Soñamos con un país que grite por una escuela como grita por un gol. Que se indigne por un salón sin agua como se indigna por un penal mal marcado. Que entienda, de una vez, que ningún partido define tanto nuestro futuro como un niño aprendiendo bien.
El fútbol nos demuestra que México sí sabe apasionarse, reunirse, exigir, sufrir y celebrar. Entonces el problema no es la falta de emoción: es la falta de prioridad. Normalizamos escuelas rotas, maestros solos, niñas sin internet y jóvenes abandonando las aulas, como si eso no fuera una derrota nacional.
Ojalá un día la educación despierte esa misma pasión. Porque el verdadero marcador de un país no está en el estadio: está en sus aulas. Y mientras no defendamos la escuela con el corazón con el que defendemos una camiseta, seguiremos perdiendo el partido más importante.
Mientras el país celebra, una noticia pasó prácticamente inadvertida.
El 30 de junio fueron cesadas las 43 personas trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública.
No eran personal administrativo. Eran profesionales que realizaban investigaciones socioeconómicas, elaboraban dictámenes en trabajo social e identificaban las condiciones de vulnerabilidad de quienes acuden al Estado porque no pueden pagar una defensa o una asesoría jurídica.
Su trabajo permitía que mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, indígenas, migrantes, personas con discapacidad y víctimas de violaciones a derechos humanos recibieran una atención integral y una defensa acorde con su realidad.
Cuando desaparece este personal especializado, no sólo se pierden empleos; también se debilita la posibilidad de impartir una justicia profesional, independiente y de calidad para quienes más la necesitan.
Resulta especialmente preocupante que, después de que la reforma judicial prometió reiteradamente respetar los derechos laborales, continúen presentándose ceses que dejan a personas servidoras públicas sin empleo y, en algunos casos, incluso sin seguridad social para continuar tratamientos médicos indispensables.
Defender los derechos laborales también es defender el Estado de derecho. Y proteger a quienes hacen posible el acceso a la justicia es proteger, sobre todo, a quienes menos tienen.
La justicia también se debilita cuando se despide a quienes la hacen posible.