DIAGNOSTICO Y ACCIÓN ANTES DEL AJUSTE FISCAL
El país necesita un Estado más eficiente y un sistema tributario más sencillo. Pero ninguna reforma funcionará sin entender por qué se abrió el hueco fiscal.
El hueco tiene un responsable principal, el Ministerio de Hacienda, y un mecanismo: incumplir el artículo 78 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que ordena recortar del presupuesto siguiente el exceso de reservas. La Contraloría lo escribió en su informe sobre la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro 2025, del 23 de septiembre de 2026: "se evidenció el incumplimiento del artículo 78 del Decreto 111 de 1996 respecto de los límites aplicables a las reservas presupuestales constituidas, al sobrepasar el 2 % de los gastos de funcionamiento en $13,61 billones y el 15 % de los gastos de inversión en $14,18 billones, para un total excedido de $27,80 billones". Desde 2018 ningún gobierno ha hecho el recorte.
Con Duque, la pandemia explica casi todo el endeudamiento adicional, pero las reservas no recortadas sumaron $19 billones. Con Petro, retenciones y anticipos inflaron el recaudo de 2023, el presupuesto de 2024 estimó $315,9 billones en impuestos y llegaron $245 billones, y las reservas excedidas sumaron $67 billones.
Con la ley cumplida, la deuda estaría cerca del 55 % del PIB, no en 61,4 %.
El Decreto 1585 de 2026 no corrige el rumbo: de $13,8 billones anunciados, $8,6 ya estaban congelados y solo $1,2 son recorte real. Un recorte que no es recorte. Y siguen pendientes $14,16 billones , a septiembre, que el artículo 78 ordena recortar este año.
El exceso de las reservas de 2026 que debe restarse del presupuesto de 2027 rondaría $34 billones, y con lo pendiente de 2026 se llegaría a unos $48 billones, del tamaño del ajuste anunciado.
El artículo 78 es la regla fiscal más eficiente que tenemos: se aplica sobre una cifra contable, no sobre supuestos. Si no se cumple esa, ¿qué puede esperarse de una regla que depende del PIB potencial y de clasificaciones amañadas? Aplicarlo ya y en enero de 2027 probaría que esta vez se entendió la lección, y daría tiempo para discutir a fondo las reformas administrativas y tributarias que el crecimiento sostenible requiere.
El recorte que no es recorte
Pedro Nel Ospina, octubre 2026
De los 13,81 billones de pesos que el Gobierno anunció recortar con el Decreto 1585, 8,63 billones ya estaban congelados y solo 5,18 son reducción efectiva. Falta reducir 23,48 billones, 1,7 veces lo anunciado: lo que el Estatuto de Presupuesto ordena recortar por exceso de reservas, hasta donde alcanza lo disponible en cada rubro, y lo que sigue congelado.
El 22 de octubre el Gobierno expidió el Decreto 1585 y anunció una reducción de 13,81 billones de pesos en el presupuesto de 2026. La cifra es grande y se presentó como una muestra de disciplina fiscal. Antes de celebrarla conviene hacer una pregunta sencilla: ¿cuánto de ese dinero se iba a gastar de verdad? Al cruzar el decreto, partida por partida, con la ejecución del SIIF al 30 de septiembre, la respuesta es bastante menos de lo que sugiere el titular.
El origen del problema está en diciembre de 2025, cuando el Congreso hundió la ley de financiamiento con la que se esperaba cubrir parte del presupuesto de 2026. Sin esos ingresos, el gasto aprobado quedó desfinanciado, y Hacienda reconoció en la actualización del Plan Financiero que tendría que ajustarlo. A lo largo del año, una porción de las apropiaciones quedó bloqueada: sigue figurando en el presupuesto, pero las entidades no pueden comprometerla. El SIIF registra esos bloqueos sin indicar su causa, así que no todos pueden atribuirse a la ley hundida. Lo que sí permite medir es cuánto dinero estaba ya congelado cuando se firmó el decreto.
Ahí está el punto central. De los 13,81 billones, 6,89 billones corresponden a rubros que en septiembre ya estaban bloqueados. El decreto incluye además 2,05 billones en partidas globales, sin desagregar por rubro. Si a esas partidas se les aplica el mismo criterio, con los bloqueos de cada entidad y fuente de financiación, otros 1,74 billones caen en la misma categoría; esta segunda cifra es una estimación nuestra, no una distribución oficial. En total, unos 8,63 billones ya no podían gastarse. De cada 100 pesos del recorte anunciado, 62 estaban congelados.
