La Universidad de Chicago acaba de decir en voz alta lo que muchas facultades de Derecho todavía no quieren aceptar: la inteligencia artificial ya rompió el modelo tradicional de enseñanza jurídica. Hoy un alumno puede entregar una demanda, un ensayo o una investigación impecables sin haber leído, razonado ni comprendido realmente el problema. El riesgo no es solo el plagio. Es algo mucho más grave: simular que alguien sabe Derecho cuando en realidad solo aprendió a pedirle respuestas a una máquina.
La respuesta de Chicago no es prohibir la IA ni rendirse ante ella. Es formar abogados capaces de pensar sin tecnología, trabajar con ella y, sobre todo, cuestionarla. Por eso vuelve al aula sin pantallas, fortalece el método socrático, exige exámenes presenciales y obliga a los estudiantes a defender oralmente sus trabajos. La lógica es brutalmente sencilla: si no puedes explicar, sostener y corregir lo que entregaste, entonces probablemente nunca fue realmente tuyo.
La inteligencia artificial no va a acabar con los abogados. Va a acabar con una forma mediocre de ejercer el Derecho: memorizar, copiar formatos, repetir jurisprudencia y producir documentos sin criterio. El abogado que sobreviva no será el que escriba más rápido que una máquina, sino el que sepa detectar cuándo la máquina se equivoca, entender lo que está en juego, tomar decisiones difíciles y responder por sus consecuencias. El futuro de la abogacía no está en producir más texto. Está en tener más juicio.
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Kafka entendió algo que los abogados a veces olvidamos: el Derecho no fracasa únicamente cuando se viola la ley. También fracasa cuando, cumpliendo todas sus formas, deja sola a la persona frente al expediente, al sello, al trámite, al juez invisible y a una autoridad que nunca explica, pero siempre exige.
La miseria del Derecho aparece cuando la justicia se vuelve oficina; cuando el proceso deja de ser garantía y se convierte en castigo; cuando la ley ya no protege al débil, sino que organiza su impotencia. Ahí nace lo kafkiano: no en el absurdo literario, sino en la experiencia real de quien busca justicia y solo encuentra pasillos cerrados.
Leer a Kafka como juristas es incómodo, pero necesario. Nos obliga a preguntarnos si el Derecho que practicamos libera o somete; si escucha o aplasta; si humaniza o administra culpas.
Una pensión no es una dádiva ni una cifra perdida en una nómina pública. Para una persona jubilada es su salario de vida: comida, medicinas, techo, tranquilidad y dignidad. Por eso, reducirla de golpe, sin explicación, sin mandamiento escrito y sin método claro de cálculo, no es un simple “ajuste administrativo”.
La resolución del Tribunal Colegiado en Querétaro es de enorme calado: entendió que la suspensión en amparo no puede llegar tarde cuando está en juego el mínimo vital de una persona adulta mayor. Si el descuento pensionario genera angustia, zozobra e incertidumbre sobre la propia subsistencia, el daño ya no es sólo económico: toca la dignidad.
El debate no debe esconderse detrás de la etiqueta fácil de “pensiones doradas”. La pregunta constitucional es mucho más seria: ¿puede el Estado disminuir una pensión ya reconocida, sin explicar nada y dejando al jubilado cargar con el costo mientras litiga? La respuesta cautelar fue clara: primero se protege la vida digna; después se discute el fondo.
Cuando el cliente, después de haber sido asesorado por ti, regresa discrepando de tu consejo e invocando algo que le han dicho familiares, amigos o incluso algún supuesto abogado, mejor que le pongas las cosas claras: sin confianza no puede haber relación profesional.Para cada cliente, Abogado no hay más un uno.
📌 20 criterios que todo abogado debería revisar sobre razonamiento probatorio
El resultado de un litigio depende muchas veces de una pregunta esencial:
¿cómo se razona la prueba?
No basta afirmar que una prueba “genera convicción”. Hay que explicar por qué es fiable, qué inferencia permite, qué estándar satisface y cómo se relaciona con las demás pruebas.
Recomiendo revisar estos criterios del Semanario Judicial de la Federación:
Sana crítica: lógica, experiencia y conocimiento científico — 2028561
Valoración libre y lógica en el sistema penal acusatorio — 2020480
Libre valoración y máximas de experiencia — 2018214
Sana crítica como sistema de valoración — 181056
Presunción de inocencia como estándar de prueba — 2006091
Prueba de cargo suficiente — 2011871
Duda razonable — 2013368
Más allá de toda duda razonable — 2024130
Datos de prueba y vinculación a proceso — 2024432
Estándar para vinculación a proceso — 2024442
Prueba indiciaria: requisitos de los indicios — 2004756
Prueba indiciaria: inferencia lógica — 2004755
Prueba circunstancial como método de valoración — 2027823
Inferencias desde hechos probados — 2004757
Prueba pericial y motivación del perito — 161783
Pericial grafoscópica y sana crítica — 2007290
Peritaje psicológico y límites del dato pericial — 2024457
Testigo único y testigo singular — 2002208
Testigo único: condiciones de valoración — 2016763
Testimonio de oídas — 2028998
La prueba no se valora por intuición.
