Julio César Betancourt Prisco

[Julio César Betancourt Prisco @Julio_Prisco]

@eduardomenoni .

[Julio César Betancourt Prisco @Julio_Prisco]

@brenzhills Claude

[Sergio Cabrales @SergioCabrales]

El 85% del oro extraído en Colombia es de origen ilegal

Cerca del 85% de la producción aurífera nacional provendría de actividades ilícitas, lo que consolidaría una economía criminal de gran escala.

Las rentas ilegales podrían alcanzar USD 8.414 millones en 2025, superando incluso al narcotráfico en algunas regiones.

Más de 94.000 hectáreas y 1.120 ríos han sido afectados, principalmente por el uso de mercurio en los procesos de extracción.

La minería ilegal se concentra en seis corredores estratégicos con una fuerte presencia de grupos armados organizados.

El fenómeno se expande en zonas con baja presencia estatal, articulando el control territorial, el financiamiento ilegal y la degradación ambiental.

[No Apto @noaptoco]

La escena se repite en empresas a lo largo y ancho del país. Usted llega a su trabajo, se acomoda para empezar la jornada y los directivos lo llaman a una reunión informativa. El mensaje, aunque no es explícito, es muy claro: hay una forma correcta de votar y están a punto de revelarle cuál es.

No lo llaman coacción, no le dicen que esté obligado a votar por alguien, es simplemente una reunión de “pedagogía electoral”. A veces, incluso, no se menciona ningún nombre en específico.

Parece que la decisión del voto va a ser suya, tomada libremente, ¡cómo debería ser! Pero de repente se escapan frases como “vote bien”, “piense en su futuro”, “usted sabe qué nos conviene a todos”. Y justo en ese momento usted siente miedo y piensa que su estabilidad laboral depende, exclusivamente, de seguir la recomendación de su jefe.

Le hablan de economía, de impuestos y recortes de personal, de relaciones internacionales. Le mencionan qué corriente política sería mejor para el futuro de la empresa y, en consecuencia, para que usted pueda mantener su puesto. Le hablan, al fin y al cabo, de una única opción correcta.

No le dicen que lo van a echar, ¡pues cómo!, pero usted sabe que hay una relación de poder en la que usted lleva las de perder. Usted se pregunta, con razón, por qué su empleador cree que debe enseñarle a votar. Y no se equivoca: detrás de esa presión hay clasismo.

Ese empresario cree que usted necesita ser iluminado por quienes saben más, quienes entienden mejor la economía, quienes conocen el panorama completo. ¿Le recuerda tal vez a cuando las mujeres y los analfabetas no podían votar porque, supuestamente, no estaban preparados para hacerlo?

Pero un momento: su jefe tiene razón. Hay una forma de votar bien, pero no es la que él o ella piensa. Es la de seguir sus convicciones políticas y saber qué candidata o candidato podría representarlo mejor.

Y sí, ojalá todos los colombianos votáramos después de estudiar las propuestas, de comparar trayectorias y entender las implicaciones de cada programa de gobierno. Pero esa responsabilidad no puede convertirse en justificación para que quienes tienen poder económico impongan su decisión a sus subordinados.

[No Apto @noaptoco]

¿Y qué nos deja el 2025 en términos energéticos?
Por: @Julio_Prisco

Llegó el último mes del año y, aunque para algunos pasar del 31 de diciembre al primero de enero es solo pasar de miércoles a jueves, para muchos se convierte en una época de celebración en la que abundan los balances, las promesas y los buenos deseos para el año que está próximo a iniciar. Y entre luces, adornos y chucu-chucu, es justo esa línea la que quiero usar para dejar sobre la mesa algunas reflexiones, datos y hechos que nos deja este 2025 en términos energéticos.

Este año es un año más sin apagones considerables en el país, pero la cosa pinta para que sea el último de la racha, pues de acuerdo con XM el margen de energía en firme desde este año es negativo. Es decir, que si tenemos una sequía prolongada, ya sea por un fenómeno de El Niño o algún otro, la capacidad instalada actual de generación de energía eléctrica no alcanzaría para cubrir la demanda.

Y como si no fuera suficiente, el consumo de los colombianos no deja de crecer y los proyectos de generación no responden a esa misma velocidad. Muestra de ello es que, de los proyectos que se tenían planeados, solo entró en operación el 8 %, y todos ellos fotovoltaicos, que aportan a la generación, pero no a la confiabilidad del sistema, pues no tienen una operación continua 24/7 y dependen de variables climáticas.

Para muchos de los que pudieran leer esta columna, hablar de apagón es solo un tema del que se habla mucho, pero para quienes vivieron el racionamiento entre 1992 y 1993 es un fantasma que todavía atemoriza. Y si en los noventa fue difícil, hoy por hoy sería peor, pues la energía eléctrica está detrás de todo: las comunicaciones, el internet y la conectividad. De acuerdo con Fedesarrollo, se estima que una hora país de racionamiento le costaría al país 280.000 millones de pesos, lo que, si tuviera un comportamiento similar al de hace más de 30 años, podría costar hasta 1,7 puntos del PIB.

Por otro lado, el país también tiene retos en los sistemas de transmisión y distribución, pues con la cabida de una generación cada vez más distribuida se hace necesario no solo construir más redes, sino también robustecer las actuales. Este es un campo en el que también se presentan retrasos de diferentes índoles.

Ahora bien, si se habla de compromisos económicos por parte del Gobierno, y de acuerdo con la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), a noviembre de este año se estiman compromisos pendientes hacia los comercializadores por más de $6 billones de pesos, que se planean cubrir con el Presupuesto General de la Nación aprobado para 2026, pero que dejan en vilo los recursos para los compromisos que se generen el próximo año.

Y si el panorama eléctrico le parece gris, el del gas natural es un poco más oscuro. A partir del 1 de diciembre entraron en operación los nuevos contratos para atender la demanda de gas natural de Colombia, y no solo lo hicieron con precios superiores, sino también con mayor volatilidad y menor confiabilidad. Todo esto es consecuencia de la pérdida de autosuficiencia de este recurso desde 2024, la reducción en la exploración y los retrasos de proyectos aprobados como SIRIUS.

El gas no es un recurso menor, pues no solo es la fuente térmica de muchos hogares, sino también de numerosos procesos industriales y el respaldo del sistema de generación de energía eléctrica del país. Esto se debe a que nuestro sistema es altamente dependiente del régimen de lluvias y, cuando los niveles de los embalses bajan, es este recurso el que entra a cubrir lo que las centrales hidráulicas no alcanzan a generar.

Por último, creo que este año deja un sinsabor frente a la llamada “transición energética justa”, o por lo menos así lo percibo, porque se ha convertido en un argumento, un poco vacío, para justificar discursos que satanizan un sistema energético que hasta ahora ha respondido a las crecientes necesidades del país. El mundo necesita una transición energética y Colombia no puede ser ajena a ello, pero a su ritmo, con sus sabores, matices y recursos. No es posible planear una transición energética a oscuras.