Quedan 5,18 billones de reducción efectiva, y tampoco todo eso es austeridad. Cuatro billones salen de las apropiaciones para el servicio de la deuda. Presupuestar menos para pagos de deuda puede obedecer a cambios en tasas, en el calendario de pagos o en operaciones de manejo de deuda, pero no reduce lo que la Nación debe. El recorte en funcionamiento e inversión, es decir, en el gasto con el que el Estado opera y construye, es de 1,18 billones: 9 de cada 100 pesos anunciados.
Un caso concreto lo ilustra. El decreto elimina 78.750 millones de pesos destinados a obras para reducir el riesgo de inundación en La Mojana, en Bolívar, Sucre y Córdoba. El propio Fondo Adaptación ya reportaba esos recursos como bloqueados en su informe de ejecución de marzo. Borrar una apropiación congelada ordena las cuentas, pero no ahorra un peso que se fuera a gastar. Recortar, en sentido estricto, es dejar de hacer algo que se podía hacer.
Hay además una cifra que el anuncio no menciona: lo que sigue congelado. En septiembre, el SIIF registraba 17,95 billones de apropiaciones bloqueadas en todo el presupuesto. Si se acepta que las partidas globales del decreto se cubren con apropiaciones congeladas, como supone nuestro cálculo, el decreto eliminó 8,63 billones de ese total, menos de la mitad. Quedan 9,32 billones que no se redujeron: siguen en el presupuesto, no se pueden gastar y nadie ha dicho qué pasará con ellos. Casi todo, 8,50 billones, está en funcionamiento.
La mayor parte de ese saldo, 7,83 billones, está en partidas de “distribución previo concepto” de la Dirección General del Presupuesto, bolsas que se aprueban sin destinatario y solo se ejecutan cuando Hacienda las reparte. La más grande es de 4,69 billones, en “otros gastos de personal” del propio Ministerio de Hacienda. Le siguen las cajas de retiro de las Fuerzas Militares y de la Policía, con 1,70 billones entre las dos, y la Policía Nacional, con 0,76 billones. Si ese dinero no se va a ejecutar, lo coherente es reducirlo: mientras siga ahí, el presupuesto aparenta un gasto que no ocurrirá.
Mientras tanto, hay un ajuste que la ley sí ordena y que el decreto no hace. El artículo 78 del Estatuto Orgánico del Presupuesto dispone que, cuando las reservas presupuestales (compromisos de un año que quedan sin pagar al cierre) superan el 2% del presupuesto de funcionamiento o el 15% del de inversión del año anterior, el Gobierno debe reducir el presupuesto en curso. En funcionamiento, la norma exceptúa del cálculo las participaciones de departamentos, municipios y resguardos indígenas, que hoy forman el Sistema General de Participaciones. La regla existe para que el presupuesto no se infle con recursos que las entidades no alcanzan a ejecutar. El Decreto 1585 no la invoca: se apoya en los artículos 76 y 77.
Con las reservas del cierre de 2025, lo que pasa de esos umbrales suma 34,89 billones, y eso es lo que la norma ordena reducir. El cálculo se hace rubro por rubro, y en cada rubro solo puede recortarse lo disponible. Con los saldos de septiembre, eso alcanza para 14,92 billones. Solo 0,76 billones de esa cifra coinciden con lo que el decreto redujo de forma efectiva. Quedan 14,16 billones de reducción pendiente bajo el artículo 78.
A esos 14,16 billones hay que agregar los 9,32 billones que siguen congelados. Las dos cifras se pueden sumar sin contar dos veces el mismo peso, porque lo disponible de cada rubro no incluye lo bloqueado. Al presupuesto de 2026 le falta, entonces, una reducción de 23,48 billones, 1,7 veces lo que anunció el Gobierno.
Los 19,97 billones restantes del exceso, en cambio, ya no se pueden reducir: 17,99 billones están en rubros que ya comprometieron sus recursos y 1,99 billones en rubros de 2025 que no existen en el presupuesto de 2026. Eliminar lo congelado apenas ayuda, porque solo 0,38 de los 9,32 billones están en rubros con exceso sin cubrir. Ese es el costo de aplazar la regla: cuanto más avanza el año, más se compromete y menos margen queda para cumplirla.
Tampoco todo pesa igual. Eliminar los 9,32 billones congelados sincera el presupuesto, pero no reduce gasto que se esté ejecutando; es lo mismo que hizo el decreto con 8,63 billones. La reducción del artículo 78 sobre saldos libres, en cambio, sí es un ajuste real. Visto así, el decreto no cierra el ajuste; apenas lo empieza.
