Creyente de Dios y la Virgen, Abogada, Magister en Derecho Constitucional. Magister en Derecho Procesal Penal. Amiga de quien me ofrece su amistad sincera.☘️
🚨 ¿PRESUNCIÓN DE INOCENCIA O PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD CUANDO LOS CASOS MEDIÁTICOS TIENEN UNA OPINIÓN PÚBLICA O DEL PODER DE TURNO?
📍La Corte Constitucional, en la sentencia 150-16-EP/20, párrafo 31, establece dos obligaciones: Fiscalía o el acusador deben demostrar la culpabilidad; los jueces deben presumir la inocencia, tratar al procesado como inocente y resolver con base en las pruebas actuadas.
Esta regla plantea una pregunta necesaria para la justicia ecuatoriana: ¿cómo se protege la presunción de inocencia en los procesos de mayor exposición mediática?
La cobertura informativa, la indignación social y las declaraciones de autoridades pueden construir una imagen de culpabilidad antes del juicio. Pero esa imagen no acredita los elementos del delito ni la responsabilidad de una persona.
📍La propia Corte, en la sentencia 14-19-CN/20, párrafo 17, exige a las autoridades abstenerse de prejuzgar y prevenir que los medios de comunicación o determinados sectores sociales influyan en la decisión judicial sobre la responsabilidad penal.
Para evaluar si esa garantía se respeta, debemos mirar el contenido de las decisiones:
• ¿Se identifica qué prueba acredita cada hecho relevante?
• ¿Se responden los cuestionamientos de la defensa sobre la fiabilidad y suficiencia de la prueba?
•¿Se analiza hipótesis alternativas?
• ¿Se distingue entre una sospecha investigativa y una responsabilidad demostrada?
• ¿La ausencia de una explicación del procesado se utiliza para suplir lo que la acusación no probó?
• ¿Se explica cómo se superó la duda razonable o simplemente se afirma que existe culpabilidad?
Tiene la sentencia un apartado que nos explique cuáles fueron los hechos dados como probados y como han sido acreditados (IMPORTANTE).
Una condena en un caso mediático no demuestra, por sí misma, que hubo prejuicio judicial. Tampoco la sola cita de la presunción de inocencia demuestra que esta fue respetada.
La garantía se vuelve efectiva cuando limita el razonamiento del juzgador: obliga a exigir prueba suficiente, examinar las objeciones relevantes y resistir la expectativa pública de condena.
El análisis debe dirigirse a las razones de la decisión. Si la culpabilidad se da por sentada y el proceso se utiliza para confirmarla, se ha abandonado el punto de partida constitucional.
La presión por obtener una condena nunca puede reducir lo que la acusación debe probar.
La Corte Constitucional determinó que el hábeas data permite solicitar la restricción u ocultamiento de datos personales difundidos en el sistema EXPEL cuando un proceso penal concluyó sin sentencia condenatoria.
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Alimentación prenatal en Ecuador: ¿cómo se valoran los indicios cuando la paternidad aún no está determinada?
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No llevar el arma no excluye ser coautor del porte ilegal. Pero conducir una moto tampoco basta para condenar. SP629-2026 (rad. 69798) exige examinar el acuerdo, el conocimiento y el aporte funcional al plan criminal.
Lo que señala el profesor Yesid Reyes para el sistema penal y laboral colombiano es valido para el sistema civil ecuatoriano regido por el COGEP.
Nuestro código incorporó desde el inicio como un elemento clave del sistema procesal la determinación del objeto de la controversia.
🔵Acción de protección e intereses por mora que no proceden
🔹Un profesor fue desvinculado de la Universidad de Babahoyo.
🔹Él presentó una acción de protección que perdió en primera instancia y ganó en Sala Provincial.
🔹La Sala Provincial dictó varias medidas de reparación, entre ellas, ordenó el pago de remuneraciones y beneficios sociales dejados de percibir, más los respectivos intereses desde la separación del cargo.
🔹En el proceso de cuantificación económica ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el perito 1 presentó su informe.