Este año no nos deja, en términos energéticos, ni una chiva, ni una burra blanca, ni una yegua blanca, y menos una buena suegra. Nos deja dudas, preguntas y la certeza de que no podemos seguir haciendo lo mismo. Felices fiestas y que el próximo año iniciemos un proceso de trabajo serio, estructurado y posible alrededor de la energía, capaz de ir más allá del gobierno de turno y que nos permita encender las luces navideñas con tranquilidad el próximo año.

[Sergio Cabrales @SergioCabrales]

Mapa de las térmicas en Colombia

Capacidad efectiva neta instalada por departamento de plantas térmicas (gas natural, carbón y líquidos): 6.224 MW @XM_SA_ESP

[No Apto @noaptoco]

Entre disfraces y luces navideñas, se nos subió la factura del gas
Por: @Julio_Prisco

Noviembre suele ser, para muchos, un mes de transición: dejamos atrás los disfraces de Halloween y empezamos a desempolvar las luces de Navidad. Pero este año, el panorama tiene un matiz distinto: el vencimiento de buena parte de los contratos de gas natural que estaban vigentes hasta ahora. Y como dice aquella canción de 2003, “lo que viene no está fácil”. Si la leyó cantando, usted es de los míos.

Antes de entrar en materia, vale la pena repasar algunos aspectos generales sobre el gas natural en Colombia para entender por qué el tema es tan complejo. El gas que consumimos pasa por varias etapas: producción o importación (esta última acompañada de procesos de licuefacción, transporte marítimo y regasificación), transporte por redes principales —que superan los 7.700 kilómetros—, distribución hacia los centros de consumo y, finalmente, comercialización, etapa encargada de la relación directa con los usuarios.

Ese es el recorrido del gas que llega a casi 12 millones de usuarios en 769 municipios, lo que representa más del 65 % de la población, en su mayoría (casi el 85 %) perteneciente a los estratos 1, 2 y 3. Además, el gas natural es una fuente clave para la industria y para las plantas térmicas que respaldan la generación eléctrica cuando la energía hidráulica no alcanza. En pocas palabras, lo que ocurra con el gas nos afecta a todos.

Por si fuera poco, la demanda de este combustible no ha dejado de crecer. Solo en 2024 se conectaron 413.000 nuevos usuarios, y el consumo nacional aumentó un 8 % respecto al año anterior. Sin embargo, ese mismo año Colombia perdió su independencia energética en gas natural, al verse obligada a importar de forma permanente para atender sectores distintos al de generación eléctrica. Esto marca un hito: durante más de 40 años, el país logró abastecer su demanda con producción nacional, gracias a campos como Ballenas y Jocol, en el norte, y Cusiana y Cupiagua, en el interior.

Hoy, la situación ha cambiado. En lo que va de 2025, el 15 % de la demanda nacional se cubre con gas importado, y se proyecta que para 2026 esa cifra supere el 26 %. Esto nos deja más expuestos a la volatilidad de los mercados internacionales y a la incertidumbre sobre la procedencia del combustible —que, en algunos casos, podría venir de países que emplean fracking—, tema que bien merece otra columna.

Esta nueva realidad ha tenido un efecto inevitable: el aumento del precio del gas natural. Mientras en 2020 el precio promedio anual rondaba los 4 USD, en 2025 supera los 10 USD, y todo indica que seguirá subiendo. Probablemente aún no lo notamos en la factura, porque los contratos con precios “bajos” siguen vigentes hasta el 30 de noviembre, pero más del 70 % de ellos no se renovará. En consecuencia, desde diciembre el precio empezará a reflejar estos incrementos —y continuará al alza en el corto plazo.

Es cierto que existen proyectos que buscan mejorar el panorama futuro, como el proyecto Sirius o las nuevas plantas de regasificación, incluida la del Pacífico. No obstante, son desarrollos que avanzan lentamente. Por ejemplo, Ecopetrol anunció que Sirius entrará en operación en 2030, y no en 2029 como se esperaba.

El 2026 será, entonces, un año clave: exigirá planes de largo plazo, decisiones oportunas, mayor confianza y un marco jurídico sólido que permita a todos los sectores trabajar juntos para enfrentar el desafío del gas natural. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es ahorrar. Porque cada metro cúbico cuenta… y, a partir del 1 de diciembre, contará más.

[No Apto @noaptoco]

El autogol de un posible apagón energético
Por: @Julio_Prisco

Quiero iniciar esta columna con una pregunta: ¿cree usted que la Selección Colombia de fútbol de mayores podrá ganar el próximo Mundial? Si su respuesta es afirmativa, permítame alabar su optimismo y le agradecería que me dijera por qué; si su respuesta es negativa o con un mínimo de probabilidades, pues estamos del mismo lado. Y lo invito a que, con ese mismo nivel de escepticismo, no crea el cuento de que se bajarán los costos de la energía o del gas en los próximos años, en este amplio mar de posibles precandidatos presidenciales, porque, si de posibilidades hablamos, creo que es más probable que ganemos el Mundial.

Aunque parecen temas distantes, permítame usar la pasión que tengo por el fútbol para explicarle. Colombia ha tenido grandes jugadores de fútbol en su historia: algunos hablarán de Willington Ortiz, el “Pibe” Valderrama, Faustino Asprilla, Iván Ramiro Córdoba y, en la historia más reciente, Falcao, Cuadrado, James o Luis Díaz. Asimismo, hemos gozado de una disponibilidad energética importante en fuentes como el gas, el petróleo y la electricidad durante varias décadas, y por eso somos uno de los pocos países del continente que no hemos sufrido apagones en más de 30 años.

Sin embargo, a pesar de tener tantos jugadores talentosos y una pasión ferviente por el fútbol, no hemos conseguido nada relevante. Algunos dirán que logramos la Copa América de 2001, pero estábamos obligados a ganarla. Y, si miramos el futuro cercano, considero difícil que eso cambie. Así se perfila nuestro futuro energético próximo: bastante incierto y con más dudas que certezas. Para muestra, un botón: de acuerdo con ACOLGEN, en lo corrido de 2025 ha entrado en operación menos del 2 % de los 3.517 MW esperados en nuevos proyectos de generación. Además, según XM, se proyecta un déficit de hasta 3,5 % en 2027 y de hasta 6 % para 2030 en términos de energía eléctrica. Y, en el caso del gas, el panorama no es más alentador: para este año se estima que más del 15 % del gas deberá importarse ante la falta de recursos locales, y para 2026 se calcula que este déficit podría superar el 25 %.

Entonces, nuestro pobre palmarés futbolístico no se debe a la falta de talento, así como nuestra encrucijada energética no se debe a la falta de recursos, sino a la falta de una gestión planificada de los recursos a mediano y largo plazo. Para muchos, la mejor Selección Colombia que hemos tenido fue la que nos llevó al Mundial de Brasil 2014, la que hasta ahora ha sido nuestra mejor participación en el certamen orbital. Pero lograrlo fue un proceso de años; por ejemplo, muchos de esos jugadores fueron campeones del Sudamericano Sub-20 de 2005 y llevaban tiempo consolidándose en Europa. Además, incluyó ingredientes diferentes, como un técnico extranjero capaz de convencerlos de que era posible. En otras palabras, tener un equipo de fútbol ganador requiere talento, tiempo, planeación, recursos y dirigentes capaces.

