Olivia
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Comisión DHFCAV
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Familiares cumplen más de 40 horas en un campamento, en las adyacencias de la Embajada de Estados Unidos en #Caracas, para exigir la libertad de los presos políticos civiles y militares.
Desde el domingo pasado se instalaron en colchonetas y carpas, soportando frío y lluvia, para solicitar a las autoridades de Estados Unidos que intercedan por las libertades que aún no se cumplen en su totalidad.
Los parientes de las personas privadas de libertad por motivos políticos han emprendido una lucha desde hace cinco meses para exigir a este régimen que cesen las violaciones a los derechos humanos y se concreten las libertades plenas. Tal es el caso, también, de los familiares que siguen en pernocta en las adyacencias de la cárcel del Rodeo I, donde mujeres de la tercera edad y con enfermedades han dejado a un lado todo y se han trasladado desde otros estados para luchar por la libertad.
El @ovepriones valora el sacrificio de los familiares, quienes han soportado frío, lluvia, hambre y calor, y se han mantenido firmes en su propósito a pesar de las adversidades y de las amenazas de este régimen. Seguiremos apoyándolos y documentando cada situación, para mantener nuestra comunicación con los organismos internacionales.
Habrá justicia.
📌181 privados de libertad fallecieron en cárceles y calabozos policiales durante el 2025. Es decir, un preso murió cada dos días.
📌158 reclusos murieron en centros penitenciarios y de estos 151 muertes ocurrieron por falta de asistencia médica (95.57 %).
📌23 internos murieron en calabozos policiales.
📌8192 privados de libertad fallecieron en las cárceles, entre 1999 y 2025, y 17.965 resultaron heridos.
📄 Lee el Informe Anual 2025 completo aquí: https://t.co/zUntYByunK
Daniela Alexandra Araña Gutiérrez, de 34 años, requiere atención médica especializada en las celdas de la cárcel La Crisálida, en Los Teques, ya que desde el 25 de mayo tiene la presión alta (160/115), sangrado por la nariz y taquicardia.
A pesar de que se comunicó con sus familiares para pedirles una medicación, sus parientes insisten en la urgencia de que la examine un cardiólogo y se le practiquen exámenes para descartar complicaciones.
Mientras Daniela estuvo recluida en la Dgcim, en Boleíta #Caracas, también presentó problemas con su presión arterial.
Según el artículo 43 de la Constitución el Estado tiene la responsabilidad de velar por la salud de las personas privadas de libertad, sin embargo, violentan esta y todas las legislaciones nacionales e internacionales al no garantizar el derecho a la salud de los presos, como una forma de tortura, trato cruel e inhumano, tanto a ellos como a sus familiares.
Daniela está detenida arbitrariamente por ser prima del primer teniente del Ejército, José Ángel Rodríguez Araña, quien fue señalado de presuntamente participar en las Operaciones Aurora y Oro, y se encuentra en el exilio.
Además de ella hay otros cinco familiares del primer teniente detenidos arbitrariamente:
📌Génesis Rodríguez Araña, hermana del militar, quien está detenida desde el 24 de enero de 2025. Actualmente se encuentra recluida en el INOF.
📌Gilbert Araña, primo del militar, detenido desde el 22 de enero de 2024.
📌Jhoany José Rodríguez Ramírez, hermano del militar.
📌Carlos Alberto Belandria, primo del militar.
📌Christian José Quintero, primo del familiar.
Los tres están detenidos desde el 18 de septiembre de 2025, presuntamente vinculados al caso de un explosivo en Plaza Venezuela. Actualmente se encuentran recluidos en Rodeo I.
Previamente los padres del militar en el exilio también fueron detenidos durante un tiempo.
El régimen venezolano emplea la práctica del sistema nazi conocido como Sippenhaft, que significa “castigo por responsabilidad familiar”, en la cual los parientes cargan con la supuesta culpa del delito cometido por un miembro de la familia. Esto constituye una grave violación del derecho internacional y un patrón de persecución prohibido por todas las normas de derechos humanos.
El #OVP exige que las autoridades de La Crisálida le brinden atención médica especializada a Daniela Araña y le garanticen el acceso a la salud.
Asimismo, insta a la Defensoría del Pueblo a hacer una evaluación de la práctica del Sippenhaft, que han denunciado los familiares de manera pública, e investigue a las autoridades que se han prestado para estas detenciones arbitrarias.
