Tania Torres.

🌎Ingeniería Catastral y Geodesia. ✍🏼columnista en @Noaptoco 💙 Co-fundadora SENTIDO 💜Apasionada por los temas de equidad de género

[Ane @anejiez]

Amar es hacer algo al respecto.

[florsi @fl0rsi]

Con razón salía poco cuando estaba de novia acá afuera me aman

[Cartagenera por adopción 🫰🏽 @Amarcelagt22]

Compren libros, muchos, todos los que puedan. Libros incómodos, desafiantes, que les cuestionen. Porque al ritmo que vamos, los prohibirán y nos volveremos a esconder para leer. Nos reuniremos en sótanos para pensar, escribir, reflexionar.

El amor a los libros se hace urgente.

[Ana BejaranoRicaurte @AnaBejaranoRG]

Repasemos las piezas que hoy censuró el Gobierno del Museo Nacional. Acá un mapa de una de las paredes borradas. 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️♀️

Hilo sobre la gente y cosas que quieren borrar🧵👇

[Tania Torres. @Tania_Torres___]

Por eso vuelvo a la pregunta del comienzo: ¿ustedes por qué marchan? Ojalá tengamos respuestas que vayan más allá de una consigna, de la confianza ciega en un dirigente o del rechazo automático a quien piensa distinto.

[No Apto @noaptoco]

¿Ustedes por qué marchan?
Por: @Tania_Torres___

Ayer se movilizaron miles de personas en distintas ciudades del país. Una manifestación que, para mí, llegó un poco afanada. No voté por este Gobierno y tampoco he estado de acuerdo con sus anuncios, pero eso no significa que cualquier convocatoria de la oposición me parezca acertada. Entonces pregunto: ¿cuáles son los motivos de la manifestación? Porque, para muchos ciudadanos, no son tan claros. Y encontrarlos me resultó más difícil de lo que debería.

Entre las razones están las decisiones del Ministerio del Trabajo de derogar 11 circulares y la intención de modificar otras disposiciones relacionadas con la negociación colectiva, la intermediación laboral y las funciones de los inspectores de trabajo. También están las preocupaciones por un nuevo estatuto del trabajo, la solicitud de aplazamiento de un año para la reforma pensional, las discusiones sobre el salario mínimo vital y el rechazo al estatuto antiterrorista. A esto se suman las advertencias de dirigentes sindicales sobre posibles retrocesos en derechos laborales y sociales. Son asuntos que merecen atención, discusión pública y explicaciones claras.

Encontrar estos puntos me pareció un poco arduo. La información aparece dispersa entre declaraciones, comunicados y publicaciones en redes sociales. Por momentos, parece chismorreo político. Me recordó a las movilizaciones de la universidad pública, cuando escribíamos punto por punto los motivos de la manifestación. Tal vez nos hace falta un poco de esa pedagogía: explicar qué está pasando, qué se pretende cambiar, a quiénes afecta y por qué debería importarnos. No basta con decir que los derechos están en peligro; hay que contarle a la gente cuáles son esos derechos, cómo se amenazan y qué se propone hacer para defenderlos.

No estoy diciendo que estos asuntos no sean preocupantes. Por supuesto que lo son. Pero una cosa es reconocer que existen amenazas y otra muy distinta es saber cómo responder ante ellas. Esta movilización también parece una reacción anticipada frente a un Gobierno que promete mucho y que apenas comienza a mostrar cómo pretende gobernar. No digo que debamos esperar a que ocurra lo peor para salir a las calles. Digo que la oposición necesita aprender a distinguir entre las batallas que debe dar y las energías que debe reservar.

A Gustavo Petro, que hoy vuelve a liderar a la izquierda y parece sentirse muy confiado de las personas que lo siguen, le haría una recomendación: nada está asegurado. Muchos de sus electores ya se lo demostraron cuando la presidencia pasó a manos de un showman. La izquierda necesita una cara, una figura en la que creer y un liderazgo que la convoque. Pero las mejores jugadas no son las que agotan a todo el equipo por no haber planeado la estrategia. Una oposición que sale a las calles por cada anuncio, sin construir una agenda comprensible y sostenida, corre el riesgo de desgastarse antes de que lleguen las batallas más importantes.

Las manifestaciones merecen seriedad. No solo por parte de quienes gobiernan, sino también de quienes hacen oposición. La protesta no puede convertirse en el capricho de un líder, en una demostración de fuerza para alimentar su protagonismo ni en un escenario utilizado para empezar a acomodar las fichas de las próximas elecciones territoriales. Si los derechos están en juego, la movilización debe tener razones claras, objetivos concretos y una ciudadanía que entienda por qué está marchando. De lo contrario, terminaremos confundiendo la capacidad de llenar las calles con la capacidad de transformar las cosas.

Y mientras discutimos la pertinencia de esta movilización, el Gobierno expidió el Decreto 1525 del 13 de octubre, que modifica el protocolo de actuación de la Policía durante las manifestaciones. Uno de sus cambios establece que, ante hechos de violencia, la intervención individual contra quienes los cometan no tiene que esperar a que termine el diálogo con el conjunto de los manifestantes. Aunque la norma mantiene garantías para quienes protestan pacíficamente, el cambio abre preguntas importantes sobre la intervención policial, la protección de los derechos y las condiciones en las que se decidirá utilizar la fuerza.