🔹El perito 1 determinó que el monto a cancelar era de $892.828,72 y al IESS $46.894,29
🔹Se observó el peritaje y se pidió aclaración
🔹El perito 1 presentó su informe aclaratorio y concluyó que la U debía pagar $562.098,00 y al IESS $27.681,92
🔹El Tribunal dejó sin efecto el nombramiento del perito 1.
🔹La perito 2 presentó su informe y concluyó que la U debía pagar $318.716,62
🔹La perito 2 informó que, para el cálculo de intereses “aplicó la resolución 08-2016 de la Corte Nacional de Justicia”.
🔹La Universidad señaló que el informe pericial no indicaba qué norma permitía aplicar una tasa de interés por mora.
🔹La Universidad manifestó que los intereses por mora sólo podían generarse después de la resolución que disponga la reparación económica.
🔹La Universidad cuestionó que el cálculo de intereses se hubiera sustentado en la resolución de la CNJ, pues ésta correspondería a procesos de naturaleza laboral y no podía ser extrapolable a juicios de naturaleza constitucional.
🔹El Tribunal Contencioso resolvió que el monto a pagar era de $318.716,62 y agregó:
“… se hace conocer que su alegación respecto a que el informe pericial se ha empleada la tasa de mora para el cálculo de intereses no corresponde a la realidad procesal, sin que exista mérito para ordenar la realización de una nueva pericia”.
🔹La Universidad presentó una acción extraordinaria de protección y ganó.
🔺La Universidad de Babahoyo ganó porque el Tribunal Distrital calificó las alegaciones de la Universidad como “contrarias a la realidad procesal”, pero no exteriorizó las razones fácticas y jurídicas del por qué tales alegaciones eran improcedentes.
🔹En particular, dijo la CC,
▶️Los jueces del Tribunal Distrital omitieron señalar cuál era la norma que justificara la procedencia del pago de intereses por mora y
▶️Tampoco desarrollaron argumentos que permitieran determinar de qué manera la tasa de interés por mora podía ser calculada con anterioridad a la aprobación de la reparación económica.
🔺Al ser argumentos relevantes y no contestarlos, los jueces de Tribunal Distrital vulneraron la motivación por incurrir en el vicio de incongruencia frente a las partes por omisión.
Sentencia No. 502-25-EP/26
#SentenciasPenalesCNJ | ¿Para acceder a la suspensión condicional de la pena debe considerarse la pena concreta impuesta o la pena prevista en abstracto para el delito?
En el Juicio No. 17291-2022-00588 del 22 de septiembre de 2026, la @CorteNacional analizó un recurso de casación presentado por Julio César Méndez Espinosa, quien cuestionó la negativa de concederle la suspensión condicional de la pena después de haber sido condenado mediante procedimiento abreviado.
🔎 ¿Qué decidió la Corte?
El Tribunal de Casación concluyó que el artículo 630.1 del COIP exige atender a la pena privativa de libertad prevista para la conducta, es decir, al marco penal abstracto establecido por la ley, y no únicamente a la pena concreta que finalmente fue impuesta mediante procedimiento abreviado.
En el caso, la pena concreta fue de 37 meses de privación de libertad, pero el marco penal aplicable a la conducta superaba el límite de cinco años previsto en el artículo 630.1 del COIP.
Por ello, la Corte declaró improcedente el recurso de casación.
⚖️ ¿Qué ocurrió en el caso?
El procesado fue juzgado por el delito de lesiones causadas por accidente de tránsito, previsto en el artículo 379, inciso tercero, en concordancia con el artículo 152 numeral 5 del COIP.
El proceso se resolvió mediante procedimiento abreviado.
Como consecuencia, se le impuso una pena concreta de 37 meses de privación de libertad y se acreditó el pago de la reparación integral de USD 25.000 a favor de la víctima.
La defensa solicitó la suspensión condicional de la pena, argumentando que la pena efectivamente impuesta era inferior a cinco años.
Sin embargo, tanto en primera instancia como en apelación se negó la suspensión porque la pena prevista legalmente para la conducta superaba ese límite.
La defensa entonces acudió a casación alegando errónea interpretación del artículo 630 del COIP.
💡 Aporte relevante
La sentencia diferencia dos conceptos que son fundamentales:
🔹 Pena concreta: la que efectivamente se impone al sentenciado.