Estas cifras son estimaciones con datos de septiembre. No certifican los saldos de octubre ni equivalen a ahorro en caja, y el propio decreto protege las apropiaciones que respaldan compromisos ya perfeccionados, algo que debe verificarse partida por partida. Tampoco encontramos publicado el desglose de las partidas globales que el decreto ordena hacer a cada entidad.
Por eso el Gobierno debería publicar la conciliación que hoy falta: qué parte de cada rubro recortado estaba bloqueada, cuál es reducción nueva y cómo se reducirán los 23,48 billones que faltan. Sin esa separación, el debate seguirá girando alrededor de un número, 13,81 billones, que dice poco sobre cuánto se dejó realmente de gastar.
Comparto mi comunicación a la Junta de Dirección General de la ANDI, afiliados, funcionarios y colaboradores de esta gran entidad, y opinión pública en general
@oscardarioperez Oscar, para el debate del presupuesto te comparto este post que explica como cumpliendo la Ley se logra empezar a poner en cintura el presupuesto nacionalhttps://x.com/PNOSM/status/2096635684131893339?s=20
El hueco fiscal de estos cuatro años no era inevitable. Casi cinco puntos del PIB. En cuatro años. Por no aplicar una ley que sigue vigente.
La ley ya tenía el freno. El Gobierno decidío ignorarla. Cumplir el artículo 78 del Estatuto Orgánico del Presupuesto habría evitado buena parte de ese desastre.
No es una opinión sobre el gasto. Es lo que la norma ordenaba y no se hizo. La regla está vigente desde 1996. El último presupuesto que la aplicó fue el de 1998. Nunca se derogó.
Qué ordena, sin interpretación: si las reservas de funcionamiento superan el 2 % del presupuesto de funcionamiento del año anterior, o las de inversión el 15 %, hay que recortar la apropiación nueva por el exceso.
No se toca lo ya comprometido. Se baja el techo de este año a lo que el Estado sí puede ejecutar.
Desde 2011 esa cifra la reporta el Ministerio de Hacienda, cada 20 de enero. La Corte Constitucional ya zanjó lo demás. En 1998 aceptó que se declare el recorte por anticipado, con una sola condición: cuando se conozcan las reservas reales, si no coinciden con lo presupuestado, el Gobierno «simplemente habrá de realizar los ajustes correspondientes». El Gobierno lo escribió en el artículo 47 de la Ley 547 de 1999 y lo borró al año siguiente. Nunca volvió. Punto.
Cumplir la ley no es una frase en el presupuesto. Cumplir es expedir un decreto con entidad por entidad, las partidas reducidas. Eso no se hizo.
La reserva presupuestal pasó de $26,3 billones en 2022 a $34,8 en 2023, a $53,9 en 2024 y a $47,5 billones en 2025. Cinco veces y media el tope legal. El recorte que la ley exigía descontar del presupuesto de 2025 era $42,8 billones. El de 2026, con corte al 20 de enero, $38,8 billones. El rezago de 2024 se ejecutó en 95,4 %: se comió la caja del año siguiente.Ese es el mecanismo del desastre.
El país paga lo viejo y lo nuevo al mismo tiempo. La diferencia se cubre con deuda. El artículo 78 existía para cortar ese ciclo.
La simulación es directa. Mismos impuestos. Sin tocar la deuda externa ya contratada. Activando la ley apenas sobre el cierre de 2022: El balance primario de 2025 habría cerrado en −1,8 % del PIB, no en −3,5 %.
La deuda neta, en 55,6 %, no en 58,5 %.
El déficit total, en −4,6 %, no en −6,4 %.
Al cierre de 2026 la brecha llega a 4,6 puntos del producto: deuda neta de 55,7 % si se aplica la norma, 60,3 % del producto si no.
Casi cinco puntos del PIB en cuatro años. No por un choque externo. Por no recortar el presupuesto nuevo cuando la ley ya había medido que el Estado no daba abasto.
El 20 de enero de 2026 el recorte exigible era $38,8 billones. Cada mes que pasa, parte de la apropiación ya se comprometió y el saldo que todavía se puede recortar se encoge.
El déficit de 6,4 % y la deuda de 58,5 % no salieron de la nada. Son el saldo de una regla de disciplina que se ignoro conscientemente. Cada estrechez se resolvió con más deuda en lugar del recorte que la ley mandaba. Cada año dejó el punto de partida del siguiente más arriba.