Que este decreto se expida precisamente en medio de una jornada de movilización resulta, cuando menos, provocador. Y con Abelardo de la Espriella ya conocemos una forma de hacer política que parece apostar por mantener a todo el mundo a la expectativa, mover las emociones y convertir cada decisión en un nuevo motivo de confrontación. No puedo afirmar que el propósito del decreto sea provocar a quienes protestan, pero sí creo que el momento de su expedición y sus implicaciones merecen un debate serio. El derecho a la protesta no puede quedar a merced de la interpretación más conveniente para quien tiene el poder, ni la oposición debería necesitar una provocación para recordar por qué es importante defenderlo.

Por eso vuelvo a la pregunta del comienzo: ¿ustedes por qué marchan? Ojalá tengamos respuestas que vayan más allá de una consigna, de la confianza ciega en un dirigente o del rechazo automático a quien piensa distinto. No porque haya que justificar cada derecho que se reclama, sino porque defenderlo exige saber qué está en riesgo y qué estamos dispuestos a hacer para protegerlo.

Guardemos energía. No para quedarnos callados ni para mirar hacia otro lado, sino para saber cuándo, por qué y cómo salir a defender lo que importa. Nos quedan años de temor e incertidumbre. Y si la oposición quiere estar a la altura de lo que viene, tendrá que entender que no basta con convocar a la gente: también hay que saber para qué se la convoca.

[Tania Torres. @Tania_Torres___]

Tal vez mientras leen esto sea triste, incómodo, incluso agotador. Pero les aseguro que esas niñas y mujeres sintieron el infierno mientras compartían con sus agresores y antes de morir en manos de ellos.

[No Apto @noaptoco]

¿Cuál es la edad correcta para ser una víctima?
Por: @Tania_Torres___

Las mujeres estamos hablando del caso de Blanca Pardo, me encantaría que todo el país estuviese hablando de ella, pero como no, entonces dejaré solo “las mujeres”. Cuando a una mujer la matan el mensaje es para todas nosotras: de un Estado que se hace el de la vista gorda frente a las violencias de género, de una cultura de silencio y de complicidad. Y esta preocupación no aparece sola. Mientras hablamos de Blanca, seguimos viendo cifras de feminicidios, violencia sexual y violencias basadas en género que nos obligan a preguntarnos qué tan seguras están realmente las mujeres y las niñas en Colombia.

Al mismo tiempo, el Estado parece querer reducir el espacio que ocupan algunos de nuestros derechos. El 6 de octubre Colombia se abstuvo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas frente a una enmienda que buscaba retirar del texto de una resolución una referencia a los derechos sexuales y reproductivos. Y no es una discusión menor ni solamente de palabras: los derechos sexuales y reproductivos están ligados a la autonomía, la igualdad, la no discriminación y la posibilidad de decidir libremente sobre la propia vida. Mientras las mujeres seguimos necesitando que el Estado nos proteja de la violencia, también tenemos que estar pendientes de que los derechos que hemos conseguido no empiecen a retroceder silenciosamente en decisiones que parecen técnicas, diplomáticas o lejanas, pero que terminan definiendo qué vidas, qué cuerpos y qué libertades merecen ser reconocidos.

Blanca Pardo, una mujer de Nariño, salió a recoger leña a sus 72 años y no regresó. Fue encontrada por su hija desnuda, abusada, con mordidas y gravemente herida. Blanca falleció y, hasta ahora, no hay responsables capturados por estos hechos. ¿Cuál es la excusa ahora? ¿Que la señora de la tercera edad iba vestida de determinada manera? ¿Lo que se encontraba haciendo? ¿La hora a la que salió de su casa? ¿Que estaba sola? Ninguna. No hay ropa, hora, lugar ni edad que convierta a una mujer en responsable de la violencia que otro decidió ejercer sobre ella. Y entonces aparece la pregunta que da título a esta columna: ¿cuál es la edad correcta para ser una víctima? Porque pareciera que hasta para reconocer la violencia contra una mujer necesitamos condiciones. Que sea joven, pero no demasiado joven. Que estuviera en el lugar correcto. Que no hubiera salido sola. Que no hubiera tomado. Que hubiera denunciado. Que hubiera hecho todo aquello que socialmente esperamos de una mujer para considerar que merece justicia. Blanca tenía 72 años. Y aun así terminó agonizando en un matorral después de una violencia que nadie debería tener que soportar a ninguna edad.

Para quienes me leen cada semana, una disculpa por siempre hablar de mujeres y género, pero es que cada semana hay algo peor que lo anterior. Hoy escribo esta columna agradeciendo estar viva. Hace diez años pudo ser una de nosotras y no Yuliana Samboní, una niña de apenas siete años que fue secuestrada, abusada y asesinada en Bogotá. El 31 de octubre de 2025, mientras muchas personas celebraban Halloween y regresaban a sus casas, Magda Patricia Muñoz Montilla, de 44 años, fue atacada a tiros junto a su hijo Sebastián Mora Muñoz en una pizzería de Pasto por su exesposo y padre del joven, el coronel retirado Ariel Mora Rodríguez. Sebastián murió y Magda permaneció cinco días en una UCI hasta que también falleció por la gravedad de sus heridas. Y hoy tenemos que hablar de Blanca Pardo, una mujer de 72 años que salió de su casa a recoger leña y terminó en un matorral, después de una agresión que le costó la vida.