🔹 Pena prevista para la conducta: el marco punitivo establecido por el legislador para el delito correspondiente.
Para el Tribunal, el artículo 630.1 utiliza expresamente la segunda categoría.
Por ello, que mediante procedimiento abreviado se haya impuesto una pena concreta de 37 meses no modifica el parámetro legal que debe utilizarse para determinar si procede la suspensión condicional.
1️⃣ La suspensión condicional tiene requisitos concurrentes
La Corte recuerda que los requisitos del artículo 630 del COIP deben cumplirse conjuntamente.
Por tanto, aunque una persona pueda acreditar circunstancias favorables —como trabajo, domicilio estable, cargas familiares, pago de reparación integral o inexistencia de otros procesos—, esas circunstancias no sustituyen el cumplimiento del requisito previsto en el numeral 1.
Si no se cumple el primer presupuesto, la suspensión no procede.
2️⃣ El procedimiento abreviado no cambia el parámetro del artículo 630.1
La defensa sostuvo que, al haberse impuesto una pena concreta de 37 meses mediante procedimiento abreviado, debía considerarse esa pena para aplicar el límite de cinco años.
La Corte rechazó esa interpretación.
El procedimiento abreviado puede producir una pena concreta determinada conforme a sus propias reglas, pero ello no modifica el marco penal abstracto previsto para la conducta a efectos del artículo 630.1.
3️⃣ La sentencia constitucional 50-21-CN/22 no elimina los requisitos del artículo 630
La defensa invocó la sentencia constitucional 50-21-CN/22, relacionada con la posibilidad de solicitar la suspensión condicional de la pena después de un procedimiento abreviado.
La Corte precisó que dicho precedente permite presentar la solicitud, pero no significa que la suspensión deba concederse automáticamente.
Siguen siendo aplicables los requisitos establecidos en el artículo 630 del COIP.
4️⃣ ¿Cuál fue el problema con la fundamentación de la casación?
El recurrente alegó errónea interpretación del artículo 630, pero la Corte consideró que no confrontó adecuadamente el razonamiento central de la sentencia de apelación.
La defensa sostuvo, esencialmente, que debía utilizarse la pena concreta de 37 meses.
Sin embargo, no demostró que el Tribunal de apelación hubiera otorgado al artículo 630.1 un significado distinto al establecido por la ley.
Por eso, el Tribunal señaló que el argumento expresaba principalmente un desacuerdo con la aplicación de la norma, más que una demostración de errónea interpretación.
5️⃣ La Corte también analizó la casación de oficio
El Tribunal examinó si existía algún error de derecho que justificara ejercer la facultad prevista en el artículo 657.6 del COIP.
Concluyó que no.
La casación de oficio tampoco permite reconstruir el recurso, modificar los hechos establecidos por los jueces de instancia o volver a valorar la prueba.
📌 Rationes decidendi
La decisión se construye principalmente sobre estas razones:
Primera: el artículo 630.1 exige que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de cinco años.
Segunda: esa expresión se refiere al marco penal abstracto establecido por el legislador, no a la pena concreta determinada en la sentencia.
Tercera: la reducción de pena derivada del procedimiento abreviado no altera el marco penal abstracto de la conducta.
Cuarta: los requisitos del artículo 630 son concurrentes; el cumplimiento de otros presupuestos personales no puede suplir el incumplimiento del primero.
Quinta: la casación exige confrontar técnicamente el razonamiento de la sentencia recurrida y demostrar el error jurídico atribuido al Tribunal de apelación.
⚠️ ¿Qué NO decidió la Corte?
La sentencia no decidió que una persona condenada mediante procedimiento abreviado nunca pueda solicitar la suspensión condicional de la pena.
Tampoco sostuvo que la pena concreta de 37 meses carezca de relevancia para todos los efectos jurídicos.
El punto analizado fue específico: para el requisito del artículo 630.1 del COIP, el parámetro es la pena prevista legalmente para la conducta.
La Corte tampoco volvió a valorar los hechos del accidente ni la prueba del proceso. Su análisis se concentró en la interpretación jurídica del artículo 630 y en la fundamentación del recurso de casación.
📚 ¿Qué debemos citar?
🔹 Art. 630.1 COIP — suspensión condicional de la pena.
