📍 La Ceiba fue sede del segundo «Foro Regional de Gobernanza Municipal e Integridad Pública», un espacio que reunió a alcaldes y equipos técnicos de los departamentos de Atlántida, Islas de la Bahía y Gracias a Dios.
Durante la jornada, la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, destacó la importancia de que los gobiernos municipales respondan con integridad y compromiso a las necesidades de la ciudadanía.
Estos foros fortalecen las capacidades de las autoridades locales mediante el intercambio de experiencias, la formación y la asistencia técnica, impulsando una gestión pública más eficiente, transparente y cercana a la población.
#ForosRegionales
#CNAEnTuMunicipio
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) considera que la reciente elección de autoridades electorales en el Congreso Nacional vuelve a evidenciar una lógica de repartición de cuotas políticas que ha sido, precisamente, el factor que más ha debilitado la independencia y el funcionamiento de los órganos electorales. La mayoría parlamentaria conformada por el Partido Nacional y el Partido Liberal no puede traducirse en la reproducción de prácticas que han deteriorado la institucionalidad electoral y profundizado la desconfianza ciudadana.
Asimismo, preocupa que los nombramientos realizados solo cubran algunos interinatos y una vacante en propiedad, dejando pendientes otros cargos necesarios para integrar plenamente el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Mantener órganos incompletos genera incertidumbre sobre su capacidad de atender las tareas postelectorales y avanzar en las transformaciones que el sistema requiere.
Tal como lo advirtió el CNA, el proceso de selección realizado por la comisión especial tampoco dejó certeza de un ranking público de evaluación, limitando el escrutinio ciudadano sobre los criterios utilizados para las designaciones.
Estos acontecimientos reafirman la urgencia de impulsar una reforma electoral integral y con resultado a largo plazo. Honduras no puede continuar respondiendo a las crisis con medidas coyunturales, pues el país necesita reglas que fortalezcan la independencia de las autoridades, garanticen procesos de selección transparentes y recuperen la confianza en la institucionalidad democrática.
#InstitucionalidadElectoral
#ReformaElectoralYa
El problema de fondo está ausente en la discusión sobre la reforma energética.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) observa con preocupación que la discusión actual sobre la reforma energética ha estado marcada por una confrontación basada principalmente en la posible separación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y en el debate sobre si los cambios propuestos representan o no una privatización del sector.
Sin embargo, la conversación también debería centrarse en la capacidad que deben tener dichas reformas para resolver los problemas estructurales que durante décadas han impedido construir un sistema energético eficiente, sostenible y accesible para la ciudadanía.
La experiencia en Honduras demuestra que las reformas, por sí solas, no han sido suficientes para corregir los inconvenientes de fondo. Desde la Ley Marco del Subsector Eléctrico de 1994, pasando por la Ley General de la Industria Eléctrica de 2014, hasta las reformas impulsadas durante el período 2022-2026, el país ha transitado por distintos modelos sin lograr revertir de manera definitiva las pérdidas y las dificultades que afectan al sistema.
Por esta razón, la discusión no puede limitarse al contenido de una nueva ley. También debe considerar el papel que han desempeñado los poderes políticos, económicos, institucionales e incluso fácticos que históricamente han influido en la implementación de cada modelo. Ninguna reforma será suficiente si evita discutir cómo estos intereses han condicionado el funcionamiento del sector energético y sus resultados.
Asimismo, aunque gran parte del debate se ha concentrado en la estructura de la ENEE y en la preservación de su condición de bien público nacional, el proyecto incorpora otros elementos que también merecen la pena ser analizados. La restauración de mecanismos para la selección de autoridades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, por ejemplo, reabre una discusión indispensable sobre la independencia, la idoneidad y la profesionalización de las instituciones, sin que estas sean permeadas por la discrecionalidad política y la gestión de intereses privados.
De igual forma, resulta necesario incluir en la discusión las dinámicas de corrupción, un componente permanentemente vinculado a la crisis de este sector. Durante más de una década, el CNA ha documentado las pérdidas que el Estado enfrenta como consecuencia de prácticas corruptas que afectan la gestión de la ENEE.
Por ello, el desafío no es solamente si se dividen instituciones, se crean nuevas entidades o se redistribuyen competencias; también consiste en evaluar si las reformas propuestas tienen la capacidad de evitar pérdidas millonarias, ineficiencias operativas, distorsiones en los costos de la energía, concentración de poder económico y barreras de acceso que perjudican a miles de hondureños.
