Alberto Garcia

No hay profesión mas solitaria que la del abogado.

[Kareem Rifai 🌐 @KareemRifai]

The only reason this woman should be standing on US soil is to be in a prison cell next to Nicolas Maduro.

Absolutely repugnant picture.

[Andres Oppenheimer @oppenheimera]

Una foto habla más que mil palabras. Esta foto va a legitimar a Delcy Rodríguez ante el mundo. Sienta un precedente para que otros jefes de estado la reciban de igual a igual, como si fuera una presidenta democrática. Que ironia: Mientras Trump la recibía sonriente en Nueva York, no dejaban regresar a su Venezuela a María Corina Machado, la líder del movimiento opositor que ganó las elecciones del 2024. Una bofetada a la democracia.

[Violeta Meléndez @viogu]

¿También van a hacer video Iker y la burocracia del agua para denunciar ante la FGR este otro ecocidio? ¿O nomás los que son gobernados por municipios de oposición? Porque en Zapopan hay mucho crimen ambiental... 👇

[Iván Serrano Jauregui @ivanBien]

Esto sin duda es de los mayores crímenes y pérdidas naturales de Zapopan y Jalisco en lo que va de este sexenio: los gobiernos de @ZapopanGob de @JuanJoseFrangie y @GobiernoJalisco de @PabloLemusN permitieron el envenenamiento de las Cascadas de Huaxtla. Qué horror y vergüenza.

[Ligia Urroz @Ligiaurroz]

Vaya textazo de @perezreverte. Sonreí con cada palabra y con cada párrafo hilvanado con hilos de plata.

[Human Rights Watch @hrw]

US President Donald Trump recently announced a ban on CNN, MS NOW, and Politico for White House coverage.

When you attack the independent media, you undermine democracy. Access to information is a critical human right.

[Gibrán Zazueta @gibran_zazueta]

🚨 Qué peligroso que los órganos de disciplina judicial le digan a los jueces como deben interpretar la ley.

¿La última palabra en la interpretación de la ley la tienen los jueces o el Tribunal de Disciplina?

No olvidemos que el TDJ puede sancionar hasta a los ministros de la SCJN.

Han convertido, de facto, al TDJ en el “Máximo Intérprete” de la Constitución.

[Alberto Garcia @agarciadel72]

Sigan el consejo

[Bibiana Martínez @Bibymar]

(Tuit largo que vale la pena leer)

Consejo Legal en materia laboral:

Si tienes trabajadores es importante que tengas un expediente laboral por cada uno, con su contrato laboral, perfil de puesto, contrato de confidencialidad y no competencia desleal, responsivas de equipos, de herramientas, de usuarios y contraseñas de correo electrónico y bases de datos, sus recibos de nómina, constancia de conocimiento del reglamento interno y políticas de la empresa, instala las comisiones y aplica las NOM que te corresponden, y si hay incidencias documéntalas también (al momento, no cuando surja un conflicto).

Es mucha tarea, pero si comienzas poco a poco estarás mejor protegido. Muchos patrones se cuestionan porque tienen que negociar un caso laboral donde fue en trabajador quien incumplió sus obligaciones, bueno, pues es principalmente porque algunos no tienen evidencias para probar el puesto, salario, lugar de trabajo, funciones, faltas, etc.

La prevención les ahorra tiempo, dinero y muchas preocupaciones

[Nacho Montes de Oca @nachomdeo]

Hagamos periodismo:
El anuncio de Trump tiene un problema de base al presentar como si ya existiera un nuevo régimen legal sobre Groenlandia algo que, en realidad, no puede nacer de una declaración pública ni de un comunicado político.

Un cambio de esa magnitud necesitaría un texto formal, firmado por las autoridades competentes, publicado y aprobado por los órganos que correspondan en Dinamarca y en Groenlandia.

Esa distancia se ve en lo que dijeron el mismo día Copenhague y Nuuk. Trump habló en pasado: Estados Unidos “ha celebrado un acuerdo”. El Statsministeriet u oficina del Ministerio de Estoad danés, en un comunicado del 18 de septiembre, habló en futuro próximo: Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos “esperan poder firmar la semana que viene”, en la Asamblea General de la ONU, un acuerdo que refuerce la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte, y aclaró que, una vez firmado, deberá atravesar “los procedimientos parlamentarios necesarios” para entrar en vigor.

La primera ministra de Dinamarca Mette Frederiksen dijo que hay “perspectiva de un buen acuerdo” para Groenlandia, el Reino y Estados Unidos, que fortalece la seguridad común y que, al mismo tiempo, “reconoce la soberanía y la integridad territorial del Reino y el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación”.

