Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento del maestro Mario Salazar Marín, jurista y pensador del Derecho Penal, fundador de la Escuela Dialéctica del Delito en Colombia.
Su obra, sus ideas y su aporte a la ciencia penal dejan una huella en la comunidad académica.
Alarma por un concierto dentro de una cárcel. Pero guardan silencio sobre quién lo permite y se beneficia. Si lo indignante es el espectáculo y no la corrupción que lo hace posible, estamos fallando en lo esencial: distinguir entre lo anecdótico y lo verdaderamente reprochable.
Profesor @RicardoGiraldo_ , mi respeto y admiración. Su logro ante la Corte Constitucional de Colombia es una gran victoria para quienes ejercemos la defensa con convicción. Gracias por dignificar nuestra profesión y marcar un precedente en favor del Estado de Derecho. 👏⚖️
El comentario fue inaceptable y debe rechazarse.
Pero también hay que mirar el contexto: un programas diseñados para provocar, humillar y polarizar terminan produciendo exactamente eso. El problema es más profundo que un nombre propio.
La muerte de una jueza, interpela a todo el sistema. La independencia judicial no solo se garantiza frente a presiones externas; también exige entornos institucionales que protejan la dignidad, integridad y estabilidad de quienes ejercen la función jurisdiccional. QEPD 🙏🏻
Los abogados defensores cargamos frecuentemente con tareas impopulares; garantizar derechos para quienes generan menos simpatía social. Descalificar nuestra labor con frases como “abogado de bandidos” es un ataque al corazón del Estado de derecho. Mi respaldo al profesor.
Hoy me llamaron de @BluRadioCo para preguntarme por la defensa del expresidente de la Cámara Andrés Calle, y la periodista @anacrisrestrepo , cuando ya no estoy al aire, me llama ‘abogado de bandidos’ y procede a restarle credibilidad a mis respuestas. ¿Para qué me llamaron si me iban a tratar así?
Los “experimentos sociales” de las Alcaldías sobre la #SeñalDeAyuda terminan siendo contraproducentes: al viralizarse, hacen creer que todo puede ser una actuación. La señal debe enseñarse por otros medios, no poniendo en riesgo la credibilidad ni la protección de las mujeres.
No comparto la visión de Petro ni de Quintero, pero lo ocurrido con la señorita Antioquia debería preocuparnos. La noticia es su renuncia, no sus videos. Cuando validamos la violencia desde el sesgo político, evidenciamos el doble rasero que corroe la legitimidad del debate.
Totalmente de acuerdo con la exclusión de las interceptaciones: al no acreditarse ninguna excepción, su uso vulnera garantías fundamentales. El Estado no puede actuar al margen del orden jurídico, so pretexto de perseguir el delito. Fin no justifica medios.
La sentencia de primera instancia se criticó por injusta, porque se falló con derecho penal de autor y no de acto, mas no porque se haya proferido por una mujer. La violación de garantías debe protestarse sin determinar el género del juzgador, como se hizo pr otras corporaciones
Caso Uribe: 🧵 Las garantías deben preceder la decisión, si respetándolas se llega a la verdad, hay justicia, pero nunca, ser menoscabadas a toda costa para fallar, sea favorable o desfavorablemente. Eso, por el contrario, sería injusticia.
Se nos ha salido de la manos el discurso. Toda una lucha de siglos para positivizar la libertad de expresión, avaloradas por insultos y malos tratos entre precandidatos. La misma suerte corre nuestra conciencia, la que nunca creímos hipotecar, depende ahora de un contrato de PS
Lo de @MariaFdaCabal es miserable: usar el velorio de Miguel Uribe para intimidar a su esposa es una bajeza imperdonable.
Ni el dolor respeta. Muy cuestionable su "liderazgo". Colombia no puede normalizar la vileza política. No todo puede aceptarse.
La justicia no puede ceder ante presiones ni narrativas. Debe preservar garantías, incluso en casos de alta sensibilidad. En el proceso contra Uribe, la carga probatoria no fue superada. Sin prueba idónea, el fallo debe ser absolutorio. Así se protege el Estado de Derecho.
Es deber del Estado garantizar condiciones técnicas mínimas para que el juicio oral (así sea virtual) conserve su solemnidad y eficacia.
No se trata solo de eficiencia económica. Se trata de debido proceso, dignidad carcelaria y respeto al derecho de defensa.
🧵Antes de la virtualidad, el Estado gastaba sumas exorbitantes en el traslado de personas privadas de la libertad a los juzgados. Hoy, con audiencias remotas, ese costo ha disminuido radicalmente.
Que vayan dirigidos a garantizar conectividad, seguridad tecnológica y dignidad procesal al interior de los centros penitenciario La justicia no puede depender de la suerte del enlace o de un funcionario improvisando con su celular.