No hay duda de que una reforma es necesaria. Lo que permanece bajo prueba es si existe la voluntad política para ir más allá de un cambio de modelo institucional y enfrentar los intereses públicos y privados que continuamente se han beneficiado de las debilidades del sistema energético, evitando que la reforma se limite a cambios formales sin garantizar que el pueblo hondureño pueda gozar de una energía eléctrica que dignifique sus condiciones de vida.
#ReformaEnergética
#Honduras
📌El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) advierte un vacío crítico en el proceso de selección de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Hasta el momento, la Comisión Especial del Congreso Nacional no ha comunicado al público la existencia de un manual o protocolo que establezca los criterios de evaluación ni las puntuaciones asignadas a dichos criterios.
Antes de definir qué aspirantes avanzan a la fase de entrevistas públicas, la Comisión debe establecer y publicar las reglas con las que calificará la evaluación curricular. La ley establece requisitos mínimos, pero seleccionar autoridades electorales no puede reducirse a verificar documentos.
Sin criterios técnicos, este proceso corre el riesgo de convertirse en una depuración discrecional.
En este contexto, el CNA ha presentado formalmente un oficio a la Comisión Especial proponiendo la adopción de siete criterios objetivos y verificables, entre ellos:
1. Capacidad gerencial
2. Integridad, probidad y responsabilidad pública
3. Formación y conocimiento especializado en materia electoral
4. Neutralidad político-partidaria
5. Independencia y autonomía de criterio
6. Capacidad de diálogo y gobernanza colegiada
7. Inexistencia de conflictos de interés e incompatibilidades éticas
Estos parámetros resultan determinantes en el proceso de evaluación. La capacidad gerencial implica dirigir instituciones en contextos de alta conflictividad política y social. Las habilidades de diálogo son esenciales en órganos colegiados donde la legitimidad depende de acuerdos construidos con base técnica, no política; y la inexistencia de conflictos de interés exige que los aspirantes no mantengan vínculos o litigios contra el Estado que puedan comprometer su actuación.
En consecuencia, la selección de autoridades electorales no puede quedar sujeta a discrecionalidad, sino que debe regirse por reglas claras, públicas y sustentables.
El CNA reitera que el mérito, la trayectoria y la integridad deben prevalecer sobre cualquier forma de compromiso político.
#LaDemocraciaNoSeReparte
#Honduras
DISCULPEN MI CASTELLANO
Gabriela Castellanos
Abogada
¿Quién paga la factura del pescado?
Mientras millones de hondureños ajustan sus gastos tras una semana de asueto, ha trascendido que varios diputados, principalmente de la bancada liberal, pero sin descartar que otros hayan participado, recibieron transferencias que rondan los 100 mil lempiras cada uno.
La gente ya lo bautizó como el “bono del pescado”, un nombre que expresa con precisión la indignación frente a un hecho que, más allá de la clara indirecta, representa el uso discrecional de fondos públicos en beneficio de los políticos.
Esta ha sido una práctica sostenida por años, donde el poder se utiliza para repartir recursos sin control ni propósito público claro, pero que también confirma que ciertos sectores políticos no tienen intención por romper con las viejas costumbres que debilitan el Estado.
Instrumentalizar dinero público bajo la etiqueta de “ayudas sociales” no es gestión, sino una distorsión de la función pública. Cuando se extraen recursos del pueblo para repartirlos entre aliados, se abandona la representación ciudadana y se abraza, sin pudor, la lógica del reparto del botín.
Lo más preocupante no es solo la solicitud de fondos desde una bancada, sino la rapidez con la que Casa Presidencial los autoriza y transfiere. Ampararse en reglamentos no resuelve el problema de fondo, pues esta práctica contradice principios básicos de la administración pública y evidencia una relación funcional entre Ejecutivo y Legislativo basada en la conveniencia, y no en el control recíproco.
La entrega de transferencias directas a cuentas personales de diputados sin mecanismos de control, sin auditorías reales y con una discrecionalidad absoluta, es la definición técnica de la corrupción permitida por la ambigüedad de ley y por la interpretación antojadiza que de ella hace la clase política.