Jens-Frederik Nielsen, presidente del Naalakkersuisut o Gobierno de Groenlandia, no dijo que el pacto ya existiera: dijo que “estamos a punto de concluir un acuerdo” que reconoce los intereses de Groenlandia. Múte B. Egede, ministro de Exteriores groenlandés, escribió que un acuerdo está “al alcance”. Ninguno de los dos gobiernos repitió las fórmulas del tuit. es decir control permanente, “todas las demás necesidades”, costo cero, vigencia infinita, veto escrito de Washington sobre inversiones.

Además, el anuncio presenta como nuevas algunas atribuciones que Estados Unidos ya tenía, al menos en materia de defensa, desde el Acuerdo de Defensa de Groenlandia de 1951. Ese acuerdo, firmado entre Estados Unidos y Dinamarca dentro del marco de la OTAN, ya permitía a Washington establecer, operar y utilizar instalaciones militares en las áreas de defensa acordadas en Groenlandia para la defensa del Atlántico Norte, incluida la base de Thule, hoy Pituffik.

Por eso, si el anuncio se limita a hablar de más presencia militar, de uso de instalaciones o de refuerzo defensivo frente a amenazas externas, no está creando una facultad completamente nueva. Más bien estaría apoyándose en un régimen que ya existe desde hace décadas. La dificultad aparece cuando el anuncio va más allá de la defensa y sugiere que Estados Unidos tendría un control permanente sobre la seguridad y sobre “todas las demás necesidades” de Groenlandia.

Ese salto es el punto más débil del posteo de Trump. Una cosa es cooperar en defensa dentro de un acuerdo ya existente, y otra muy distinta es otorgar a un Estado extranjero capacidad de veto sobre bases, tropas o inversiones sensibles. En ese caso, el anuncio dejaría de ser una actualización militar y empezaría a parecer una transferencia de decisión política, económica y territorial que el derecho vigente no permite hacer de manera automática.

Groenlandia sigue formando parte del Reino de Dinamarca. La defensa, la seguridad y la política exteriores dependen de Copenhague. Sin embargo, desde la Ley de Autogobierno de 2009, las autoridades groenlandesas tienen competencias propias sobre materias internas, entre ellas los recursos naturales, el subsuelo, las licencias y buena parte de las decisiones económicas vinculadas al territorio. Por eso Frederiksen y Nielsen se aferran a la soberanía del reino y a la autodeterminación groenlandesa: son la línea roja que el tuit no escribe.

Un veto general de Estados Unidos sobre inversiones sensibles chocaría con atribuciones que ya fueron reconocidas al Inatsisartut, el Parlamento de Groenlandia, y al Naalakkersuisut, el Gobierno groenlandés. No podría imponerse solo por decisión de un presidente extranjero ni por una negociación cerrada entre gobiernos si toca materias que Groenlandia ya ejerce como parte de su autogobierno.

Para que algo parecido al anuncio pudiera cumplirse, el primer paso sería conocer el texto exacto del acuerdo. Sin articulado no se puede saber si se trata de una simple cooperación militar, de una ampliación de bases o de una cesión real de poder. Luego debería firmarlo quien tenga competencia para hacerlo y, si crea obligaciones importantes para el Reino de Dinamarca, tendría que pasar por el Folketing, el Parlamento danés. Eso es, de hecho, lo que anticipa el propio comunicado del Statsministeriet.

Ese control parlamentario no sería un trámite menor. La Constitución danesa exige consentimiento legislativo para compromisos internacionales relevantes, para obligaciones que requieran cambios legales y para actos que puedan afectar el territorio del reino. Si además el acuerdo pretendiera transferir potestades de decisión a una autoridad externa, el problema sería todavía más delicado.

El obstáculo mayor aparecería si el anuncio buscara convertir a Estados Unidos en árbitro permanente sobre seguridad, inversiones o decisiones estratégicas de Groenlandia. Eso podría exigir modificar leyes internas, revisar el alcance de la Ley de Autogobierno con participación groenlandesa o incluso abrir una discusión constitucional. También haría falta acuerdo político de Groenlandia cuando el contenido toque materias que ya son de su competencia.

En síntesis, los impedimentos principales son claros. El anuncio confunde una intención política con una norma vigente, presenta como novedosas atribuciones militares que ya existían desde 1951 y, al mismo tiempo, promete facultades mucho más amplias que afectarían soberanía, economía y autogobierno. Lo confirman, por omisión, las capitales que tendrían que firmar: Copenhague y Nuuk hablan de un pacto por firmar, de parlamentos por convocar y de una soberanía que no se cede.

