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Hoy, 1 de octubre, publicamos nuestra edición mensual. En el tema de portada llevamos una investigación sobre la reconfiguración del poder de la MS-13.

El periodista mexicano Carlos García, uno de los mayores conocedores de la Mara Salvatrucha-13, reconstruye una trama criminal que comenzó con el asesinato de un representante de la Mexican Mafia a manos de un pandillero salvadoreño en una cárcel federal de Estados Unidos.

El crimen dejó a la MS-13 aislada dentro de una prisión federal estadounidense y sin sus antiguas alianzas con otras pandillas latinas. Pero también permite entender cómo se reorganizó el poder de la pandilla después de que desapareciera su centro de mando en El Salvador.

En el centro de esta historia está Crook, el pandillero que el Gobierno de Nayib Bukele liberó ilegalmente en 2021, pese a que debía cumplir una condena de 40 años. Tras ser recapturado en México en 2023 con ayuda del FBI y enviado a Estados Unidos, su nombre vuelve a aparecer en esta historia.

El reportaje revela cómo, tras la ruptura del pacto entre la MS-13 y Bukele, el mando de la pandilla regresó a su ciudad de origen: Los Ángeles.

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A lo largo de las últimas dos décadas, Juan Francisco Solórzano Foppa ocupó cargos públicos en los que se suele hacer enemigos. En sus años de fiscal, investigó a la Rueda —o cúpula— de la pandilla Barrio 18 en Guatemala y logró condenas contra dirigentes incluyendo a su máximo líder, Aldo Dupié, alias “Lobo”.
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Julio Bracamonte controla una empresa que no tiene empleados ni operaciones que le generen ingresos comerciales gravables de impuestos en El Salvador, pero acumula $7 millones en activos, según el último estado financiero reportado por Inversiones Cayalá El Salvador en 2021.

Inversiones Cayalá El Salvador fue creada con el propósito de emular un Proyecto Cayalá en Nuevo Cuscatlán, según los estados financieros de 2017 y 2018 de la empresa.
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EL RESUMEN | En la Nota de Centroamérica hablamos del asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa.

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Un documento de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción del Ministerio Público de Honduras señala que Zerón Suarez y otras siete personas, incluido el entonces alcalde y hoy presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, formaban una red corrupta enquistada en la municipalidad, razón por la que fueron acusados de lavado de dinero, malversación de caudales públicos, fraude, entre otros delitos.
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Un funcionario del Gobierno de Honduras, con un proceso judicial pendiente por su presunta participación en una red de desvío de fondos públicos en su país, Mario Roberto Zerón Suazo, es directivo de Coatl S.A de C.V, la empresa que ha ganado millonarios contratos para instalar fibra óptica en varios proyectos del Gobierno de Nayib Bukele.
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A partir de testimonios de familiares, víctimas y expertos, analizamos qué hay detrás del anuncio presidencial sobre la posibilidad de liberar condicionalmente a una parte de la población carcelaria, perfilada como colaboradora de pandillas.

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El asesinato de un exfiscal antimafias deja en luto al movimiento anticorrupción en Guatemala. En un país atravesado por el crimen organizado, la primera actuación de la Policía deja la pregunta de hasta dónde son cómplices en uno de los asesinatos de mayor perfil en décadas.
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La organización Cristosal denunció el abandono de las funciones de la Procuraduría ante las múltiples violaciones a derechos humanos que medios independientes y organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales han reportado en el marco del régimen de excepción; así como al deterioro democrático que ha sufrido la institucionalidad del Estado Salvadoreño desde mayo de 2021, con el desmantelamiento de la independencia judicial.

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🔴 Esta tarde, en una segunda audiencia ante la CIDH sobre la situación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador (PDDH), el doctor Iván Solano Leiva, presidente del Colegio Médico de El Salvador, denunció que desde mediados de 2024 se ha implementado en el país una política de despidos injustificados del personal del Ministerio de Salud, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y del Fondo Solidario de Salud, sin que la Procuraduría priorice los casos. Solano aseguró que, según sindicatos, se han despedido hasta mediados de 2026 al menos a 7 mil 700 trabajadores. 