Entonces vuelvo a la pregunta inicial: ¿cuál es la edad correcta para ser una víctima? ¿7, 44 o 72? ¿Cuál es la edad en la que finalmente entendemos que una mujer no tuvo la culpa? Tal vez el problema es que seguimos buscando la edad, la ropa, la hora, el lugar o la circunstancia que nos permita explicar una violencia que nunca debió ocurrir. Tal vez deberíamos dejar de preguntarnos qué hizo una mujer para terminar así y empezar a preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad y qué está haciendo el Estado para que esto siga ocurriendo.

Tal vez mientras leen esto sea triste, incómodo, incluso agotador. Pero les aseguro que esas niñas y mujeres sintieron el infierno mientras compartían con sus agresores y antes de morir en manos de ellos. Y si cada semana tenemos que volver a hablar de ellas, será porque todavía no hemos logrado que sus historias dejen de repetirse.

[No Apto @noaptoco]

¿Cuál es la edad correcta para ser una víctima?
Por: @Tania_Torres___

Las mujeres estamos hablando del caso de Blanca Pardo, me encantaría que todo el país estuviese hablando de ella, pero como no, entonces dejaré solo “las mujeres”. Cuando a una mujer la matan el mensaje es para todas nosotras: de un Estado que se hace el de la vista gorda frente a las violencias de género, de una cultura de silencio y de complicidad. Y esta preocupación no aparece sola. Mientras hablamos de Blanca, seguimos viendo cifras de feminicidios, violencia sexual y violencias basadas en género que nos obligan a preguntarnos qué tan seguras están realmente las mujeres y las niñas en Colombia.

Al mismo tiempo, el Estado parece querer reducir el espacio que ocupan algunos de nuestros derechos. El 6 de octubre Colombia se abstuvo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas frente a una enmienda que buscaba retirar del texto de una resolución una referencia a los derechos sexuales y reproductivos. Y no es una discusión menor ni solamente de palabras: los derechos sexuales y reproductivos están ligados a la autonomía, la igualdad, la no discriminación y la posibilidad de decidir libremente sobre la propia vida. Mientras las mujeres seguimos necesitando que el Estado nos proteja de la violencia, también tenemos que estar pendientes de que los derechos que hemos conseguido no empiecen a retroceder silenciosamente en decisiones que parecen técnicas, diplomáticas o lejanas, pero que terminan definiendo qué vidas, qué cuerpos y qué libertades merecen ser reconocidos.

Blanca Pardo, una mujer de Nariño, salió a recoger leña a sus 72 años y no regresó. Fue encontrada por su hija desnuda, abusada, con mordidas y gravemente herida. Blanca falleció y, hasta ahora, no hay responsables capturados por estos hechos. ¿Cuál es la excusa ahora? ¿Que la señora de la tercera edad iba vestida de determinada manera? ¿Lo que se encontraba haciendo? ¿La hora a la que salió de su casa? ¿Que estaba sola? Ninguna. No hay ropa, hora, lugar ni edad que convierta a una mujer en responsable de la violencia que otro decidió ejercer sobre ella. Y entonces aparece la pregunta que da título a esta columna: ¿cuál es la edad correcta para ser una víctima? Porque pareciera que hasta para reconocer la violencia contra una mujer necesitamos condiciones. Que sea joven, pero no demasiado joven. Que estuviera en el lugar correcto. Que no hubiera salido sola. Que no hubiera tomado. Que hubiera denunciado. Que hubiera hecho todo aquello que socialmente esperamos de una mujer para considerar que merece justicia. Blanca tenía 72 años. Y aun así terminó agonizando en un matorral después de una violencia que nadie debería tener que soportar a ninguna edad.

Para quienes me leen cada semana, una disculpa por siempre hablar de mujeres y género, pero es que cada semana hay algo peor que lo anterior. Hoy escribo esta columna agradeciendo estar viva. Hace diez años pudo ser una de nosotras y no Yuliana Samboní, una niña de apenas siete años que fue secuestrada, abusada y asesinada en Bogotá. El 31 de octubre de 2025, mientras muchas personas celebraban Halloween y regresaban a sus casas, Magda Patricia Muñoz Montilla, de 44 años, fue atacada a tiros junto a su hijo Sebastián Mora Muñoz en una pizzería de Pasto por su exesposo y padre del joven, el coronel retirado Ariel Mora Rodríguez. Sebastián murió y Magda permaneció cinco días en una UCI hasta que también falleció por la gravedad de sus heridas. Y hoy tenemos que hablar de Blanca Pardo, una mujer de 72 años que salió de su casa a recoger leña y terminó en un matorral, después de una agresión que le costó la vida.

Entonces vuelvo a la pregunta inicial: ¿cuál es la edad correcta para ser una víctima? ¿7, 44 o 72? ¿Cuál es la edad en la que finalmente entendemos que una mujer no tuvo la culpa? Tal vez el problema es que seguimos buscando la edad, la ropa, la hora, el lugar o la circunstancia que nos permita explicar una violencia que nunca debió ocurrir. Tal vez deberíamos dejar de preguntarnos qué hizo una mujer para terminar así y empezar a preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad y qué está haciendo el Estado para que esto siga ocurriendo.

Tal vez mientras leen esto sea triste, incómodo, incluso agotador. Pero les aseguro que esas niñas y mujeres sintieron el infierno mientras compartían con sus agresores y antes de morir en manos de ellos. Y si cada semana tenemos que volver a hablar de ellas, será porque todavía no hemos logrado que sus historias dejen de repetirse.

