Apreciado Francisco, si se trata de identificar plenamente a los actores que han declarado esta guerra, tendríamos que remontarnos a los 60 solo para hablar de la última que los colombianos hemos soportado. La declaró el Estado al priorizar la respuesta militar y la doctrina del “enemigo interno” frente a los reclamos agrarios y protestas sociales, interpretando la movilización popular como una amenaza de seguridad nacional (hay parecidos razonables en el presente). Pero esas justificaciones anacrónicas están en desuso.
Los gobiernos tienen el deber constitucional de propender por la paz. Cualquier llamado a la guerra no atiza sino más guerra.
Los hombres de guerra anunciaron la guerra y ahora eso tienen. Hay que insistir en sacar a los civiles del conflicto y en que cada actor respete los derechos humanos de quienes están fuera de la guerra y especialmente que acaten el DIH.
Quisiera que coincidamos en que la guerra no beneficia a nadie, y que le hará mucho daño a la economía regional. ¡Abrazos!
Esperemos que después de esta otra oleada de sangre, en donde con seguridad morirán campesinos y colombianos pobres de un lado y campesinos y colombianos pobres del otro, los industriales y comerciantes en Cúcuta y Norte de Santander se pongan la camiseta de la paz.
El ELN, sin dilaciones ni vacilaciones, debe liberar de inmediato a este mayor y a los patrulleros que lo acompañaban. También debe cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). No puede ser que unos policías que se desplazan de civil sean convertidos automáticamente en objetivos militares, ni que se ataquen centros médicos o al personal sanitario.
La guerra la ha declarado el presidente De la Espriella, sus ministros y la Fuerza Pública en acción. La guerra es contra quien declara la guerra y debe desarrollarse conforme a las reglas que la regulan. En ningún caso son admisibles las vulneraciones de los derechos de la población civil. Existen límites claros en la elección de los medios y métodos de combate.
El diario @laopinion_col titula “agresión a los alféreces da cárcel”, y es cierto. La violencia contra servidor público es un delito y quienes la ejerzan merecen todo el peso de la ley. Vale la pena dejar esa constancia.
No obstante lo anterior, lo que vimos esta semana fue un combate bochornoso entre desadaptados y servidores públicos sin formación ni profesionalismo. La reflexión debe ir en doble dirección, porque las agresiones físicas de los servidores públicos contra los ciudadanos también dan cárcel, y estos no pueden ceder ante la provocación ni ante los insultos de indeseables ciudadanos que desacatan las normas de tránsito, acostumbrados como están al desorden y al desgobierno, que no es nuevo en la ciudad pero que conviene cambiar con urgencia.
La administración municipal debe capacitar una vez más, si es que ya lo hizo, a los alféreces en materia de derechos humanos, pero especialmente en las implicaciones legales de su comportamiento y en la necesidad de adoptar protocolos que les permitan evitar las agresiones de los trogloditas que no ejercen ciudadanía sino violencia, sin que el alférez entre al ring como si se tratara de una pelea callejera.
.@FiscaliaCol confío en que la Dirección Especializada contra la Corrupción dará celeridad a este proceso que compromete al alcalde de Cúcuta, Dr. @Jorgeacevedocuc.
Anticipo además a la @FiscaliaCol, la @PGN_COL, la @CGR_Colombia y a la prensa local y nacional que hemos puesto la lupa en la contratación de la Alcaldía de Cúcuta relacionada con las Ferias 2026, las cámaras del SIES, los convenios de ‘fortalecimiento comunicacional’ con la @Unipamplona y los convenios del @imrdcucuta para la adecuación de parques y canchas multifuncionales.
Lo difícil en todos esos procesos es encontrar algo legal.
El Dr. @Rodrigo_Lara_ , ministro del Interior, preside el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), que es la entidad técnica encargada de estudiar el nivel de riesgo de quienes, como líderes sociales, se encuentran amenazados, y además, de recomendar a la @UNPColombia la adopción de las medidas de protección; el Dr. Lara fungirá como director encargado de la UNP, ello significa que concentra todo el poder en una sola persona, el recomendará y adoptará sus propias recomendaciones, poco sentido tiene eso.
Esperemos que sea para reforzar la seguridad de los líderes sociales en el país, y que haya garantías, claro, para la oposición política y para los defensores de las libertades y de la democracia.
Sospecho que no es sano que asuma la doble condición, pero confío en su juicio. Él más que nadie sabe el valor de proteger la vida, pues si el Estado hubiese priorizado la vida de su padre, recordado por su férrea lucha contra el narcotráfico, este jamás habría sido asesinado por órdenes de Pablo Escobar.