En esta segunda jornada, la representación del Estado salvadoreño a través de la PDDH nuevamente volvió a estar ausente. “Su ausencia es notablemente deplorable en esta ocasión, y denota su falta de independencia respecto del poder ejecutivo”, sentenció David Morales, jefe de justicia transicional de Cristosal. 🧵⬇️

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El Faro ha documentado, a través del especial de Testimonios, casos de personas arrestadas arbitrariamente durante el régimen de excepción que sufrieron torturas mientras se encontraban bajo custodia del Estado. Algunos de estos relatos evidencian muertes ocurridas en prisión, con evidencia que apunta al cometimiento de violencia física o negligencia ante enfermedades graves. Conoce las historias:

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🔴 Hoy, en una audiencia ante la @CIDH sobre la situación de personas privadas de libertad en el marco del Estado de excepción en El Salvador, la organización Cristosal denunció la existencia de “ejecuciones extrajudiciales” durante la vigencia de la medida de seguridad.

La organización ha documentado 454 muertes bajo custodia del Estado; 33 de ellas mujeres, 3 niñas y un niño. “300 del total de víctimas mortales (el 72%) se encontraban en su etapa más productiva, tenían entre 18 y 40 años.111 de estas personas eran agricultores, 47 comerciantes, 42 técnicos, 72 empleados, 24 trabajadores de la construcción y 24 estudiantes”, especificó David Morales, jefe de justicia transicional. 

El Estado salvadoreño estuvo ausente en la audiencia. Entre el 1 junio de 2019 hasta el 10 de marzo de 2026 el Estado faltó a seis audiencias CIDH donde El Salvador era la temática principal. El Estado sí estuvo presente en 13 audiencias. 

Cristosal ha evidenciado signos de violencia en 87 casos. En 31 de estos se verificaron documentos de entidades estatales que establecen traumas o asfixia como causa de la muerte. Al menos 42 cadáveres presentaban signos de desnutrición. Según reportes de la organización, en el 78% de los casos las víctimas no tenían vínculos con pandillas. 🧵⬇️

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Durante la audiencia la abogada y directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, denunció la captura arbitraria de su hermano Humberto Escobar, y su posterior muerte bajo custodia del Estado, tras una golpiza, 45 días después de haber ingresado a prisión. Escobar dijo que el cuerpo de su hermano tenía señales de violencia y tortura. La abogada también denunció que las instancias forenses se negaron a entregarle la autopsia de la muerte de Humberto a su familia.

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Otra gran interrogante en el asesinato del crimen contra el exfiscal de Guatemala Juan Francisco Solórzano Foppa es la aparente falta de cámaras en la escena del crimen. Tanto el viceministro de Cultura Carlos Amézquita, responsable del Campo Marte, como Esvin Jacinto, subdirector general de Operaciones de la Policía han dicho que el complejo deportivo no tiene cámaras dentro del recinto.
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EL RESUMEN | Nayib Bukele anunció que su Gobierno prepara un plan para liberar anticipadamente a cerca de la mitad de las personas que considera colaboradoras de las pandillas y que están encarceladas bajo el régimen de excepción. Pero ¿qué pasa con quienes fueron detenidos sin pruebas suficientes?
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Nayib Bukele anunció que su Gobierno prepara un plan para liberar anticipadamente a cerca de la mitad de las personas que considera colaboradoras de las pandillas y que están encarceladas bajo el régimen de excepción. Pero ¿qué pasa con quienes fueron detenidos sin pruebas suficientes?

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El Resumen| Bukele anunció un plan de posibles liberaciones anticipadas para detenidos que clasifica como colaboradores de pandillas. Su propuesta parte de considerarlos culpables y no contempla revisar las denuncias de detenciones arbitrarias. Organizaciones de derechos humanos cuestionan la falta de independencia y de garantías judiciales.

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OPINIÓN | El Estado le sustrajo a su población el derecho sagrado, conferido por la Constitución, de ver lo público y apreciar cómo se maneja. Con ese derecho la población puede controlar a esos poderes, pues solo se piden cuentas de aquello que se conoce.

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Bukele dijo que el plan de su Gobierno consiste en determinar cuál fue el nivel de colaboración de una persona con las pandillas y que en función de ello la persona podría recibir un beneficio de excarcelación. Bukele añadió que al salir de la cárcel, la persona estaría monitoreada y que sería sometida al cumplimiento de condiciones que no detalló.
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