Luego de una manifestación pacífica afuera del Ministerio Público, los familiares de los presos políticos se reunieron con Pablo Fernández Blanco, subdirector de la Dirección de Derechos Fundamentales, quien les informó que en el Rodeo I y en el Fuerte Guaicaipuro iniciaron jornadas de atención médica primaria, que podrían pasar a atenciones especializadas.
Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, informó que aún esperan las libertades y recordó que en los centros de reclusión persisten las “condiciones de horror”.
Desde el Ministerio Público tampoco han dado respuesta a los familiares sobre las diversas denuncias de tortura y las 27 muertes en custodia del Estado, cifra que maneja el @Clippve.
Los familiares de los presos políticos acudieron a la sede del Ministerio Público, luego de que no recibieron respuestas sobre su última reunión con Pablo Fernández.
“En la última visita quedamos en que nos iban a recibir una serie de documentos con las diferentes denuncias que hicimos y no tenemos respuesta, quedamos en mejorar la situación carcelaria de nuestros familiares y eso no se ha cumplido”, dijo Hiowoanka Ávila, hermana del preso político Henryberth Rivas.
Por otro lado, Ruth Molero, madre de un preso político en Rodeo I, y familiar de otros que están en distintos centros de reclusión, recordó que tienen más de 137 días en pernocta en las adyacencias de Rodeo I a la espera de que se concreten liberaciones.
“Somos mujeres con patologías, basta de la falta de respeto del Gobierno, le pedimos que tengan empatía con las personas, que tienen la tensión alta, somos madres, esposas, hijas y estamos ahí por ellos”.
Desde el @oveprisiones reiteramos nuestro apoyo a la lucha que llevan los familiares, seguiremos con nuestra documentación para transmitir esta y todas las acciones a los organismos internacionales.
El Ministerio Público debe dar a conocer el resultado de las investigaciones sobre torturas, tratos crueles e inhumanos y deben tomar con seriedad la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela, su compromiso es con los ciudadanos y no con el Gobierno.
Video: Efecto Cocuyo
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La noche del #25Feb se registró una situación de emergencia dentro de la cárcel El Rodeo I, donde varios presos alertaron sobre la falta de atención médica y las condiciones que enfrentan dentro del recinto.
El preso político Enzo Flores necesitaba atención médica urgente porque, tras 16 meses con un tutor médico, la herida comenzó a sangrar profudamente. La respuesta de los custodios no fue asistencia, sino música a todo volumen para impedir que los gritos de auxilio traspasaran los muros y llegaran a los familiares.
En medio de la situación, solicitaron la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja @CICR_ve, así como el ingreso de médicos que atiendan a las personas con problemas de salud. De igual forma, pidieron el correspondiente apoyo consular para los extranjeros.
Es importante recordar que desde hace cinco días un grupo de privados de libertad del Rodeo I inició una huelga de hambre para exigir su liberación inmediata.
Familiares informaron que algunos presos suspendieron por 48 horas la huelga debido a que su salud se vio comprometida, pero hoy retoman la medida de protesta. Aseguran que los extranjeros, quienes no han detenido la huelga, fueron amenazados por parte del personal de custodia; sin embargo, están decididos a continuar con su lucha hasta lograr su libertad.
Desde @oveprisiones rechazamos cualquier tipo de amenazas contra los presos políticos y observamos cómo en El Rodeo I continúan violándose sistemáticamente los derechos humanos de los privados de libertad. Exigimos que cesen las torturas y los tratos crueles e inhumanos, y que se les brinde asistencia médica.
El Rodeo I se encuentra bajo medidas provisionales emitidas por la @CorteIDH.
OVP denuncia opacidad y tortura psicológica a familiares tras 15 días del anuncio de excarcelaciones
https://t.co/oHHsB1bIUB
Con profundo respeto acompañamos a @CaroGironOVP y a toda su familia en este momento de dolor. La partida de un padre deja una ausencia que ninguna palabra alcanza a llenar, pero también un legado que permanece en la memoria y en los valores que se transmiten.
Desde el @oveprisiones enviamos un abrazo solidario, convencidos de que la fortaleza, el amor y el recuerdo serán refugio en estos días difíciles.