La Corte no pidió un debate. Pidió un ajuste cuando aparecieran las cifras. Las cifras aparecieron. El ajuste no. Espero que este gobierno cumpla la ley y que las autoridades vigilen su cumplimiento.
El hueco fiscal de estos cuatro años no era inevitable. Casi cinco puntos del PIB. En cuatro años. Por no aplicar una ley que sigue vigente.
La ley ya tenía el freno. El Gobierno decidío ignorarla. Cumplir el artículo 78 del Estatuto Orgánico del Presupuesto habría evitado buena parte de ese desastre.
No es una opinión sobre el gasto. Es lo que la norma ordenaba y no se hizo. La regla está vigente desde 1996. El último presupuesto que la aplicó fue el de 1998. Nunca se derogó.
Qué ordena, sin interpretación: si las reservas de funcionamiento superan el 2 % del presupuesto de funcionamiento del año anterior, o las de inversión el 15 %, hay que recortar la apropiación nueva por el exceso.
No se toca lo ya comprometido. Se baja el techo de este año a lo que el Estado sí puede ejecutar.
Desde 2011 esa cifra la reporta el Ministerio de Hacienda, cada 20 de enero. La Corte Constitucional ya zanjó lo demás. En 1998 aceptó que se declare el recorte por anticipado, con una sola condición: cuando se conozcan las reservas reales, si no coinciden con lo presupuestado, el Gobierno «simplemente habrá de realizar los ajustes correspondientes». El Gobierno lo escribió en el artículo 47 de la Ley 547 de 1999 y lo borró al año siguiente. Nunca volvió. Punto.
Cumplir la ley no es una frase en el presupuesto. Cumplir es expedir un decreto con entidad por entidad, las partidas reducidas. Eso no se hizo.
La reserva presupuestal pasó de $26,3 billones en 2022 a $34,8 en 2023, a $53,9 en 2024 y a $47,5 billones en 2025. Cinco veces y media el tope legal. El recorte que la ley exigía descontar del presupuesto de 2025 era $42,8 billones. El de 2026, con corte al 20 de enero, $38,8 billones. El rezago de 2024 se ejecutó en 95,4 %: se comió la caja del año siguiente.Ese es el mecanismo del desastre.
El país paga lo viejo y lo nuevo al mismo tiempo. La diferencia se cubre con deuda. El artículo 78 existía para cortar ese ciclo.
La simulación es directa. Mismos impuestos. Sin tocar la deuda externa ya contratada. Activando la ley apenas sobre el cierre de 2022: El balance primario de 2025 habría cerrado en −1,8 % del PIB, no en −3,5 %.
La deuda neta, en 55,6 %, no en 58,5 %.
El déficit total, en −4,6 %, no en −6,4 %.
Al cierre de 2026 la brecha llega a 4,6 puntos del producto: deuda neta de 55,7 % si se aplica la norma, 60,3 % del producto si no.
Casi cinco puntos del PIB en cuatro años. No por un choque externo. Por no recortar el presupuesto nuevo cuando la ley ya había medido que el Estado no daba abasto.
El 20 de enero de 2026 el recorte exigible era $38,8 billones. Cada mes que pasa, parte de la apropiación ya se comprometió y el saldo que todavía se puede recortar se encoge.
El déficit de 6,4 % y la deuda de 58,5 % no salieron de la nada. Son el saldo de una regla de disciplina que se ignoro conscientemente. Cada estrechez se resolvió con más deuda en lugar del recorte que la ley mandaba. Cada año dejó el punto de partida del siguiente más arriba.
La Corte no pidió un debate. Pidió un ajuste cuando aparecieran las cifras. Las cifras aparecieron. El ajuste no. Espero que este gobierno cumpla la ley y que las autoridades vigilen su cumplimiento.
Reforma pensional: la solidaridad al revés
Pedro Nel Ospina
La discusión pensional en Colombia se ha concentrado en quién administra los aportes. La pregunta correcta es otra: ¿qué recibe quien cotiza poco, tarde y a saltos? La respuesta de la Ley 2381 de 2024 es incómoda: menos de lo que hoy le daría su propio ahorro.
La ley —suspendida y bajo revisión constitucional tras el Auto 841 de 2025— ordena que toda cotización hasta 2,3 salarios mínimos vaya al componente de prima media administrado por Colpensiones; solo el excedente alimenta el ahorro individual. En la práctica, el 100 % de los aportes de los trabajadores de menores ingresos queda atado a un régimen que solo paga pensión a quien complete las semanas exigidas: 1.300 en el caso de los hombres, unos 25 años de cotización casi continua.