🔹 Art. 630.2 y 630.3 COIP — requisitos adicionales para la procedencia del mecanismo.
🔹 Art. 656 COIP — causales y límites del recurso de casación.
🔹 Art. 657.6 COIP — facultad de casación de oficio.
🔹 Art. 13.2 COIP — interpretación estricta de los tipos penales y las penas.
🔹 Sentencia No. 50-21-CN/22 de la Corte Constitucional — posibilidad de solicitar suspensión condicional de la pena en procedimientos abreviados, sin eliminar los requisitos legales.
⚖️ Un punto importante: el voto salvado
La sentencia contiene un voto salvado del Conjuez Nacional Rodrigo Alejandro Sarango Salazar.
La mayoría estuvo integrada por Olavo Marcial Hernández Hidrobo, juez ponente, y Dra. Daniella Camacho Herold, junto con Sarango Salazar en la integración que suscribió la decisión mayoritaria.
Sin embargo, Sarango Salazar posteriormente emitió voto salvado respecto de la sentencia escrita.
Su discrepancia no se centró en aceptar o rechazar la interpretación del artículo 630, sino en una cuestión previa relacionada con la inmediación, la deliberación y la conformación del Tribunal que debía reducir a escrito y suscribir la decisión oral.
El voto salvado sostiene que quienes no participaron directamente en la audiencia de fundamentación, deliberación y decisión oral no se encontrarían en la misma posición para plasmar por escrito la motivación de aquella decisión.
Esto es relevante porque permite distinguir dos planos:
➡️ Mayoría: analiza el fondo del recurso y concluye que la pena prevista en abstracto supera el límite del artículo 630.1.
➡️ Voto salvado: cuestiona la forma en que se produjo la elaboración y suscripción de la sentencia escrita después de la ausencia definitiva de jueces que habían intervenido en la audiencia y decisión oral.
🧩 ¿Qué pasó finalmente?
La mayoría resolvió:
Declarar improcedente el recurso de casación presentado por Julio César Méndez Espinosa y devolver el expediente al Tribunal de origen para la ejecución de la decisión.
⚖️ Clave práctica
Cuando se analice la suspensión condicional de la pena, hay que distinguir cuidadosamente entre:
pena concreta impuesta ≠ pena prevista en abstracto para la conducta.
En esta sentencia, esa diferencia fue determinante.
Y desde la perspectiva de la casación, no basta afirmar que el Tribunal interpretó mal una norma: es necesario identificar el razonamiento concreto de la sentencia recurrida, explicar cuál es el sentido jurídicamente correcto de la norma y demostrar la incidencia del supuesto error en la decisión.
📌 En síntesis: la sentencia sostiene que, para el requisito del artículo 630.1 del COIP, el límite de cinco años se verifica atendiendo a la pena prevista legalmente para la conducta, aunque mediante procedimiento abreviado se haya impuesto una pena concreta inferior.
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Consejo jurídico no pedido:
No todo lo que cuenta el cliente debe llegar a la demanda.
La teoría del caso se construye a partir de tres componentes:
1. Fáctico.
2. Probatorio.
3. Jurídico.
Para estructurar el componente fáctico, hay que separar los hechos que aportan a la solución del caso de aquellos que, aunque formen parte de la historia, carecen de relevancia jurídica.
¿Cómo saber cuáles conservar?
Hay que volver al problema jurídico principal y a los subsidiarios. Si un hecho contribuye a responderlos, demostrar sus elementos o desacreditar la posición contraria, debe incluirse. Si no cumple ninguna de esas funciones, probablemente sobra.
En general, conviene identificar:
1. Las personas involucradas: partes, terceros y posibles testigos.
2. Las circunstancias de tiempo: cuándo sucedieron los hechos, cuánto tiempo transcurrió y cuál fue la secuencia antes, durante y después de la conducta.
3. Los lugares y condiciones: dónde ocurrieron los hechos, en qué contexto se desarrollaron y qué medios o instrumentos facilitaron la acción u omisión.
4. El móvil: cuando se discute una conducta dolosa, explicar por qué alguien habría actuado de determinada manera puede darle coherencia y credibilidad a la teoría del caso.
