@SomosEmelecGers Tremerendo 5, mucha calidad, te galleteaba hasta con los pies cerrados, lástima que lo lesionaron en copa libertadores del 90, un carnicero de apellido coimbra, desde allí no fue el mismo, pero era llamado a ser el mejor 5 del ecuador de todos los tiempos.
Hay algo profundamente humano —doloroso, incluso— en el ejercicio del derecho constitucional. Uno entra a esta rama del derecho creyendo que estudia normas; pronto descubre que en realidad estudia fragilidades humanas, asimetrías de poder y la soledad del ciudadano frente al Estado.
La Constitución, con sus garantías y sus principios, no es un texto para momentos de estabilidad. Es un escudo para cuando “el mundo colapsa”. Cuando la administración te desvíncula del trabajo siendo vulnerable, cuando el policía abusa, cuando el juez actúa con displicencia, cuando una autoriad destruye derechos con una simple omisión. Ahí —justo ahí— aparece la Constitución como un puente invisible entre la dignidad humana y el poder que amenaza con aplastarla.
Desde que empecé al litigar en el ambito constitucional, me he dedicado a activar esas garantías: acción de protección, hábeas data, extraordinaria de protección, acciones de incumplimiento… no como rituales procesales, sino como mecanismos de supervivencia jurídica. He visto cómo un fallo bien dictado puede devolverle a alguien la vida, la honra, el empleo, la libertad, la salud, el acceso a la educación o incluso la paz.
Pero en esa misma experiencia se revela una paradoja inquietante: muchas de las personas que han sido protegidas por la Constitución, más adelante, piden que la Constitución sea desmontada.
Personas que extendieron la mano y encontraron o intentaron tener refugio en una acción de protección, hoy dicen que la Constitución “es demasiado garantista”.
Ciudadanos que ganaron una acción de protección para declarar una violacion Costuticional, ahora reclaman que “hay que recortar derechos”.
Personas que salvaron su trabajo, su reputación, su tranquilidad gracias a las garantías, hoy repiten que “la Constitución debe ser simplificada” o “limitada” porque, en su imaginario, esa limitación solo afectará a otros.
Esa contradicción no es anecdótica, es estructural, y revela tres verdades sobre la naturaleza humana frente al poder.
La gente quiere derechos cuando está en riesgo, no cuando está cómoda. Cuando el Estado golpea, todos buscan garantías. Cuando pasa el peligro, muchos vuelven a la comodidad de la narrativa punitiva: “que los jueces sean más duros”, “que haya menos controles”, “que se limiten las garantías”.
Como si el derecho fuera botiquín, no arquitectura.
Como si la Constitución existiera solo cuando les conviene.
El poder siempre seduce más que los principios.
Es más fácil identificarse con el que manda que con el que sufre. Es más fácil pedir castigo que pedir límites. Es más fácil creer que las garantías “estorban”, que entender que son la única barrera civilizatoria contra la arbitrariedad. El derecho constitucional exige un nivel de conciencia que a veces no se enseña, es decir, que lo que protege a los otros, también te protege a ti; que lo que criticas hoy es lo que mañana podría salvarte.
La memoria jurídica es corta, pero el daño de desmontar derechos es largo. El problema no es que la gente olvide que la Constitución los tuteló y protegió. El problema es que ese olvido tiene efectos reales porque limita la defensa de quienes mañana la necesitarán, abre la puerta al abuso estatal, fomenta el autoritarismo emocional, reduce la capacidad del derecho para contener la violencia del poder. Una Constitución sin garantías no es Constitución, es un adorno para ceremonias.
Esto no es una crítica a aquellos que un dia usaron esas herramientas contenidas en la Contitucuon, ni a las personas que cambian de opinión cuando se sienten seguras. Es una reflexión sobre lo profundamente humano que es olvidar el peligro cuando ya pasó. Pero también es una advertencia ética que si desmontas la Constitución porque hoy no la necesitas, mañana no tendrás cómo reclamar cuando el poder te alcance y te aplaste.
Por eso, seguiré litigando y enseñando garantías. No porque crea que la Constitución es perfecta, sino porque creo profundamente en la dignidad humana que protege.
Ahora resulta que el país entero repite como loro que “el problema es el 77.1”, ese artículo que (según ciertos iluminados) “obliga a soltar delincuentes”. Patraña monumental. El 77.1 jamás ha impedido dictar prisiones preventivas, lo único que exige es motivación, proporcionalidad y que la prisión preventiva no se use por reflejo pavloviano. Es decir, protege del abuso, no de la justicia.
Lo que provoca las fugas no es el 77.1, sino ciertos fiscales que no piden prisión preventiva aun con un alto riesgo de fuga o habiendo indicios de que las medidas alternativas son insuficientes y algunos jueces que dictan autos semanales a prófugos profesionales. Y aquí viene la verdad que les aterra admitir: si el fiscal no pide prisión preventiva, el juez no puede dictarla. Punto. Entonces, cuando un criminal sale con medidas alternativas pese al riesgo evidente, no es porque la Constitución lo determina, es porque el fiscal calló o el juez miró al techo. La negligencia tiene rostro, no está en un artículo.
Y claro, frente a su propia incompetencia, la solución preferida es siempre la misma: “desmonten la Constitución”. Esa fantasía infantil de quienes quieren volver al garrote, al automatismo, a un sistema inquisitivo, a la prisión preventiva como castigo anticipado y a jueces sin frenos. Una especie de puritanismo punitivo que confunde Estado de derecho con Estado de venganza.
En todo caso, la verdad es más incómoda porque el Ecuador lleva casi quince años sin una depuración judicial seria. Nunca se evaluó a fiscales y jueces, nunca se auditó desempeño, nunca se exigió responsabilidad. La mediocridad se institucionalizó, la negligencia se normalizó y la corrupción se normalizó. ¿Y ahora quieren culpar a un artículo de la fuga de un procesado? No. El problema no es el 77.1. El problema es que varios operadores de justicia penal y fiscales debieron haber sido desvinculados hace rato.
La Constitución no huye, no obstruye, no calla, no negocia medidas. La Constitución no libera delincuentes; los libera la incompetencia. Pero aquí siempre es más fácil quemar el papel que enfrentar al funcionario. Por eso culpan al texto. Porque culpar al operador de justicia exige valentía, y la valentía es el único recurso que esta institucionalidad no puede pagar. ¿Han escuchado ustedes que a alguien se le ha ocurrido hacer una depuración judicial? ¿O será que les conviene tener jueces funcionales?