Si el anuncio se queda en más bases, hay que cambiar el tratado viejo. Si llega al subsuelo y a las inversiones, hay que cambiar las leyes de Nuuk y el pacto de autogobierno. Si habla de control permanente de “todo lo necesario”, hay que abrir la Constitución danesa.
El tratado de partida es el Agreement Relating to the Defense of Greenland, firmado el 27 de abril de 1951 entre Estados Unidos y el Reino de Dinamarca, en marco OTAN. Es el papel que ya permite a Washington instalarse en Groenlandia. Se actualizó en 2004 con el Igaliku Agreement, cuando Groenlandia se sentó por primera vez como parte. Ese régimen cubre Thule, hoy Pituffik Space Base.

Ampliar tropas o instalaciones sobre esa base no inventa un derecho nuevo: enmienda uno existente. En Dinamarca entra por el artículo 19 de la Danmarks Riges Grundlov, la Constitución del Reino de 1953: el Gobierno negocia y el Folketing —el Parlamento danés— debe consentir si el compromiso es de mayor importancia o toca el territorio.

El salto aparece cuando Trump añade un veto sobre “inversiones sensibles”. Eso ya no es solo defensa. Desde el 1 de enero de 2010 Groenlandia administra su subsuelo bajo la Inatsisartutlov om mineralske råstoffer, la ley del Parlamento groenlandés sobre recursos minerales. Inatsisartut es el Parlamento de Groenlandia; Naalakkersuisut es su Gobierno. Esa ley dice quién da las licencias para buscar y extraer minerales e hidrocarburos. Un “sí” escrito de Washington no está en ese texto. Habría que reformarlo en Nuuk.

Esa reforma no puede hacerla Copenhague sola. La Lov om Grønlands Selvstyre, ley número 473 de 12 de junio de 2009, es la Ley de Autogobierno: entregó el subsuelo a Groenlandia y dejó en Dinamarca la defensa, la seguridad y la política exterior. Recortar esa competencia exige cambiar esa ley en el Folketing y el acuerdo político del Inatsisartut. Sin eso, el reino estaría cediendo lo que ya no administra.
Si el pacto pretende “control permanente de la seguridad y de todas las demás necesidades”, el techo es otra vez la Grundlov. El mínimo sigue siendo el artículo 19. Si se ceden potestades de decidir sobre el territorio, entra el artículo 20 —cesión a una autoridad internacional, con cinco sextos del Folketing o referéndum— o el artículo 88, que es reforma constitucional: dos votaciones, elecciones en medio y referéndum.
Groenlandia no tiene hoy una constitución soberana en vigor; tiene un borrador de 2023 para después de independizarse. Lo que sí tendría que votar, si le tocan el autogobierno, es el Inatsisartut y, en última instancia, su población.

En síntesis: más soldados se negocian sobre el acuerdo de 1951 y pasan por el Folketing. El veto sobre minas e inversiones exige cambiar la ley mineral groenlandesa y la Ley de Autogobierno. El control permanente que describe Trump abre la Constitución danesa. El tuit no reemplaza ninguno de esos textos.

Trump puede anunciar que quiere más presencia estadounidense en Groenlandia, y eso podría negociarse dentro del marco de defensa existente. Pero no puede convertir con un anuncio a Estados Unidos en autoridad general sobre el territorio, sus inversiones y sus decisiones internas.

Hasta que existan texto legal, firmas válidas, aprobación parlamentaria y consentimiento institucional suficiente, el anuncio sigue siendo una declaración política fuerte, no una realidad jurídica consolidada.

[LUPITA BLANCO @Lupita_Ortiz_B]

Hoy se publicaron 14 tesis y todas contienen razonamientos para negar valor probatorio a los documentos que aportan los contribuyentes en una revisión de hacienda 😞😞😞.
Vamos caminando paso a pasito.

[Alberto Garcia @agarciadel72]

RT @gabiciddeleon: Adiós a la interdicción.

Ya no se podrá declarar “incapaz” a ninguna persona. En su lugar se deberán solicitar judicial…

[Alberto Garcia @agarciadel72]

@VMGlezR Es una tradición que tiene más de 50
Años. El lanzamiento es la parte culminante de una representación de la batalla del 13 de septiembre de 1847, una parte de los alumnos del Colegio Niños Héroes de Ameca nos caracterizábamos de norteamericanos y los de 6to eran los cadetes.

[Gibrán Zazueta @gibran_zazueta]

Pérez Dayán votó conforme a su criterio precedente.

