⚖️ 🤖 La Universidad de Chicago acaba de decidir cómo va a enseñar Derecho en la era de la #IA. Y la respuesta no es prohibirla.
▶️ El 9 de julio la Law School publicó su memorándum Rethinking Legal Education in the AI Era. Vale la pena leerlo completo, pero su tesis cabe en una línea: hay que enseñar a pensar con, sin y sobre la inteligencia artificial.
⚠️ Lo que más llama la atención es que no hay una política única, sino una gradación según el momento formativo:
➤ En el primer año —cuando el estudiante todavía no sabe juzgar la calidad de un output— vuelven al aula sin laptops ni celulares, a los exámenes cerrados y al método socrático. El "esfuerzo difícil" se protege deliberadamente.
➤ En investigación y escritura jurídica, en cambio, escribir sin IA es la base y el uso de IA se superpone encima: se supervisa tanto el escrito como el uso que se hizo de la herramienta.
➤ En el trabajo de investigación de titulación se añade un requisito que parece brillante por lo simple: una discusión oral presencial con el profesor sobre el propio texto. No hay tecnología en la que apoyarse cuando alguien te pregunta por qué escribiste lo que escribiste.
➤ En las clínicas, con clientes reales, el objetivo es trabajar con IA y sin IA, con salvaguardas contra errores de IA en promociones judiciales.
⚠️ Hay una lección que trasciende a las facultades de Derecho y llega directo a los despachos: la IA no sustituye el juicio profesional, pero sí puede impedir que se forme. La diferencia entre un abogado que usa IA y uno que depende de ella se decide en los años en que aprende a pensar.
⚠️ ¿Estamos formando —en la academia y en el ejercicio— a quienes puedan supervisar críticamente a la máquina, o solo a quienes sepan operarla?
🔗 Fuente: University of Chicago Law School, Rethinking Legal Education in the AI Era (9 de julio de 2026).
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El tribunal del vencedor
Antes de posesionarse, el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella ya anunció cuál será el primer acto de su mandato: juzgar al que se va. No lo dijo un fiscal ni un juez. Lo dijo Carlos Alonso Lucio, el coordinador del empalme a la revista Cambio (enlace al final), con una frase directa: Petro debe ser juzgado. Y para eso montaron un aparato con nombre de campaña —"empalme anticorrupción"— que promete trasladar a la justicia todo lo que encuentre.
Frente a esa decisión que parece inamovible cabe una pregunta que muchos nos hacemos: ¿esto es la justicia que por fin llega, o una revancha disfrazada de justicia?
Empecemos por concederle a Lucio lo que tiene de razón. La impunidad de los poderosos es una vergüenza absoluta en Colombia, y "echar tierrita" en nombre de la reconciliación no es madurez sino complicidad. Un ministro que se sienta en el escritorio, encuentra un robo y decide callarlo no está siendo prudente; está delinquiendo. En eso Lucio tiene toda la razón. Si Gustavo Petro, sus ministros, funcionarios y congresistas cometieron delitos, tienen que responder. Punto. Que haya sido presidente no lo blinda; al contrario, lo obliga más. Sobre eso no se regatea ni una coma. Sus funcionarios y congresistas, otro tanto de lo mismo. Delinquieron, pues a juicio.
Pero ahora es importante evaluar dos conceptos que son muy distintos, pero que se pueden confundir muy fácil y ahí empieza el problema. La justicia y la venganza, vistas desde afuera, se parecen: las dos sientan al adversario en el banquillo. La diferencia no está en el acusado. Está en cuatro cosas, y conviene tenerlas a la mano para no dejarse engañar por ninguna de las dos orillas.
La primera es quién la mueve. La justicia la conducen fiscales y jueces autónomos; la revancha la conduce el ejecutivo. Y el orden de los factores lo delata todo: la justicia concluye que alguien es culpable, después de un proceso. La venganza empieza por ahí. Cuando el veredicto —"debe ser juzgado"— se anuncia antes de que un solo juez haya fallado, no estamos ante el final de una investigación, sino ante el comienzo de una consigna.