Ahora, si hablamos de energía, se necesitan ingredientes bastante similares para lograr cambios relevantes y sostenibles. Cuando se habla del costo de la energía en Colombia, es importante recordar que la energía que nos llega debe cubrir diferentes etapas del proceso: la Generación (G), cargo que se paga a las empresas generadoras; la Transmisión (T), que es el “peaje” por usar las redes principales que llevan la energía generada hasta los grandes centros de consumo; la Distribución (D), que es el costo de transportar la energía desde las zonas donde llegan las redes de transmisión hasta los consumidores finales; las Pérdidas (técnicas y no técnicas), que obedecen tanto al proceso de transporte como, entre otros factores, a las conexiones fraudulentas; sin dejar de lado algunos cargos adicionales como Alumbrado Público e impuestos, como la Tasa de Seguridad y Convivencia en Antioquia, o decisiones como la opción tarifaria definida en la pandemia. Esto solo por mencionar algunos de los actores y componentes del mercado energético colombiano.

Entonces, ¿de verdad cree usted que desde un escritorio se va a bajar el precio de la energía y el gas? Lograr que disminuyan los precios —o, por lo menos, que dejen de subir— no es una quimera. Tenemos cómo lograrlo, pero se necesitan planes construidos desde los diferentes actores y puntos de vista del mercado energético, incluidos los usuarios. Colombia necesita conversaciones serias alrededor del tema energético, y también alrededor del fútbol, si de verdad queremos lograr algo diferente.

Hoy Colombia tiene a Luis Díaz como su estrella principal y, del mismo modo, se montó en la ola solar como su estrella en la transición energética. Pero ni “Luchito” ganará un Mundial por sí solo, ni la energía solar nos salvará, por sí sola, de la crisis energética que se nos viene pierna arriba.

¡A disfrutar del fútbol! Y que no se nos apague la energía.

[No Apto @noaptoco]

Medellín, ciudad imposible: ¿qué hacemos?
Por: @MariantoniaRG

Por estos días, Medellín ostenta un título incómodo: la ciudad más costosa para arrendar vivienda en Colombia. Según el Banco de la República, los precios de arriendo en la capital antioqueña superan los de Bogotá, Bucaramanga y Cali, con brechas que alcanzan hasta un 25%.

Aquí hay una pregunta ética que nos interpela: ¿quién puede vivir en Medellín hoy? La ciudad que se promociona como innovadora, vibrante y turística parece olvidar a sus propios habitantes. La narrativa del progreso se sostiene sobre una paradoja: mientras se celebra la inversión extranjera y el auge inmobiliario, se encarece el derecho a habitar. El resultado es una ciudad que se vuelve cada vez más excluyente, donde el arriendo se convierte en mecanismo de expulsión.

No se trata solo de cifras. Son profesionales que no pueden independizarse, adultos mayores que destinan su pensión al pago de un arriendo abusivo, familias que deben mudarse a la periferia, trabajadores que viven muy lejos de sus empleos. Es una ciudad que se vacía de sí misma, que pierde su tejido social mientras se llena de apartamentos turísticos y proyectos de lujo.

Y frente a esto, el gobierno local guarda silencio. No hay políticas públicas que regulen el mercado de arriendo, ni propuestas para proteger a los inquilinos, ni medidas para frenar la especulación. Y la ciudadanía queda sola, fragmentada, vulnerable.

¿Qué hacemos? Aprender de otros. En España, los sindicatos de inquilinos han demostrado que la organización colectiva puede frenar abusos, negociar precios justos y presionar por leyes que regulen el mercado. En Barcelona, lograron detener desalojos, visibilizar casos de acoso inmobiliario y promover normativas que limitan el precio del alquiler. En Madrid, impulsaron campañas públicas que transformaron el debate sobre la vivienda en un asunto de justicia social.

Medellín necesita aprender de estas experiencias. Necesitamos redes de inquilinos que compartan información, denuncien abusos y se apoyen mutuamente. Necesitamos colectivos barriales que dialoguen con propietarios y promuevan acuerdos éticos. Necesitamos campañas ciudadanas que exijan regulación, transparencia y dignidad. Porque si esperamos que el mercado se autorregule, o que el Estado actúe por iniciativa propia, seguiremos viendo cómo Medellín se convierte en una ciudad imposible.

¿Qué más hacemos? También necesitamos gestos cotidianos que asuman una postura ética frente al problema. Propietarios que renuncien a la especulación y prioricen el arraigo. Vecinos que se organicen para defender el derecho a permanecer. Profesionales del sector inmobiliario que promuevan prácticas justas. Medios de comunicación y de opinión que visibilicen el drama del arriendo como un asunto público. Ciudadanos que se informen, que se resistan, que se movilicen. Porque la ética urbana no se decreta: se construye entre todos, cada día.

La vivienda no puede seguir siendo un lujo. No podemos aceptar que vivir en Medellín implique endeudarse, ser expulsado del barrio o renunciar a la dignidad. Esta ciudad nos pertenece a todos y defenderla empieza por reclamar el derecho a habitarla.

[No Apto @noaptoco]

El Sol ayuda, pero no nos salva de un apagón
Por: @Julio_Prisco

El sol ha sido un “aliado” energético de Colombia desde los años 80, aunque en aquella época con pilotos muy tímidos, enfocados principalmente en el calentamiento de agua sanitaria y algunos pequeños proyectos destinados al abastecimiento de energía eléctrica en torres de telecomunicaciones. Fue hasta el 13 de mayo de 2014, con la Ley 1715, cuando se estableció un marco regulatorio e instrumentos para incentivar la inversión, la investigación y el desarrollo de fuentes no convencionales de energía, como la solar, eólica y biomasa, entre otras. El propósito era alcanzar la meta —en mi opinión, idílica— de reducción de los gases de efecto invernadero. Se declaró que, para 2030, se reducirían a la mitad y, para 2050, se alcanzaría la neutralidad en emisiones, lo que ha impulsado la electrificación de la economía.

Desde entonces, la energía solar se convirtió en el caballo de batalla para lograr la tan mencionada transición energética en Colombia. No obstante, resulta importante explicar algunos conceptos sobre cómo funcionan estos proyectos en nuestro país del “Sagrado Corazón”. Un primer aspecto clave es que los sistemas solares pueden operar ON-GRID, o conectados a la red; es decir, complementan la red nacional y dependen de su disponibilidad y calidad. También pueden hacerlo de forma aislada, u OFF-GRID, en cuyo caso requieren baterías y no tienen conexión alguna con la red nacional.

Conviene recordar que Colombia cuenta con un sistema de generación eléctrica principalmente centralizado: la energía se produce en zonas específicas del territorio y se transporta a través del Sistema Interconectado Nacional y las redes de distribución hasta los usuarios finales. A partir del marco regulatorio de la Ley 1715 y resoluciones como la 030 de 2018 de la CREG, se abrió espacio para las actividades de Autogeneración y Generación Distribuida.

