Bep

cta verificada: soy yo misma

[Bep @bepituit]

Venezuela, determinación de los hechos: crímenes de lesa humanidad. Informe
https://t.co/ihpmy0sWdY

[El Nacional @ElNacionalWeb]

#ServicioPúblico: Patricia Molina libra una batalla contra el cáncer y requiere de ayuda económica para costear el tratamiento y tener una mejor calidad de vida. Se agradece a las personas o instituciones que puedan colaborar

[Acceso a la Justicia @AccesoaJusticia]

#AlertaLegal Hoy #15jun se conoció, a través de la red social X, que le fue informado a la jueza Afiuni por el juzgado penal que lleva su causa que no ha cumplido la pena y, por lo tanto, permanecen las medidas restrictivas que le impiden salir del país y declarar a los medios de comunicación social.

Recordemos que la jueza Afiuni: (i) fue detenida en diciembre de 2009; (ii) fue condenada en marzo de 2019 a 5 años de prisión por el delito de corrupción propia, calificado como "corrupción espiritual" (no se logró demostrar que recibió algún pago); (iii) su apelación fue declarada sin lugar en octubre 2019, (iv) la decisión que negó el recurso de casación por parte de la SCP/TSJ se produjo en noviembre de 2020, y (v) para la fecha la jueza Afiuni ha cumplido con creces la pena que le fue impuesta en 2019.

Para conocer más detalles sobre este caso que puso en evidencia la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela, visitar: #JusticiaVe https://t.co/qK1ePr0xLT

[Observatorio Venezolano de Prisiones @oveprisiones]

La falta de atención médica sigue cobrando vidas en las cárceles venezolanas. Yosvet de Jesús Lozada Rojas murió en el Internado Judicial Rodeo III, bajo la custodia del Estado.

El hombre de 32 años de edad presentaba un cuadro crítico de desnutrición, no lograba sostenerse en pie por sus propios medios y sufría una pérdida progresiva de la memoria, hasta el punto que le impedía reconocer a sus seres queridos.

Su caso lo conocían en la Defensoría del Pueblo, en el Ministerio Público, además solicitaron una medida humanitaria ante el tribunal de terrorismo que era quien llevaba su causa. A pesar que los familiares notificaron formalmente la gravedad de la condición de Yosvet nunca recibieron una respuesta.

Desde @oveprisiones recordamos al régimen venezolano que el Estado es garante de la vida, salud e integridad de las personas privadas de libertad. La pena de muerte no esta establecida en nuestra legislación, pero la falta de atención médica oportuna, adecuada y la indolencia institucional siguen produciendo el mismo resultado tras las rejas.

Esta omisión estatal viola de forma sistemática el artículo 43 de nuestra Constitución, el cual establece que el derecho a la vida es sagrado e inviolable, obligando a las autoridades a proteger a cualquier ciudadano bajo su custodia. Asimismo, el Estado vulnera el artículo 46, numeral 2, al mantener al interno sin asistencia médica, viendo cómo se deterioran sus capacidades físicas y cognitivas hasta perder la vida, eso constituye una forma de tortura institucionalizada y un trato degradante que viola la ley y los estándares internacionales, destruyendo los principios más elementales de los DDHH.

La muerte de Yosvet es la número 22 que hemos documentado en los últimos meses. Exigimos una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre este caso. Estaremos informando a instancias internacionales porque morir por falta de médica es una violación a los derechos humanos.

¡Habrá justicia!

[Bep @bepituit]

Cierre, no borradura como se pretende

[José V. Carrasquero | Análisis de Poder @botellazo]

El Helicoide debe cerrar según lo ordena una sentencia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar una decisión histórica en el caso Rojas Riera y otra vs. Venezuela: el Estado venezolano fue declarado responsable por detención ilegal, tortura, violación de la libertad personal, de la protesta pacífica, de la libertad de expresión, de los derechos políticos, de las garantías judiciales y de la protección judicial.
Pero hay un punto que no puede perderse entre tecnicismos: la Corte ordenó el cierre del centro de detención El Helicoide.