[Ramiro Baeza @Ramiro_Baeza7]

como q murió el romanticismo si yo todavía sigo vivo

[Grecia @corazonserafico]

Nadie debería ser tan rico para poder comprar un bebé…
Y nadie tan pobre para necesitar venderlo.

[Tania Torres. @Tania_Torres___]

Hablar del sufrimiento masculino también implica hablar de la manera en que el patriarcado ha construido una idea de hombre que no puede llorar.
#loshombressilloran #manuelmedrano

[No Apto @noaptoco]

¿Los hombres sí lloran?
Por: @Tania_Torres___

¿O más bien qué tipo de hombre eres para poder llorar? ¿Un hombre blanco, famoso y lleno de privilegios?

Hace unos días se abrió nuevamente el debate alrededor de Los hombres sí lloran, el pódcast de Juan Pablo Raba. Y puedo confesar que, como muchos, esperaba encontrar un espacio capaz de hablar de lo que significa ser hombre hoy, de las formas en las que los hombres se relacionan consigo mismos y con los demás, de la salud mental, de las emociones que aprendieron a esconder y de esa idea de masculinidad que durante años les ha exigido ser fuertes, proveedores, dominantes y, sobre todo, incapaces de mostrar vulnerabilidad.

La idea era necesaria. La conversación también.

Pero después de escuchar algunas de las discusiones que se han generado alrededor del espacio, me queda una sensación distinta. Un canal que pretende hablar de salud mental masculina no puede terminar convertido en un comité de aplausos para hombres famosos, millonarios y llenos de privilegios, donde sus excesos, sus adicciones, sus infidelidades o sus decisiones más cuestionables se cuentan como anécdotas de una vida interesante, sin que exista también una confrontación sobre lo que esas acciones significan y sobre las personas que pudieron resultar afectadas.

Y no se trata de decir que los hombres no puedan equivocarse, consumir drogas, ser infieles, tener una vida de excesos o atravesar momentos difíciles. Se trata de entender que contar una historia desde la vulnerabilidad no elimina la responsabilidad sobre lo que ocurrió en ella.

Los hombres necesitan hablar de salud mental. Muchísimo. Los datos lo demuestran. En Colombia, durante 2022, 2.254 hombres murieron por suicidio frente a 598 mujeres, según datos del Observatorio de Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El grupo entre los 20 y los 24 años concentró el mayor número de suicidios para ambos sexos.

Y hay otra cifra que también debería hacer parte de esta conversación. Cerca del 93 % de las víctimas de homicidio en Colombia son hombres. Es decir, los hombres aparecen de manera abrumadora entre quienes mueren producto de la violencia, pero también son mayoritariamente hombres quienes ejercen muchas de esas violencias. Ahí está una de las conversaciones que no podemos dejar por fuera.

Hablar del sufrimiento masculino también implica hablar de la manera en que el patriarcado ha construido una idea de hombre que no puede llorar, que tiene que resolver, que no puede pedir ayuda, que debe demostrar permanentemente fuerza y que muchas veces termina sin herramientas para manejar lo que siente. Pero reconocer ese daño no significa quitarle al hombre la responsabilidad sobre lo que hace con él.

La masculinidad frágil tampoco debería convertirse en una excusa para romantizar la falta de control emocional, las adicciones, la irresponsabilidad afectiva o el abandono de las responsabilidades familiares. Un hombre puede estar deprimido y necesitar ayuda. Puede tener una historia difícil. Puede haber crecido en un entorno donde nadie le enseñó a expresar sus emociones. Todo eso merece ser escuchado. Y al mismo tiempo puede tener que responder por las violencias que ofrece, por las personas que lastima y por las responsabilidades que decide asumir o abandonar.

Me parece importante que podamos decirles a los hombres que llorar está bien sin convertir esa frase en el final de la conversación. Que puedan hablar de sus heridas sin que eso borre las heridas que ellos mismos han causado. Que puedan reconocer que también han sido víctimas de una forma de entender la masculinidad y, al mismo tiempo, preguntarse qué partes de esa misma estructura están reproduciendo.

Entonces sí, los hombres lloran. Y qué bueno que lo hagan. Pero un espacio que tiene la posibilidad de poner estas conversaciones frente a miles de personas tiene también una responsabilidad enorme: no quedarse únicamente en la comodidad de escuchar a hombres famosos contar sus heridas. Hay que abrir la conversación completa, incluso cuando resulte incómoda.

Un hombre puede llorar. Puede sufrir. Puede pedir ayuda.

Y también puede hacerse cargo de lo que hace después de secarse las lágrimas.

[Tania Torres. @Tania_Torres___]

@MariantoniaRG @noaptoco Gracias @MariantoniaRG que se sequen las lágrimas, vayan a terapia y se hagan responsables. ❤️‍🩹
Pero bueno, ese es el mundo que nosotras imaginamos

[Tania Torres. @Tania_Torres___]

Porque tener un carnet de universidad pública no nos hace delincuentes. Ser estudiante de una universidad pública no nos convierte en vándalos, terroristas ni enemigos de la Fuerza Pública.

Si quieren ingresar, presenten examen de admisión.

[No Apto @noaptoco]

Abelardo, chao de la universidad pública
Por: @Tania_Torres___

Como estudiante de universidad pública me atrevo a escribir lo que van a leer. No esperen una institución arrodillada, se están equivocando si creen que con esos protocolos que anuncia el presidente para permitir el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades nos van a callar. La universidad pública no es un lugar donde todos pensamos igual, tampoco es un lugar donde no existan problemas, pero sí es un espacio donde aprendimos a discutir, a cuestionar y también a protestar.