Ese es, precisamente, el requisito que la mayoría no puede cumplir. Según el DANE, en el trimestre enero–marzo de 2026 el 55,3 % de los ocupados era informal; en los centros poblados y el campo, el 83,2 %. Millones de personas entran y salen de la formalidad, trabajan por temporadas o cotizan sobre ingresos intermitentes. Para ellas, la prima media no es una promesa: es un peaje.
Las cuentas son simples. Quien no completa las semanas recibe una indemnización sustitutiva que devuelve sus aportes ajustados por inflación (RPM), sin los rendimientos reales que ese dinero habría producido durante décadas en una cuenta propia. La diferencia no desaparece: se queda en el sistema y ayuda a financiar las pensiones de quienes sí tuvieron carreras formales estables, que en Colombia son, en promedio, los de mayores ingresos. El resultado es una solidaridad al revés: los trabajadores más frágiles subsidian a los más estables. Un diseño que se presenta como protección de los humildes termina cobrándoles la factura.
La alternativa no es desmontar la garantía pública, sino volverla explícita. Que los aportes de cada trabajador se acumulen en una cuenta propia, con todos sus rendimientos. Que quien cumpla la edad y las semanas, pero cuyo ahorro no alcance, reciba del Estado el complemento hasta la pensión mínima, financiado con impuestos generales. Y que quien no complete las semanas reciba íntegro su saldo, rendimientos reales incluidos. Así la solidaridad deja de ser un subsidio implícito pagado por los que menos tienen y se convierte en gasto público progresivo, visible y auditable.
Un sistema pensional serio se diseña para el mercado laboral que existe, no para el que se quisiera tener. Mientras más de la mitad de los ocupados sea informal, obligar los aportes bajos a la prima media no redistribuye: castiga las trayectorias laborales frágiles. Proteger la vejez de los más pobres exige exactamente lo contrario: respetar el valor económico de cada peso que lograron cotizar.
Colpensiones: una forma moderna de construir Estado
Pedro Nel Ospina Santamaria
25 junio 2026
La creación de Colpensiones fue, ante todo, una decisión sobre cómo debe actuar el Estado cuando enfrenta una crisis de confianza, operación y derechos. No se trataba simplemente de reemplazar una entidad por otra, ni de trasladar expedientes, funcionarios o sistemas. El verdadero desafío consistía en reconstruir capacidad pública allí donde millones de ciudadanos esperaban una respuesta sobre su historia laboral, su pensión, su mínimo vital y su relación más concreta con el Estado.
Desde la responsabilidad de concebir, poner en marcha y asegurar la operación de Colpensiones, entendí que una administración pública moderna no se mide por sus discursos, sino por su capacidad de resolver. Resolver con datos confiables, con procesos trazables, con tecnología al servicio de la decisión pública, con equipos responsables y con una orientación inequívoca: el ciudadano como centro de la gestión.
Colpensiones nació en medio de una transición especialmente compleja. Recibió archivos, bases de datos, expedientes, solicitudes represadas, decisiones pendientes, tutelas, sentencias, recursos y una operación diaria que no podía detenerse. Había que atender la herencia del pasado y, al mismo tiempo, construir el futuro. Por eso el diseño institucional no podía limitarse a un organigrama. Tenía que convertirse en un sistema de control público: gobierno corporativo, operación misional, servicio al ciudadano, defensa jurídica, historia laboral, tecnología, riesgos, seguridad de la información y rendición de cuentas.
La tecnología fue concebida como una herramienta de gobierno, no como un adorno de modernización. Automatizar no era digitalizar formularios; era hacer visible cada etapa del trámite, saber quién recibía, quién decidía, con qué información, bajo qué regla, en qué tiempo y con qué resultado. La historia laboral debía ser tratada como infraestructura pública. Sin datos confiables no hay reconocimiento oportuno, no hay defensa jurídica sólida y no hay confianza ciudadana.
Uno de los aprendizajes más importantes fue entender que la judicialización masiva también podía ordenarse institucionalmente. La solicitud ante la Corte Constitucional para abrir un espacio de seguimiento no buscaba desconocer las reclamaciones legítimas de los afiliados. Por el contrario, buscaba proteger la capacidad de la entidad para resolverlas de manera masiva, ordenada y verificable. Sin ese espacio, la acumulación de tutelas, desacatos, multas y órdenes individuales podía capturar la dirección de la entidad y hacer inviable la operación. La administración propuso un plan, prioridades, tiempos y metas; la Corte convirtió ese compromiso en disciplina pública.