La primera corresponde a los sistemas instalados por un usuario final con el propósito de atender parcial o totalmente su demanda energética. Cuando se genera más energía de la necesaria, el excedente puede entregarse a la red, ser reconocido por el Operador de Red y compensado en la factura de servicios públicos. En otras palabras, en mi casa puedo generar energía para cubrir parte de mi consumo y, si me sobra, entregarla a la red eléctrica. En términos generales, este tipo de proyectos requiere menos permisos y autorizaciones para su desarrollo.

La Generación Distribuida, por su parte, abarca plantas de generación ubicadas cerca de los puntos de transmisión o distribución y de los usuarios. Su objetivo principal es suministrar energía eléctrica a la red. Estas “pequeñas” centrales incrementan la capacidad eléctrica durante el día, con su mayor aporte hacia el mediodía. La energía producida se comercializa y se entrega a los usuarios finales mediante la misma infraestructura con la que se distribuye la energía convencional.

Dependiendo del tamaño del proyecto, la infraestructura y las condiciones particulares, estas iniciativas pueden requerir licencias ambientales, evaluaciones técnicas detalladas y coordinación con entidades gubernamentales y comunidades locales. Por ello, su implementación suele tardar más que la de los proyectos de autogeneración.

Durante la última década, los proyectos solares se han desarrollado principalmente bajo estas dos figuras, en su mayoría conectados a la red nacional, contribuyendo a diversificar la matriz energética y a reducir el impacto ambiental de la generación eléctrica en el país. Según la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), para agosto de 2025 se superaron los dos gigavatios de energía solar instalada en el territorio nacional, destacándose los departamentos del Atlántico, Cundinamarca y Cesar por su mayor capacidad.

Aunque este es un logro importante para un país que en 2020 no alcanzaba los 100 megavatios solares instalados, aún no resulta suficiente. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) advierte que, para 2027, la capacidad de generación podría ser inferior a la demanda en los períodos de mayor sequía, cuando las fuentes hidráulicas aportan menos energía. A ello se suma que existen demoras tanto en la entrada en operación de nuevos proyectos de generación como en los de transmisión. Diversas entidades reportan que, en lo corrido del año, ha entrado en operación menos del 2 % de la capacidad esperada y que más de 60 proyectos de transmisión presentan retrasos, lo que impide llevar la energía generada por las nuevas plantas hasta los usuarios finales.

¿Será entonces el sol quien nos salve de una crisis energética? A mi juicio, definitivamente no. La energía solar constituye una fuente más dentro del sistema, complementaria a las centrales hidroeléctricas y térmicas, pues depende de un factor ambiental difícil de predecir: el sol. Su variabilidad, causada por las condiciones climáticas instantáneas, obliga a mirarla con precaución desde la perspectiva de la confiabilidad.

Esto no significa que deba frenarse la ola solar que atraviesa el país. Por el contrario, es necesario fortalecer los mecanismos existentes y mejorar los instrumentos que permitan acelerar su implementación. Hoy, numerosos proyectos esperan trámites y permisos de distintas entidades, además de enfrentar desafíos de orden público y social que han reducido la velocidad de ejecución y, con ello, el apetito de los inversionistas.

Colombia necesita de la energía solar, sin duda alguna, pero no puede ser el único frente de trabajo. Existen grandes oportunidades en otras fuentes de generación, como las pequeñas centrales hidráulicas, el aprovechamiento de la biomasa como fuente eléctrica y térmica, los biocombustibles y otras alternativas que, aunque menos populares, son igual de relevantes para un país que no puede —ni debe— permitirse apagarse.

[No Apto @noaptoco]

Colombia merece una transición, no un salto al vacío
Por: @Julio_Prisco

Hace un par de días, una conversación que comenzó sin ningún propósito y que iba dando tumbos por diferentes temas, trajo a la mesa una frase que he escuchado en muchos espacios y en distintos círculos: “Estamos acabando con el planeta”. He pensado que, si bien es cierto que nos estamos consumiendo el planeta, el que realmente estamos acabando es el que nos permite habitarlo; es decir, nos estamos acabando a nosotros mismos. Pienso que el planeta podrá sobrevivirnos y tendrá siglos para recuperarse de los daños y estragos que le hemos causado.

Es cierto que durante siglos hemos visto al planeta como una fuente infinita de recursos, que no solo teníamos el derecho, sino también el deber de usar y modificar para regalarnos una “mejor calidad de vida”. Solo hasta hace poco comenzamos a tener conversaciones sobre nuestro impacto en el planeta.

Un ejemplo de ello son los Protocolos de Kioto de 1997, el primer acuerdo que estableció metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para países desarrollados. Este acuerdo tardó ocho años en entrar en vigor y, con resultados poco satisfactorios, se centró únicamente en los países desarrollados. Posteriormente, en 2015, se dio el Acuerdo de París, que estableció como meta limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2°C. En este acuerdo se incluyeron, además de los países desarrollados, a países en desarrollo, y cada uno de los más de 190 países fijó sus compromisos a través de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). Sin embargo, es importante aclarar que la participación en este acuerdo ha sido siempre voluntaria y no sancionatoria.

A pesar de estas y otras iniciativas a nivel mundial, es una realidad que, en los últimos 20 años, las emisiones globales de dióxido de carbono no han dejado de crecer. A principios de los 90, estas emisiones eran de aproximadamente 23,500 millones de toneladas métricas, y en 2019 ya habían alcanzado los 36,370 millones, un valor que se redujo en 2020 debido a la pandemia, pero que se estima en 37,410 millones para 2024.

Colombia no ha sido ajena a este fenómeno mundial, pues nuestras emisiones no han dejado de crecer, aunque a un ritmo menor que el global. Esto se debe a factores como el crecimiento de la población, los procesos de industrialización, el uso de la tierra y la deforestación. Pero también es importante aclarar que, en la fiesta de emisiones de GEI, Colombia es responsable de menos del 0.4% de ellas; es decir, somos un actor secundario, pero decidimos gritar a los cuatro vientos, durante el gobierno de Iván Duque en 2020, que nos comprometeríamos a reducir nuestras emisiones en más del 50% para 2030 y alcanzar la meta de carbono neutralidad para 2050. ¿Quién nos mandó? ¿Qué afán de ser el adelantado de la clase?

Para aquellos que han llegado hasta aquí y piensan que cómo se me ocurre ir en contra del cuidado del ambiente, quiero invitarlos a seguir leyendo, porque de ninguna manera estoy en contra de cuidar el planeta. De hecho, soy un firme creyente y practicante de “dejar un mundo mejor que el que encontré”, pero de ninguna manera quiero dejar de lado la realidad.

Colombia necesita contribuir a la disminución del impacto negativo que se tiene en el planeta, pero no de cualquier manera y menos a cualquier costo. Se habla mucho de diversificar la matriz energética del país, pero poco se habla del impacto de la deforestación y la reforestación, o del impacto del sector transporte en las emisiones; pues tenemos un parque automotor longevo e ineficiente y, menos todavía, de nuestro nivel de ineficiencia, pues de cada 100 unidades de energía botamos más de 65 unidades.