Me duele la estigmatización de nuestra comunidad, porque tener un carnet de universidad pública no nos hace delincuentes. Ser estudiante de una universidad pública no nos convierte en vándalos, terroristas ni enemigos de la Fuerza Pública. Y creo que la mayoría de los que hacemos parte de la comunidad estudiantil sabemos lo que significa, como nosotros lo decimos, ser de pública. Sabemos que la universidad no es solamente el salón de clase, que también es la calle, la asamblea, la discusión, la protesta y la posibilidad de levantar la voz cuando algo no nos parece.
El movimiento estudiantil ha estado presente en momentos importantes de la historia reciente del país. En 2011 salió a defender la educación pública frente a la reforma de la Ley 30 y fue protagonista de una movilización que terminó frenando esa propuesta. En 2016 también estuvo en las calles defendiendo el proceso de paz. No somos una generación que acaba de descubrir que puede protestar. Hay una historia detrás de ese carnet que algunos parecen no conocer. Y por eso resulta tan fácil decir que las universidades públicas son “santuarios de violencia” cuando no se mira todo lo que también ha pasado dentro de ellas.

Vale la pena recordar el 16 de mayo de 1984. Ese día, después de una jornada de protestas en la Universidad Nacional, la Policía ingresó al campus y se produjeron enfrentamientos, detenciones y graves denuncias de violaciones a los derechos humanos. Según la investigación de Archivos del Búho entregada a la Comisión de la Verdad, 81 personas fueron detenidas, entre estudiantes, profesores, trabajadores de la universidad y habitantes de la zona; hubo denuncias de golpes, torturas y agresiones sexuales. Y hay un hecho que todavía estremece: a varios de los estudiantes detenidos los hicieron aparecer encapuchados con capuchas que habían sido fabricadas por los propios policías para ese fin, según los testimonios recogidos en la investigación.

¿Ahora cómo nos garantizan que no lo pueden hacer de nuevo?

Después de hechos como estos, la Constitución de 1991 reconoció la autonomía universitaria y la Ley 30 de 1992 desarrolló ese principio. Los artículos 28 y 29 reconocen a las universidades la posibilidad de darse sus propios estatutos, designar sus autoridades, organizar sus programas, seleccionar a sus profesores y estudiantes y administrar sus recursos. Y el artículo 30 establece como propio de las instituciones de educación superior la búsqueda de la verdad y el ejercicio libre y responsable de la crítica, la cátedra y el aprendizaje. No es un privilegio para esconder delitos, es una garantía para que la universidad pueda cumplir precisamente con lo que es: una institución para pensar, enseñar, investigar y debatir.

Por eso me preocupa que justo ahora, cuando tenemos un movimiento estudiantil debilitado, la respuesta sea esta. Si el objetivo son los capuchos y esta es la solución que propone el Gobierno, qué real desconexión. Porque los capuchos organizados no son toda la universidad. Los estudiantes que pueden terminar más expuestos a la Fuerza Pública son precisamente los estudiantes comunes, los que están protestando por sus ideales, los que están en una asamblea, los que están marchando o simplemente los que están dentro de la universidad cuando se presenta una situación de violencia. Y si el Gobierno sabe quiénes son los que cometen delitos, entonces que los investigue, los identifique y los judicialice. Pero no entiendo por qué la respuesta tiene que convertir a toda una comunidad en sospechosa.

El presidente ha dicho que la protesta pacífica será respetada, pero también anunció un protocolo nacional para establecer cuándo la Policía podrá intervenir ante hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público, incluso cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas. Entonces habrá que leer ese protocolo. Habrá que saber quién decide cuándo se cruzó esa línea, quién autoriza el ingreso, bajo qué condiciones y cuáles serán las garantías para los estudiantes que no están cometiendo ningún delito. Porque decir que se va a distinguir entre protesta pacífica y violencia suena bien, pero ahora toca ver cómo se hace en la práctica.

Y hay una frase del presidente que me sorprende especialmente: “No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”. Me sorprende porque quienes estamos adentro sabemos que ningún estudiante quiere que su universidad sea un santuario de la violencia. Queremos una universidad para educarnos. Queremos poder discutir, investigar, aprender y protestar sin que protestar nos convierta automáticamente en delincuentes. Y también queremos que quien cometa un delito responda por él, porque defender la universidad pública no significa justificar la violencia.

Lo que sí demuestra esta decisión es una incapacidad para construir consensos. Porque la universidad pública no se defiende diciendo que todo está bien dentro de ella, se defiende entendiendo que los problemas que existen no pueden convertirse en excusa para desconocer a toda una comunidad. La autonomía universitaria tampoco significa que dentro de las universidades pueda cometerse cualquier delito sin consecuencias. Pero tampoco puede significar que, cada vez que haya una protesta o una alteración del orden público, la primera respuesta sea abrirle la puerta a la Fuerza Pública.

Nuestra universidad no es un campo de batalla. Y quienes estudiamos en ella tampoco somos el enemigo.

Estaremos atentos a qué tiene este protocolo y a que, como el presidente lo mencionó, se distinga realmente la protesta social pacífica. Pero cuenten con que toda la comunidad universitaria está pendiente. Porque tenemos memoria, porque sabemos lo que ha pasado antes y porque sabemos también todo lo que representa la universidad pública para este país.

