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Lo que Anthropic lanzó anoche puede cambiar de manera exponencial la forma en que los jóvenes empresarios dominicanos gestionan sus PyMEs. Hasta hoy estas herramientas solo estaban en manos de las grandes empresas.
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La minería responsable no empieza en la mina
La paralización del proyecto Romero abrió un debate que como país llevamos décadas postergando: ¿puede la minería contribuir al desarrollo de República Dominicana sin destruir su patrimonio natural? La pregunta parece difícil. La evidencia internacional sugiere que, bajo ciertas condiciones institucionales, la respuesta puede ser menos ambigua de lo que parece.
El debate público dominicano sobre Romero se ha polarizado entre dos posiciones igualmente incompletas: la que ve en cualquier proyecto minero una sentencia de destrucción ambiental, y la que ve en cualquier regulación un obstáculo al progreso. Ambas posturas ignoran la experiencia de países que ya han transitado este camino.
En el gráfico se presenta una comparación de 60 países con actividad minera relevante (+ 1% del PIB), donde vemos un patrón claro: el impacto ambiental de la minería no está determinado únicamente por la existencia de minas, sino por la calidad de las instituciones que las regulan.
Usando indicadores de calidad regulatoria del Banco Mundial (Worldwide Governance Indicators, 2022) y de desempeño ambiental de Yale (Environmental Performance Index, 2024), se generan cuatro cuadrantes que agrupan esos países. Para el desempeño ambiental se utiliza como referencia un EPI igual o superior a 50, equivalente al percentil 75 global. Para la calidad regulatoria se utiliza el promedio global del WGI, donde cero representa exactamente la media mundial.
En la zona superior derecha, la de alta regulación y alto desempeño ambiental, aparecen países como Australia, Canadá, Noruega, Finlandia y Suecia. Son países con actividad minera relevante y desempeño ambiental elevados. Estos casos demuestran que la combinación entre minería y protección ambiental no es imposible, aunque exige capacidades institucionales sólidas.
En el extremo opuesto se encuentran la República Democrática del Congo, Guinea, Mongolia y Papúa Nueva Guinea: alta dependencia minera, regulación por debajo del promedio global y bajo desempeño ambiental. Son el argumento que los opositores a la minería local implícitamente invocan, cuando hablan de minería en general.
La República Dominicana aparece fuera de la zona objetivo, con una posición que merece atención: calidad regulatoria de +0.08 en el WGI, apenas por encima del promedio global, y un EPI de 40.8, por debajo del umbral alto de desempeño ambiental. Esto sugiere que el país no enfrenta únicamente un dilema minero, sino un problema ambiental e institucional más amplio.
La pregunta relevante, por tanto, no es simplemente si República Dominicana debe tener minería. La pregunta es si tiene el andamiaje institucional para hacerlo bien. Hasta ahora, parece que no.
Los países del cuadrante de alta regulación y alto EPI no llegaron allí porque la minería mejoró sus instituciones. Llegaron porque construyeron primero las instituciones y luego expandieron la minería. Esa secuencia implica que la solución no es abrir minas esperando la autorregulación. La solución es construir el marco regulatorio antes de emitir concesiones.
La paralización de Romero puede tener dos lecturas. La primera es verla como una derrota de la inversión extranjera y una señal de inseguridad jurídica. La segunda es verla como una oportunidad para hacer lo que el país debió hacer antes de llegar a la etapa final de una evaluación ambiental: definir con precisión qué tipo de minería está dispuesto a permitir, bajo qué condiciones, con qué mecanismos de control y con qué estructura de beneficios para las comunidades afectadas.
Lo que eso implica para RD es concreto: una ley minera actualizada con estándares internacionales de cierre y fondos de remediación obligatorios, un sistema de monitoreo ambiental independiente con datos públicos, una estructura de inversión local y derrame económico que elimine el incentivo político a oponerse a cualquier proyecto como mecanismo de renegociación, y el uso de certificaciones bajo estándares internacionales.
El oro, la plata y el resto de los minerales del país no van a desaparecer. Seguirán bajo tierra mientras varios metales estratégicos mantienen precios históricamente altos y mientras la transición energética global aumenta la demanda de minerales críticos. La decisión, al final, no es si esos recursos existen, sino bajo qué reglas el país estaría dispuesto a desarrollarlos.
Los datos muestran que la zona de minería responsable existe. Llegar a ella es simplemente un ejercicio de voluntad política, diseño regulatorio y capacidad institucional.
La mayoría de los padres en esa sala nunca había visto estos datos. Yo tampoco.
Durante uno de los paneles que moderé en Emtech Caribbean 2026 compartí un estudio reciente sobre el uso de compañeros de IA entre niños y adolescentes.
Algunos de los hallazgos:
— 44% de las conversaciones incluían violencia.
— En adolescentes de 13 años, el tema más común era roleplay romántico o sexual.
La conversación sobre IA normalmente empieza por productividad, eficiencia o innovación. Pero rara vez hablamos de las implicaciones emocionales, sociales y psicológicas de delegar acompañamiento humano a sistemas diseñados para maximizar interacción.
La IA va a transformar nuestras sociedades. Eso ya no está en discusión.
La pregunta es si nuestra capacidad de conversación ética y regulatoria crecerá al mismo ritmo que la tecnología.
Y honestamente, no estoy seguro de que lo esté haciendo.
#EmtechCaribbean #IA #Tecnología
Inicia EmTech Caribbean 2026 con el conversatorio energético con el rompecabezas completo de los que están escribiendo la historia de la siguiente década energética dominicana.