Estos fondos no solo alimentan privilegios, sino que se transforman en herramientas para construir lealtades políticas. Así se perpetúa un modelo donde los recursos públicos dejan de responder a las necesidades del pueblo y pasan a sostener redes de influencia que solo benefician a los que están en la cima de la pirámide legislativa.
Este no es un problema de controles o de mejorar mecanismos de rendición, es un problema de origen. Los diputados no deben administrar ni distribuir recursos públicos, pues esa función corresponde a instituciones diseñadas para ejecutar políticas bajo criterios técnicos,y nunca bajo intereses partidarios.
Honduras no necesita bonos disfrazados de ayuda. Necesita leyes y políticos que tengan la decencia mínima de legislar en favor de este país, y un Ejecutivo que gobierne con responsabilidad, en lugar de habilitar prácticas que distorsionan el uso del dinero público.
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«…fuimos testigos de una peligrosa distorsión del orden constitucional, donde instituciones que deben ser garantes de legalidad y neutralidad, como el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas, se prestaron a dinámicas que comprometieron la integridad del proceso electoral». - Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA.
En un evento al que asistieron autoridades electorales, diputados, expertos internacionales, academia y sociedad civil, el CNA presentó una ruta concreta basada en 5 pilares para transformar las reglas del sistema electoral.
👇 En el siguiente hilo, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall (@APHall_CNE), recuerda la persecución política que enfrentó como autoridad electoral y la importancia de las reformas frente a este contexto.
El juicio político es un mecanismo constitucional de control diseñado para garantizar que quienes ejercen poder público respondan por sus actos ante el Congreso Nacional. Hoy, corresponde al fiscal general someterse a ese escrutinio, mientras el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de asegurar el debido proceso, así como el derecho de defensa en cada una de sus etapas.
Los hechos que motivan este juicio no se reducen al fiscal general de manera aislada, obedecen a un contexto electoral en el que su accionar se vinculó con decisiones y actuaciones de otros funcionarios, configurando un patrón que debe ser examinado en su totalidad. La responsabilidad política no puede fragmentarse ni negociarse parcialmente.
Si el propósito es evitar que estos hechos se repitan, el proceso no puede limitarse a una sola autoridad, desconociendo el antecedente en su totalidad. El juicio político, exige verdad completa, responsabilidades para los involucrados y decisiones que fortalezcan el Estado de derecho.
#JuicioPolítico
#CongresoNacional
#Honduras
Mini serie: «Detrás del curul»
En este episodio, Marco Ramiro Lobo comparte su trayectoria en la función pública, desde su paso como magistrado electoral y alcalde, hasta su actual rol como diputado del Partido Libertad y Refundación.
@RamiroLobo1970#CongresoNacional
#DetrásDelCurul
#MIC
El Ministerio Internacional Mujer a Mujer otorgó un reconocimiento a la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, por su liderazgo y trayectoria al frente de la organización, destacando su trabajo, carácter e influencia a lo largo de los años.
El homenaje se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer, con el propósito de resaltar la carrera de profesionales de alto impacto que, desde distintos ámbitos, inspiran y elevan el estándar de compromiso y excelencia en la vida pública y en el sector privado.
La ocasión también reunió a otras destacadas mujeres, entre ellas la designada presidencial María Antonieta Mejía, la diputada Johana Bermúdez, la empresaria Juliette Handal y la abogada Maribel Espinoza.
En esta fecha, el CNA reconoce también a las mujeres que, desde diversos espacios, sostienen con valentía la defensa de la justicia, la transparencia y la lucha contra la corrupción.
@manton15@drabermudezhn@JulietteHandal@MaribelE59@mayranavarro_c
#DiaInternacionalDeLaMujer
El Consejo Nacional Anticorrupción, a través del Mecanismo de Incidencia Ciudadana (MIC), ha estado presente en las sesiones del pleno del Congreso Nacional, manteniendo un ejercicio de veeduría ciudadana activo sobre el desempeño y funcionamiento del Poder Legislativo.
En ese sentido, el pasado 17 de febrero se remitió la primera comunicación oficial con observaciones técnicas sobre el desarrollo de las sesiones.
Una de ellas fue la ausencia de una agenda legislativa pública previa a cada sesión, lo que impedía el análisis anticipado tanto para los diputados como para la ciudadanía. Actualmente, esa agenda ya se está publicando, lo que demuestra que la veeduría técnica incide cuando existe apertura institucional.