¿Por qué?
Porque mantener personas detenidas en una instalación bajo control de órganos de inteligencia crea un riesgo agravado para su integridad personal y para sus garantías judiciales. Porque la opacidad, la ausencia de controles efectivos y la discrecionalidad de los cuerpos de inteligencia han convertido ese lugar en un espacio incompatible con la dignidad humana y con el Estado de Derecho.

El caso de Jorge Rojas Riera no es sólo la historia de una víctima. Es la confirmación judicial de un patrón: protesta criminalizada, detención arbitraria, tortura, impunidad y daño permanente sobre las familias.
El Helicoide no es una cárcel común. Es un símbolo de la persecución política en Venezuela. Y, desde esta sentencia, también es una estructura cuya continuidad ha sido declarada incompatible con las obligaciones internacionales del Estado.

Cerrar El Helicoide no es una concesión. Es una obligación jurídica.
La justicia llegó tarde para muchas víctimas. Pero esta decisión deja algo claro: ningún centro de detención puede funcionar como zona de sombra del poder.

El Helicoide debe cerrar. Y Venezuela debe verdad, justicia y reparación para todas las víctimas.

[Thelma Fernández @thelmafernandez]

Señor Jorge Arreaza @jaarreaza
La jueza María Lourdes Afiuni no liberó arbitrariamente a nadie. Aplicó la ley vigente y cumplió una decisión que correspondía adoptar ante una detención preventiva que se había prolongado por casi tres años sin juicio ni condena, en abierta violación del debido proceso y del derecho constitucional a ser juzgado sin dilaciones indebidas.

Si el ciudadano Eligio Cedeño era tan culpable como usted afirma, la pregunta no es por qué se le otorgó una medida cautelar, sino por qué el Estado venezolano fue incapaz de juzgarlo y condenarlo dentro de los lapsos legales. La responsabilidad de esa situación recae sobre quienes permitieron el retardo procesal, no sobre la jueza que aplicó la ley.

Tampoco existe una sola prueba de que la jueza Afiuni recibiera dinero o beneficio alguno a cambio de su decisión. Incluso el propio Ministerio Público reconoció durante el proceso la inexistencia de tales elementos. Sin embargo, fue encarcelada, sometida a años de persecución y convertida en un escarmiento para todo el Poder Judicial.

Dieciséis años después, una mujer condenada a cinco años sigue padeciendo las consecuencias de un proceso que se transformó en una vendetta política, pretendiendo que pague una pena no de 5 años sino de más de 15 años y quien sabe cuánto tiempo más. El caso Afiuni ya no es únicamente el caso de una jueza; es el símbolo más evidente de lo que ocurre cuando el poder político pretende sustituir a la ley.

Si realmente hablan de reconciliación, justicia y renovación institucional, comiencen por reparar una de las mayores injusticias cometidas contra la independencia judicial en Venezuela: el caso de María Lourdes Afiuni Mora

Le dejo lectura interesante para el conocimiento de los hechos reales, no de hechos manipulados políticamente, afirmación de la Fiscal del Ministerio Público en la audiencia preliminar de caso Afiuni:

[Bep @bepituit]

@javiernegre10 Pueblo inglés?

[Bep @bepituit]

Oro oro oro

[Bep @bepituit]

¿Cuántos de los empujados a la migración forzada han muerto por enfermedad en los países en los que se establecieron o regresan desahuciados a morir junto a los suyos? Esas muertes ¿cuentan cómo crímenes de lesa humanidad? ¿Cuentan?

[Bep @bepituit]

Las Mercedes,el flamante alcalde del municipio de la 🍃, anuncia mega proyecto en el coto de la pequeña Dubai.