Se ha hablado mucho del sector energético y la transición energética justa, pero equivocarnos en ese proceso nos costará, y mucho. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) estima que, de mantenerse la tendencia actual de generación, el país podría enfrentar un déficit de energía del 4% en 2028 y del 6% en 2030. Y eso es el resultado, entre otros fenómenos, del hecho de que varios proyectos se encuentran drenados. De acuerdo con datos de XM, en los últimos cinco años, la entrada en operación de proyectos de generación ha estado muy por debajo de lo que se esperaba. Por ejemplo, para 2025 solo entró en operación el 25% de la capacidad esperada y, de lo que va de 2025, solo ha entrado en operación menos del 1.5%. Y ni hablar del déficit de gas natural que se estima en más de un 17% para 2026 y superior al 25% para 2027 por falta de decisiones con criterio.

Somos un país que tiene sus propios retos y recursos, y que debe “tropicalizar” los compromisos, estrategias y metas para lograr tener un impacto sostenible, porque como vamos, las probabilidades de un apagón y desabastecimiento energético no dejan de incrementar.

Colombia merece una transición energética justa y hecha a la medida de sus recursos y necesidades, no un salto al vacío con impactos económicos, sociales y ambientales irreversibles que solo contribuirán a hacer de nosotros un país insostenible.

[Sergio Cabrales @SergioCabrales]

¿Los pobres no usan gasolina?

La gasolina no solo es consumida por quienes tienen automóviles de alto cilindraje, sino que impacta directamente a hogares de estratos bajos que dependen de motocicletas, transporte público y la cadena de distribución de alimentos.

Actualmente, dos de cada tres vehículos en Colombia son motocicletas, usadas principalmente por familias de estratos 1, 2 y 3.

Además, la mitad de los hogares tiene un carro o moto, siendo este último el medio más usado para llegar al trabajo. Esto confirma que la gasolina está profundamente ligada a la vida diaria de los sectores populares.

Por lo tanto, gravar la gasolina con IVA tendría un efecto regresivo: encarecería la movilidad de millones de hogares.

https://t.co/PznUH4vfhT

[No Apto @noaptoco]

Se viene diciembre… y con toda. Atentamente: el gas natural
Por: @Julio_Prisco

“Desde septiembre se siente que viene diciembre” es una frase que, desde mediados de los años noventa, anuncia con mucha anticipación la llegada del último mes del año y todo lo que este trae consigo. Es cierto que esta expresión genera amores y odios: mientras para algunos es el anuncio a viva voz de la llegada del “mes más alegre”, para otros no es más que la antesala estridente y cacofónica de la Navidad.

Se acerca diciembre con su parranda y diversión, pero también con el inicio del alza en el precio del gas natural en Colombia. Esto se debe a que los contratos vigentes, que venían otorgando cierta estabilidad a este recurso energético, finalizan en noviembre de 2025, y el panorama previsto a partir de entonces no es muy alentador.

Colombia ha sido un país que encontró en el gas natural una opción energética principalmente para procesos térmicos, tanto a nivel residencial como industrial, rentable y con menores emisiones que otras fuentes como la madera, la gasolina o el carbón. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Gas Natural (NATURGAS), este recurso llega a más de 12 millones de hogares en el país, es decir, a más de 36 millones de colombianos. Además, constituye la principal fuente de energía térmica para la industria y abastece a las plantas térmicas que se utilizan para atender la demanda eléctrica nacional cuando la energía hidráulica no es suficiente.

Con esto sobre la mesa, es claro que Colombia necesitará del gas natural no solo en el corto, sino también en el mediano plazo. Sin embargo, esta necesidad no ha sido coherente con las decisiones que se vienen tomando en torno a la exploración y el desarrollo de infraestructura. Desde 2024, Colombia perdió su autosuficiencia y se ha visto obligada a importar gas natural licuado (GNL) a través de la planta de regasificación SPEC, en Cartagena. En un principio, esta planta buscaba respaldar el gas utilizado para procesos de generación de energía eléctrica, pero ahora se le considera el salvavidas ante la ausencia de nuevas fuentes en el país y el agotamiento de los pozos actuales.

No obstante, esta solución trae consigo diversas implicaciones. La más relevante es que se trata de un gas más costoso, que requiere mayores procesos y que resulta mucho más sensible a los cambios del mercado internacional, como guerras, aranceles o fenómenos climáticos. Para la muestra, un botón: ECOPETROL solo renovó el 30% del gas que se tenía contratado a noviembre de 2025, con incrementos superiores al 35% —incremento que no ha sido justificado—, dejando expuestos tanto al otro 70% de la demanda actual como a la creciente, a la volatilidad de los precios que otros actores del mercado puedan imponer.

Los retos con el gas no terminan allí. Además de la falta de oferta local, se suma el hecho de que no ha sido posible desarrollar un marco regulatorio que permita tomar decisiones de largo plazo en torno a la importación de este recurso. En otras palabras, “compramos para el diario”, y todos sabemos que eso solo hace menos eficiente cualquier negociación. A esto se agregan los desafíos de infraestructura, pues algunos tramos del gasoducto actual presentan restricciones de transporte, como es el caso del tramo La Mami–Ballenas, cuya capacidad actual es insuficiente para llevar el gas desde SPEC hacia el interior del país.

Y si el fenómeno de El Niño decide aparecer el próximo año, que nos coja confesados, porque se necesitaría un volumen importante de gas para suplir la demanda de energía eléctrica del país, volumen con el que no contamos y que podría traducirse en un apagón.

Soy consciente de que no es un escenario alentador, ya que el consumo de gas no disminuirá de manera considerable en los próximos años, y las respuestas que se han dado hasta ahora no han sido las mejores. Sin embargo, también es cierto que existen soluciones que, como Estado —no como gobierno de turno—, debemos adoptar: acelerar los proyectos de exploración en el país, definir marcos regulatorios reales y adecuados que permitan negociar a mediano plazo la importación de combustibles, promover el uso más eficiente del gas, electrificar algunos de los usos actuales y desarrollar estrategias de infraestructura e inversión necesarias para garantizar el suministro y evitar un apagón.

Así que sí, se viene diciembre, y no solo con su alegría: llega con incrementos en el precio del gas y con incertidumbre sobre su futuro cercano. Solo espero que Colombia adopte como propósito de Año Nuevo la aceleración de las decisiones necesarias, para que el próximo año no se nos apague la vela del gas y no tengamos que considerar seriamente volver al uso de otras fuentes como el carbón, la madera u otras menos sostenibles.

[No Apto @noaptoco]

Comunidades energéticas: un paso, pero por ahora sólo eso
Por: @Julio_Prisco

Cuando se habla de transición energética es común mencionar lo que muchos llaman sus pilares: Digitalización, Descarbonización, Descentralización y Democratización.

La primera tiene como objetivo fundamental la sustitución de los medidores de energía eléctrica, estableciendo como meta que para el año 2030 se haya reemplazado el 75 % de los medidores de los usuarios actuales; es decir, alrededor de 14,5 millones de equipos, de los cuales, a la fecha, se estima que se han cambiado menos del 10 %.