La segunda es la universalidad. La justicia aplica el mismo rasero sin mirar el color del acusado; la venganza es selectiva: persigue al enemigo y perdona al amigo. Y aquí está la prueba de fuego de ese "empalme anticorrupción": ¿va a escarbar con la misma lupa los contratos, las dinastías y los negocios de su propia coalición? Porque una justicia que solo fluye hacia el derrotado no es justicia: es el marcador del vencedor.
La tercera es el procedimiento y la proporción. La justicia es aburrida: transita por el Código de Procedimiento Penal, la Comisión de Acusaciones, la presunción de inocencia, los tiempos tediosos del debido proceso. La venganza, en cambio, quiere espectáculo y velocidad. Cuando la extradición de un expresidente se promete como aplauso de campaña —"la firmaría corriendo"— y no se sopesa como el acto gravísimo que es, ya no estamos hablando de derecho: estamos hablando de trofeo.
La cuarta es el propósito. La justicia busca reparar el imperio de la ley y disuadir el delito futuro. La revancha busca aniquilar al adversario como fuerza política, asegurarse de que el que perdió no vuelva jamás. Frente a cada medida hay que preguntarse lo mismo: ¿esto fortalece las instituciones, o solo elimina a un rival? Y en pleno siglo XXI, la eliminación del rival es cada vez más difícil.
Y aquí conecto con lo que escribí hace unos días. En "Elogio de la obediencia" le dije al que perdió que en democracia, el que pierde reconoce. Hoy me toca decirle al que ganó la otra mitad de esa verdad, la que casi nunca se dice: reconocer tu legitimidad no te da derecho a destruir al que perdió. El contrato democrático tiene dos cláusulas. El que pierde reconoce, y el que gana se contiene. Un país que solo exige la primera y se olvida de la segunda no es una democracia: es una rotación de venganzas con distintos apellidos.
Colombia ya vivió esta película. Se llamó la Violencia, y empezó siempre igual: el que llegaba se vengaba del que se iba, y el que se iba juraba volver a cobrar. Romper ese círculo no significa impunidad —ojo con la trampa—: significa dejar que la justicia autónoma haga su trabajo mientras el ejecutivo se aguanta las ganas de hacerlo por ella. La diferencia entre un estadista y un vengador es esa mano que no se mete donde no debe.
Que el presidente que delinca sea juzgado: sí, mil veces sí. Pero por jueces, no por el que le ganó las elecciones. Con expedientes, no con ruedas de prensa. Universal, no selectivo. Lo demás —el aparato del vencedor decidiendo a quién sienta en el banquillo— tiene otro nombre, y no es justicia. Y lo más grave es que quien empieza montando el tribunal del vencedor, tarde o temprano se lo entrega, ya calientico, al que venga a vengarse de él.
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Qué mamera que es la gente poco moderna. Se nos vienen cuatro años de gobierno de camándula y rejo o la alternativa setentera a la Inderena.
Pobre país.
Es cierto que dos de los tres candidatos más fuertes tienen experiencia en el sector público, pero también es cierto que solo uno de ellos tiene experiencia en ámbito ejecutivo.
¿A qué rama del poder es que pertenece la presidencia?🤔
@aldimo4@F1Tornello Algo va de "narrador" a "analista". Si Tornello compara los logros de VER durante sus 6 primeras temporadas (lo que duró JPM), se dará cuenta de que el venenoso es él mismo.
Reconocimiento a la Corte Suprema por su primer nombramiento (Dra. Katherine Rolong), al Tribunal del Chocó (Dra. Sandra Córdoba) y al Tribunal de Sincelejo por su ejemplar celeridad.
Que el mérito, la transparencia y la eficiencia marquen el camino.
#JuecesPorMeritoYA
El debate sobre capturas, liberaciones, reincidencia y seguridad debe darse con datos, evidencia y conocimiento de la normatividad penal y penitenciaria, y no sobre la base de flojas teorías sin evidencia de causalidad/correlación entre el Acuerdo de paz y la inseguridad.
@CarlosCortes@andrescarob Aparte de que Cepeda deba responder si se demuestra su participación, la categoría de "responsable político" como interviniente en un delito no hace parte del derecho penal; quizás del electoral.