El resultado fue el tránsito de una emergencia administrativa a una entidad con capacidad operativa, tecnológica y jurídica más estable. Se redujo el rezago heredado, se organizó la operación diaria, se fortalecieron canales de atención, se avanzó en gobierno de datos y se superó formalmente el estado de cosas inconstitucional. Pero la lección más relevante no está solo en las cifras: está en demostrar que el Estado puede transformarse cuando combina visión, rigor técnico, responsabilidad institucional y respeto profundo por el ciudadano.
Colpensiones dejó una enseñanza aplicable a cualquier sector público: las entidades modernas no nacen de decretos solamente. Nacen cuando el diseño institucional se convierte en capacidad real; cuando la tecnología sirve para garantizar derechos; cuando el control no paraliza, sino que mejora; y cuando cada trámite se entiende como la vida concreta de una persona que espera una respuesta digna, oportuna y justa.
La critique est juste, mais elle est incomplète.
On aime accuser Michel Foucault, Jacques Derrida et Gilles Deleuze comme s’ils étaient l’origine du problème, alors qu’en réalité ils sont surtout les symptômes tardifs d’une maladie bien plus ancienne.
Le philosophe crée rarement son époque, il la traduit. Foucault ne sort pas de nulle part, il est le petit fils des Lumières et le fils direct du positivisme. Avant la déconstruction, il y a eu le soupçon, avant le soupçon, il y a eu la prétention de remplacer Dieu par l’administration rationnelle du monde.
La France moderne n’a pas été façonnée seulement par Descartes, mais aussi par Auguste Comte, cet homme qui a voulu transformer la société en ingénierie morale, une religion sans transcendance, un catéchisme d’État où le prêtre a été remplacé par le technicien, et le salut par la bureaucratie.
Le Français contemporain respire encore ça. Pas forcément par amour de l’autorité, mais surtout par peur du désordre. Après les révolutions, les guillotines, les empires et les ruines, s’est installée l’idée que la liberté est trop dangereuse pour être laissée entre les mains de l’homme ordinaire. Mieux vaut la tutelle du Léviathan républicain. Mieux vaut la sécurité administrée que le risque de l’autonomie.
Le problème profond, c’est que cette vision finit par penser l’homme comme un simple animal pragmatique, un être à gérer, à organiser, à discipliner, à rendre fonctionnel. Plus une âme à élever, mais un corps à administrer. Plus une conscience morale, mais un comportement à optimiser. On protège l’individu comme on entretient une machine, pas comme on respecte une dignité.
C’est pour ça que la critique du wokisme doit aller bien plus loin que Yale ou Berkeley, elle doit toucher la mentalité positiviste elle-même, celle qui traite la société comme un laboratoire et l’homme comme un simple matériau administratif.
Le plus drôle, ou le plus triste, c’est que ça produit un puritanisme assez particulier, pas le puritanisme protestant américain, mais un puritanisme bourgeois, laïcisé.
On n’aime pas trop afficher une grosse voiture de luxe, ça fait vulgaire. On préfère afficher son CV, son capital culturel, sa supériorité morale.
On traite bien les animaux, mais on déshumanise souvent les gens. On défend “l’humanité” de façon abstraite, mais on méprise le voisin bien réel. On peut pleurer pour une baleine et humilier un serveur dans la même journée sans voir la contradiction.
Ça arrive parce que, quand la transcendance meurt, la morale ne disparaît pas, elle se dégrade en vanité éthique.
Sans Dieu, il reste toujours ce besoin psychologique de sainteté. Alors apparaissent les nouveaux sacrements, le bon engagement, la bonne opinion, la culpabilité ritualisée, l’exhibition publique de la vertu. On ne cherche plus la vérité, on cherche l’innocence sociale.
Comme le disait Olavo de Carvalho, le vrai problème n’est pas l’erreur intellectuelle isolée, mais le remplacement de l’expérience du réel par un système de prestige symbolique. L’homme cesse de regarder la réalité et commence à vivre dans un théâtre moral où paraître juste compte plus qu’être juste.
Foucault n’a fait que pousser ça jusqu’au bout logique, si tout est pouvoir, alors la vertu devient aussi une forme de pouvoir. Et le résultat, c’est une élite qui ne construit rien mais régule tout, qui ne produit pas de beauté mais surveille le langage, qui ne cherche pas l’excellence mais administre le ressentiment.
Donc non, la crise n’a pas commencé avec la French Theory. Elle a commencé quand la civilisation a décidé que l’ordre sans liberté valait mieux que le risque de la vérité.