Sergio Olaya ha sido víctima de un atentado contra su vida. Ya había denunciado que, por razones políticas y con ocasión de su actividad social, lo han amenazado de muerte; las amenazas nunca han cesado. Las medidas adoptadas por la @UNPColombia son insuficientes: un vehículo convencional, en el contexto de violencia de Cúcuta y Norte de Santander, no cumple las exigencias de seguridad necesarias para disuadir a los criminales.
Pido a Dios por la vida de mi amigo @SergioOlayaS y exijo a las autoridades acciones inmediatas para identificar plenamente a los responsables y judicializarlos.
Elevo una oración por las víctimas de la tragedia que enluta a la nación. Pido discernimiento y mucha sabiduría al Gobierno nacional para adoptar las decisiones más urgentes y que más beneficio traigan a las poblaciones afectadas. Cuando se trata de la vida, nos convocan la unión y la solidaridad.
Todas las acciones humanas son políticas, pero una cosa es la acción política, hoy necesaria de todos los actores sociales, del Estado colombiano en su conjunto, de la sociedad toda, y otra muy distinta la rapiña de quienes procuran hacer política con la tragedia.
Ya en Bucaramanga, o más exactamente en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, los guardianes del @INPEC_Colombia rechazaron la llegada de privados de la libertad de alto perfil provenientes del Valle de Aburrá. Hago un llamado a los dirigentes sindicales del INPEC en Cúcuta para que de ninguna manera se permita que criminales de estos perfiles lleguen a la cárcel de la ciudad. Si bien son internos con alta capacidad criminal, no todos están en alta seguridad, y eso podría hacer viable que los trasladen a Cúcuta ante la negativa de los trabajadores en Girón y Bucaramanga de recibirlos en sus cárceles.
También hago un llamado a la organización de los trabajadores. Los vientos de privatización ya se abrieron con la posibilidad de que la vigilancia privada custodie las cárceles. No quieren un sistema carcelario más robusto y seguro, sino uno del que puedan lucrarse con la alimentación, la salud, la infraestructura y el tratamiento penitenciario. Quieren además patios y celdas VIP controlados por alcaldes y particulares, según convenga el negocio. @eduardo_lu20754
Algunos periodistas de la ciudad, como mi amigo @fredyparada90, y cuestionados contratistas amigos del alcalde anuncian que hoy el alcalde de Cúcuta, @Jorgeacevedocuc , y William Correa estarán en la posesión presidencial de @ABDELAESPRIELLA.
No me sorprende; de hecho, es esperable: también estarán juntos en la @FiscaliaCol respondiendo por los contratos del IMRD.
No sé si sea cierto esto que publica @UnCaricaturista; lo que sí sé con absoluta certeza es que es el comodín de @Veolia para robarse los servicios públicos de la ciudad.
La vida del filósofo y periodista @jhonjacome está en riesgo; su seguridad personal, su integridad, su vida y la vida de su familia deben protegerse a toda costa. Jhon es un gran profesional, pero especialmente un ser humano excepcional, comprometido con su ciudad y su región. Lo que es con él, es con todos.
Los violentos deberían pensárselo dos veces, hace rato ya que cruzaron la línea; no vamos a abdicar en la cruzada contra los amigos de la muerte, contra el narcotráfico, ni contra los depredadores del patrimonio público.
Proteger a Jhon no implica exigirle que deje de desarrollar su labor, sino que cada vez más cucuteños se pronuncien contra la Violencia e inseguridad, rechacen el Conflicto armado y la corrupción Política, justamente lo que el mismo Jhon ha hecho toda su vida.
Mañana radicaré una solicitud ante @FiscaliaCol y @UNPColombia, entre otras entidades responsables, para exigir celeridad en la investigación y protección para Jhon.
Absoluto repudio merecen los violentos que se han ensañado contra Cúcuta y su gente. No puede entenderse esto como una guerra entre hombres de guerra cuando el resultado es zozobra colectiva, miedo y horror entre los habitantes de la ciudad. Ningún momento es bueno para sembrar el terror, pero qué desprecio tan ruin y miserable sienten por la ciudad quienes ponen sus bombas incluso en plena feria.
La ciudadanía debe movilizarse ya. Los violentos tienen que sentir el desprecio y el rechazo. Al unísono hay que decirles a ellos, que no los queremos en la ciudad, ni en el departamento, ni en la región.
Alguien debe sugerirle hoy mismo al alcalde @Jorgeacevedocuc que dé por canceladas las actividades de la feria y despliegue un operativo general de seguridad. La vida de todos está en riesgo.
Senadora, conviene recordar que el jefe de policía de Cúcuta es el alcalde @Jorgeacevedocuc, su esposo. Necesitamos un gobernante local firme, capaz de proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad de la ciudad. Pero está claro que a él, la seguridad, como casi todos los frentes, le quedó grande. Eso sí: sobrecostos y contratos irregulares, de esos sí abundan en esta administración.