[Luis Hernández @Davemportt31183]

Mi hija Aranza de los angeles Hernández castillo de 20 años de edad,,Hoy presa en una cárcel venezolana solo por ser hermana de un militar disidente,,Lleva 7 meses privada de su libertad injustamente,Ser hermana de un militar disidente no es un delito,,Exijo su inmediata liberac

[Leilape @_leilape]

QEPD Chunchuna Villafañe, artista talentosa, belleza sin igual y protagonista de una de las mejores escenas de la historia del cine argentino.

PD: vean La Historia Oficial

[Bep @bepituit]

Helicoide: se procede a la borradura.

[Buenos Aires Herald @BAHeraldcom]

Thousands protest against femicides in massive Ni Una Menos march

Protesters demanded justice for the over 3,000 femicide victims of the past 11 years and rejected the ongoing dismantlement of policies against violence
✍️ @marjaureguy
https://t.co/MGawpmlIJE

[Bep @bepituit]

@darwingonzalezp Rolos de caoba talada en Terrazas del Club Hípico, municipio de la 🍃, hace ya más de una semana. La caoba es madera preciosa, muy codiciada, a quién la entregan? Quién las compra? ¿Todo legal?
@darwingonzalezp

[Sugled Gasparini @SugledGF]

Se dice rápido, pero fueron más de 6 años de una injusta detención.

Hoy ese abrazo tan anhelado se hizo realidad. Nuestros corazones no caben en el pecho de tanta felicidad al ver en LIBERTAD a mi hermano JOHN GASPARINI.

¡Dios es grande y por fin está con nosotros!

[Bep @bepituit]

@SugledGF @IntlCrimCourt @OACNUDH @ONU_derechos @volker_turk @CIDH @fidh_es @MariMagallanesC @SenRickScott @SecRubio @MundarayZair Tu lucha y la de miles, @SugledGF , una vez escuché tu testimonio en la Unimet, los abrazo

[Bep @bepituit]

Rolos de caoba talada en Terrazas del Club Hípico, municipio de la 🍃, hace ya más de una semana. La caoba es madera preciosa, muy codiciada, a quién la entregan? Quién las compra? ¿Todo legal?
@darwingonzalezp

[Academia de Ciencias Políticas y Sociales @acienpol]

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales decidió conceder la Orden "Juan Germán Roscio" al Foro Penal Venezolano, representado por los abogados Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, en reconocimiento a la defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela.

[Carlos Trapani @carlosmtrapani]

Del comunicado me permito hacer, al menos, 3 precisiones:

1. La causa médica de muerte no agota el análisis de la responsabilidad del Estado. Que una persona haya fallecido por un tromboembolismo pulmonar no responde por sí mismo preguntas fundamentales como:

¿Recibió atención médica oportuna?
¿Existían factores de riesgo conocidos?
¿Hubo retrasos en la evaluación o traslado?
¿Se siguieron los protocolos para la atención de salud?
¿La condición era prevenible o tratable?
¿Existieron omisiones de funcionarios que contribuyeran al fallecimiento?

En otras palabras, la ausencia de violencia física no excluye automáticamente posibles responsabilidades derivadas de negligencia, omisión o falta de atención médica adecuada.

2. La segunda observación es que el comunicado parece centrarse en cerrar el debate sobre la hipótesis de una muerte violenta, pero ofrece poca información sobre el contexto de privación de libertad. La pregunta central no es únicamente “¿de qué murió?”, sino también “¿qué hizo el Estado para evitar esa muerte?”.

3. El comunicado no informa si la investigación continúa abierta, si se descartaron responsabilidades individuales o institucionales, ni cuál fue la evaluación del deber de garantía que tiene el Estado respecto de una persona bajo su custodia.

El comunicado aporta información sobre las diligencias de investigación realizadas y los resultados periciales que sustentan sus conclusiones. Sin embargo, la transparencia exige seguir aclarando las interrogantes pendientes por respeto y justicia a la familia.

[Eugenio G. Martínez @puzkas]

¿Cerraron la investigación del caso Víctor Quero sin valorar la detención ilegal o la cadena de responsabilidad en el ocultamiento de su muerte? @LarryDevoe @egleegolobato