Le wokisme n’est que le dernier parfum d’un cadavre bien plus ancien, le positivisme moral d’une société qui a perdu le sens vertical de l’existence et qui a essayé de le remplacer par des certificats de vertu.
Je veux présenter mes excuses, au nom des Français, pour avoir enfanté la French Theory (qui a enfanté la pire des merdes idéologiques : le wokisme).
Nous avons donné au monde Descartes, Pascal, Tocqueville. Et puis, dans les ruines intellectuelles de l'après-68, nous avons donné Foucault, Derrida, Deleuze. Trois hommes brillants qui ont fabriqué, dans l'élégance de notre langue, l'arme idéologique qui paralyse aujourd'hui l'Occident.
Il faut comprendre ce qu'ils ont fait. Foucault a enseigné que la vérité n'existe pas, qu'il n'y a que des rapports de pouvoir déguisés en savoir. Que la science, la raison, la justice, l'institution médicale, l'école, la prison, la sexualité, tout n'est qu'une mise en scène de la domination. Derrida a enseigné que les textes n'ont pas de sens stable, que tout signifiant glisse, que toute lecture est une trahison, que l'auteur est mort et que le lecteur règne. Deleuze a enseigné qu'il fallait préférer le rhizome à l'arbre, le nomade au sédentaire, le désir à la loi, le devenir à l'être, la différence à l'identité.
Pris isolément, ce sont des thèses discutables. Combinées, exportées, vulgarisées, elles forment un système. Et ce système est un poison.
Car voici ce qui s'est passé. Ces textes, illisibles en France, ont traversé l'Atlantique. Les départements de Yale, de Berkeley, de Columbia les ont absorbés dans les années 80. Ils y ont trouvé un terreau qui n'existait pas chez nous : le puritanisme américain, sa culpabilité raciale, son obsession identitaire. La French Theory s'est mariée à ce substrat, et l'enfant de ce mariage s'appelle le wokisme.
Judith Butler lit Foucault et invente le genre performatif. Edward Said lit Foucault et invente le post-colonialisme académique. Kimberlé Crenshaw hérite du cadre et invente l'intersectionnalité. À chaque étape, la matrice est française : il n'y a pas de vérité, il n'y a que du pouvoir, donc toute hiérarchie est suspecte, toute institution est oppressive, toute norme est violence, toute identité est construite donc négociable, toute majorité est coupable.
Voilà comment trois philosophes parisiens, qui n'ont probablement jamais imaginé leurs conséquences pratiques, ont fourni le logiciel d'exploitation à une génération entière d'activistes, de bureaucrates universitaires, de DRH, de journalistes, de législateurs. Voilà comment on a obtenu une civilisation qui ne sait plus dire si une femme est une femme, si sa propre histoire mérite d'être défendue, si le mérite existe, si la vérité se distingue de l'opinion.
C'est de la merde pour une raison simple, et il faut la dire calmement. Une civilisation se tient debout sur trois piliers : la croyance qu'il existe une vérité accessible à la raison, la croyance qu'il existe un bien distinct du mal, la croyance qu'il existe un héritage à transmettre. La French Theory a entrepris de dynamiter les trois. Pas par méchanceté. Par jeu intellectuel, par fascination du soupçon, par haine de la bourgeoisie qui les avait nourris. Mais le résultat est là. Une génération entière a appris à déconstruire et n'a jamais appris à construire. Une génération entière sait soupçonner et ne sait plus admirer. Une génération entière voit le pouvoir partout et la beauté nulle part.
Je m'excuse parce que nous, Français, avons une responsabilité particulière. C'est notre langue, nos universités, nos éditeurs, notre prestige qui ont donné à ce nihilisme son emballage chic. Sans la légitimité de la Sorbonne et de Vincennes, ces idées n'auraient jamais traversé l'océan. Nous avons exporté le doute comme d'autres exportent des armes.
Ce qui se construit maintenant, en silicon valley, dans les labos d'IA, dans les startups, dans les ateliers, dans tous les lieux où des gens fabriquent encore des choses au lieu de les déconstruire, c'est la réponse. Une civilisation se reconstruit par les bâtisseurs, pas par les commentateurs. Par ceux qui croient que la vérité existe et qu'elle vaut qu'on s'y consacre. Par ceux qui assument une hiérarchie du beau, du vrai, du bon, et qui n'ont pas honte de la transmettre.
Alors pardon. Et au travail.
Que difícil esa lucha tan desigual. El presidente y el gobierno desprestigiando con mentiras al @BancoRepublica y engañando al pueblo sin pudor, con fines electorales. Populismo puro.