Se valora con razones.
En el Centro Carbonell seguimos estudiando la prueba, la argumentación y la litigación con rigor jurídico.
Despiertas, revisas tu cuenta bancaria y falta dinero. No fuiste tú. No autorizaste nada. No le diste clic a ninguna transferencia. Vas al banco y, en vez de darte una respuesta clara, te empujan al vía crucis: “demándenos, pero también hay que llamar al que recibió el dinero”. Traducción: convierte tu reclamo en un laberinto procesal.
La nueva jurisprudencia de la @SCJN, corta esa maniobra. Si demandas la nulidad de transferencias electrónicas no reconocidas, el pleito principal no es contra la persona que recibió el dinero, sino contra el banco que permitió que saliera de tu cuenta. La pregunta jurídica no es “¿quién terminó con el dinero?”, sino algo mucho más serio: ¿puede el banco demostrar que esa operación fue auténtica, segura, autorizada y ejecutada conforme a sus propios controles?
Esta tesis es de gran trascendencia, porque cambia el centro del debate: el usuario no tiene que investigar redes de fraude, cuentas destino o posibles “mulas” bancarias. Quien controla la tecnología, las claves, los registros, las alertas y la infraestructura es el banco. En tiempos de fraude digital, la justicia no puede tratar al cliente como sospechoso por reclamar su propio dinero. La banca electrónica puede ser veloz, pero la responsabilidad jurídica también debe serlo.
Aquí puedes consultar la tesis que generó este caso: https://t.co/kBQX0adsrL
Ex asesor del dictador de Venezuela, Hugo Chávez, Juan Carlos Monedero llega a México para dar asesoramiento sobre democracia en el poder judicial. Pero como es de izquierdas no es injerencismo. WTF
La reforma judicial tiene una grieta en el techo: nadie sabe quién preside la @SCJN después de Aguilar. La propia Constitución se contradice, dos criterios incompatibles, ambos vigentes, ninguno resuelto. Y la Presidenta, en lugar de asumir que su reforma salió mal cosida, le dice a la Corte que ella misma se arregle. Que los Ministros decidan quién los manda. Eso no es delegar; es lavarse las manos.
El problema no es menor ni técnico. Una Corte cuya presidencia depende de una antinomia constitucional no resuelta, es una Corte cuya independencia está en entredicho desde el día uno. ¿Quién fija la agenda? ¿Quién decide qué casos se discuten y cuándo? ¿Batres o no Batres? Esa pregunta no la debería resolver el cabildeo interno entre Ministros, eso es exactamente lo que la reforma prometió eliminar.
Y mientras tanto, los ciudadanos que votaron en junio de 2025 creyendo que su voto tenía un efecto claro sobre la conducción del máximo tribunal, hoy descubren que ese efecto es incierto. La reforma se hizo de prisa, sin técnica, sin responsabilidad.
La nueva iniciativa sobre la elección judicial no corrige el rumbo: solo maquilla un experimento fallido. Mueven fechas, recortan candidaturas, pulen comités y afinan boletas, pero dejan intacto el corazón del problema: seguir sometiendo la carrera judicial a la lógica electoral y a la tómbola, en un país con violencia desbordada, impunidad casi absoluta y un aparato de justicia desfondado.
En lugar de fortalecer fiscalías, garantizar investigaciones serias, desmilitarizar la seguridad y consolidar una carrera judicial basada en mérito, independencia y estabilidad, se insiste en un modelo de “justicia plebiscitaria” que mezcla campañas, azar y cálculo político. Se presenta como “democratización”, pero en los hechos consolida un Poder Judicial más vulnerable a mayorías coyunturales y a la ingeniería institucional del Ejecutivo y del árbitro electoral.
Lo más grave es el mensaje de fondo: frente a una crisis de justicia que destroza vidas todos los días, el remedio que se ofrece no es construir instituciones sólidas, sino mover urnas, ajustar tómbolas y reacomodar calendarios. Cambian las formas, no las estructuras; se reviste de voto y azar lo que debería estar guiado por estándares de derechos humanos, por controles serios y por el derecho de todas las personas a ser juzgadas por jueces competentes e independientes, no por “ganadores” de una rifa.