#EmTechCaribbean2026
“Sin plan coherente/conocido por población, y si gobierno no da buen ejemplo, ningún líder ptco/religioso podrá contener la insatisfacción popular si trasciende a las calles p/ protestar por la carestía y falta de acción.
Si llegamos ahi, perdemos todos” https://t.co/fND8UPFytJ
Marcas blancas en RD
Las marcas blancas, también conocidas como private label, son productos comercializados bajo la marca de una empresa minorista, como un supermercado, en lugar de la marca del fabricante. Aunque en muchos casos son elaboradas por los mismos productores que fabrican marcas comerciales, se caracterizan por tener menores costos de marketing, empaque y posicionamiento, lo que les permite ofrecer precios más bajos al consumidor. Tradicionalmente asociadas a segmentos de menor poder adquisitivo, han evolucionado hacia propuestas más amplias que incluyen líneas premium y especializadas.
A nivel internacional, las marcas blancas representan una tendencia estructural en crecimiento. En Europa, mercados como España, Reino Unido y Alemania registran penetraciones cercanas al 50% del total de ventas en supermercados, impulsadas principalmente por cadenas que han construido gran parte de su propuesta de valor sobre este modelo. En Estados Unidos la penetración es menor, rondando el 25%, pero ha crecido de forma sostenida en los últimos años, apoyada en un contexto inflacionario y en el impulso de grandes retailers que han elevado significativamente la percepción de calidad de sus marcas propias.
En América Latina, la penetración aún es relativamente baja, pero presenta una tendencia clara al alza. La región registró un crecimiento en valor del 14% en 2024, según datos de NielsenIQ, impulsado por la presión sobre el ingreso real y una mayor sensibilidad al precio.
¿Y en República Dominicana? En un levantamiento de precios comparamos marcas comerciales y marcas blancas en los principales retailers del país, encontrando diferencias de entre 4% y 48% en productos de categorías y segmentos similares.
Las marcas propias no solo transforman la dinámica de precios, también revelan quién tiene poder en la cadena de valor del retail.
RD 2036: El reto de duplicar una economía
En 2024 el gobierno se propuso la meta de duplicar el tamaño de la economía en los próximos doce años, hacia 2036. Para lograrlo, sería necesario crecer en promedio un 6% anual durante todo ese periodo.
Duplicar el tamaño de una economía en doce años no es un objetivo sin precedentes. Panamá lo logró en menos de una década entre 2003 y 2012, creciendo entre 7% y 11%, impulsado por la expansión del Canal, el dinamismo de los servicios financieros y una agenda de reformas económicas importantes. Corea del Sur también lo consiguió en los ochenta, en circunstancias muy distintas, bajo un proceso de industrialización, inversión pública agresiva y muchos sacrificios sociales. El patrón común en los casos exitosos no ha sido el tamaño del país ni la suerte, sino una combinación de reformas estructurales, inversión en infraestructura, apertura al capital externo e instituciones estables.
La propia historia dominicana ofrece una referencia. El período más corto en que el país duplicó su PIB real fue entre 2004 y 2017, cuando la economía creció a un ritmo promedio de 5.7% anual. Como se muestra en la tabla, hoy la meta exige hacerlo en once años, a una tasa de 6.3%, partiendo de dos años consecutivos por debajo de ese umbral. Con un crecimiento de 2.1% en 2025 y un 2026 que apunta a mantenerse por debajo del 4%, cada año que se quede corto frente al ritmo necesario eleva el crecimiento que deberá alcanzarse en los años siguientes para cumplir la meta.
El período más largo de crecimiento elevado y sostenido en la economía dominicana se registró entre 1992 y 1998, cuando el país creció en promedio cerca de 7% anual.
La historia muestra que los países que han logrado duplicar sus economías en plazos cortos lo hicieron mediante combinaciones similares: reformas que redujeron costos de producción, inversión masiva en infraestructura, simplificación regulatoria que promueva la inversión privada formal, y una entrada estratégica a las cadenas globales de suministro.
No existe magia que funcione sin estos elementos.
Unificar criterios es enviar una señal clara de coherencia institucional. Como bien dice el Ministro @magindiaz: "El riesgo no es la desaceleración, sino no animarnos a hacer las reformas necesarias” Lean el artículo completo aquí: https://t.co/V8JfX9QiQt
La República Dominicana tiene el reto de formalizar 350,000 MIPYMES para el 2028. Sin embargo, aproximadamente el 85.2% de este motor productivo aún opera desde la informalidad. ¿Por qué ocurre esto? Abro hilo sobre uno de los motivos🧵👇
Pana el nuevo competidor sistémico para los bancos dominicanos: una fintech que une banca, pagos y cripto en un solo modelo https://t.co/Kt9Utkqqwe via @acentodiario
Iniciamos el año reconociendo y felicitando el compromiso de @caeird con la inversión en educación de niños y niñas en comunidades cañeras logrando avances significativos en las habilidades lectoras y socio emocionales. Gracias por confiar en nuestro trabajo y seguir forjando está alianza por la infancia, y deseamos un 2026 donde los niños y niñas sean el centro de la responsabilidad social @allegravi@angieberges@FelipeVicini
@FedericoJovine@RDMOPC Probable que un ignorante con iniciativa haya tenido la genial idea de que, haciéndolo a esa hora, más personas verían al MOPC haciendo su trabajo.