Los hechos no se escogen porque resulten llamativos ni porque el cliente los considere importantes. Se escogen por su capacidad para demostrar o desacreditar los elementos de la responsabilidad debatida.
Ayer ha sido algo espectacular. Estoy muy emocionada y muy feliz de haber tenido la suerte de compartir, no solo esta noche, sino también 30 años juntas por el mundo, con muchos ideales, valores e ideas en común.
@shakira, te admiro muchísimo por tu manera de ser, por no haberte rendido nunca y por transmitir siempre un mensaje de fuerza y esperanza a todos.
Eres una gran artista. Te adoro muchísimo. Gracias por esta noche. 🤍
⛔️CONCEPTOS BÁSICOS DE ABOGADOS:
1. Erga Omnes: frente a todos.
2. In dubio pro reo: ante la duda a favor del acusado.
3. Non bis in idem: no dos veces lo mismo.
4. Juris tamtum: con derecho a prueba.
5. Dura lex, sed lex: dura es la ley pero es la ley.
Buenas tardes estimada comunidad. Compartimos con ustedes el boletín administrativo de mayo 2026, con las sentencias más relevantes de la @CorteNacional en su Sala Contencioso Administrativa.
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#ActualidadJudicial | ⚖️ ¿Una audiencia telemática puede ser tratada como un simple trámite virtual?
La Resolución No. 179-2026, aprobada por unanimidad por el Pleno del @CJudicaturaEc el 31 de agosto de 2026, aprueba el nuevo Protocolo para la realización de audiencias telemáticas.
🔎 ¿Qué establece el Protocolo?
La audiencia telemática sigue siendo un acto procesal solemne y debe respetar las mismas formalidades que una audiencia presencial.
La decisión de realizarla de manera telemática o presencial corresponde exclusivamente al juez o jueza ponente, quien debe valorar las particularidades del proceso y garantizar la inmediación, el derecho a la defensa, la contradicción, la igualdad de condiciones y el debido proceso.
💡 Innovación relevante
El Protocolo no concibe la tecnología como un fin en sí mismo.
La herramienta tecnológica debe estar subordinada a las garantías procesales.
📌 Reglas relevantes
1️⃣ La modalidad telemática o presencial es decisión y responsabilidad del juez ponente.
2️⃣ La elección de modalidad debe garantizar inmediación, defensa, contradicción e igualdad entre las partes.
3️⃣ Si una parte, testigo o perito no puede conectarse por razones técnicas justificadas, debe comunicarlo con al menos 48 horas de anticipación. El sistema judicial deberá facilitar, de ser necesario, un espacio para su participación efectiva.
4️⃣ Las partes deben identificarse con nombre y apellido. El uso de alias o iniciales no está permitido, salvo decisión del personal jurisdiccional.
5️⃣ Las partes deben mantener la cámara activa durante la audiencia, salvo autorización judicial por razones de seguridad o conectividad, debiendo garantizarse previamente su identidad.
6️⃣ Está prohibido grabar o retransmitir la audiencia mediante medios no oficiales.
7️⃣ La publicidad también alcanza a las audiencias telemáticas, salvo aquellas sometidas a reserva. Para su transmisión pública, el Protocolo establece el uso de Zoom y contempla mecanismos específicos de acceso ciudadano.
⚠️ ¿Qué NO significa una audiencia telemática?
No significa que las reglas procesales desaparezcan detrás de una pantalla.
El Protocolo establece expresamente que las audiencias telemáticas deben conservar las mismas formalidades de las presenciales y recuerda que continúan siendo actos procesales solemnes.
📚 ¿Qué debemos citar?
▪️ Resolución No. 179-2026 del Pleno del Consejo de la Judicatura.
▪️ Protocolo DNGP-SNGPP-001-PROT.
▪️ Art. 168 CRE: oralidad, contradicción, concentración y publicidad.
▪️ Art. 565 COIP: utilización de medios telemáticos.
▪️ Art. 21 de la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual: publicidad de las audiencias.
⚖️ Regla práctica: la virtualidad modifica el medio, no las garantías. Una audiencia por videoconferencia sigue siendo una diligencia judicial que debe proteger el debido proceso, la defensa, la contradicción, la inmediación y la igualdad procesal.
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