Sin embargo, todavía hay aspectos que deben corregirse para garantizar mayor transparencia.
➞ Votación con poca claridad
El mecanismo actual consiste en el levantamiento de mano; sin embargo, esta práctica no permite un conteo transparente ni verificable en tiempo real.
Ante las declaraciones de las autoridades del Congreso Nacional de que el sistema electrónico se encuentra obsoleto, es urgente instalar uno nuevo que permita visualizar el nombre, fotografía, bancada y voto de cada diputado en los decretos aprobados.
Mientras esto ocurre, el CNA insta a que, de manera inmediata, se implemente un mecanismo alterno que garantice certeza y trazabilidad.
➞ Quórum inexacto y asistencia no verificable
Aunque se ha manifestado una asistencia casi perfecta, la ciudadanía no cuenta con un mecanismo público que permita comprobarla.
En ese sentido, el CNA exhorta a las autoridades del Congreso Nacional a implementar un sistema electrónico que refleje las asistencias, ausencias y justificaciones, generando registros que permitan evaluar el comportamiento de los congresistas.
En relación al anuncio de deducciones salariales por inasistencias, los nombres y registros correspondientes deben hacerse públicos como garantía de rendición de cuentas.
El CNA seguirá presente en el hemiciclo, observando, proponiendo y construyendo para fortalecer la democracia mediante la vigilancia ciudadana.
#CongresoNacional
#MIC
Con relación al proceso de aprobación del decreto de reforma a un artículo transitorio de la Constitución de la República
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) considera que la reciente reforma aprobada por el Congreso Nacional al artículo 3 transitorio del Decreto Legislativo 282-2010 no constituye una simple modificación a una disposición secundaria. Aunque formalmente se trate de un artículo transitorio, su contenido incide directamente en la organización del Poder Judicial y en el régimen de atribuciones previsto en la Constitución de la República.
Dicha disposición reguló provisionalmente el ejercicio de competencias administrativas mientras se instalaba el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, formando parte integral del rediseño constitucional aprobado en 2010 y ratificado en 2011. En consecuencia, su modificación no es meramente operativa, sino que impacta materialmente la arquitectura constitucional del sistema judicial.
Tratar esta reforma bajo el procedimiento previsto para leyes secundarias —y no bajo el mecanismo rígido de reforma constitucional que exige ratificación en la siguiente legislatura— genera un cuestionamiento legítimo sobre la corrección del procedimiento utilizado. Más allá de la discusión formal sobre la jerarquía normativa, lo determinante es que la reforma incide en la estructura constitucional de distribución de competencias, un ámbito que exige máxima prudencia institucional.
Este precedente abre la puerta a impugnaciones constitucionales y a un escenario de incertidumbre jurídica innecesaria. Además, coloca a la propia Corte Suprema de Justicia en una posición compleja, al eventualmente tener que pronunciarse sobre una reforma que incide directamente en su organización y atribuciones.
El problema de fondo, sin embargo, permanece sin resolverse. Desde la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial en 2016, el país mantiene pendiente la emisión de una nueva normativa que permita activar este órgano y restablecer plenamente el sistema de contrapesos internos del Poder Judicial, conforme al diseño aprobado en la reforma constitucional de 2011.
La estabilidad institucional no se fortalece mediante ajustes parciales a disposiciones transitorias, sino a través del cumplimiento integral del mandato constitucional. En ese sentido, el Congreso Nacional tiene la responsabilidad de impulsar una discusión amplia, técnica y participativa para aprobar una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, evitando dejar un precedente que pueda debilitar la rigidez constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en el Estado de derecho.
La Constitución no admite reformas indirectas, pues su fortaleza depende del respeto estricto a las reglas que organizan el poder y delimitan sus competencias.
#CongresoNacional
#CorteSupremaDeJusticia
#Honduras
📌 Quinto rasgo: clientelismo con fondos públicos
Mientras el Congreso entraba en parálisis, las subvenciones y el «fondo social» siguieron fluyendo como trampolín político.
¿Cuántos informes de liquidación del uso de subvenciones se publicaron? Según el Congreso Nacional cuenta con todo el respaldo documental, pero paradójicamente las solicitudes de información pública sobre estos datos eran denegadas.
Poca producción legislativa, mucho reparto político.