Acá una nota al respecto para #soylavoz de @LaLuciernaga
Renuevan nombramiento de la Rectora de la Universidad de los Andes
El Consejo Superior de la Universidad de los Andes ha ratificado a Raquel Bernal Salazar como Rectora de la institución por un nuevo periodo de dos años, a partir del 20 de abril de 2026. La decisión unánime, tomada en la sesión del 25 de marzo de 2026, surge tras un riguroso análisis de su gestión desde que asumió el cargo en abril de 2022.
Para este proceso, el Comité Directivo realizó una valoración integral de su desempeño, fundamentada en informes institucionales, indicadores clave y un ejercicio de escucha activa con diversos estamentos: el equipo de Rectoría, el Consejo Académico, profesores (eméritos, titulares, asociados y asistentes) y líderes del Consejo Estudiantil.
“Su intensa dedicación, visión estratégica y habilidad para conducir procesos de transformación en entornos complejos han sido decisivos para fortalecer la cohesión institucional y la ejecución de nuestros planes estratégicos”, destacó el Comité en su recomendación al Consejo Superior.
Una hoja de ruta hacia 2030
La ratificación de la Rectora se considera esencial para liderar la implementación del Programa de Desarrollo Integral (PDI) 2026-2030. Bajo su liderazgo, la Universidad no solo ha fortalecido su proyecto académico, sino que ha consolidado su sostenibilidad financiera, una condición indispensable para proteger la misión institucional en un entorno global cada vez más exigente.
Balance de una gestión transformadora (2022-2026)
Durante este cuatrienio, la Universidad de los Andes ha alcanzado hitos históricos que demuestran la evolución de su modelo educativo y su impacto social:
- Cifras históricas de acceso: Se alcanzó la cifra récord de 14.848 estudiantes de pregrado (crecimiento del 4,6%) y, en el segundo semestre de 2025, se recibió a la cohorte de primíparos más grande en la historia de la Universidad.
- Innovación Académica: Lanzamiento de pregrados interdisciplinarios como Ciencia de Datos y Cambio Ambiental Global. Además, la Universidad se posicionó como pionera nacional con el diseño de 122 micro y macro credenciales.
- Expansión y Educación Continua: Los ingresos se triplicaron, alcanzando a más de 200.000 estudiantes (incluyendo 5.000 internacionales) y sumando 480.000 nuevos inscritos en cursos MOOCs.
- Investigación y Filantropía: Se recaudaron más de $354.000 millones para investigación y $110.000 millones en filantropía, recursos vitales para becas y apoyo a estudiantes con alto talento y necesidad económica, preservando la diversidad del campus.
- Transformación Digital: Implementación de decisiones basadas en datos y el uso estratégico de la IA generativa para potenciar la gestión y el aprendizaje.
Un compromiso con el futuro
La continuidad de Raquel Bernal Salazar representa la garantía de consolidar las transformaciones en curso y asegurar una transición coherente hacia los retos del mañana.
El Consejo Superior agradece a la Rectora su entrega y liderazgo, y confía en que, junto con toda la comunidad uniandina, seguirá proyectando a la Universidad de los Andes como un referente de excelencia, innovación y compromiso con el desarrollo de Colombia y la región.
Carlos Vegalara
Presidente del Consejo Superior
Universidad de los Andes
Colombia está lista para una nueva etapa. Desde esta consulta vamos a construir la alternativa que el país necesita. Todo mi apoyo para que hagamos historia y tengamos a una gran mujer como presidente de Colombia.
Paloma Valencia @PalomaValenciaL y Juan Daniel Oviedo @JDoviedoA1 pueden abrir una ruta para unir a Colombia: cumplir lo pactado, corregir lo que falló y asegurar verdad, justicia, seguridad y reparación. Una coalición para destrabar diferencias, salir de los extremos e integrar al país.
Es hora de darle a Bogotá, al país y al congreso el espacio para ser escuchado, y atender sus necesidades reales.
Para ello se requiere experiencia, para darle la vuelta a la crisis.
40 años en instituciones publicas y privadas me enseñaron a manejar la dificultad como una oportunidad de crecimiento. Y justamente eso quier hacer en la Cámara por Bogotá.
Si usted al igual que yo quiere un congreso que brinde oportunidades para crecer y orden para articular las instuciones e integrarlas, este 8 de marzo vote; Cámara por Bogotá, Nuevo Liberalismo #114
#integrarparacrecer
#cámaraporbogotá