Federación de Abogados exigió transparencia en las liberaciones y el cese de la persecución a juristas
https://t.co/6cM7uzB1aC
El doctor Pedro Fernández, profesor de Medicina en la ULA, felicitó a través de las redes sociales a María Corina Machado por su galardón como premio nobel de la paz, seguido de ello una comisión del Sebin lo sacó de su consultorio y lo detuvo.
Socorro Rodríguez es una señora de la tercera edad, quien sufre por la detención de su hijo, privado de libertad en el Centro Penitenciario Yare II.
Con su foto en la mano, y con gran desesperación, clama a Delcy Rodríguez y al fiscal general de la República que su hijo sea tomado en cuenta en las excarcelaciones.
Pedro Fernández es un paciente bariátrico que necesita una dieta especial, sufre de asma y las condiciones de reclusión han empeorado su condición.
La familia del doctor explicó que tiene un tumor en el riñón que estaba en estudio en el momento de su detención, están sumamente preocupados porque no saben cuál es su condición de salud.
Desde @oveprisiones nos unimos al clamor de Socorro y exigimos que sea liberado inmediatamente para que se termine el sufrimiento de esta madre y de su familia, y así pueda recibir una atención médica especializada.
Además pedimos la liberación sin restricción de todos los presos políticos sin distinción.
El doctor Pedro Fernández, profesor de Medicina en la ULA, felicitó a través de las redes sociales a María Corina Machado por su galardón como premio nobel de la paz, seguido de ello una comisión del Sebin lo sacó de su consultorio y lo detuvo.
Socorro Rodríguez es una señora de la tercera edad, quien sufre por la detención de su hijo, privado de libertad en el Centro Penitenciario Yare II.
Con su foto en la mano, y con gran desesperación, clama a Delcy Rodríguez y al fiscal general de la República que su hijo sea tomado en cuenta en las excarcelaciones.
Pedro Fernández es un paciente bariátrico que necesita una dieta especial, sufre de asma y las condiciones de reclusión han empeorado su condición.
La familia del doctor explicó que tiene un tumor en el riñón que estaba en estudio en el momento de su detención, están sumamente preocupados porque no saben cuál es su condición de salud.
Desde @oveprisiones nos unimos al clamor de Socorro y exigimos que sea liberado inmediatamente para que se termine el sufrimiento de esta madre y de su familia, y así pueda recibir una atención médica especializada.
Además pedimos la liberación sin restricción de todos los presos políticos sin distinción.
45 abogados se encuentran detenidos arbitrariamente por el ejercicio o con ocasión del ejercicio de la abogacía.
Durante el 194º período de sesiones de la @CIDH, Humberto Prado, director del @oveprisiones, y Carolina Girón, directora adjunta, entregaron a los Comisionados un petitorio con seis solicitudes esenciales para reforzar la protección internacional de las personas privadas de libertad en Venezuela:
📌 Crear un Grupo de Trabajo en la OEA para apoyar el cumplimiento de las decisiones de la CIDH y la Corte IDH, basado en las sentencias Capriles vs. Venezuela (2024) y Chirinos Salamanca y otros vs. Venezuela (2025).
📌Elevar a la Corte IDH determinadas medidas cautelares, con autorización de los beneficiarios, para que se conviertan en medidas provisionales ante situaciones de extrema gravedad y riesgo irreparable.
📌 Emitir un pronunciamiento sobre la vigencia de medidas cautelares en el exilio, considerando que las represalias contra venezolanos siguen ocurriendo fuera del país, como el atentado en Colombia en 2025.
📌Exigir claridad al régimen de Nicolás Maduro sobre el alcance jurídico y operativo del arresto domiciliario de los beneficiarios, incluyendo autoridades responsables y procedimientos para solicitudes médicas o familiares.
📌 Insistir en una visita in loco a Venezuela y, si es negada, realizarla desde Cúcuta, Colombia, para recoger testimonios y reunirse con víctimas y organizaciones.
📌 Solicitar una reunión virtual entre el Relator de Personas Privadas de Libertad y los beneficiarios, a fin de actualizar información y evaluar un pronunciamiento público sobre sus condiciones de reclusión.
La participación del OVP en esta sesión fue crucial para visibilizar la crisis penitenciaria venezolana ante el Sistema Interamericano, aportar evidencia directa a los comisionados y activar mecanismos de protección urgentes para las personas privadas de libertad, cuyo riesgo aumenta cada día ante la falta de controles y la impunidad del régimen venezolano.
