
@EnterateCali @CaliesCaliCOL @TwiterosCali @generaljmora
Mi columna en el @elpaiscali
Frente de guerra del general Mora
https://t.co/5G1rEq21i4
La historia no juzgará la gestión del nuevo gobierno por el número de capturas ni por los laboratorios destruidos. La juzgará por una sola pregunta: ¿recuperó Colombia el suroccidente? Hace un año y medio se lo dije al general Mora en privado. Hoy se lo repito al ministro en público, porque la ecuación no ha cambiado: si cae Cali, cae el suroccidente; si cae el suroccidente, cae Colombia.
@generaljmora @RevistaSemana
@estoescambio @elcolombiano
@ELTIEMPO @SecRubio
@Southcom @jmhumire
Marco Rubio: ‘If you criticize Israel you will be denied a visa to the United States’
MARCO RUBIO: "Marxism is a distinctive & unique evil. They take revenge on the world for their own inadequacy.
It is a revolt of the worst, against the best. They tear down what greater men have built."
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