Hoy está de cumpleaños la “primera combatiente” Cilia Flores, pero en el régimen, tan leal y tan solidario siempre, ya nadie se acuerda de ella.
Claro, porque está presa en Estados Unidos y le espera una cadena perpetua. Tampoco podrá celebrarlo a todo trapo en Canaima o Los Roques, como lo hacía todos los años, con artistas de diferentes países y el derroche de siempre pagado con el dinero robado y del narcotráfico.
Sin embargo, en Nueva York sí se acordaron de sus 70 años y la citaron al tribunal para leerle otra vez los cargos criminales que enfrenta junto al sátrapa de Nicolás Maduro:
1️⃣- Conspiración de narcoterrorismo (cadena perpetua).
2️⃣- Conspiración para cometer tortura (hasta 20 años).
3️⃣- Conspiración para importar cocaína (cadena perpetua).
4️⃣- Uso y porte de ametralladoras y artefactos destructivos en relación con las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína (mínimo obligatorio de 30 años y máxima de cadena perpetua).
5️⃣- Conspiración para usar y portar esas armas en relación con las mismas conspiraciones (máxima de cadena perpetua).
¿Será que Bonny Cepeda y Óscar D' León se acuerdan hoy de Cilia y la felicitan en sus redes? 🤔
Ah, y el próximo mes cumple Nicolás.
¡Traidores siempre, leales nunca!
𝐃𝐈𝐎𝐒𝐃𝐀𝐃𝐎 𝐍𝐎 𝐍𝐄𝐂𝐄𝐒𝐈𝐓𝐀 𝐔𝐍𝐀 𝐒𝐈𝐆𝐋𝐀
Mientras otros juegan al sudoku político con CC-1, CC-2 y CC-3, Diosdado ya carga unas siglas que pesan bastante más: AF, SEU y R-25.
Por Elizabeth Sánchez Vegas
La aparición de CC-1, CC-2 y CC-3 en la nueva acusación federal presentada en Nueva York ha abierto una discusión legítima y necesaria, porque identificar a los altos funcionarios detrás de esas claves puede ayudar a reconstruir responsabilidades dentro de un aparato al que ahora se atribuyen asesinatos, detenciones ilegales, torturas físicas y psicológicas y persecución sistemática. La acusación del 8 de octubre de 2026 no es un episodio menor: incorpora formalmente la tortura a la investigación penal estadounidense sobre la estructura de poder venezolana.
Pero hay un nombre para el cual ese sudoku resulta casi innecesario.
Diosdado Cabello Rondón no necesita esconderse detrás de CC-1, CC-2 o CC-3 para tener un problema serio con Estados Unidos, porque su nombre completo lleva años escrito en documentos oficiales estadounidenses.
El 26 de marzo de 2020, fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York lo acusaron de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas, dentro de una causa en la que las autoridades estadounidenses sostienen que altos funcionarios venezolanos utilizaron instituciones del Estado para facilitar operaciones de narcotráfico en coordinación con las FARC.
Una acusación penal no equivale a una condena, y esa precisión debe hacerse siempre; pero tampoco corresponde tratar una acusación federal como si fuera un rumor, una narrativa opositora o una especulación de redes.
𝐃𝐢𝐨𝐬𝐝𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐬𝐭á 𝐚𝐜𝐮𝐬𝐚𝐝𝐨 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐨𝐬. 𝐄𝐬𝐨 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐩𝐫𝐞𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧: 𝐞𝐬 𝐮𝐧 𝐡𝐞𝐜𝐡𝐨.
Desde mayo de 2018, además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro lo mantiene sancionado y afirmó, al anunciar la medida, que había utilizado posiciones oficiales para participar en actividades de narcotráfico, lavado de dinero, apropiación de fondos estatales y otras formas de corrupción. Y el 10 de enero de 2025, el Departamento de Estado elevó hasta 25 millones de dólares la recompensa por información que condujera a su arresto o condena por los cargos relacionados con narcotráfico que pesan sobre él.
Ahí es donde el sudoku empieza a perder encanto.
Mientras hoy se intenta descifrar qué nombre corresponde a CC-1, CC-2 o CC-3, en el caso de Diosdado ya existen tres referencias bastante menos misteriosas, construidas únicamente sobre hechos públicos y comprobables: AF: Acusado Federalmente. SEU: Sancionado por Estados Unidos. R-25: Recompensa de hasta US$25 millones.