Durante el 194º período de sesiones de la @CIDH, Humberto Prado, director del @oveprisiones, y Carolina Girón, directora adjunta, entregaron a los Comisionados un petitorio con seis solicitudes esenciales para reforzar la protección internacional de las personas privadas de libertad en Venezuela:
📌 Crear un Grupo de Trabajo en la OEA para apoyar el cumplimiento de las decisiones de la CIDH y la Corte IDH, basado en las sentencias Capriles vs. Venezuela (2024) y Chirinos Salamanca y otros vs. Venezuela (2025).
📌Elevar a la Corte IDH determinadas medidas cautelares, con autorización de los beneficiarios, para que se conviertan en medidas provisionales ante situaciones de extrema gravedad y riesgo irreparable.
📌 Emitir un pronunciamiento sobre la vigencia de medidas cautelares en el exilio, considerando que las represalias contra venezolanos siguen ocurriendo fuera del país, como el atentado en Colombia en 2025.
📌Exigir claridad al régimen de Nicolás Maduro sobre el alcance jurídico y operativo del arresto domiciliario de los beneficiarios, incluyendo autoridades responsables y procedimientos para solicitudes médicas o familiares.
📌 Insistir en una visita in loco a Venezuela y, si es negada, realizarla desde Cúcuta, Colombia, para recoger testimonios y reunirse con víctimas y organizaciones.
📌 Solicitar una reunión virtual entre el Relator de Personas Privadas de Libertad y los beneficiarios, a fin de actualizar información y evaluar un pronunciamiento público sobre sus condiciones de reclusión.
La participación del OVP en esta sesión fue crucial para visibilizar la crisis penitenciaria venezolana ante el Sistema Interamericano, aportar evidencia directa a los comisionados y activar mecanismos de protección urgentes para las personas privadas de libertad, cuyo riesgo aumenta cada día ante la falta de controles y la impunidad del régimen venezolano.
“Abrir las prisiones injustas”: el llamado del Vaticano para Venezuela
https://t.co/JB2GPaeISt
La separación de Karim Khan del caso “Venezuela I” en la @IntlCrimCourt no es un episodio menor ni un simple trámite administrativo: revela las tensiones profundas que enfrenta la justicia internacional cuando la independencia y la confianza pública se ven comprometidas.
La decisión de la Sala de Apelaciones, que reconoció el conflicto de intereses por el vínculo familiar del fiscal con la defensa del régimen de Nicolás Maduro, desnuda un hecho ineludible: incluso la apariencia de parcialidad erosiona la legitimidad de cualquier proceso judicial, por más sólido que sea en lo técnico.
Este retiro abre dos lecturas. Por un lado, representa un triunfo para quienes han denunciado que la CPI no puede avanzar bajo sospechas. La recusación de Khan limpia el tablero y da una oportunidad para que el caso retome su cauce con mayor transparencia.
Por otro, deja al descubierto la fragilidad de los mecanismos de justicia global, que dependen no solo de pruebas y procedimientos, sino también de la percepción internacional de imparcialidad.
En contextos tan delicados como Venezuela, donde las víctimas esperan desde hace años una señal clara contra la impunidad, cada traspié es un golpe al ya debilitado crédito que tiene la justicia internacional frente a quienes han sufrido violaciones sistemáticas de derechos humanos.
El desafío inmediato es doble: que el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang asuma con determinación el expediente, y que la Corte recupere el tiempo perdido. Cualquier demora será utilizada por el poder en Venezuela como argumento de descrédito hacia la CPI.
La credibilidad del tribunal está en juego, y con ella la esperanza de cientos de víctimas que han visto en La Haya una última posibilidad de justicia.
Esta investigación no puede convertirse en un laberinto institucional. La salida de Khan debe ser el punto de inflexión que transforme la desconfianza en una oportunidad para acelerar los pasos hacia la verdad.
Lo que está en juego no es un expediente, son las vidas y la dignidad de las víctimas que esperan justicia.
El Ministerio Público anunció recientemente la liberación de 1.896 presos políticos, un dato que a primera vista podría parecer un paso para el restablecimiento de los derechos vulnerados. Sin embargo, detrás de este anuncio persisten cifras alarmantes y un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos que no pueden ser ignorados.