Desde un punto de vista jurídico pudiera ser razonable.

Desde un punto de vista pragmático fue un desastre.

Aquí solo hay dos opciones:

1. Lo hizo pensando genuinamente que era lo “correcto” y ahí no cabe más que decir que fue un estúpido e ingenuo.

2. Lo hizo por un beneficio personal y ahí no cabe más que decir que fue un miserable y merece el desprecio ganado.

[Luis @EliudTapia]

Pienso que enfocar los esfuerzos en la cantidad de asuntos que resuelve la Suprema Corte y en las jurisprudencias que emite resultará poco beneficioso a mediano plazo.

Da la impresión de que el único objetivo de los análisis es demostrar que la nueva Suprema Corte resuelve menos asuntos y publica menos tesis jurisprudenciales que la anterior, para argumentar que la reforma judicial fue una mala idea.

Si ese es el objetivo, cuando la nueva Suprema Corte logre remontar los números y abatir el rezago judicial, ¿se dirá entonces que la reforma judicial fue una buena idea?

Me parece que es mejor enfocar los esfuerzos en los contenidos sustantivos de los asuntos que resuelve la Suprema Corte, incluyendo qué temas analiza, la solidez de los debates, los beneficiarios más frecuentes en los litigios, la calidad de sus sentencias y la filosofía judicial de cada ministra/o.

Ojo, no estoy diciendo que analizar la cantidad de asuntos y las tesis jurisprudenciales emitidas no tenga utilidad alguna; solo creo que no es tan importante como el análisis del contenido sustantivo de los asuntos.

[MARIA EMILIA MOLINA @EMILIAMDLAP]

Hablemos de historia, por supuesto. Pero con rigor.

En 2005, la Corte resolvió una controversia constitucional entre el Ejecutivo y la Cámara de Diputados sobre la posibilidad de formular observaciones al presupuesto. Podemos compartir o cuestionar aquel criterio judicial. Para eso existen el debate jurídico, los votos particulares y la crítica académica.

Pero una cosa es sostener un criterio judicial -acertado o equivocado- al interpretar la Constitución, y otra muy distinta que una ministra anuncie expresamente que siempre defenderá sus ideas “en defensa de la hacienda pública”.

Una jueza constitucional no es abogada del fisco. No debe asumir como causa permanente la defensa de los intereses recaudatorios del Estado. Su obligación es resolver cada caso con independencia e imparcialidad, conforme a la Constitución, la ley y los derechos de las personas.

Además, nada de lo ocurrido en 2005 responde a lo que señalé ahora. Invocar una sentencia de hace veinte años para eludir esta discusión es una falsa equivalencia y el conocido “¿y la antigua Corte qué?”.

Podemos discutir todos los criterios de la antigua Corte, incluso los más controvertidos. Pero ninguno sirve para normalizar que una integrante de la actual anuncie de antemano a quién defenderá.

La historia negra no comienza con una sentencia discutible. Comienza cuando quien debe ser imparcial deja de hablar como jueza y empieza a hablar como parte.

[Revista abogacía @revistaabogacia]

⚫️ El saber técnico sostiene al derecho, mientras la opinión popular impulsa a la política. Kim Scheppele (@KimLaneLaw) señala que fundir ambas esferas priva al Estado de contrapesos efectivos frente a la autoridad.
https://t.co/QQHO2hfeS9

[Secretario PJF @PjfSecretario]

🤡¿Justicia más cercana a las personas? Herrerías votó contra exentar de ISR la Afore de beneficiarios por fallecimiento y expresó que “siempre defenderá a la Hacienda Pública”.
La SCJN pro autoridad…
Juzguen ustedes

[Revista abogacía @revistaabogacia]

Julio Ríos (@JulioRiosFigue1) rastrea la profunda sacudida en el sistema de justicia. El politólogo desglosa cómo la sustitución de exámenes por urnas recalibra los incentivos de quienes dictan sentencias en el país.

🔗 https://t.co/64vyKcojly

[Roberto Martínez @roberto_mtz_esp]

Los partidos de oposición en México: de todos no se hace uno. En fin.

[LUPITA BLANCO @Lupita_Ortiz_B]

Pertenezco a esa generación a la que le inculcaron el trabajo y esfuerzo y el estudio permanente. En el PJF, en donde me desarrollé, era común comprar libros cada quincena, que llegara por ellos el encuadernador para ponerles pasta dura; asistir a conferencias y buscar cursos pasa saber más.
Hoy, todo eso merece el desprecio del gobierno.