La segunda busca sustituir las fuentes fósiles por el uso de energía eléctrica u otras alternativas, como la biomasa. En este campo, la energía solar ha sido la protagonista, aunque aún se encuentra muy lejos del ritmo necesario para alcanzar la ambiciosa meta de reducir en un 51 % las emisiones de gases de efecto invernadero para ese mismo año.

En cuanto a las otras dos “D”, la Descentralización hace referencia a diversificar el proceso de generación de energía, que en el caso de Colombia sigue concentrado en grandes proyectos hidroeléctricos y respaldado por plantas que operan con combustibles fósiles, lo cual puede representar aproximadamente el 35 % del costo total de cada kilovatio.

Por otro lado, la Democratización, que según el gobierno consiste en “garantizar que todos tengan acceso a energía limpia, asequible y sostenible, empoderando a las comunidades y fomentando la participación ciudadana en la gestión y producción de energía”, me genera cierta duda: no entiendo en qué momento un servicio público básico dejó de concebirse como un bien común, y me resulta agotador que se utilice como un eslogan político vacío. Sin embargo, sí estoy de acuerdo en que, como usuarios, necesitamos contar con más herramientas y mecanismos de participación.

Es precisamente en la Descentralización y la Democratización donde el gobierno actual ha izado una bandera: la de las comunidades energéticas, que en términos generales se definen como “un grupo organizado de usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos —personas naturales o jurídicas— que se asocian para generar, comercializar o usar eficientemente la energía mediante el uso de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos”. En palabras más simples, se trata de permitir que los usuarios se asocien y puedan generar y comercializar energía eléctrica de manera comunitaria.

De mi parte, reconozco el mérito de este gobierno por poner en primer plano el concepto de “comunidades energéticas”, pero dejo claro que no es un invento suyo: ni como término —pues ya se venía utilizando en Europa desde hace varios años—, ni como estrategia, ya que la Constitución de 1991, en su artículo 365, establece que los servicios públicos, como la energía eléctrica, pueden ser prestados por empresas públicas, privadas o comunidades organizadas. Aun así, le concedo el mérito de “remasterizar” el protagonismo de las comunidades como agentes con nuevas posibilidades en el mercado energético, más allá del simple papel de consumidor.

No obstante, esto también ha sido una muestra más de la improvisación energética de este gobierno. Aunque la iniciativa quedó aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, solo hasta abril de este año se expidió la Resolución 101072 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que reguló la integración de las comunidades energéticas al Sistema Energético Nacional, introduciendo nuevas figuras para promover la autogeneración colectiva, la generación distribuida colectiva y su participación operativa y comercial en el sistema eléctrico colombiano.

Y aunque las comunidades energéticas son una estrategia interesante y con grandes posibilidades en un país como Colombia —iniciando por las Zonas No Interconectadas, es decir, aquellas zonas aisladas donde rara vez se cuenta con energía durante las 24 horas del día y que muchas veces dependen del diésel (ACPM) como fuente energética—, lo que ha sido el foco mediático del gobierno actual, no puede convertirse en la estrategia energética de un país que cada vez percibe más cerca una crisis en este sector.

De ninguna manera pretendo desmeritar el desarrollo de estrategias y proyectos para poblaciones energéticamente vulnerables; es más que necesario, incluso mandatorio para este y cualquier gobierno, pues sin energía es imposible el desarrollo de una población. Pero sí quiero dejar claro que las comunidades energéticas, tal como hasta ahora se han presentado al país, no son más que escaramuzas ante el verdadero reto energético.

Colombia necesita más y más comunidades energéticas, generación descentralizada, uso eficiente de la energía y un mejor aprovechamiento de los recursos. Somos más que agua y sol. Pero para lograrlo es necesario construir un marco técnico y financiero estable que permita a diferentes agentes desarrollarlo, ya que para nadie es un secreto que ni este, ni ningún gobierno venidero podrá hacerlo únicamente con los recursos disponibles.

Aplaudo, entonces, la idea de comunidades energéticas, pero ¿qué tal si nos ponemos serios? Nuestro problema no se resuelve únicamente con unos paneles solares en la tienda del barrio.

[Sergio Cabrales @SergioCabrales]

Empresas se están devolviendo al carbón por la falta de gas natural en Colombia

La falta de gas natural no solo está afectando a los hogares sino también a las empresas, ya que necesitan este combustible para generar energía eléctrica y el vapor que usan en sus procesos industriales.

Por esta situación, muchas empresas se han visto obligadas a usar nuevamente carbón.

La escasez de gas natural en Colombia se puede evidenciar en la caída constante que ha tenido la producción nacional este año. Según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en junio llegó a 793 millones de pies cúbicos al día (mpcd).

Por esta escasez, Vanti también anunció que para el próximo año perderá cerca del 8 por ciento de su demanda no regulada (industria y comercio).

Además, el año entrante la compañía deberá importar el 50 por ciento de las cantidades de gas natural que requiere para atender a los clientes que conserva.

https://t.co/yFSqhcmL2m

[No Apto @noaptoco]

La energía solar no es suficiente
Por: @Julio_Prisco

Desde hace ya varios años, la energía solar se ha convertido en un tema cada vez más común en el mundo, como una de las respuestas y estrategias para combatir el cambio climático, disminuir las emisiones de CO₂, y reducir la dependencia de fuentes fósiles para la generación de energía eléctrica. Y es que, en efecto, el sol tiene un gran potencial energético: se estima que cada 90 minutos el sol nos entrega, en forma de energía, la cantidad que consume el mundo entero en un año. Eso equivale a alrededor de 6.000 veces más energía de la que el planeta necesita.

Colombia no ha sido ajena a este boomsolar; tanto así que los últimos gobiernos han planteado la estrategia de transición energética alrededor del pilar de esta tecnología. Sin embargo, para lograr una transición energética real y sostenible, hace falta mucho más que llenar el país de paneles solares.

Es cierto que Colombia tiene grandes oportunidades para usar el sol como fuente energética complementaria. Cuenta con una radiación solar promedio media-alta, superior a 4 kWh/m² al día, con zonas como La Guajira que alcanzan hasta 6 kWh/m². Además, el hecho de no tener estaciones climáticas permite aprovechar esta fuente durante los 365 días del año, e implementarla de manera descentralizada en casi cualquier lugar del territorio nacional, a diferencia de la principal tecnología de generación en el país: la hidráulica.

También es innegable que la energía solar ofrece diversas ventajas para su uso en la actualidad. Una de las principales es su bajo costo de implementación. De acuerdo con IRENA (Agencia Internacional de Energías Renovables), entre los años 2010 y 2024, este costo ha disminuido en casi un 90 %. Además, ha alcanzado un nivel de madurez tecnológica que permite una instalación fácil, segura y modular, facilitando el acceso a una amplia variedad de usuarios.

No obstante, también enfrenta desafíos. El principal, en mi opinión, es que solo puede ser usada durante el día, a menos que se incorporen sistemas de almacenamiento, algo necesario en Colombia, dado que el mayor consumo de energía se registra entre las 7 y 9 de la noche.

