CARTA ABIERTA A LA DIPUTADA BARCHIESI.
Diputada @BarchiesiDip
He leído su publicación sobre el INDH., y confieso que me produjo una mezcla difícil de describir: primero incredulidad, luego preocupación y, finalmente, una cierta ternura intelectual. No todos los días una parlamentaria consigue condensar tanta ignorancia jurídica e histórica en tan pocas líneas.
Usted afirma que el INDH sólo defiende “delincuentes y zurdos”. La frase, además de impropia de quien ostenta un cargo de representación nacional, revela una comprensión extraordinariamente precaria de aquello sobre lo que pretende legislar.
Los DD.HH no fueron inventados para proteger a las personas buenas, simpáticas o ideológicamente aceptables. Fueron concebidos, precisamente, para impedir que el poder del Estado pudiera atropellar la dignidad de cualquier ser humano. Son un límite al poder, no un premio a la virtud.
Resulta curioso que una diputada que admira con tanta devoción al régimen militar parezca olvidar por qué Chile creó el INDH. No nació por generación espontánea ni para satisfacer algún capricho de la izquierda. Nació como consecuencia de una historia marcada por detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones y un Estado que durante años confundió la autoridad con la impunidad. La memoria institucional existe precisamente para evitar que esas páginas vuelvan a escribirse.
Su publicación, sin embargo, incurre en un error todavía más elemental. Pareciera creer que si el INDH investiga abusos cometidos por agentes del Estado, entonces está en contra de Carabineros. Esa lógica es tan absurda como concluir que un médico odia a sus pacientes porque diagnostica enfermedades.
Los carabineros también son titulares de derechos humanos. Son personas antes que funcionarios y, cuando alguno de ellos es asesinado, secuestrado o víctima de un delito, sus derechos son tan inviolables como los de cualquier ciudadano. La diferencia —ese pequeño detalle que parece haber escapado a su lectura— es que cuando ejercen la función policial representan al Estado y, por ello, tienen además el deber de respetar y garantizar los derechos de los demás. Porque quien porta legítimamente las armas no dispone de más derechos que el resto; dispone de más poder. Y cuanto mayor es el poder, mayor es el control que debe ejercerse sobre él.
Eso no debiera escandalizar a nadie que haya abierto un libro de Derecho Constitucional.
El INDH no fue creado para combatir delincuentes ni para reemplazar al Ministerio Público. Tampoco para actuar como oficina de relaciones públicas de Carabineros. Su misión consiste en observar cómo el Estado ejerce el poder frente a las personas. Exactamente igual que un auditor no administra una empresa, sino que fiscaliza su funcionamiento.
Usted podrá discrepar de informes, criterios o resoluciones específicas. Eso forma parte del debate democrático. Lo que resulta más difícil de justificar es pretender eliminar una institución porque no confirma sus prejuicios ideológicos. Esa actitud no es propia de una legisladora; es la reacción de quien rompe el termómetro porque no le gusta la temperatura que marca.
El problema de fondo, diputada, no es su opinión. En democracia todas las opiniones tienen cabida. El problema aparece cuando una representante de la República habla con absoluta convicción sobre materias que evidentemente desconoce. Entonces la ignorancia deja de ser una limitación personal para convertirse en un riesgo institucional.
Quizá antes de volver a opinar sobre DD.HH., convendría dedicar unas horas a estudiar su origen, su evolución y su finalidad. Descubriría algo fascinante: que existen precisamente para proteger a los ciudadanos de los excesos del poder político. Incluso cuando ese poder cree tener siempre la razón.
Y esa, diputada, es una deliciosa ironía. Porque hoy usted ocupa un escaño gracias a un sistema democrático cuyos cimientos descansan exactamente sobre esos derechos que parece despreciar.
@MisColumnas
La temeraria e irresponsable acción individual de un conductor que transforma una autopista urbana en una pista de carreras es, sin duda, un acto criminal del todo repudiable. Sin embargo, resulta aún más aberrante y peligroso el desparpajo de una magistrada que, sentada en el estrado de un tribunal de la república, dicta una resolución asquerosa que desafía el sentido común y la seguridad pública. Mientras la conducta del infractor representa una transgresión particular, la resolución de la jueza 𝙓𝙞𝙢𝙚𝙣𝙖 𝘼𝙡𝙚𝙟𝙖𝙣𝙙𝙧𝙖 𝙍𝙞𝙫𝙚𝙧𝙖 𝙎𝙖𝙡𝙞𝙣𝙖𝙨 constituye una claudicación institucional que hiere de muerte la confianza en el sistema de justicia.
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El verdadero escándalo no radica únicamente en la impunidad del sujeto que quedó libre y con la licencia en el bolsillo, sino en la desfachatez de una judicatura que utiliza formalismos legales para blindar la opulencia y el privilegio. Que una garantía procesal se estire de forma tan elástica para favorecer a ciertos sectores, en un momento donde las huestes del @PJudicialChile ya se encuentran severamente cuestionadas por corrupción y tráfico de influencias, transforma este fallo en una provocación intolerable. El descaro de la jueza al intentar amparar bajo la "interpretación jurídica" una medida tan laxa frente a un peligro público flagrante es el reflejo de una desconexión ética que indigna profundamente.
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Al final del día, lo que acrecienta de forma legítima la rabia ciudadana es constatar que la balanza de la justicia en Chile no es ciega, sino descaradamente selectiva. El repudio masivo ya no se agota en las figuras temerarias que desprecian la vida ajena a exceso de velocidad; se concentra, con el doble de fuerza, en aquellos magistrados que operan como un escudo corporativo para los apellidos influyentes. Mientras los tribunales sigan actuando con ese nivel de condescendencia frente al poder económico, ninguna mordaza informativa bastará para ocultar la podredumbre de un sistema donde el desparpajo judicial termina siendo mucho más dañino que el delito original.
@PresidenteKast Llegaste a la moneda vendiendo el cuento de que iba a ser un gobierno de emergencia donde lo primero iba a ser la seguridad y de eso absolutamente nada, siguen matando niños y ni siquiera tenías un plan de seguridad. El estado no falló, es TU gobierno que mintió y falla ahora.
No tiene ninguna justificación jurídica el que se prohíba informar el nombre del imputado por conducir a 264 km/h.
No es menor de edad ni perjudica la investigación. Es información que tiene relevancia pública.
Puro privilegio. 👇🏽
Heredero de ENTEL es el irresponsable que conducía a casi 300 Kms. /Hora por Vitacura poniendo en grave riesgo a cientos de conductores. La familia pidió que no se divulgue que se llama José Izquierdo Reyes o fotos de él pero salio en TV
Ignorantemente dijiste "no voy a votar por un gobierno comunista", pero votaste por un gobierno de extrema derecha y pinochetista, que no sabe gobernar para la gente, sin experiencia y orientado totalmente a favorecer a los mas ricos de Chile.
Tu voto es el responsable del hundimiento de Chile, no vas a poder decir que votaste engañado (a) porque se sabía lo que iba a pasar si ganaba la extrema derecha. Daniel Matamala lo expone de manera brutal, honesta y sin anestesia.
Votaste por Kast? Eres responsable de lo que haga y siempre te lo voy a echar en cara, seas quién seas.