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Juank Gale
@JuankGale
Abogado Especialista en Ciencias Penales y Criminologia y Administrativo. Docente universitario. Solo opiniones personales.
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📌 | 𝐒𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐅𝐈𝐒𝐂𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐀𝐏𝐎𝐘𝐎 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐥 ⚖️
𝐉𝐮𝐫𝐢𝐬𝐩𝐫𝐮𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭𝐞 ⬇️
EL DESCUBRIMIENTO PROBATORIO NO EXIGE ENTREGAR LAS ÓRDENES DE POLICÍA JUDICIAL
STP10992-2025
Consulte el análisis: https://t.co/Jx2vuXABI4
La sentencia STP10992-2025 aborda una discusión frecuente en el sistema penal acusatorio: el alcance del descubrimiento probatorio y, en particular, si la Fiscalía está obligada a entregar a la defensa las órdenes impartidas a policía judicial durante la investigación.
El caso surge a partir de la solicitud formulada por la defensa de un procesado, quien pretendía obtener copia de varias órdenes de policía judicial y otros documentos relacionados con actuaciones investigativas adelantadas por la Fiscalía. Según la defensa, dichos documentos resultaban necesarios para verificar la correspondencia entre las labores ordenadas y los informes rendidos por los investigadores, así como para ejercer adecuadamente el derecho de contradicción durante la audiencia preparatoria.
La Fiscalía negó la solicitud al considerar que las órdenes de policía judicial no forman parte del descubrimiento probatorio. Inconforme con esa respuesta, la defensa promovió acción de tutela argumentando que la negativa impedía conocer actuaciones relevantes de la investigación y afectaba el ejercicio del derecho de defensa.
Al resolver la controversia, la Corte Suprema de Justicia comenzó por precisar que la discusión no debía analizarse desde la perspectiva del derecho de petición, sino desde el debido proceso, pues la solicitud se formuló dentro de una actuación penal en curso y guardaba relación directa con el ejercicio de facultades procesales propias de la defensa.
A partir de allí, la Sala centró su análisis en la naturaleza jurídica de las órdenes impartidas a policía judicial. Explicó que tales documentos constituyen actos preparatorios de la investigación y hacen parte de la estrategia investigativa de la Fiscalía. Por esa razón, no tienen la condición de prueba sobre los hechos jurídicamente relevantes que serán debatidos en el juicio oral.
La Corte recordó que el deber de descubrimiento probatorio recae sobre los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida que pretenda ser utilizada dentro del proceso. En contraste, las órdenes de investigación cumplen una función instrumental, pues sirven para orientar y dirigir la actividad investigativa, pero no constituyen por sí mismas evidencia del tema de prueba del juicio.
Desde esa perspectiva, la providencia reafirma que el descubrimiento probatorio no supone la entrega íntegra de la carpeta investigativa ni la revelación de toda la trazabilidad interna de la investigación. Su finalidad consiste en garantizar que la defensa conozca los elementos, informes y evidencias que serán incorporados al debate probatorio, de manera que pueda ejercer adecuadamente las facultades de contradicción y defensa.
No obstante, la Corte también destacó que la defensa conserva la posibilidad de cuestionar la legalidad de las actuaciones investigativas o de solicitar el descubrimiento de determinada información cuando pueda demostrar su relevancia para discutir la admisibilidad o exclusión de una prueba. Tales controversias, sin embargo, deben ser planteadas en los escenarios procesales previstos para ello, particularmente durante la audiencia preparatoria.
Con fundamento en estas consideraciones, la Sala concluyó que la Fiscalía no estaba obligada a entregar automáticamente las órdenes impartidas a policía judicial y que la defensa aún contaba con mecanismos procesales idóneos para formular sus reparos dentro del proceso penal. Por ello confirmó la decisión que negó el amparo constitucional.
La regla que deja la sentencia es clara: el descubrimiento probatorio garantiza el acceso a la prueba que será debatida en juicio, pero no implica la entrega automática de todos los documentos que integran la actividad interna de investigación de la Fiscalía.
La Corte Suprema de Justicia recuerda que: (i) en el juicio sólo se prueba lo jurídicamente relevante; (ii) el tema de prueba está delimitado por la acusación; (iii) sistematiza criterios probatorios fundamentales -Pertinencia (relación con los hechos), conducencia (viabilidad jurídica del medio), utilidad (aporte real al proceso)-. Argumentación probatoria y control judicial de pertinencia. (iv) La depuración probatoria es una garantía del debido proceso. (v) Hay que saber qué probar y por qué.
Si no precisas los principios que rigen las nulidades, tu solicitud de ineficacia procesal estará incompleta y probablemente te la van a negar. https://t.co/AAotdHQYEZ
🧵 CSJ Rad. 68565. M.P. Quintero
¿Puede una denuncia por prevaricato convertirse en una tercera instancia para reabrir debates probatorios ya resueltos por el juez natural?
La CSJ responde con claridad al confirmar una preclusión: no. 👇
La estructura típica del delito de celebración indebida de contratos. - Los principios que rigen la contratación estatal. - principio de confianza. https://t.co/pnvXeLqNaL
La corroboración periférica se realiza contrastando el testimonio de la víctima con otras pruebas que obren en el expediente para establecer la comisión, o no, de los hechos. https://t.co/DNELe9kZho
⚖️La incorporación de la prueba documental requiere de su identificación más no su reproducción literal
SP069-2026(67877)
Consulte el análisis completo: https://t.co/6vyrJXmtyx
El caso se origina en la condena de un juez municipal por haber proferido una sentencia de tutela que la Fiscalía consideró manifiestamente contraria a la ley. En el juicio penal, la prueba principal estuvo constituida por los expedientes de tutela que reflejaban la realidad procesal que el funcionario tuvo al momento de decidir. La forma en que esos expedientes fueron incorporados al juicio oral se convirtió en un punto central del análisis de la Corte.