Según las cifras oficiales, tras estas liberaciones aún quedarían 333 personas detenidas en el contexto de las manifestaciones electorales, pero lo que el régimen no menciona es que al menos 300 presos políticos, detenidos arbitrariamente antes del #28J, permanecen bajo su custodia, sometidos a condiciones de reclusión inhumanas y sin acceso al debido proceso.
Estas personas, al igual que los excarcelados, han sido víctimas de un sistema judicial instrumentalizado, que utiliza las leyes para castigar el disenso y sembrar miedo entre la población.
Muchos de estos presos políticos fueron detenidos de forma arbitraria, acusados de delitos infundados como terrorismo, traición a la patria o incitación al odio, cargos genéricos que carecen de pruebas concretas y que son utilizados como herramientas de persecución política. El patrón es claro: criminalizar la protesta y castigar a quienes se atreven a expresar su desacuerdo con el gobierno.
Además, el gobierno utiliza la narrativa de la "desestabilización por parte de la oposición" como justificación para estas detenciones. Sin embargo, la realidad es que estas acciones constituyen graves violaciones a los derechos humanos, al limitar la libertad de expresión, el derecho a la protesta pacífica y el acceso a la justicia.
Los presos políticos que aún permanecen bajo custodia enfrentan condiciones inhumanas en los centros de reclusión. No reciben atención médica adecuada, alimentos suficientes o acceso al agua potable, y también son víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que van desde golpizas hasta aislamiento prolongado.
Estas prácticas, lejos de ser incidentes aislados, son sistemáticas y forman parte de una política de Estado que busca quebrar la voluntad de los detenidos.
Si bien la liberación de 1.896 presos políticos es un paso que no debe ser desestimado, no puede interpretarse como un avance significativo en la mejora de los derechos humanos en Venezuela porque no son liberaciones plenas y sin restricciones, sino medidas cautelares. Además, este número no borra las violaciones sistemáticas ni garantiza que estas prácticas no se repitan en el futuro.
El hecho de que todavía haya al menos 633 presos políticos (entre los detenidos por las manifestaciones y los que permanecen bajo custodia desde años anteriores) evidencia que el gobierno sigue utilizando la prisión como un arma de control político.
Además, estas liberaciones, muchas veces condicionadas, no implican la reparación de las víctimas ni la rendición de cuentas por parte de los responsables de estos abusos.
Desde @oveprisiones consideramos fundamental que el gobierno venezolano deje de instrumentalizar la justicia como un mecanismo de represión y que garantice el respeto pleno a los derechos humanos.
La verdadera justicia llegará cuando se liberen a todos los presos políticos, se garanticen condiciones dignas de reclusión para todos los privados de libertad, y se ponga fin a la persecución sistemática contra quienes piensan diferente.
Luis Tarbay es un abogado, activista por los derechos humanos, bombero y padre.
Sus familiares denuncian que Luis es víctima de una desaparición forzada desde hace 1 mes cuando fue detenido arbitrariamente en #Venezuela.
Exigimos que #LiberenALuisTarbay
Durante años, Luis ha trabajado arduamente por el respeto de la democracia, del estado de derecho y de la libertad. Ejercer derechos políticos NO es un delito.
El último año, fue Jefe de Campaña del Comando @MundoConVzla, dedicando todos sus esfuerzos a defender los derechos de los venezolanos en el exterior que no pudieron ejercer su voto.
Hacer política NO es un delito.
Exigimos que sea liberado, que se respeten sus derechos políticos y civiles, derecho a la defensa privada, y que se le permita la visita de su familia, quienes no han podido verlo desde su injusta detención.
El Estado debe cumplir con sus obligaciones y respetar los derechos de quienes están injustamente detenidos.
A un mes de su detención arbitraria exigimos que: Liberen a Luis y a todas las personas injustamente detenidas por motivos políticos en Venezuela.
Este miércoles #22Ene, a las 9:30 am (VE), @oveprisiones le invita a la presentación de nuestro más reciente informe titulado "Inframundo: La amenaza oculta en los calabozos de Zona 7", los cuales son escenario de graves violaciones de derechos humanos.
Dele click acá para unirse a través de la plataforma Zoom: https://t.co/YG6r9ri7rZ
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