No pretenden sustituir las designaciones de la Fiscalía; simplemente recuerdan que, en su caso, la discusión no empieza en lo que todavía ignoramos, sino en la gravedad de lo que ya sabemos.
Cabello ocupa desde agosto de 2024 el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, una posición desde la cual están bajo su esfera las fuerzas policiales y el sistema penitenciario venezolano. Ahora, en paralelo, una nueva acusación federal describe cómo determinados altos funcionarios habrían utilizado organismos estatales, militares, policiales y de seguridad para perseguir, detener ilegalmente y torturar.
Eso no demuestra que Diosdado sea CC-1, CC-2 o CC-3, y afirmar hoy cuál de esas siglas le corresponde sería adelantarse a lo que la Fiscalía todavía no ha hecho público; pero tampoco borra nada de lo que ya pesa sobre su nombre.
En su caso, cada pieza cuenta una dimensión distinta del problema: la acusación federal habla de presunto narcoterrorismo, cocaína y armas; las sanciones del Tesoro describen una red de corrupción y utilización del poder público; la recompensa confirma que el interés estadounidense en obtener su arresto o condena sigue vigente; y su posición actual lo mantiene en un lugar central dentro del aparato de seguridad venezolano precisamente cuando la justicia estadounidense profundiza en posibles responsabilidades penales relacionadas con la tortura.
Por eso, mientras otros juegan —legítimamente— al sudoku político de CC-1, CC-2 y CC-3, Diosdado ya carga las siglas que realmente pesan: AF. SEU. R-25.
Lo que todavía falta por saberse sobre CC-1, CC-2 y CC-3 puede ser explosivo y debe conocerse, pero en el caso de Diosdado no hace falta añadirle un solo delito que no esté formalmente atribuido ni una sola sigla que todavía no pueda demostrarse para comprender la gravedad de su situación.
Tal vez todavía no pueda decirse cuándo llegará la hora de responder por todo ello, pero sí puede decirse algo más importante: ya no depende de que el mundo descubra quién es, sino de cuánto más puede resistir el peso de lo que ya está documentado sobre él.
𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫á, 𝐬𝐞ñ𝐨𝐫𝐞𝐬. 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫á.
Importante: Los demócratas del Senado denuncian que vacío legal bloqueará el acuerdo petrolero de Betancourt. En una carta enviada el 30 de septiembre a los secretarios Marco Rubio, Pete Hegseth y Chris Wright, los demócratas Jeanne Shaheen, Jack Reed, Martin Heinrich y Elizabeth Warren, principales demócratas de los comités de Exteriores, Fuerzas Armadas, Energía y Banca, apuntan a uno de los principales obstáculos que afronta el proyecto: la falta de una autoridad legal clara para ejecutar algunas de sus disposiciones centrales. Advierten de acciones no solo legislativas sino legales. El problema afecta especialmente al Pentágono. Según los senadores, la legislación que creó la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa permite conceder y garantizar préstamos para tecnologías críticas y la industria de defensa, pero «no proporciona explícitamente autoridad para adquirir participaciones accionariales en compañías petroleras privadas». El acuerdo contempla, según la documentación pública citada por los legisladores, una participación estadounidense del 35% en la matriz de NABEP.
También cuestionan qué autoridad permite al Departamento de Estado comprometerse a comprar a largo plazo parte del petróleo producido. Reclaman al Gobierno que identifique las leyes en las que sustenta ambas operaciones, explique de dónde procederían los fondos y entregue el texto íntegro del acuerdo antes de que sea definitivo.
Los senadores exigen además conocer la investigación previa realizada sobre Betancourt y determinar si Trump, miembros de su familia, donantes o funcionarios actuales o anteriores de su Administración podrían obtener algún beneficio económico. La ofensiva del Senado confirma así que el proyecto no afronta únicamente dudas económicas y políticas: su arquitectura jurídica sigue siendo uno de los principales obstáculos para ponerlo en marcha.
“No me emociona volver a mi colegio. No estoy preparada para hacerlo porque perdimos a una persona, y no es fácil seguir adelante cuando nuestra familia está destrozada”, nos contó una niña en una escuela improvisada de La Guaira.
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