Hoy @magalonik publicó un balance del primer año de la elección judicial y advirtió algo que casi nadie se atreve a decir: la subordinación no necesita instrucciones. Le faltó un dato que lo prueba mejor que cualquier argumento. En sus primeros seis meses la nueva Corte resolvió 37% menos asuntos que la anterior, y siete de cada diez terminaron en sobreseimiento o desechamiento. Sin fondo. Sin derecho examinado. Sin nada.
Ahí está el punto que a nadie le conviene nombrar. Un tribunal que no quiere enfrentar al poder no tiene que fallarle en contra al ciudadano: le basta con no llegar al fondo. La improcedencia se volvió el método. Y no viene sola. En octubre entró en vigor la reforma a la Ley de Amparo, que apretó el interés legítimo y multiplicó los supuestos para negar la suspensión, y cualquiera que haya litigado sabe que sin suspensión el amparo llega cuando el acto ya se consumó. Al mismo tiempo, el Tribunal de Disciplina mantiene suspendidos a 53 juzgadores de carrera por el sentido de sus sentencias, mientras los electos que resolvieron exactamente igual no cargan un solo expediente. Nadie tiene que dar la orden cuando el ejemplo ya está puesto.
Magaloni cierra con una esperanza: que la inviabilidad del sistema nos obligue a reconstruirlo. Ojalá tuviera razón. Pero las instituciones casi nunca se caen de manera tan ordenada. Lo que pasa es más triste: el que tiene con qué saca su conflicto del país, lo manda a arbitraje o lo arregla afuera; el que no, se queda adentro, con un amparo más chico, un juzgado desorientado y un juez que sabe perfectamente cuánto cuesta la valentía. Yo no veo ahí un sistema en crisis rumbo a renacer. Veo uno que ya aprendió a vivir así, y eso cuesta mucho más trabajo revertir.