El Gobierno reconoció hoy, aunque todavía de manera insuficiente, un reclamo legítimo de las universidades y de toda la sociedad. Como siempre planteamos, el camino es el diálogo, la responsabilidad y una mirada estratégica para el desarrollo de nuestro país.
El reconocimiento alcanzado representa un avance importante y un alivio necesario frente a la crítica situación presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades públicas.
Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo inmenso de la sociedad, de la comunidad universitaria y de los referentes de la cultura que se involucraron en esta lucha. Esto también se logró gracias al trabajo de los diputados y senadores que sancionaron y ratificaron la Ley en el Congreso.
Vamos a seguir exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y un Presupuesto 2027 que vuelva a reconocer el valor central de la universidad pública, una de las herramientas más importantes que tiene la Argentina para generar conocimiento, igualdad de oportunidades y construir un futuro mejor.
Las universidades son las instituciones en las que más confían los argentinos. Este reconocimiento expresa uno de los acuerdos más amplios alcanzados por la sociedad, que trasciende identidades políticas, generaciones y sectores sociales.
La confianza se construye sobre resultados concretos. Las universidades funcionan bien, forman con calidad y generan oportunidades para millones de personas.
Recomiendo este fenomenal artículo de @GugaLusto donde explica las razones por las que no sentimos lo que el gobierno nos dice que deberíamos sentir sobre la marcha de la economía.
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@Yaco_Emiliano Que bueno que se pueda desarticular con datos este discurso espantoso que quiere desprestigiar la educación pública y los hospitales universitarios!
En 2026, de los más de 70.000 ingresantes a la UBA, los extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representan tan solo el 2,5%. Y en la Facultad de Medicina, apenas el 6,1%. Te agrego más información: en Odontología representan el 4,1%, en Ingeniería el 2,7% y en el resto de las facultades el porcentaje es incluso menor al 2%. Bastante lejos del relato que pretenden instalar.
Te sumo otro dato, porque esto no ocurre por casualidad. Desde el 2022 la UBA exige acreditación de español nivel C1 para aspirantes provenientes de países no hispanohablantes, tanto en comprensión como en producción oral y escrita. Sí, C1, un dominio del idioma prácticamente equivalente al de un hablante nativo.
Por eso es importante discutir estos temas con datos y responsabilidad. Exagerar cifras o instalar ideas falsas solo sirve para confundir a la sociedad y degradar un debate que debería darse con evidencia, no con mentiras.
Los profesionales de la salud que se forman en los hospitales universitarios luego ejercen en TODO EL PAÍS, tanto en el sistema público como en el privado.
Cumplan la Ley de Financiamiento Universitario @AleCiroAlvarez.
De paso, también cumplan la Ley de Presupuesto 2026 que a esta altura del año no giraron un solo peso de la partida para “Hospitales Universitarios”.
Hoy más del 80% de los trabajadores de los Hospitales Universitarios (docentes y no docentes) no llega a cubrir la canasta básica.
Mienten sin vergüenza @AleCiroAlvarez Mientras inventan datos, bajaron el presupuesto universitario a la mitad en dos años, el 80% de los profesores cobra salarios por debajo de la línea de la pobreza y no mandan los fondos para que funcionen los hospitales.
Mañana vamos a ser cientos de miles en las calles. Cumplan la Ley.
El gobierno plantea en la Justicia los recursos más inverosímiles solo para dilatar los tiempos y seguir negando a la universidad pública los recursos que le corresponden por ley. Se empeñan destruir el futuro de los argentinos. Mañana tenemos que ser millones en las calles.
"La universidad pública es lo que permite a los jóvenes saber que el lugar donde nacieron no determina el lugar a donde pueden llegar. Esto es atacado por el gobierno hace dos años a través del desfinanciamiento". MIRÁ SI ES IMPORTANTE LO QUE DEFENDEMOS. MAÑANA TODOS A LA MARCHA.
Docentes que se formaron para enseñar. Profesionales de la salud que estudiaron para salvar vidas. Investigadores dedicados a generar conocimiento y construir futuro.
Hoy, muchos de ellos tienen que manejar en aplicaciones, repartir pedidos o sumar trabajos extra para llegar a fin de mes. No por elección, sino porque sus salarios perdieron la mitad de su poder adquisitivo y se ven obligados a buscar alternativas para sobrevivir.
Mientras tanto, el Gobierno profundiza el desfinanciamiento en áreas esenciales como la salud, la educación y la ciencia.
Esta situación es muy grave y no puede seguir así. Un país que empuja a sus docentes, médicos e investigadores a sobrevivir con trabajos extra no está premiando el esfuerzo ni el conocimiento; está resignando su desarrollo.
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Estamos frente a un hecho inédito en nuestra historia constitucional: la búsqueda desesperada de un Gobierno Nacional de emplear todos los medios a su alcance para no cumplir una ley.
El Poder Ejecutivo continúa obligado a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión del Gobierno de suspender materialmente la aplicación de la ley incumple con los objetivos por ella impuestos y las competencias fijadas por la Constitución Nacional.
Es claro: esta conducta vulnera la Constitución Nacional y los principios republicanos que constituyen la base de nuestro país.
La sentencia de la Sala III que concedió el recurso extraordinario de manera inédita y contraria a la doctrina de la Corte Suprema, no suspende la obligación del Gobierno de cumplir las leyes sancionadas por el Congreso.
Las dos sentencias que otorgaron y confirmaron la medida cautelar solicitada por las universidades continúan vigentes. El Gobierno agotó las instancias ordinarias y acudió a la vía extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero ello no le quita la obligación de cumplir con la ley.
No existe ninguna sentencia que le dé la razón al Poder Ejecutivo. La concesión del recurso extraordinario no lo exime del cumplimiento de la manda legal. Existiendo dos sentencias favorables en relación a la concesión de la cautelar solicitada por las universidades, las mismas se encuentran en condiciones de solicitar la ejecución de la sentencia.