La relación de Colombia con el sol como fuente energética se remonta a más de 40 años, ya que a inicios de los años 80 se realizaron pilotos de calentamiento de agua con energía solar, que fueron rápidamente sustituidos por el gas natural. También se implementaron pequeños proyectos solares para el suministro de energía a torres de telecomunicaciones, aunque no dejaron de ser experiencias incipientes y aisladas.

Sin embargo, esos esfuerzos iniciales no hicieron eco y quedaron como una buena idea, pero sin planes ni recursos claros para su desarrollo. Fue hasta el año 2014, con la Ley 1715, que se reguló la integración en Colombia de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) al Sistema Energético Nacional, incluyendo, entre otras medidas, beneficios tributarios para fomentar este tipo de proyectos.

Posteriormente, con la entrada en vigencia de la resolución CREG 030 de 2018, se regularon las actividades de autogeneración a pequeña escala y generación distribuida en el Sistema Interconectado Nacional, permitiendo el surgimiento de la figura del prosumidor: un consumidor que no solo demanda energía de la red, sino que también puede generar parte de su propia energía, entregarla a la red y recibir reconocimiento por ello.

Estas y otras medidas han venido impulsando el desarrollo de estas fuentes en el país. Como resultado, al cierre de 2024, la capacidad instalada en energía solar y eólica representará alrededor del 9 % de la capacidad eléctrica total de Colombia, y habrán generado el 5,3 % de la energía del país para el mes de julio de este año, según datos del administrador del mercado energético XM.

Sin lugar a dudas, la energía solar es una opción real para Colombia, y se están alcanzando hitos importantes. Por ejemplo, se proyecta cerrar este año con 2.550 MW solares operativos, equivalentes al consumo de más de 6,5 millones de colombianos. Además, según cifras de la Asociación Colombiana de Energías Renovables (SER), se espera que en los próximos dos años se desarrollen más de 160 nuevos proyectos de mediana y gran escala.

Pero cuidado con el exceso de optimismo. Es cierto que se viene avanzando de manera importante en la línea de generación solar, pero Colombia necesita más: no solo energía, sino también medidas estructurales. Es fundamental promover el aprovechamiento de otras fuentes con mejores factores de disponibilidad, como pequeñas centrales hídricas, biomasa, energía eólica, entre otras, para diversificar la matriz energética y lograr un mejor uso de los recursos.

Además, se debe fortalecer la articulación institucional y el seguimiento por parte del gobierno, para garantizar que los trámites ante las diferentes entidades no retrasen más la entrada en operación de los proyectos. Por último, es indispensable mejorar el ambiente regulatorio del sector energético, ya que se necesita generar mayor confianza entre quienes pueden realizar las inversiones necesarias para cumplir el ambicioso plan de transición energética, que, según el World Economic Forum, requiere más de 90.000 millones de dólares para su implementación de aquí a 2052.

Entonces, ¡sí! Bienvenidos los kilovatios solares, pero de ninguna manera pueden ser los únicos protagonistas de la transición energética. Necesitamos ir al siguiente nivel: uno que incluya mayor rigor técnico, mejor marco regulatorio, eficiencia energética y la participación activa de todos.

[No Apto @noaptoco]

La crisis energética es responsabilidad de todos
Por: @Julio_Prisco

De acuerdo con la Ley 142 de 1994, o Ley de Servicios Públicos, se establece, entre otras cosas, que el Estado es responsable de: “Garantizar la calidad de los servicios públicos, la ampliación permanente de la cobertura de los mismos, la prestación continua e ininterrumpida —salvo causa de fuerza mayor—, la prestación eficiente, la libertad de competencia y la no utilización abusiva de la posición dominante”, entre otros aspectos.

Sin embargo, cada vez es más visible que en Colombia, por lo menos en términos energéticos, la gestión del gobierno para cumplir estas obligaciones se ha venido quedando corta. Para nadie es un secreto que el fantasma de una recesión energética es bastante probable, que la disponibilidad de gas viene en caída y que los proyectos están tardando mucho más tiempo del presupuestado. O que el gobierno actual ha intentado tomar decisiones arbitrarias, como sustituir funciones de la CREG o bajar el precio de la energía a pupitrazos.

Pero no solo es eso. De acuerdo con el último informe presentado por la UPME sobre el ICCE (Indicador de Cobertura de Energía Eléctrica), el promedio nacional disminuyó del 93,1 % al 92,7 %, siendo la zona rural la más impactada, donde esta cobertura pasó del 83,2 % al 73,7 %. La falta de infraestructura es una de las principales razones por las que no se ha logrado llegar hasta estas zonas.

Y aunque hasta aquí pareciera que estamos en esta situación solo por causa de los diferentes gobiernos —porque no ha sido responsabilidad exclusiva del vigente—, me parece importante aclarar que también nosotros como usuarios hemos contribuido a esta crisis. Muestra de ello son las preocupantes cifras presentadas por el PROURE, donde de cada 100 unidades de energía consumidas por el país, solo el 31 % son útiles. Es importante aclarar que esta cifra obedece al consumo de todos los energéticos: energía eléctrica, biomasa y combustibles fósiles.

Poniendo esto sobre la mesa, quiero dejar claro que los usuarios sí tenemos responsabilidad en el uso de los recursos energéticos y, por ende, en el precio de los mismos. Y es que se nos olvida que el apellido “público” no significa solo que es del Estado, sino también que nos afecta a todos.

¿Qué podemos hacer como usuarios podemos hacer para tener impactos reales en la tarifa de servicios públicos? Empecemos por entender qué nos cobran en la factura que recibimos cada mes o cada dos meses. ¿Cuándo fue la última vez que revisó de verdad su factura de servicios públicos? Por ejemplo, las pérdidas no técnicas —asociadas a conexiones fraudulentas o ilegales— las terminamos pagando todos. Es decir, somos los patrocinadores del vecino que tiene una conexión ilegal.

¿Sabe usted cómo consume energía? ¿Cuáles son sus principales consumidores energéticos? Ser consciente del comportamiento y los hábitos de consumo es otra de las medidas que podemos implementar como usuarios. Una muestra real de que esto funciona es el impacto que ha tenido la medida de energía prepago, pues se estima que, con su implementación, el consumo energético de estos hogares se ha reducido en más de un 14 %. Y es que los usuarios más informados siempre tomarán mejores decisiones. Es cierto que avanza un programa de cambio de medidores, a ritmo gubernamental, para que como usuarios podamos tener más información, pero también es cierto que hoy se pueden adquirir medidores a bajo costo y así gestionar directamente nuestros consumos.

Por otra parte, el cambio paulatino de equipos ineficientes (viejos) por equipos más eficientes —desde el reemplazo de una bombilla por una LED, hasta la sustitución de equipos industriales o, al menos, la implementación de sistemas de control— impactará la cantidad de energía que demandamos y, por ende, lo que nos llega en la factura.

