PROPUESTA DE REFORMA LEGAL PARA SANCIONAR LA MENTIRA DELIBERADA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
A la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados, y al Honorable Senado de la República de Chile:
@Senado_Chile@Camara_cl
Como ciudadano de la República, y más allá de toda preferencia ideológica, propongo que se estudie la realización de un plebiscito nacional o, en su defecto, la tramitación de una reforma legal destinada a fortalecer la probidad, la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública, mediante la sanción efectiva de la mentira deliberada utilizada con fines políticos o electorales.
La democracia se sustenta en la confianza pública. Cuando autoridades o candidatos difunden información falsa de manera consciente para obtener ventajas políticas, manipular la opinión pública, desacreditar adversarios o influir en procesos electorales, se erosiona la legitimidad de las instituciones y se debilita el vínculo entre representantes y ciudadanos.
Por ello, propongo la creación de una figura legal aplicable al Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, parlamentarios, gobernadores regionales, alcaldes, concejales, consejeros regionales, funcionarios públicos de alta responsabilidad y candidatos a cualquier cargo de elección popular.
La norma debería establecer que constituye una infracción grave contra la fe pública democrática la difusión dolosa de mentiras, falsedades, acusaciones falsas, calumnias, tergiversaciones deliberadas, falsos testimonios o cualquier otra forma de desinformación emitida públicamente con el propósito de obtener beneficios políticos, electorales o institucionales.
La existencia de esta conducta deberá ser determinada exclusivamente por los tribunales de justicia competentes, mediante sentencia firme y ejecutoriada, garantizando plenamente el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a defensa.
Las sanciones deberán considerar la gravedad de los hechos, el daño ocasionado, la reiteración de la conducta y la jerarquía del cargo ejercido, pudiendo contemplar:
Pena privativa de libertad entre dos y diez años.
Multas proporcionales al perjuicio causado.
Inhabilitación temporal o perpetua para ejercer cargos públicos.
Pérdida inmediata del cargo una vez ejecutoriada la sentencia.
Restitución de recursos públicos utilizados en la difusión de información falsa cuando corresponda.
Asimismo, deberán considerarse agravantes especiales cuando la falsedad:
Afecte la seguridad nacional.
Busque alterar procesos electorales.
Genere conmoción pública o afecte el orden institucional.
Cause perjuicios económicos o reputacionales significativos a personas o entidades.
Sea difundida mediante medios de comunicación masivos o plataformas digitales de amplio alcance.
Con el fin de evitar abusos o persecuciones políticas, la sanción deberá aplicarse únicamente cuando se acredite de manera inequívoca el dolo, entendido como el conocimiento efectivo de la falsedad de lo afirmado o una manifiesta indiferencia respecto de la verdad de los hechos.
La libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de toda democracia y debe ser resguardada. Sin embargo, dicha libertad no puede transformarse en una licencia para mentir deliberadamente desde posiciones de poder o influencia política, especialmente cuando ello afecta el proceso democrático, la confianza ciudadana o el honor de terceros.
Por estas razones, solicito al Congreso Nacional estudiar la viabilidad jurídica y constitucional de esta iniciativa y promover los mecanismos institucionales que permitan a la ciudadanía pronunciarse respecto de la incorporación de sanciones efectivas contra la mentira deliberada en el ejercicio de funciones públicas o en campañas electorales.
Una democracia sólida requiere libertad para opinar, pero también responsabilidad por las consecuencias de engañar conscientemente a la ciudadanía.
Si usted estimado lector, está de acuerdo, agradeceré difundir.
Un mes de Kast y el país está peor. Bencina más cara, vida más cara, más inseguridad y un gobierno que no da el ancho. Prometieron orden, gestión y autoridad. No cumplieron. Partieron con improvisación, con asesores de sueldos millonarios y con una reforma que les regalará miles de millones a los más ricos. Ni siquiera fueron capaces de cumplir la ley con el test de drogas. Un mes basta para entender cómo gobiernan. Los privilegios son para ellos. La cuenta la paga la gente.
Este lunes se vota en la Cámara de Diputados la “Ley Tommy Rey” que permitirá que las plataformas digitales paguen el derecho conexo a quienes cantan o tocan un instrumento en una grabación. Si se aprueba será un hito gigantesco para la música chilena. Vamos con toda la fe 🙏🙏🙏
@danielitaCastr0@culturaliteral1 Yo veía auras y luces que se expandían de cuerpo en cuerp...hasta que fui al oculista y me dieron anteojos para el astigmatismo jajaja
En Curicó, Romeral, Molina, hay cuarentena total. La pandemia está sin control debido a que las personas están obligadas a trabajar en la época de cosechas de la fruta, meses en que se genera buena parte del ingreso anual de la zona.
Mientras tanto en el otro Chile....
#Cachagua
No quiero enojarlos más, pero ayer -con los votos de diputados de Chile Vamos-, la Cámara declaró inadmisible el proyecto que suspendía el pago de CAE y del crédito del fondo solidario en el caso de una epidemia o pandemia. ¿La razón para su rechazo? Por ser inconstitucional.
Vol. 4:
“Bach por la mañana para no volvernos tan locos.”
Hoy, una que tocábamos de chiquilines. El Minuet en Sol mayor. Aunque sea un día de sol menor de otoño...