La Corte precisó que, en delitos como el prevaricato, lo esencial es reconstruir qué pruebas tenía el juez al momento de decidir. Para ello, los expedientes judiciales pueden incorporarse como prueba documental. Sin embargo, aclaró que dicha incorporación no exige la lectura íntegra de todos sus folios. Lo determinante es que exista descubrimiento, delimitación del documento y publicidad de su ingreso al debate.
En este sentido, la Sala fijó una regla clara, lo relevante no es reproducir literalmente el expediente en audiencia, sino identificar con precisión qué prueba se incorpora y garantizar que las partes puedan conocerla, controvertirla y utilizarla. Las lecturas extensas no aportan valor probatorio y afectan los principios de concentración e inmediación.
La Corte concluye que la validez de la prueba documental no depende de su lectura completa en juicio, sino de su incorporación clara y pública. La regla decisoria es que la prueba se entiende debidamente introducida cuando está delimitada, puesta en conocimiento de las partes y sujeta a contradicción. En consecuencia, se reafirma que el sistema acusatorio privilegia la publicidad y el control del ingreso de la prueba, no su reproducción literal.
Más información: https://t.co/mthK8HQdJ4
Importante sentencia sobre vencimiento de términos:
Auto que recuerda las cargas mínimas para acreditar la calidad de víctima en un proceso penal:
📌 | Reconstrucción del Expediente en en Proceso Penal: Trámite y Consecuencias Procesales ⚖️
Posibilidad de decretar la preclusión por una causal distinta a la invocada por economía procesal. https://t.co/coJoFB4mnK
Corte S. Rad. 60087/26
Mujer fue condenada por Peculado Culposo, le era aplicable la pena indefinida o intemporal del art. 122 de la C. Política y prohibiciones del art. 68A del C. P. R/ta: NO.
La pena intemporal solo aplica en delitos dolosos.
Preclusión, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio fraude a resolución judicial o administrativa. https://t.co/RzQtrJB9w1
La declaración de un testigo que comparece al juicio oral en la que hace referencia a lo que ha escuchado de otra persona, es la de un testigo directo de lo que ha percibido y no un elemento de referencia. https://t.co/OQGuFPgy9U
📌 | Derecho Procesal Penal ⚖️
Providencia AP1390-2026. Rad. 68.584. Pág. 23 – 25. Sobre la ATIPICIDAD OBJETIVA y SUBJETIVA del HECHO INVESTIGADO como causal de PRECLUSIÓN de la Acción Penal; Acerca de la posibilidad del Juez de Conocimiento de PRECLUIR por CAUSAL DISTINTA a la propuesta por el interesado ⬇️
La Corte precisó los tres momentos que tiene la prescripción de la acción penal. https://t.co/sbkal8XfBV
Las altas cargas laborales y la congestión en el sistema judicial, crean la necesidad de que el juicio oral no se convierta en una secuencia de lecturas innecesarias, así que la incorporación documental voluminosa debe regirse por la racionalidad y economía procesal. https://t.co/CyWsH1lQep
⚖️El principio de confianza no exime de responsabilidad al ordenador del gasto que omite su deber de vigilancia y control
SP707-2024 (62934)
La sentencia analiza la responsabilidad penal de un gobernador que, en el marco de un proyecto de acueducto y alcantarillado en Maicao, suscribió múltiples contratos que en realidad hacían parte de una misma obra. La Corte advierte que no se trataba de contratos independientes, sino de un fraccionamiento artificial de un proyecto único, utilizado para evitar la licitación pública y acudir a la contratación directa.
Además, identifica una falta de planeación relevante: no existían diseños completos ni coherencia técnica entre las obras, lo que terminó en resultados ineficaces. Este contexto refuerza la idea de que la actuación no se ajustó a las exigencias legales de la contratación estatal.
El punto central del fallo está en el análisis del principio de confianza. La defensa alegó que el gobernador solo firmó los contratos confiando en sus subalternos. Sin embargo, la Corte rechaza esta tesis y precisa que dicho principio no aplica cuando el sujeto tiene un deber propio de control. En este caso, el procesado era el ordenador del gasto, por lo que tenía la obligación jurídica de verificar la legalidad de la contratación.
La Corte concluye que delegar funciones no implica delegar responsabilidad. El funcionario puede apoyarse en su equipo, pero no sustituir su deber de vigilancia. Al omitir ese control y suscribir los contratos, creó un riesgo jurídicamente desaprobado que se concretó en la celebración indebida de los mismos.
En consecuencia, la conducta se considera dolosa, pues el procesado conocía las reglas de contratación y, aun así, optó por un esquema que las eludía.
En síntesis, la sentencia fija una regla clara: quien tiene el poder de decidir también tiene el deber de controlar, y no puede ampararse en la confianza para eludir su responsabilidad penal.
🔗Consulte el análisis completo en la página:
https://t.co/3hAQerRSdL
Preacuerdos. Cuando ajuste de legalidad refleja actuar con objetividad; si fiscal aplica estricta tipicidad, luego de lo cual presenta acuerdo que conlleva rebaja, no puede predicarse doble beneficio. Rad. 151567 enero 22 de 2026, M. P. Myriam Ávila Roldán https://t.co/uERe0pqowS
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