Un Fiscal que ha dirigido una investigación tan vergonzosamente expuesta en juicio como la del caso Triple A no debería siquiera considerar aspirar a ser la máxima autoridad de la institución.
Cuando son los propios testigos y peritos de la Fiscalía quienes dejan al descubierto errores, contradicciones, informes sobre empresas equivocadas, registros errados y una investigación incapaz de sostenerse frente al contrainterrogatorio, el problema deja de ser un simple desacierto procesal y pasa a convertirse en un problema de credibilidad institucional.
La Fiscalía necesita recuperar prestigio, rigor y confianza pública; no premiar con ascensos a quienes han contribuido a su descrédito.
Después de semejante bochorno probatorio, lo que corresponde es rendir cuentas, no presentar candidaturas.