Mi columna esta semana: Sobre el triple ataque (presupuestal, de competencia y plazo) a la JEP. Una discusión sobre gastos de la JEP puede ser legítima pero gobierno usa el instrumento fiscal para atacar una jurisdicción clave que no les gusta.
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Los números no le dan la razón a De la Espriella en su pulso con la JEP. El Gobierno cuestiona su costo y propone trasladar esos recursos a la justicia ordinaria, pero CAMBIO encontró que cubrirían menos del 2 por ciento del déficit judicial. 👉 Lea el análisis.
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Con dos iniciativas radicadas por los partidos de gobierno ante el Congreso se evidencia la existencia de una estrategia para impedir el funcionamiento de la JEP.
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El Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel. Precisamente porque es el Estado, su actuación tiene límites.
Enfrentar militarmente a los grupos armados ilegales y proteger a la población es un deber constitucional. Pero incluso en la guerra hay límites, y la dignidad humana no desaparece con la muerte.
Las imágenes y los símbolos del poder público también importan. No deberíamos normalizar que los cuerpos de personas muertas hagan parte de la escenografía de una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad.
Colombia conoce demasiado bien lo que ocurre cuando los cuerpos, la humillación y el miedo se utilizan para enviar mensajes de dominio. Ese no puede ser el lenguaje del Estado.
La fortaleza del Estado no está en parecerse a quienes combate, sino en conservar sus límites incluso frente a quienes los han desconocido. Su legitimidad se afirma cuando protege a la población, hace cumplir la ley y mantiene intacto aquello que dice defender: la dignidad humana.
Ver pronunciamiento de la Defensora del Pueblo, @MarnIris, aquí 👇🏽
1️⃣ Derrocar a un dictador suena moralmente justo. Nadie llora por un tirano. Pero el derecho internacional no se construyó para proteger a los buenos, sino para contener a los poderosos. Por eso prohíbe la fuerza casi sin excepciones: no porque ignore la injusticia, sino porque sabe que, si cada país decide a quién “liberar” a balazos, el mundo vuelve a la ley del más fuerte.
2️⃣ El problema no es Maduro. El problema es el precedente. Cuando la fuerza militar se usa para cambiar gobiernos sin reglas claras, la soberanía deja de ser un límite y se vuelve un estorbo. Hoy es “derrocar a un dictador”; mañana será “corregir una elección”, “proteger intereses”, “restaurar el orden”. El derecho no absuelve dictaduras, pero tampoco legitima cruzadas unilaterales.
3️⃣ La pregunta incómoda no es si un tirano merece caer, sino quién decide cuándo y cómo. Porque la historia enseña algo brutal: sacar al dictador es fácil; construir justicia después, no. Y cuando la legalidad se rompe en nombre del bien, casi siempre lo que sigue no es libertad, sino caos, violencia y nuevas víctimas. El derecho existe para recordarnos eso, incluso cuando incomoda.
Basados en el ✅Decreto 0108 del 31 de enero de 2025 expedido por @MinAgricultura, la #URT hace un llamado a los habitantes de los municipios de: Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San. Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, y los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, para que activen el RUPTA protegiendo sus tierras y previniendo el despojo. Conozca la ruta aquí ⬇
Algunas de las afectaciones identificadas son reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, especialmente indígenas; confinamiento y desplazamiento forzado; amenazas y homicidios contra liderazgos sociales y comunitarios; entre otros.
“Una migración segura, ordenada y regular, basada en información, planificación y consenso, es esencial, como lo indica el Pacto Mundial.”, aseguró Vladimir Martin Ramos, defensor delegado para los Derechos de la Población en Movilidad Humana.
Hemos evidenciado los siguientes riesgos para la niñez en tránsito por el Darién: enfermedades y lesiones, muerte, violencia sexual, violencia física y reclutamiento ilícito por parte de grupos armados ilegales.
#NACIÓN| La nueva defensora del Pueblo, Iris Marin, agradeció a la plenaria de la Cámara por su elección. Aseguró que su rol es el de un instrumento para garantizar la defensa de los Derechos Humanos. @CaracolRadio@SC_Periodista_
💜¡Histórico! @irismarin acaba de ser elegida como la primera Defensora del Pueblo de Colombia.
Además es la primera vez que una defensora de derechos humanos llega a este cargo. Una buena noticia.
“La Corte reconoció que los derechos de Camila estaban en tensión con los de Andrés y era necesario determinar la solución que resultara menos lesiva para los derechos de ambas partes. En este particular caso, tras ponderar los derechos en juego, concluyó que la medida menos lesiva era la de no aceptar la solicitud de transferencia de los embriones. La Corte concluyó que, si bien hay una afectación para Camila con la revocatoria del consentimiento de Andrés, la decisión no supone una limitación definitiva de su derecho a la autodeterminación reproductiva, pues ella aún tiene la oportunidad de ser madre gestante con un donante de material genético distinto. Por el contrario, de ordenarse la transferencia, Andrés no tiene otra alternativa que la de verse forzado a que se use su material genético con fines reproductivos en contra de su voluntad.”
Chiquita Brands fue condenada en EEUU por pagar el asesinato de dirigentes sindicales en Urabá entre 1997-2004. Entregó U$1,7 millones a las AUC. Mientras tanto, se evidencia completa inacción de la justicia colombiana ante los financiadores de la guerra. https://t.co/nOqTLOUmko