Más bien es momento de solidarizarse, de lamentar y reprochar la guerra y a los violentos, de exigir garantías, sí, pero no de insinuar a priori posibles responsables, porque se le hace mucho daño a la investigación que debe iniciarse de inmediato. Ayer mismo escribí un trino sobre la importancia de guardar silencio. En estos casos, por ejemplo, salvo conocimiento preciso, es importante dejar el asunto en manos de las autoridades, hacer seguimiento y esperar con prudencia.
Me solidarizo con el representante Ariel Rodríguez, con su esposa y con toda su familia; me reconforta, en mi condición de padre, que sus hijos estén bien, y les pido a los violentos respetar la vida y desarmar los corazones.
Necesitamos que hoy mismo se inicien las investigaciones y que pronto se individualice y se juzgue a los responsables. Ojalá se adelanten desde la capital del país, porque en Cúcuta la @FiscaliaCol está presa de la corrupción y ningún proceso avanza con rigor y seriedad.
Pocos políticos en Colombia entienden el valor del silencio. Callar es un derecho fundamental, una garantía constitucional, la expresión misma del principio de no autoincriminación. Ellos, en cambio, lo tratan como una condena. Conviene probar el silencio más seguido.
Hoy radiqué peticiones ante la Alcaldía de Cúcuta, el Área Metropolitana, Corponor, la UNGRD y el Servicio Geológico Colombiano. Y una más ante la Contraloría Municipal de Cúcuta , para respaldar al contralor @pedroduranb, que citó a los funcionarios a rendir cuentas sobre el riesgo sísmico y estos se lo quisieron pasar por la faja, de diez citados, asistió uno.
El propósito de estas peticiones no es otro que salvar vidas. Hoy mismo podría haber un terremoto en Cúcuta. Y estarían en riesgo grave casi un millón de personas por la ignorancia de unos pocos funcionarios que no leen. Por no leer, ignoran la historia. Por ignorar la historia, desestiman la ciencia. Y por desestimar la ciencia creen imposible aquí un terremoto como el que acaba de sacudir a Caracas y La Guaira, o como el de 1875, cuando una fuerza superior borró a Cúcuta de la faz de la tierra, o al menos lo intentó.
La ciudad renació de esos escombros. Que no tenga que hacerlo dos veces.
Esquirla: Los funcionarios citados deberán presentarse mañana, jueves, a la audiencia pública sobre la gestión de la amenaza sísmica en Cúcuta. La Procuraduría Regional y la Procuraduría Provincial deben hacer presencia en esa audiencia.
Haré seguimiento al desarrollo de esta diligencia y espero que las autoridades asuman este asunto con la seriedad que exige. De lo contrario, se promoverán las acciones judiciales a que haya lugar.
Invito a la prensa local a cubrir el evento.
La izquierda en Cúcuta es asintomática. No hay un solo síntoma de malestar traducido en acción concreta contra el alcalde, ni un mitin, ni una denuncia seria contra el Concejo. Mientras Veolia concentra el agua y el aseo de la ciudad en algo muy parecido a un monopolio de servicios públicos, estos manes escriben güevonadas en exclusiva sobre Abelardo de la Espriella y se garrotean entre ellos en grupos de WhatsApp de veinte personas. Así se entiende que no ganen nada aquí.
Quedó probado que a muchos los fascina la burocracia y que aportan poquitico a la construcción de ciudad. Cuando la cultura oficial y sus artistas promueven un grafiti, van y pintan una bobería que hasta Avril, mi hija de dos años, señalaría como tal.
La izquierda en Cúcuta es una ficción, y además mala. Aparece cada elección, casi siempre a hacer el ridículo, con la excepción del último gran candidato a la Cámara, el doctor Jaime Gómez, hombre decente y probo.
Esto no es una queja ni una agresión, y si alguien la toma así, tampoco me quita el sueño. Es una crítica para considerar. Ojalá reflexionen y propongan una agenda de ciudad que vaya más allá de jartar chicha, guarapo, aguardiente o pola y de comentar en Facebook. Cúcuta necesita una izquierda seria, con acciones democráticas concretas, capaz de constituirse en alternativa real de poder.
No basta con pedir disculpas alcalde @Jorgeacevedocuc. Cuando un funcionario público le arrebata el celular a un periodista o ciudadano que documenta un hecho de interés público, vulnera libertades fundamentales y su conducta merece reproche social y muy probablemente responsabilidad disciplinaria y penal.
En Colombia ya existen sanciones disciplinarias por arrebatar violentamente un celular a un ciudadano durante el ejercicio de funciones públicas. Si eso es reprochable en un funcionario, con mayor razón cuando quien lo hace es la máxima autoridad del municipio.
Le pido a la @PGN_COL en Norte de Santander actuar de inmediato.
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