Y Abelardo, chao de la universidad pública.

Si quieren ingresar, presenten examen de admisión.

[MISS POIROT @MissPoirot07]

No saben gestionar un NO de una mujer, van a poder gestionar un arma.

Recuerden que Colombia es unos de los países con las tasas mas altas de feminicidios en el mundo.

[Tania Torres. @Tania_Torres___]

Lo que lloro imaginándome mi grado. Diooooos.

[Tania Torres. @Tania_Torres___]

Por eso me cuesta entender que en un país que todavía tiene enormes dificultades para prevenir las violencias contra las mujeres, para atenderlas a tiempo y para garantizar incluso atención suficiente en salud mental, la respuesta frente a la inseguridad sea estar más armados.

[No Apto @noaptoco]

El miedo se está armando
Por: @Tania_Torres___

Este gobierno tiene un no sé qué de olor a guerra, como esa mala espina y ese sexto sentido que a todas se nos activa cuando sentimos que algo está por ocurrir. Lo pensé a nivel mundial, una guerra, el apoyo abiertamente de nuestro gobierno a Israel, pero no pensé que empezaría tan cerca, en la esquina de la casa o incluso en la misma. El porte de armas. El Decreto 1368 de 2026 levantó la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego y devolvió sus efectos a quienes ya tienen un permiso vigente. Y antes de que alguien salga a decir que ahora cualquiera puede comprar una pistola y salir armado por la calle, no. El decreto no autoriza el porte libre ni elimina los requisitos legales. Pero sí cambia algo importante: vuelve a permitir que quienes tienen permisos vigentes puedan portar sus armas, bajo las condiciones y controles establecidos por la ley.

No puedo dejar de pensar en las mujeres. Porque mientras hablamos de legítima defensa, de ciudadanos de bien y de la necesidad de que la gente pueda protegerse, hay otra pregunta que parece que siempre queda por fuera: ¿qué pasa cuando esa arma entra a una casa donde ya existe violencia? ¿Qué pasa cuando la discusión no es contra un ladrón que aparece en una esquina sino contra la pareja, la expareja, el marido que amenaza, el hombre que no acepta que una mujer se vaya? Una cosa es decir que quien quiere asesinar no necesita un permiso para hacerlo. Es cierto. Quien toma la decisión de matar o lesionar puede hacerlo con un cuchillo, una piedra, un objeto cualquiera. Pero un arma de fuego no es cualquier objeto. Aumenta la capacidad letal y reduce el tiempo entre una amenaza y una muerte.

Y en Colombia no estamos hablando de un riesgo imaginario. Según la Defensoría del Pueblo, en 2025 fueron asesinadas más de 600 mujeres en el país y las armas de fuego estuvieron entre los principales instrumentos utilizados para ejercer esa violencia. Esto es básicamente la relación entre una cultura marcada por lo militar, la idea de superioridad masculina, la violencia como mecanismo de poder y las armas como símbolos de autoridad. No es solamente que exista un arma y alguien pueda usarla. También importa lo que representa y la manera en que históricamente hemos construido alrededor de ella ideas de poder, fuerza y control.

Medicina Legal ya había encontrado en un análisis sobre violencia contra las mujeres que, para el período estudiado de enero a octubre de 2017, el proyectil de arma de fuego aparecía como uno de los principales mecanismos en los casos analizados. Y esto no debería sorprendernos. Las armas de fuego son instrumentos de violencia y también lo son dentro de las casas. Las organizaciones que trabajan sobre violencia de género han documentado precisamente esa relación entre armas y violencia contra las mujeres. En México, por ejemplo, Intersecta ha estudiado cómo las armas de fuego se han convertido en un componente cada vez más importante de la violencia contra las mujeres; las cifras llegaron a mostrar que seis de cada diez mujeres asesinadas eran privadas de la vida con un arma de fuego.

Por eso me cuesta entender que en un país que todavía tiene enormes dificultades para prevenir las violencias contra las mujeres, para atenderlas a tiempo y para garantizar incluso atención suficiente en salud mental, la respuesta frente a la inseguridad sea estar más armados. Un país que no tiene acceso suficiente a primeros auxilios psicológicos, que no logra detectar a tiempo tantas situaciones de riesgo y que todavía llega tarde a muchas violencias corre un riesgo enorme cuando aumenta la capacidad de hacer daño que existe en la sociedad. Y no, esto no significa que toda persona que tenga un arma sea violenta, ni que todo permiso legal sea una amenaza. Significa que una política pública seria debería preguntarse también por los escenarios de riesgo que está creando o aumentando.

Quien más quiere tener un arma en su mano es, además, generalmente un hombre. Y eso me hace recordar uno de los pensamientos más lindos que tengo sobre las mujeres: que la mujer preserva la vida. No porque seamos incapaces de ejercer violencia ni porque tengamos una superioridad moral natural, sino porque históricamente nos ha tocado cuidar, sostener, acompañar y preservar la vida incluso cuando muchas veces nadie se ha preocupado por preservar la nuestra. Entonces una sociedad que no ha podido proteger a las mujeres hoy decide que la manera de hacerlo es estar más armada. Hay algo profundamente contradictorio en eso.