Por último, desde la emisión de la Resolución CREG 030 de 2018, todos tenemos el derecho a ser AGPE (Autogenerador a Pequeña Escala); es decir, se nos permite, como usuarios, generar energía eléctrica en sitio e incluso entregar excedentes a la red. Esto es, nada más y nada menos, lo que permite que, al instalar un sistema solar fotovoltaico, no solo se pueda disminuir el consumo de energía de la red al generar parte de la que requerimos, sino que si el sistema genera más de lo que necesitamos, podamos cruzar esta energía y que nos sea reconocida en la factura de servicios públicos.

Es cierto, entonces, que tenemos un reto energético que no es menor y para el que todavía no hemos desenmarañado el camino. Pero también que no es solo responsabilidad del gobierno y que todos tenemos la posibilidad de impactar, con la gran ventaja de que hacerlo se verá reflejado mensualmente en lo que pagamos. Si puede generar parte de su propia energía, si puede medir mejor su consumo, si puede ajustar hábitos, ¡hágalo! Porque la crisis energética es responsabilidad de todos.

[Sergio Cabrales @SergioCabrales]

Desde 2027 la transición energética golpeará los recursos del Sistema General de Regalías, según la Contraloría

“A partir de 2027 se proyecta una reducción progresiva de regalías por la descarbonización y el agotamiento de reservas, lo que podría comprometer la seguridad energética, la autosuficiencia en combustibles y la financiación de proyectos sociales”, señaló la entidad.

Bajo este contexto, entregó una serie de recomendaciones para mitigar y desarrollar un plan de transición energética claro, con enfoque territorial. Lo primero es incentivar la producción responsable de hidrocarburos, sin frenar de golpe el recaudo por regalías y, lo segundo, es ampliar y mejorar la infraestructura energética, garantizando abastecimiento, especialmente de gas natural.

https://t.co/sdusLpeJdg

[No Apto @noaptoco]

Bajar la factura de energía: la nueva piscina del personero del país
Por: @Julio_Prisco

Faltando un año para finalizar el actual gobierno nacional, ya se empiezan a presentar los precandidatos que quieren “encargarse” del país en los cuatro años siguientes. Y ¡oh, sorpresa! Para las próximas elecciones se multiplicaron, y es inevitable recordar que algo similar ocurrió en Medellín con un mar de candidatos a la Alcaldía en 2019, muchos de ellos tristemente sin ideas reales, sin proyectos y sin estrategias concretas para enfrentar los retos que se les presentaban.

Aquellas elecciones se me asemejaron a las del personero del colegio, donde ganaba quien ofrecía piscina, menos clases, más fiestas y cualquier otro tipo de idea que solo provocaba arengas, pero que no contaba con un plan real para ejecutarse. Y es triste, pero bajar el precio de los servicios públicos, especialmente el de la energía eléctrica, se ha convertido en la nueva "piscina del colegio".

Sí, lastimosamente esta promesa —hasta ahora vacía e incumplida— está cada vez más presente en épocas electorales, utilizada por diferentes candidatos como una de sus principales banderas. El gobierno actual no fue la excepción, pues esta fue una de las propuestas de su campaña, y, lastimosamente, no ha logrado cumplirla. Y es que para hacerlo se necesita más creatividad y trabajo que simplemente lanzar un sinnúmero de decretos, muchos de ellos improvisados, dejando de lado aspectos económicos, técnicos y participativos que garanticen acciones sostenibles en el mediano y largo plazo.

Para muestra, un botón: el nuevo proyecto de ley para disminuir la tarifa de energía, liderado por el Ministerio de Minas, incluye propuestas como realizar cambios en la composición de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas), disminuyendo el requerimiento técnico para hacer parte de ella. Esto me parece poco recomendable, pues se necesita conocimiento técnico real del sector para regular el mercado energético. También se contempla incluir más participación directa de los ciudadanos y otros sectores sociales, lo cual sí considero necesario en este tipo de comisiones.

En este mismo documento se propone que la opción tarifaria —medida del gobierno anterior, en la que se congelaron los precios de la energía durante la pandemia, y cuya deuda asciende actualmente a más de 3 billones de pesos— sea asumida por los estratos 4, 5 y 6, así como por los sectores comerciales e industriales, o, en su defecto, mediante un bono de deuda pública a largo plazo. Y, en términos del endeudamiento actual del país, el palo no está para cucharas.

También se plantea ajustar los subsidios que hoy se entregan a los estratos 1, 2 y 3, teniendo en cuenta el consumo de subsistencia, un indicador que necesita revisión, pues no ha considerado factores como el crecimiento demográfico, las condiciones climatológicas, los flujos migratorios y el déficit de vivienda, entre otros. Además, se abriría la puerta a que el gobernante de turno pueda cambiar en cualquier momento las “reglas de juego” tarifarias del país, a pesar de que hoy esas revisiones se hacen de forma quinquenal por parte de la CREG y el Ministerio. Esto podría convertir la tarifa de energía en una herramienta de populismo y reducir las inversiones en el mercado energético por falta de garantías.

Creo que es complejo que una iniciativa como esta logre ser aprobada, no solo porque falta un año de este gobierno, sino porque presenta muchos vacíos técnicos y de mercado. Estoy convencido de que existen alternativas reales para impactar el costo de los servicios públicos, pero se necesitan espacios serios de trabajo con los diferentes actores del mercado —que pueden ser más de 150, entre generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores, entes regulatorios y representantes de los usuarios, tanto públicos como privados—, de forma que no se trate de un simple bajón de precios hoy, que el próximo gobierno deba ver cómo resuelve.

Espero, de verdad, que los gobernantes que lleguen a la mesa tengan ideas y planes reales para los retos —que no son pocos— que afronta hoy por hoy Colombia. Es necesario que nos pongamos serios, tanto quienes proponen como quienes elegimos. No quiero más personeros con promesas de piscinas, ni más gobernantes diciendo que bajarán el recibo de la luz.

[Sergio Cabrales @SergioCabrales]

La matriz eléctrica de Colombia continúa dominada por la generación hidráulica, que representa el 63,8 % de la capacidad total, con aproximadamente 13,20 GW instalados.

Recientemente, además de la entrada en operación de Hidroituango, se destaca el crecimiento acelerado de los proyectos solares, que alcanzaron 2,03 GW en junio de 2025 (+59 % en un año). De esta capacidad, 1,30 GW ya están despachando al SIN y 0,73 GW se encuentran en fase de pruebas. En conjunto, la energía solar representa el 9,4 % de la capacidad total de generación del país.

Por último, la capacidad de generación térmica (combustibles fósiles), que es clave para la confiabilidad del sistema, especialmente es épocas de hidrología baja, aumentó su capacidad desde 4,45 GW en 2000 a 5,98 GW en la actualidad, lo que representa un aumento del 34,4 %. Aunque su participación relativa se redujo desde el 35% en el 2000 al 28,9 % de la capacidad total del sistema en la actualidad.

Superar las barreras de entrada será fundamental para aumentar la capacidad de generación, incluyendo las energías renovables no convencionales, lo que permitirá mejorar la eficiencia en la formación de precios mediante una mayor competencia y se reflejará en una mayor seguridad de abastecimiento y confiabilidad de la matriz eléctrica nacional.

Fuente: @Bancolombia_Inv