Fernando, conozco perfectamente a qué os dedicáis. Lo dicen vuestras propias cuentas, a «influenciar políticas energéticas a nivel europeo, estatal, regional y municipal».
También dicen quién os financia. En 2023, el Ministerio para la Transición Ecológica os concedió 473.808 € de fondos públicos para vuestros fines fundacionales durante 2023 y 2024, una cantidad que representó el 77,1 % del total de subvenciones, donaciones y legados concedidos que detalláis en ese apartado de vuestras cuentas.
Así que, como contribuyente, seguiré fiscalizando que una fundación cuyo supuesto objetivo es promover las energías renovables dedique con tanta frecuencia su actividad «divulgativa» a atacar a la energía nuclear, precisamente en una dirección coincidente con la política energética del Gobierno que le concede casi medio millón de euros de fondos públicos. Y lo haré especialmente cuando esa «divulgación» me siga pareciendo profundamente sesgada, por no decir bochornosa.
Y sí, disfrutaré del momento, pero disfrutaré todavía más el día que un Gobierno deje de financiaros con nuestros impuestos.
“With the exception only of the period of the gold standard, practically all governments of history have used their exclusive power to issue money to defraud and plunder the people.”
— Friedrich Hayek
Voy a limitar mi análisis de lo de Ceuta a una sola cuestión, desde mi perspectiva de «marino que pisa cubierta». Está todo el mundo muy centrado en la respuesta, en la reacción, en las medidas a tomar.
Queréis curar los síntomas, no la enfermedad. El verdadero problema no es ese. Si un país vecino es capaz de movilizar (o que se movilicen «solos»... ) 50 000 personas (varones en edad militar) sin que nuestra inteligencia lo sepa, el problema no es policial, ni siquiera militar. Es de inteligencia.
Salvo que lo supiéramos...
50 años lleva este tipo aquí. Intentó estafar a varios clubes haciéndose pasar por entrenador y luego se dedicó al deporte nacional de su país: la charlatanería. Vendedor de humo profesional.
Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general.