Colombia, además, no parte de cero. Ya es un país altamente armado y la frontera entre lo legal y lo ilegal tampoco es tan limpia como a veces queremos imaginar. El debate no puede reducirse a “los delincuentes tienen armas, entonces los ciudadanos deberían tenerlas”. Porque si las armas que llegan legalmente pueden terminar desviándose hacia mercados ilegales, si existen mercados grises y si el Estado tiene que controlar toda la cadena de producción, importación, comercialización, tenencia y porte, entonces aumentar la disponibilidad de armas legales sin fortalecer simultáneamente esos controles no parece precisamente una política de prevención. Y ahí está el problema: estamos hablando de armas como si fueran únicamente una herramienta de defensa, cuando también son una herramienta de violencia.

Miremos a Estados Unidos. Es difícil hablar de armas sin mirar un país donde la presencia de armas de fuego hace parte de la vida cotidiana y donde los homicidios con armas siguen teniendo un peso enorme en la violencia. Los datos de los CDC han mostrado, además, aumentos importantes en los homicidios con armas de fuego. Y México tampoco es un ejemplo menor: aunque mantiene una regulación mucho más restrictiva, la violencia armada y el tráfico ilegal de armas han alcanzado dimensiones enormes. El propio Gobierno mexicano ha impulsado programas de desarme voluntario como una estrategia para sacar armas de las calles y prevenir homicidios, feminicidios y accidentes.

Entonces la pregunta no es si las armas existen. Existen. Tampoco si una persona tiene derecho a defenderse. Claro que lo tiene. La pregunta es si la respuesta de un Estado que quiere prevenir la violencia consiste en que estemos cada vez más preparados para disparar. Porque una sociedad segura no debería ser aquella en la que todos sentimos que necesitamos un arma para sobrevivir. Debería ser aquella en la que no necesitamos llevar una encima para sentirnos protegidos.

Y me preocupa que después, cuando lleguen las cifras, nos sorprendamos. Que a comienzos de 2027 aparezca un informe mostrando que aumentaron los feminicidios cometidos con armas de fuego y entonces todos digamos que nadie podía saberlo. Sí podíamos. La prevención consiste precisamente en mirar los riesgos antes de que se conviertan en estadísticas.

No se trata de negar el derecho a la legítima defensa ni de fingir que la inseguridad no existe. Se trata de preguntarnos qué clase de sociedad estamos construyendo cuando la respuesta al miedo es poner un arma en más manos. Porque si para sentirnos seguros necesitamos estar preparados para dispararle a alguien, quizá no estamos hablando de seguridad sino de miedo organizado. Y el problema del miedo es que cuando se arma, no siempre sabe distinguir entre el enemigo que imaginamos y la persona que tenemos al lado.

[Tania Torres. @Tania_Torres___]

Yo puedo salir el día más desarreglada a ver a mis amigos y siempre me dicen que soy preciosa ❤️‍🩹 y ese es mi porqué

[Sofía Amaya @sofiaamaya21]

Por ejemplo, caminar entre cadáveres con felicidad y prepotencia es algo con lo que Jesús jamás estaría de acuerdo.
Pero sigan usando el nombre de Dios para sus atrocidades…

[Alejandro Gaviria @agaviriau]

Sin duda el presidente ha cruzado un límite hacia la barbarie y la falta de humanidad

[malúuúuúu,,, @qmalukera]

los días recientemente han sido un poco como esa anotación de kafka en su diario en agosto de 1914: “hoy alemania ha declarado la guerra a rusia. por la tarde fui a nadar”

same

[Tania Torres. @Tania_Torres___]

No comparto su proyecto político. Pero si tengo que sentarme con los conservadores para defender que las mujeres no son máquinas de parto y que los niños no son una transacción, ahí estaré.

[No Apto @noaptoco]

No somos incubadoras
Por: @Tania_Torres___

Yo me opongo al alquiler de vientres y lo digo así, sin eufemismos, porque a veces cambiarle el nombre a las cosas sirve precisamente para no mirar lo que son. Podemos llamarlo gestación subrogada, maternidad por sustitución, gestación solidaria o cualquier otra fórmula jurídicamente elegante. Pero si hay una mujer que pone su cuerpo, alguien que paga, una agencia que intermedia, un contrato que establece condiciones y un niño que debe ser entregado al final del proceso, esto también puede convertirse en un mercado de explotación reproductiva.

Y los datos deberían ser suficientes para que dejemos de hablar de esto como si todas las mujeres llegaran a ese mercado desde la misma posición.

Las mujeres gestantes en Colombia predominan entre los 20 y 33 años. Cerca del 70 % tiene educación secundaria incompleta o bachillerato completo, mientras que menos del 12 % accede a educación técnica o profesional. Hay una concentración en estratos 1 y 2, especialmente en zonas periféricas de Bogotá y Medellín. Aproximadamente el 65 % son madres solteras o cabezas de hogar y existe una alta prevalencia de informalidad laboral o desempleo, con ingresos previos al proceso que no superan el salario mínimo. Estos datos provienen de estudios de la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes, información documentada en litigios ante la Corte Constitucional y datos recogidos por la Defensoría del Pueblo.

Entonces hagamos una pregunta incómoda: ¿qué tan libre es una decisión cuando la necesidad económica está sentada en la misma mesa que el contrato?

Porque la libertad no ocurre en el vacío. Una mujer puede firmar un contrato y seguir estando en una relación profundamente desigual de poder. Y la trata de personas tampoco requiere necesariamente cadenas, golpes o secuestros. El abuso de una posición de vulnerabilidad y el abuso de poder también pueden convertirse en mecanismos de explotación.