En México hemos visto cómo se fabrica una verdad antes de que exista una sentencia. Primero aparece el relato: el culpable, el enemigo, el corrupto, el peligroso. Después vienen el expediente, la filtración, la conferencia, el titular, el linchamiento. Y cuando por fin llega el juez, muchas veces ya no encuentra un caso: encuentra una historia instalada.
Foucault lo entendió con una lucidez brutal: el poder no solo castiga; produce realidad. La cárcel no solo encierra al delincuente, también fabrica la categoría de “delincuente”. El discurso judicial, político, mediático o social puede convertir a una persona en símbolo antes de permitirle ser sujeto de derechos.
Por eso la crisis mexicana no es solo de tribunales: es de verdad. ¿Quién puede hablar? ¿Quién es creído? ¿Quién tiene micrófono? ¿Quién queda reducido al silencio?
Un cliente que cuenta toda la verdad a su abogado tendrá una buena defensa.
Ocultarle información pensando que así le defenderán mejor es un error.
Por eso, una de las primeras obligaciones del abogado es insistir al cliente en algo esencial:
sin toda la información, las opciones desaparecen.
¿El juez es el “perito de peritos” o el guardián del razonamiento del perito?
En este episodio de Litigio en Minutos hablamos sobre el papel del juez frente al dictamen pericial ¿Cómo lo valora? ¿Qué controla? —⬇️⬇️—
«Plus on comprend ce monde, plus on se détruit soi-même…
C’est pourquoi les fous semblent heureux, tandis que les sages vivent dans la solitude.
Plus on comprend le monde en profondeur, plus les illusions disparaissent.
Vous commencez à percevoir des motivations et des contradictions que vous n’aviez pas remarquées auparavant.
La compréhension s’accompagne souvent de déception.
Les espoirs diminuent.
On devient plus prudent.
L’innocence s’estompe.
Les imbéciles semblent heureux, non pas parce que leur vie est meilleure…
C’est plutôt parce qu’ils ont moins de questions.
Ils sont exemptés du fardeau de la réflexion constante.
L’intelligence mène souvent à la solitude.
Il devient difficile de communiquer avec les autres lorsqu’on voit ce qui se cache sous la surface…
Tout en restant à l’aise avec soi-même.» " Fiodor Dostoïevski
Weber lo dijo en 1919 y nadie en México lo ha querido entender: meterse a la política es pactar con el diablo. No como metáfora, como mecánica del poder. Quien agarra el Estado agarra también sus instrumentos: la coacción, la fuerza, la manipulación. Y ahí empieza el problema que hoy nos revienta en la cara.
La reforma judicial se vendió como redención democrática. Los acordeones que circularon entre “operadores políticos” para definir quién “ganaba” la elección judicial, respondieron a esa promesa con una claridad brutal: el bien declarado produce exactamente el mal que juraba combatir. Jueces más dependientes, justicia más controlada, contrapesos pulverizados. Weber lo llamó la paradoja irreducible del poder.
Lo peor es la ceguera deliberada ante las consecuencias. Eso es lo que Weber fulminó hace más de cien años con una frase que hoy debería leerse en el Congreso, en Palacio, en cada mitin: quien no ve esto es un niño, políticamente hablando. Y de niños disfrazados de estadistas, México ya está más que servido.
Denise Dresser advierte que el problema ya no es solo cuánto poder puede ejercer el Estado, sino todo lo que deja de estar obligado a justificar antes de actuar. En este análisis, plantea que cuando las cortes dejan de ser contrapeso y se convierten en facilitadoras del poder, se erosionan las garantías ciudadanas y se debilita la democracia.
A partir del ejemplo de la Suprema Corte de Estados Unidos y de decisiones recientes en México, Dresser sostiene que está en juego algo más profundo que un debate técnico: el tipo de sistema político que se quiere construir. Uno con límites claros al poder o uno donde esos límites se vuelven cada vez más difusos, con el riesgo de normalizar abusos en nombre de causas supuestamente superiores.
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Cuando un juez dice que “todos los fines del Estado” merecen protección constitucional y que cualquier afectación a esos fines debe ser castigada, ya no está hablando como garante de libertades. Está hablando como defensora del poder.
Eso no suena a justicia.
Suena a obediencia institucional.
Suena a un Estado que se coloca por encima del ciudadano.
Por eso Lenia Batres podrá llamarse “Ministra del Pueblo”, pero cada vez deja más claro que actúa como ministra del Estado. No de los derechos, no de los contrapesos, no de las libertades: del aparato.
Y ahí está el verdadero peligro.
Porque cuando desde la toga se empieza a justificar que todo lo que incomode al Estado debe ser punible, lo que se está normalizando no es el orden jurídico, sino la persecución disfrazada de legalidad.
Esto ya no es una torpeza.
Es una señal de alarma.
@EmilioVallejoRL