Y sí: hay redes de trata alrededor de esta práctica. No es una metáfora ni una exageración para hacer más dramático el debate. Investigaciones oficiales de la Fiscalía General de la Nación y de las unidades de policía judicial DIJIN/SIJIN han identificado patrones compatibles con redes de trata de personas: casas de paso y apartamentos gestionados por agencias intermediarias donde las gestantes son trasladadas desde sus municipios de origen hacia Bogotá, Medellín y Cali, bajo el argumento de monitoreo médico, con restricciones a su movilidad y al contacto con sus familias. También se han identificado prácticas como retención de documentos, coerción económica, multas civiles y mecanismos para controlar el comportamiento de las gestantes.

Y hay algo todavía más grave: esas investigaciones también señalan posibles redes organizadas alrededor de notarías y servidores médicos para alterar procesos de filiación, omitir el nombre de la madre gestante en certificados de nacido vivo o inducir registros para después forzar una impugnación de maternidad. Esto no es simplemente una discusión sobre quién quiere ser padre o madre. Hay estructuras de intermediación y patrones que las autoridades han investigado precisamente por su posible conexión con la trata y otras conductas delictivas.

Mientras tanto, el mercado existe y ni siquiera intenta esconderse.

El 75 % de los comitentes que acceden a estos servicios en Colombia son extranjeros, principalmente de Estados Unidos, España, Francia, Alemania e Italia, según los datos citados por el proyecto a partir de la información documentada. Colombia se convierte así en un receptor de turismo reproductivo transnacional.

Y basta con mirar cómo se vende.

Tammuz Family, en alianza con la Clínica Celagem en Bogotá, ofrece un “Programa Colombia” con planes básicos y planes con garantías. En estos últimos ofrece óvulos donados ilimitados, transferencias de embriones ilimitadas y emparejamientos ilimitados con madres gestantes hasta el nacimiento de un bebé vivo. También incluye servicios jurídicos, contratos, registro civil y protocolo de embarazo. Eso no me lo estoy inventando: está publicado en la propia oferta comercial de la agencia.

Paremos ahí.

Hasta el nacimiento de un bebé vivo.

¿En qué momento un niño se convirtió en una garantía de un servicio?

¿En qué momento una mujer se convirtió en la parte del proceso que debe cumplir nueve meses para que el producto final llegue al cliente?

No me interesa satanizar a las personas que desean ser madres o padres. La infertilidad existe, el deseo de formar una familia existe y hay personas que atraviesan procesos profundamente dolorosos para poder tener hijos. Tampoco me interesa utilizar este debate para atacar a parejas homosexuales, hombres solos, mujeres solas o personas que recurren a técnicas de reproducción asistida.

El problema no es quién quiere tener un hijo. El problema es qué estamos dispuestos a permitir para conseguirlo.

Porque el deseo de tener un hijo puede ser legítimo y, aun así, no todo medio para satisfacer ese deseo tiene que ser legítimo.

Un niño no puede ser una prestación contractual. No puede ser el resultado garantizado de un paquete reproductivo. Y una mujer tampoco puede convertirse en una prestación más dentro de ese contrato.

Porque el embarazo no es un servicio sin consecuencias.

La gestación modifica el cuerpo, compromete el sistema endocrino, el sistema inmunológico, la salud física y la vida psíquica de una mujer durante nueve meses. Hay riesgos obstétricos, físicos y psicológicos. Y el hecho de que una mujer reciba dinero no hace que esos riesgos desaparezcan.

Entonces volvamos a la pregunta que nadie quiere responder: ¿Cuánto vale un embarazo?

¿Cuánto vale una cesárea? ¿Una complicación obstétrica? ¿Una pérdida? ¿Una depresión posparto? ¿Un trauma? ¿Una relación familiar afectada? ¿Una mujer que durante nueve meses tiene que someterse a las condiciones establecidas por terceros sobre su alimentación, sus citas médicas, sus desplazamientos o sus decisiones?

¿Y cuánto vale entregar un hijo que acabas de gestar porque un contrato dice que debes hacerlo?

Hay cosas que sencillamente no deberían tener precio.

Y no porque crea que las mujeres sean incapaces de decidir sobre su cuerpo. Precisamente porque creo que sus cuerpos no deberían convertirse en territorios donde el dinero de otros pueda comprar poder sobre sus decisiones.

Por eso me opongo al alquiler de vientres.

Y aquí viene una contradicción política que para mí no es un problema, sino una convicción.

Este proyecto viene de sectores políticos que no me han representado. David Gerardo Cote Rodríguez es quien aparece como autor de la iniciativa en la radicación oficial.

No comparto su proyecto político. Pero si tengo que sentarme con los conservadores para defender que las mujeres no son máquinas de parto y que los niños no son una transacción, ahí estaré.

No necesito estar de acuerdo con todo lo que piensa alguien para reconocer que, en un tema determinado, podemos estar parados del mismo lado. Y en este tema, yo sé de qué lado estoy.

Las mujeres no somos máquinas del capitalismo. No somos incubadoras para satisfacer las necesidades reproductivas de una población con dinero. Nuestros cuerpos no deberían convertirse en una industria porque alguien descubrió que también se puede hacer negocio con la maternidad.

La maternidad no se alquila.

Las mujeres no se compran.

Y los niños no se venden.